viernes, 5 de octubre de 2018

GACETILLA DE PRENSA REUNIÓN CIDH BOULDER, COLORADO


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó los reclamos por violaciones a los Derechos Humanos a los acusados en los juicios de Lesa Humanidad
El ultimo miércoles 3 de octubre a las 18:30 hs. los comisionados Luis Ernesto Vargas Silva, relator para Argentina, y Joel Hernández García, titular de la relatoría de personas privadas de la libertad, acompañados por el secretario ejecutivo Paulo Abrão, María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta y tres funcionarias especialistas más; recibieron para una Reunión de Trabajo de oficio a los Dres. Alberto Solanet, Laura Olea y Ricardo Saint Jean, representantes de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia y a Verónica Schaller y Aníbal Guevara en representación de Puentes para la Legalidad. En nombre del Estado argentino fueron la embajadora ante la OEA Paula Bertol, Ramiro Badía de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la secretaria de DDHH y Agustina Durruty del ministerio de Justicia.

Las asociaciones denunciaron al Estado Argentino por violaciones a los Derechos Humanos en el marco de los juicios de Lesa Humanidad.

La reunión duró 45 minutos, de los cuales tomaron 25 minutos los denunciantes para reclamar por el trato judicial discriminatorio y las violaciones a la Convención Interamericana para la Protección de los Adultos Mayores y la Convención Americana de Derechos Humanos, haciendo eje en las denegatorias de arresto domiciliario de 255 personas mayores de  65 años de edad, de los cuales 120 son incluso mayores de 70, y las 731 personas que están privadas preventivamente de la libertad excediendo los 3 años de plazo máximo legal para esta medida precautoria. Resaltaron que de estos más del 50% ni siquiera fue sometida a juicio. Denunciaron también que esta situación les ha costado la muerte a 431 personas de las cuales el 95% estaba en prisión preventiva y el 55% de estos todavía no había tenido juicio.

Presentaron informes estadísticos, casos testigos, fotos y videos como pruebas de los hechos denunciados.

El estado argentino reafirmó la continuidad del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, así como la continuidad de los juicios, asegurando que se iban a hacer en el respeto de los Derechos Humanos de los imputados. Ante las contundentes evidencias tuvieron que reconocer, basados en informes del Servicio Penitenciario Federal que las cárceles presentaban muchas dificultades para asegurar el derecho a la salud de este grupo vulnerable de personas, así como también la existencia de personas con exceso de prisiones preventivas, reconociendo también que la ley no distingue por delitos.

Los representantes estatales pidieron a la Comisión que les dé traslado de los más de 350 pedidos de medidas cautelares que saben han sido presentadas pero este organismo no les ha informado.

Las asociaciones denunciantes recordaron que en más de 13 años de juicios solo se completaron el 34% de las causas, por lo que manteniendo como los últimos 13 años, el 60% de la Justicia Federal avocada a estos procesos, se necesitarían 28 años para completar las causas existentes.

Cerraron su exposición pidiendo a la CIDH que otorgue medidas cautelares para el inmediato traslado de los adultos mayores de 65 años a arresto domiciliario y el cese de prisión preventiva para aquellos que se encuentren excediendo el plazo legal. También continuar con las reuniones de trabajo y debido a la urgencia de la situación que se cobra vidas casi semanalmente, pidieron un Procedimiento de Solución Amistosa homologado por la Comisión.

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Acerca de Puentes Para la Legalidad
La Asociación Civil Puentes para la Legalidad formada por hijos y nietos de
imputados en causas de Lesa Humanidad, viene denunciando desde el año 2008 ante
organismos nacionales e internacionales distintas violaciones a los derechos humanos
sufridas por sus padres y abuelos durante los procesos judiciales impulsados por el Estado
argentino.

A la fecha, Puentes para la Legalidad ha documentado y denunciado el trato discriminatorio de un gran número de argentinos que sufren cárcel sin pruebas que acrediten sus supuestas culpabilidades, prisiones preventivas que promedian los 6 años y que han llegado al extremo de extenderse hasta 14,5 años  presos mayores de 65 años y enfermos que no pueden ejercer su derecho a la prisión domiciliaria, entre otros incumplimientos de la Ley y de los tratados internacionales de Derechos Humanos a los que ha adherido la Argentina y que tienen jerarquía constitucional conforme la reforma de 1994. Según sus propios registros hay hoy 1084 personas privadas de su libertad de las cuales 731 llevan más de tres años en prisión preventiva y 431 han muerto en privados de la libertad, el 95% de ellos sin condena firme.

Acerca de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia
La Asociación Civil Justicia y Concordia es una organización sin fines de lucro que reúne más de 400 abogados de la ciudad de Buenos Aires, surgida ante la necesidad de restablecer el orden jurídico en este contexto de desintegración nacional.

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