La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó los reclamos por violaciones
a los Derechos Humanos a los acusados en los juicios de Lesa Humanidad
El ultimo miércoles 3
de octubre a las 18:30 hs. los comisionados Luis Ernesto Vargas Silva, relator
para Argentina, y Joel Hernández García, titular de la relatoría de personas
privadas de la libertad, acompañados por el secretario ejecutivo Paulo Abrão,
María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta y tres funcionarias
especialistas más; recibieron para una Reunión de Trabajo de oficio a los Dres.
Alberto Solanet, Laura Olea y Ricardo Saint Jean, representantes de la Asociación
de Abogados para la Justicia y la Concordia y a Verónica Schaller y Aníbal
Guevara en representación de Puentes para la Legalidad. En nombre del Estado
argentino fueron la embajadora ante la OEA Paula Bertol, Ramiro Badía de la
Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la secretaria de DDHH
y Agustina Durruty del ministerio de Justicia.
Las asociaciones
denunciaron al Estado Argentino por violaciones a los Derechos Humanos en el
marco de los juicios de Lesa Humanidad.
La reunión duró 45
minutos, de los cuales tomaron 25 minutos los denunciantes para reclamar por el
trato judicial discriminatorio y las violaciones a la Convención Interamericana
para la Protección de los Adultos Mayores y la Convención Americana de Derechos
Humanos, haciendo eje en las denegatorias de arresto domiciliario de 255
personas mayores de 65 años de edad, de
los cuales 120 son incluso mayores de 70, y las 731 personas que están privadas
preventivamente de la libertad excediendo los 3 años de plazo máximo legal para
esta medida precautoria. Resaltaron que de estos más del 50% ni siquiera fue sometida
a juicio. Denunciaron también que esta situación les ha costado la muerte a 431
personas de las cuales el 95% estaba en prisión preventiva y el 55% de estos todavía
no había tenido juicio.
Presentaron informes
estadísticos, casos testigos, fotos y videos como pruebas de los hechos
denunciados.
El estado argentino
reafirmó la continuidad del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, así como la
continuidad de los juicios, asegurando que se iban a hacer en el respeto de los
Derechos Humanos de los imputados. Ante las contundentes evidencias tuvieron
que reconocer, basados en informes del Servicio Penitenciario Federal que las
cárceles presentaban muchas dificultades para asegurar el derecho a la salud de
este grupo vulnerable de personas, así como también la existencia de personas
con exceso de prisiones preventivas, reconociendo también que la ley no
distingue por delitos.
Los representantes
estatales pidieron a la Comisión que les dé traslado de los más de 350 pedidos
de medidas cautelares que saben han sido presentadas pero este organismo no les
ha informado.
Las asociaciones
denunciantes recordaron que en más de 13 años de juicios solo se completaron el
34% de las causas, por lo que manteniendo como los últimos 13 años, el 60% de
la Justicia Federal avocada a estos procesos, se necesitarían 28 años para
completar las causas existentes.
Cerraron su
exposición pidiendo a la CIDH que otorgue medidas cautelares para el inmediato
traslado de los adultos mayores de 65 años a arresto domiciliario y el cese de
prisión preventiva para aquellos que se encuentren excediendo el plazo legal.
También continuar con las reuniones de trabajo y debido a la urgencia de la
situación que se cobra vidas casi semanalmente, pidieron un Procedimiento de
Solución Amistosa homologado por la Comisión.
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Acerca
de Puentes Para la Legalidad
La Asociación Civil
Puentes para la Legalidad formada por hijos y nietos de
imputados en causas
de Lesa Humanidad, viene denunciando desde el año 2008 ante
organismos nacionales
e internacionales distintas violaciones a los derechos humanos
sufridas por sus
padres y abuelos durante los procesos judiciales impulsados por el Estado
argentino.
A la fecha, Puentes
para la Legalidad ha documentado y denunciado el trato discriminatorio de un
gran número de argentinos que sufren cárcel sin pruebas que acrediten sus
supuestas culpabilidades, prisiones preventivas que promedian los 6 años y que
han llegado al extremo de extenderse hasta 14,5 años presos mayores de 65 años y enfermos que no
pueden ejercer su derecho a la prisión domiciliaria, entre otros incumplimientos
de la Ley y de los tratados internacionales de Derechos Humanos a los que ha
adherido la Argentina y que tienen jerarquía constitucional conforme la reforma
de 1994. Según sus propios registros hay hoy 1084 personas privadas de su
libertad de las cuales 731 llevan más de tres años en prisión preventiva y 431
han muerto en privados de la libertad, el 95% de ellos sin condena firme.
Acerca
de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia
La Asociación Civil
Justicia y Concordia es una organización sin fines de lucro que reúne más de
400 abogados de la ciudad de Buenos Aires, surgida ante la necesidad de restablecer
el orden jurídico en este contexto de desintegración nacional.
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