por Alfredo Nobre
Leite
Con respecto al
artículo “Lecciones de la marcha”,
por Jorge Martínez (diario “La Prensa”, 30/3), que desnuda la hipocresía y la
falsedad de los sedicentes defensores de derechos humanos, que no fueron otra
cosa que integrantes o descendientes de las bandas subversivas/terroristas que
llevaron a cabo la guerra revolucionaria, impuesta por la Unión Soviética, a
través de su peón de brega, Fidel Castro, el columnista tiene la valentía de
defender la verdad en que lo que pretendían era imponer una dictadura del
proletariado (con todo lo que implica) y no defender la democracia, pues los
ataques empezaron durante los gobiernos constitucionales de Perón y María E. M.
de Perón, que ensangrentaron el país, y durante 1969/1979 cometieron 21.655
atentados terrorista y asesinaron a 1.160 víctimas inocentes a traición las
principales organizaciones terroristas ERP, Montoneros, FAR. Sus capitostes
Mario Firmenich, Rofolfo Perdía, Fernando Vaca Narvaja, Miguel Bonasso, Horacio
Verbistky…, fueron amnistiados, indultados e indemnizados por los gobiernos
peronistas, a partir de Menem, con la ley 24.411 por u$s 4.000 millones,
cabiendo 250.000 a cada individuo. Con respecto a los presuntos desaparecidos,
la CONADEP recibió 8.690 denuncias de parientes, que tras el terremoto de
México de 1985, aparecieron muchos por TV, en Francia, España, Italia, países
escandinavos y hasta en Australia, reduciéndose a los 5.000, indemnizados por
Menem. Y relativo a la mentira de los 30.000 desaparecidos, fue un invento del
ex montonero Luis Labraña, según su declaración en el programa “Mauro la pura verdad” de Mauro Viale,
del 21.12.14, a fin de que las naciones europeas concedieron subsidios a las
organizaciones de derechos humanos.
Por otro lado, las
Fuerzas Armadas (FF.AA.), de Seguridad y Policiales, que nos libraron a costa
de vidas y mutilaciones, y de ser una nueva Cuba o Nicaragua, fueron sometidos
a los inicuos juicios por supuestos delitos de lesa humanidad, a pesar de que
la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad
fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.788, y, por ende, no
aplicable a los hechos de la década del 70. Asimismo, el Estatuto de Roma, en
ese sentido, fue ratificado por la Argentina en 2003, establece su aplicación a
posteriori de su ratificación y no a priori. Unos 2.400 “presos políticos”: militares, personal de seguridad y policiales
están sometidos a inicuos juicios y condenas a cadena perpetua, violando el
artículo 18 de la Constitución Nacional, y sufren prisiones preventivas de más
de dos años, conculdando la ley, en los presidios de Marcos Paz, Ezeiza e
interior del país, más los condenados automáticamente a prisión perpetua, y
ancianos mayores de 90 años se están muriendo de inanición y sin atención
médica, y los jueces les niegan prisión domiciliaria, cuando a peligrosos
delincuentes, asesinos y pervertidos sí otorgan ese beneficio, al cumplir los
70 años, ignorando la igualdad ante la ley. Han muerto en presidio, después de
pasar por ese martirio, unos 399 “presos
políticos”, y sus derechohabientes no son reconocidos por los supuestos
adalides de los derechos humanos endógena y exógenamente.
Pedimos para todos
los “presos políticos” justicia,
verdad y memoria, pues es bien sabido que lucharon por su Dios y la Patria,
librando a la Argentina de padecer una dictadura del proletariado.
Alfredo
Nobre Leite
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