El jueves 24 de mayo
se cumplió la convocatoria para reunirse frente a la sede del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación a los efectos de presentar un
petitorio al señor ministro Dr. Germán Carlos Garavano.
Cuando se encontraban
frente al ministerio los familiares, camaradas y amigos de los Presos Políticos
que están detenidos y siendo juzgados por haber luchado contra el terrorismo en
la década de los años ’70, un grupo de trabajadores de ATE -que se encontraban
en el mismo lugar- iniciaron una agresión injustificada contra quienes se
estaban reuniendo pacíficamente. Se puso en evidencia era la expresión de la grieta más profunda que divide a los
argentinos, esa que especialmente las autoridades del gobierno no mencionan y
prefieren ignorar para postergar una decisión que permita cerrar esa herida.
A continuación el
petitorio que fuera entregado.
Buenos Aires, 24 de
mayo de 2017.
Señor Ministro de
Justicia
Dr. Germán Carlos
Garavano
P r
e s e
n t e
De nuestra
consideración:
Partiendo de la base
de que tanto por formación académica como por investidura institucional usted
conoce -o debiera conocer- el Derecho, pareciera innecesario recordarle que los
miles de procesos judiciales iniciados a instancias del régimen kirchnerista
contra militares, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles de edad
avanzada, se han llevado a cabo en gravísima violación a los principios más
básicos del orden jurídico y a las más elementales garantías del debido
proceso.
Con seguridad también
sabe -o debiera saber- que lo anterior no se trata de una mera opinión, sino de
un juicio pronunciado por personalidades relevantes del país y del extranjero.
Hasta un reputado jurista alemán, citado profusamente por los jueces
prevaricadores de la Argentina, ha tenido que aclarar que sus tesis no son
compatibles con los agravios sistemáticos que aquellos han cometido contra los
principios de cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal, ne bis in idem,
nulla poena sine lege, juez natural, igualdad ante la ley y aplicación de la
ley penal más benigna.
Es penoso que los
juicios no sólo violen irresponsablemente los principios más antiguos y
universales del derecho penal y del proceso regular. Malo también que a esas
graves violaciones se agreguen otras que descalifican dos veces los juicios
considerados. Los jueces sólo quieren condenar, no juzgar; manipulan la prueba
disponible, reducen a una parcialidad las fuentes de búsqueda, prescinden
incluso de la prueba específica y de las circunstancias particulares que
informan cada caso, distorsionan el derecho común aplicado con inteligencia y
sabiduría durante más de un siglo por los jueces argentinos, prolongan y
multiplican perversamente las causas para mortificar a los presos que llevan 15
años sometidos a juicios que, basados en testimonios visiblemente parciales y
enconados, restauran el conflicto de los '70 con relatos descarados de falsa
memoria
Algunos –tal vez
usted mismo, señor Ministro– quizás suponen, encastillados en una falsa
prudencia, que estas cosas son meramente contingentes, que ya pasarán, sin
dejar huella en la Argentina. Creen que algunos miles de personas, azuzadas por
medios de comunicación y oportunistas dirigentes políticos y sociales de todas
las extracciones, tienen derecho a
exigir en la plaza y con amenazas el cambio de un fallo legalmente
impecable de la Corte Suprema. No se inmutan cuando el jefe de la mayoría del
Senado de la Nación –quien, para peor, es abogado- descalifica a los jueces de
dicho Tribunal que votaron de acuerdo a derecho, afirmando que les faltó calle.
Sepan que están
equivocados, señor Ministro. La debilidad institucional de la Argentina, sumada
a la inseguridad jurídica generalizada, la anomia y corrupción reinantes y la
delincuencia que campea en las calles -todo tan evidente, salvo para ciegos que
guían a otros ciegos-, son la lógica consecuencia del abandono que se ha hecho
del Derecho y de su objeto: la Justicia.
Pero lo peor, lo más
grave, posiblemente sea que el motor principal de esta empresa criminal haya
sido el odio. Si -como vulgarmente se dice- la unión hace la fuerza, en la
Argentina cierta unión está forjada en el odio; y de ese odio militante e
implacable nace la fuerza ante la cual retroceden atemorizados, cobardes, los
que deberían restaurar la justicia, recuperar la concordia y refundar la
república.
Va de suyo que la
criminalización unidireccional y sectorial que prepotentemente se impulsó desde
el año 2003, riñe por completo con “la
verdad, la memoria y la justicia”, mantra de cabecera de las organizaciones
que impulsan esos juicios con el guiño estatal. Pero lo más grave no es que los
jueces se encuentren amedrentados o directamente controlados por estos
desacreditados sectores de reconocida filiación, sino que se haya sumado a ello
la coalición que gobierna, ignorando la
responsabilidad que tiene de velar por el cumplimiento de las leyes y preservar
la estructura republicana de nuestro destartalado país.
En efecto, la parte
sana de nuestro país ha visto con estupor que, luego del fallo inobjetable de
la Corte rápida y malamente bautizado como el ‘caso 2x1’ y después también de un primer y raro hermetismo oficial
justificado por un declamado respeto por ‘la
independencia del poder judicial’, de repente Ministros, Diputados y
Senadores del espectro oficialista y hasta el mismo Presidente de la Nación,
corridos por los titulares del pequeño diario Página 12, se lanzaron
impúdicamente a rivalizar con aquellos grupos fundamentalistas, sumándose a los
condicionamientos, críticas y hasta amenazas dirigidas contra los jueces que
habían fallado… con independencia.
