Domingo 02 de
septiembre de 2012 | Publicado en edición impresa
Editorial II
Es
preocupante que una agrupación política maneje fondos estatales millonarios sin
controles ni criterios profesionales de adjudicación
La
agresión sufrida por el equipo del programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos, que involucró a miembros de,
la organización Tupac Amaru,
volvieron a encender la polémica sobre el poder de esa organización barrial de
Jujuy.
Es que
desde el arribo de Néstor Kirchner a
la presidencia, la asociación experimentó un veloz crecimiento y pasó de
administrar simples bolsones de comida a recibir miles de planes sociales y
fondos públicos especiales para la construcción de viviendas, realizar trámites
para la asignación de pensiones y seguros sociales, entregar DNI y muchas otras
tareas que son propias del Estado.
La
construcción de escuelas y de centros de salud, así como la adquisición de
ambulancias e instrumental de alta complejidad, se realiza al margen de los
procedimientos de rigor. La organización, aunque desarrolla su labor
principalmente en la provincia de Jujuy, donde cuenta con unas 400 unidades
barriales, tiene sedes en varias provincias de nuestro país. Su radio de acción
es tan grande que muchas fábricas y numerosas cooperativas se desarrollan al
amparo de la entidad fundada por Milagro
Sala y financiada por el gobierno
nacional.
No puede ignorarse que la Tupac Amaru es indudablemente una agrupación política, con una ideología clara y representada conforme su sitio web por las figuras del Che Guevara, Eva Perón y el revolucionario peruano, descendiente de los incas, del que proviene el nombre de la entidad. La sintética muestra de su increíble desarrollo no puede concebirse en forma aislada de su activa militancia. Ejerce el rol de comisario político mediante el control de la calle para evitar la expresión popular espontánea, a la vez que se infiltra en cualquier ámbito cívico de reivindicación de derechos para desnaturalizarlo y tratar de legitimar su accionar violento. Su adhesión al proyecto de la Presidenta ha sido expuesto en forma pública, como también su repudio a las políticas de opositores como Mauricio Macri. El apoyo al programa de la televisión estatal 6,7,8 y a los intelectuales de Carta Abierta, como los escraches al radical Gerardo Morales y al escritor Abel Posse, demuestran que su finalidad excede la ayuda a los más carenciados.
La falta
de transparencia en la adjudicación de obras es similar al caso de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y de
los hermanos Schoklender, ahora bajo
investigación judicial, en el que se emplearon fondos estatales presuntamente
malversados para la construcción de viviendas. Aquella falta de transparencia y
la absoluta discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos son prácticas
reñidas con los mecanismos republicanos que el Gobierno debería estimular. De
esta manera, los más de 200 millones de pesos anuales que administra la Tupac Amaru, la mayor parte proveniente
de aportes gubernamentales, son un instrumento proclive al clientelismo, la
manipulación prebendaría y la propaganda política.
La
organización carece de un marco jurídico, como también de una estructura
jerárquica que permita individualizar a quienes toman las decisiones y
eventualmente deban respondan por los manejos, ya que diluyen la
responsabilidad en asambleas de casi mil delegados dependientes de la
conducción.
Resulta
paradójico que un gobierno que limita cada vez más las libertades básicas del
ciudadano delegue en manos de complejas organizaciones sociales las funciones
de asistir a los más necesitados.
Como ha
sido una constante en los gobiernos kirchneristas, la adjudicación de millones
de pesos que pertenecen a todos los argentinos depende del subjetivismo propio
de una obsecuente organización incapaz de rendir cuentas a la sociedad por los
fondos públicos que administra…
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