Tras una denuncia de
dos entidades que defienden a detenidos por delitos de lesa humanidad admiten
que las cárceles no están preparadas para mantener recluidos a militares
ancianos y enfermos. Presentaron medidas cautelares para que se ordene al
Gobierno decretar su arresto domiciliario o liberación si excedieron el plazo
de las prisiones preventivas.
Agustín
De Beitia
@agustindebeitia
 |
| Los asistentes a la reunión. De izq. a der.: Schaller y Guevara, de Puentes para la Legalidad, junto a Solanet, Olea y Saint Jean, de Justicia y Concordia |
El Estado argentino reconoció ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) deficiencias de su servicio penitenciario y
violaciones a los derechos humanos de los detenidos por delitos de lesa
humanidad que son ya ancianos o enfermos, tras ser denunciado por dos ONG
durante una reunión a puertas cerradas que tuvo lugar ayer en la ciudad
estadounidense de Boulder, Colorado, en el marco del 169º período de sesiones
del organismo.
Esas irregularidades
fueron admitidas por el doctor Ricardo Badía, director de Asuntos Jurídicos
Internacionales de la Secretaría argentina de Derechos Humanos, según confió a La Prensa el doctor Alberto Solanet,
presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, una de
las dos entidades denunciantes.
 |
| doctor Ricardo Saint Jean |
Badía admitió que “las
cárceles de nuestro país no están preparadas para mantener a estos detenidos”,
y “aceptó
que sobre ellos hay una discriminación”, tras ser confrontado con
"estadísticas que muestran que, entre
la población carcelaria mayor de 65 años, los acusados de delitos de lesa
humanidad representan el 75%", indicó Solanet.
 |
| Ancianos miembros de las FFAA, FFSS y FFPP en prisión |
La importancia de la
reunión, que duró unos 45 minutos y fue celebrada en el Salón Seminar 421 del
Wolf Law Building, en la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado, es que se trata de la primera vez que la
CIDH accede a escuchar las denuncias de las agrupaciones que defienden a los
llamados “presos políticos” en
nuestro país.
A la cita, que
concluyó pasadas las 22 (hora de la Argentina), asistieron, además de Solanet,
el doctor Ricardo Saint Jean y la doctora María Laura Olea, por Justicia y
Concordia; Verónica Schaller y Aníbal Guevara, por Puentes para la Legalidad; y
tres representantes del Estado argentino: Badía, la embajadora ante la OEA
Paula Bertol; y una asesora del Ministerio de Justicia de Germán Garavano.
Enfrente se ubicaron
siete integrantes de la CIDH, entre ellos el secretario ejecutivo, la
vicesecretaria, dos asesoras técnicas y comisionados como el relator para la Argentina
y el relator para las personas privadas de la libertad.
Esta composición de
alto nivel fue destacada por Solanet como
otra muestra de la importancia que le asignó el organismo internacional a la
reunión.
Durante el encuentro,
las dos ONG hicieron una exposición que duró unos 25 minutos e incluyó
documentos y un video con “imágenes muy elocuentes de toda la crueldad
y el trato inhumano que se presentan en estos casos”, indicó Saint
Jean.
“El
Estado argentino reconoció que el servicio penitenciario tiene serias
deficiencias para atender a las personas mayores de 60 años. También reconoció
que se han producido fallecimientos en prisión, y que siguen teniendo las
mismas carencias que la Comisión Interamericana y la Cámara de Casación
detectaron para atenderlos a tiempo. Hay muchos muertos por infarto, esperando
una ambulancia que nunca llega y asistidos por los propios presos”,
resaltó.
CAUTELARES
 |
| doctor Ricardo Saint Jean |
Saint Jean informó
que presentaron “medidas cautelares para que la CIDH le ordene a la Argentina que, de
acuerdo a la Convención Americana de Protección a las Personas Mayores, decrete
la prisión domiciliaria de todos los mayores de 65 años acusados por delitos de
lesa humanidad, y a su vez disponga la libertad de todas las personas incluidas
en los listados que les presentamos de acusados de lesa humanidad que tienen
excedidos los 3 años de prisión preventiva. Tenemos algunos con diez años de
prisión preventiva sin juicio”.
 |
| Algunos de estos ancianos ya fallecieron en prisión |
El abogado remarcó
que los listados que presentaron incluyen nombres y apellidos, y que las
estadísticas que demostraron “están
cruzadas con las del Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Crímenes de
Lesa Humanidad y el CELS”. Pero además indicó que “tenemos una fuente propia que no la tiene nadie y que son los propios
presos”.
Sobre si se espera
una revisión de las denuncias por parte de la CIDH, Saint Jean indicó que sí, y
que “es lo que también pidió el Estado
argentino. Hay 370 medidas cautelares pedidas en estos casos a la CIDH desde
hace ya mucho tiempo. Pero la CIDH hasta ahora no contestó esas medidas. Nos ha
concedido esta reunión que consideramos importante y es una de las peticiones
que las dos partes hicimos: que se ocupen de eso. El Estado argentino pidió a
la CIDH que le corra traslado a la medida para terminar con la situación de
incertidumbre respecto de las personas que están pidiendo el amparo de la
Comisión”.
El representante de
Justicia y Concordia destacó que “es la primera vez que en el Continente la
Comisión Interamericana se interesa por la suerte de policías y militares
procesados, que es un fenómeno que ocurre en toda la región, en Chile, en
Colombia, en Uruguay, y en otros países”.
Los dos abogados
coincidieron en que fue “una buena
reunión” y en que abrigan una prudente expectativa a futuro, ya que tomaron
nota de todo lo expuesto.
 |
| Un largo camino |
“Observamos
que el Estado argentino ha tenido por lo menos una actitud sincera”, comentó Saint Jean.
“Habrá que esperar. Porque esto es nuevo
en la Comisión. Hace diez años que venimos denunciando, pero esta es la primera
vez que se abre esta instancia. De modo tal que este es un proceso en camino.
El primero. Y es muy importante”, concluyó.
NOTA:
No todas las imágenes corresponden a la nota original.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!