Para colmo, en 24
horas el gobierno impulsó y logró la sanción de una ley que será tenida como
modelo de verdadero mamarracho jurídico.
¿De qué otro modo
calificar a un Congreso que reforma por unanimidad una ley derogada? ¿Cómo
consentir que a veinte años vista se consagre una interpretación ‘auténtica’ de una ley largamente
interpretada por los jueces que son los únicos encargados de hacerlo? ¿Cómo
disimular el pertinaz olvido de la ley penal más benigna? ¿Formará esa regla en
el derecho de gentes? ¿Hay que tomar en serio a Zaffaroni y a la jueza Garrigós
de Rébori?
¿Será posible, como
se ha empezado difundir en ciertos medios, que hasta la propia Corte se
autodestruya dando marcha atrás respecto de un fallo que precisamente impide
semejante cosa? Mientras tanto, los personeros de los organismos de derechos
humanos vienen a la Argentina a visitar a Milagro Sala, al general Milani y a
Báez, permitiéndose decirnos cómo debemos aplicar, no ya nuestras leyes, sino
las directivas que ellos mismos cocinan al fuego de su ideología.
Y los que más fuerte
aplauden son los que alguna vez clamaban por una patria justa, libre y
soberana.
Habiendo llegado a
este punto de nuestra interminable decadencia, estando comprobado que a pesar
del cambio de gobierno todo sigue igual y que las esperanzas de los presos
políticos argentinos son enterradas por la repelente hipocresía de quienes han
establecido para ellos una pena de muerte encubierta, cabe preguntarse: ¿tienen
valor los preciosismos y justezas técnicas en un país de jueces mediocres o
corruptos, leyes variables y gobernantes incorregibles? ¿Cómo interpelar
seriamente a un presidente que todos los días suma esfuerzos y datos para
parecerse a todo lo anterior?
Pareciera que ya no
tiene caso entrar en alambiques jurídicos cuando todos saben de qué hablan y disimulan,
cuando todos saben cuál es la verdad pero sostienen a rajatabla la mentira,
cuando funcionarios y dirigentes sociales y políticos nos dicen cosas y nos
hacen promesas en privado, para luego decir y hacer lo contrario en público.
Tampoco sirve
pontificar que hay que ser político y que todo es parte de la política, porque
la política no es – no debería ser – pura hipocresía y fallutería.
El verdadero problema
de hoy es intrínsecamente moral; y en ese campo la honestidad es lo que más
pesa. Por eso va siendo hora de salir a rescatar, por encima de lo jurídico, la
moral. Porque en la más completa inmoralidad en que vivimos se está ninguneando
el Derecho y justificando cualquier cosa con falsas moralinas y falsas
invocaciones a la justicia.
Por todo lo expuesto
sostenemos y solicitamos al Señor Ministro:
1. Que el gobierno que usted integra corre el
serio riesgo de perder la adhesión de los argentinos que aspiramos al
restablecimiento de las instituciones de la República.
2. Que es inadmisible que una turbamulta o
mezquinos cálculos electorales, marquen el rumbo del gobierno o condicionen la
función de la Corte Suprema de Justicia.
3. Que ejercer presión desde los Poderes
Ejecutivo y Legislativo sobre la Corte Suprema para que se desdiga, apelando a
un engendro con apariencia de ley para impedir que se haga justicia con más de
2.000 presos políticos y se les aplique la pena de muerte en forma encubierta,
constituye una iniquidad y una vergüenza que pasarán a la historia, sumadas a
los gigantescos prevaricatos cometidos durante el kirchnerismo.
4. Que a juicio de las Academias Nacionales de
Derecho y de Ciencias Morales y Políticas, los más destacados juristas y gente
con sentido común, la ley sancionada y promulgada ha sido calificada como
absurda y anticonstitucional.
5. Que es preferible, para bien de la
República, que el gobierno sea coherente con su por ahora nada más declamado
respeto por la independencia del Poder Judicial, asumiendo el costo político de
su necesaria retractación.
6. Que el Poder Ejecutivo, en cualquiera de los
organismos que dependen directa o indirectamente de la autoridad del Presidente
de la Nación -incluida la inefable Secretaría de Derechos Humanos-, cese de
inmediato su sobreactuación ante los Tribunales como parte querellante en los
juicios llamados de ‘lesa humanidad’.
7. Que el gobierno nacional emplee todos sus
recursos para reparar de manera integral el olvido y abandono en que
deliberadamente ha sumido a las víctimas del terrorismo en la Argentina.
8. Que el gobierno nacional cese de inmediato
en su política o simple actividad de recompensar con cargos públicos, honores y
dinero de los argentinos a quienes desde el terrorismo atacaron a nuestras
instituciones, nuestra libertad, nuestra cultura y nuestra economía.
9. Que el gobierno nacional, por todos los
medios a su alcance, que no son pocos ni mucho menos débiles, haga cesar de
inmediato toda clase de presión o intromisión sobre y en la función de la Corte
Suprema de Justicia, disponiendo con urgencia las medidas necesarias para que
el Poder Judicial recupere el principal sentido de su misión, cual es
garantizar la plena vigencia del Derecho en beneficio de todos los habitantes
de la República Argentina.
Saludamos a usted
atentamente.
Asociación de
Abogados por la Justicia y la Concordia
Unión de Promociones
Foro de Almirantes
Retirados
Foro de Generales
Retirados
Asociación de
Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo
Asociación de
Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina
Hijos y Nietos de
Presos Políticos
Pacificación Nacional
Definitiva
Centro de Estudios en
Historia, Política y Derechos Humanos (CES Salta)
Prensa Republicana
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!