Representantes de dos
asociaciones defensoras de los detenidos y un enviado del gobierno serán
recibidos esta semana en EE.UU. El doctor Alberto Solanet, de Justicia y
Concordia, explica el significado de este cambio y las expectativas que genera.
Agustín
De Beitia
@agustindebeitia
El encuentro tendrá
lugar en el Wolf Law Building, de la
facultad de Derecho de la Universidad de
Colorado.
Pocas horas antes de
partir hacia la ciudad estadounidense de Boulder, Colorado, donde denunciará ante
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) la violación de las
garantías fundamentales que soportan los detenidos por delitos de lesa
humanidad, el doctor Alberto Solanet,
presidente de la Asociación de Abogados
por la Justicia y la Concordia, conversó con La Prensa.
La CIDH accedió por primera vez a recibir
a las asociaciones defensoras de los detenidos. Para examinar el asunto convocó
a representantes de dos de esos grupos, Justicia
y Concordia y Puentes para la
Legalidad, y a un delegado del
gobierno. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles en el Salón
Seminar 421 del Wolf Law Building, de la facultad de Derecho de la Universidad
de Colorado. Solanet explica el significado de este cambio y las expectativas
que genera.
-
¿Qué pedirán a la CIDH y por qué acudieron a ella?
 |
| Dr. Alberto Solanet |
- La Asociación de Abogados por la Justicia y laConcordia, así como otras tantas entidades, viene reclamando hace muchos
años ante las autoridades nacionales por
la ilegalidad tanto de la génesis como del desarrollo de los procesos
judiciales en los que se investigan hechos ocurridos hace cuarenta años.
Estos esfuerzos han sido infructuosos y con
enorme pesadumbre hemos tenido que recurrir a un organismo internacional a
denunciar a nuestro propio Estado por la violación de las garantías
fundamentales y la grave discriminación, ya indisimulable, a la que son
sometidos los imputados en los procesos por los denominados delitos de lesa
humanidad. La CIDH nos ha citado a
esta reunión de trabajo con el Estado, aunque limitando el tema al tratamiento de la violación de los derechos
humanos de los detenidos mayores de 65 años de conformidad con la Convención Interamericana para la
protección del DDHH de las Personas Mayores, recientemente incorporada a
nuestro ordenamiento jurídico interno. De este modo celebramos esta
convocatoria, pero asistiremos conscientes de que la denuncia deberá circunscribirse al rechazo de las prisiones
domiciliarias de ancianos y enfermos, que ha llevado a la vergonzosa cifra
del fallecimiento de casi medio millar de imputados, y a las arbitrarias denegatorias de excarcelaciones como también a las
prisiones preventivas excedidas en el plazo máximo de duración que fija la ley,
3 años. Con relación a esto último llevaremos a conocimiento de la CIDH la escandalosa estadística que
indica la existencia, exclusivamente en respecto de este sector vulnerable, de prisiones preventivas que superan los 10
años sin sentencia.
-
¿Es posible que el Estado argentino no pueda resolver este tema? ¿A qué lo
atribuye?
- El Estado argentino no ha querido resolver
este tema. No se atreve. Hacer lo correcto requiere mucho coraje. Desde el
gobierno de Néstor Kirchner se ha impuesto la llamada política de derechos
humanos como “política de Estado”, en palabras del ex presidente de la Corte
Suprema, que demolió el derecho y dio comienzo a una feroz persecución penal
contra quienes defendieron al estado contra la invasión terrorista durante la
guerra que padecimos en los años 70. Como
consecuencia de ello hay más de 2000 presos políticos y ya 460 muertos en
cautiverio. El injusto encarcelamiento de integrantes de las Fuerzas
Armadas, de Seguridad y Policiales se extendió también a civiles, sacerdotes,
funcionarios, jueces y periodistas. Indudablemente para llevar adelante esta política
de venganza se hizo necesaria la complicidad de jueces corruptos que, sumisos a
los dictados y presiones del gobierno, dictaron fallos que constituyen
gigantescos prevaricatos, sentando
doctrinas que les resultan difíciles de revertir sin reconocer la arbitrariedad
y absoluta ilegalidad que las inspiró. Esta “política de Estado” también abarca la tergiversación de la historia reciente de nuestro país y el
consiguiente engaño a las nuevas generaciones a través de un relato, como
parte de una estrategia que trasciende el hecho concreto de aquel conflicto
armado para alcanzar todo el ámbito cultural. Lo que señalo no significa
desconocer la ocurrencia durante esos años de violencia de hechos que merezcan
reproche. Sin embargo, como dijo Héctor
Ricardo Leis (ex integrante de Montoneros) en su libro “Un testamento de los años 70”: “La
memoria mal resuelta se traduce en resentimientos de fuerte potencial
destructivo para el futuro de la comunidad política”; “la justicia que no se subordina a la verdad está lejos de serlo, por
el contrario, crea más enemistad en el interior del cuerpo político...”.
 |
| Graciela Fernández Meijide y Héctor Ricardo Leis |
-
¿Es la primera vez que la CIDH recibe a una entidad defensora de los llamados
presos políticos?
- Sí. Se trata de un
hecho inédito, pues por primera vez los
acusados por los llamados delitos de lesa humanidad van a ser escuchados por la
CIDH en su condición de víctimas del Estado.
-
¿Quiénes acuden a la cita?
- Fue citada la
Asociación que presido y me acompañarán en esta ocasión dos abogados penalistas
prestigiosos, integrantes de la mesa directiva. Los doctores María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, quienes tendrán a
su cargo sostener las denuncias contra el estado argentino por violación a las
normas del debido proceso. También fue citada Puentes para la Legalidad, una asociación constituida por los hijos
y nietos de estos presos políticos que vienen luchando con enormes esfuerzos y
sacrificios en defensa de los derechos humanos de sus padres a quienes ven
morir encerrados en las cárceles sin poder acceder a un juicio justo y
respetuoso del debido proceso legal.
-
¿Qué significa que hayan decidido recibirlos? ¿Qué expectativas hay sobre esta
reunión?
- Para nosotros
importa una enorme responsabilidad, llevar
con esperanza la voz de quienes hace más de una década viven en un grito
silencioso que nadie ha querido escuchar hasta ahora. Esperamos que se abran las puertas a un diálogo fecundo a
través del cual se encuentre una solución para la restitución del Estado de
Derecho, el reencuentro, la concordia y la paz que tanto necesitamos como
Nación.
NOTA:
Las imágenes, destacados y referencias no corresponden a la nota original.
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