Completísimo y documentado informe sobre su gestión como Ministro,
que tira por la borda todos los mitos y falsedades difundidas en torno a su
paso por dicha cartera entre 1976-81.
Dentro
de los numerosísimos civiles que formaron parte del gobierno del Proceso de
Reorganización Nacional, ninguno ha sido tan denostado y demonizado como el Dr.
José Alfredo Martínez de Hoz, prestigioso economista y abogado quien tuvo a
cargo el manejo de la economía nacional desde marzo de 1976 hasta marzo de
1981. Y tanta fue su denostación, que con posterioridad a su gestión fue hostigado
y abarrotado de acusaciones en las que fue imputado en 14 causas penales por
diversos motivos (con el consiguiente desprestigio mediático), y por falta
absoluta de responsabilidad en ninguna de las 14 causas fue condenado (aunque
las absoluciones fueron silenciadas o minimizadas en la prensa) con la
correspondiente reputación ya mancillada y con nulas o muy pocas posibilidades
de resarcimiento y esclarecimiento para con la opinión pública.
Seguidamente,
iremos repasando tanto las características de su gestión como las críticas que
se le hicieron (tanto desde sectores izquierdistas como liberales), así como
también todos los puntos controvertibles de su paso por el Ministerio, dejando
para el final el tema que más polémicas ha suscitado: la deuda externa.
Lo
cierto es que sin detenerse a analizar en los más mínimo ni la situación
económica que heredó el Proceso ni la situación internacional y nacional dentro
de la cual se trabajó, la arenga oficial (acatada dócilmente por numerosas
corrientes ideológicas) suele dirigir diversos eslóganes denigratorios
destinados a imponer la ficción de que “con el Proceso se inauguró la
decadencia económica argentina” y encima, se pretende instalar la idea de que
dicha “política de empobrecimiento” se impuso ex profeso. De igual manera, a
modo de frase sistemática, se cargan tintas aludiendo al “aumento de la deuda
externa” sin atender a ninguna otra circunstancia, y con desconocimiento total
en la materia, le adjudican a Martínez de Hoz haber llevado a cabo una política
económica de “exclusión social”.
Empero,
el parámetro con el cual se puede medir la gestión de Martínez de Hoz, no puede
ser otro que en el contexto y el signo de los tiempos en que le tocó recibir la
situación económica y gestionar en consecuencia. Es por ello que para apreciar
los resultados de su administración, acudiremos con insistencia a parangonar
datos existentes tanto al momento de su asunción como al de la culminación de
su mandato, a efectos de efectuar un balance en concreto. De esta manera despojándonos
de todo prejuicio y frase propagandística, intentaremos sacar a luz la
verdadera naturaleza de su actuar y desnudar así muchos de los mitos que se
fueron fabricando en torno a su persona y su gestión.
Antes
de la llegada de Martínez de Hoz, con las políticas “populares” implantadas por
el peronismo (que se acababa de fugar del poder en medio de un incendio por
ellos creado), desde el punto de vista económico el país estaba destruido. Al
asumir las nuevas autoridades en medio de una guerra civil y del vacío
institucional, el justicialismo había dejado al país en cesación de pagos, lo
que dificultaba enormemente las operaciones tanto financieras como con el
comercio exterior. La recaudación tributaria estaba en caída libre, la D.G.I se
encontraba deshecha e inmóvil, la hiperinflación era inminente y se había
producido un aumento de más del 50% en el índice de precios minoristas tanto en
marzo como en abril de 1.976. La industria tenía stock para funcionar (como
hipótesis de máxima) sólo dos meses más (con la consiguiente desocupación
masiva y caos social) y los salarios ya habían caído un tercio de su capacidad
de pago desde 1973. En los últimos tres años, habían pasado por el Ministerio
de Economía seis ministros distintos (promediando uno cada seis meses), entre
los que desfilaron personajes tales como José Ber Gelbard (agente soviético),
el protervo Antonio Cafiero (quien habría sido acusado por Perón de “quedarse
con los vueltos”) y el tristemente célebre Celestino Rodrigo (responsable del
golpe hiperinflacionario conocido como “rodrigazo”). ¿Cabe entonces cargar
tintas de manera selectiva y exclusiva contra Martínez de Hoz luego de advertir
el penoso perfil del elenco predecesor que dejó al país desabastecido y en
llamas?.
Fue
en este escenario tenebroso, en donde el flamante gobierno convocó de apuro a
Martínez de Hoz, quien anunció a todo vapor su programa económico el 2 de abril
de 1976. El mismo concentraba sus postulados en tres aspectos concretos:
1) redefinición de las funciones del Estado
y saneamiento de éste 2) apertura y modernización de la economía 3)
estabilización monetaria.
Estos
objetivos, según la estrategia escogida por Martínez de Hoz, no debían llevarse
adelante a través de una política de “shock” o drasticidad, sino instrumentando
una praxis de carácter gradualista y progresiva. Los sectores tradicionalmente
estatistas lo acusaron de “liberal” por pretender sanear y achicar el Estado.
En sentido contrario, muchos sectores liberales lo acusaron de estatista por no
ser lo suficientemente privatista. Entre esas imputaciones cruzadas debió
convivir Martínez de Hoz durante sus 5 años de gestión. Los ataques
provenientes tanto de un lado como de otro, ayudaron a consolidar el estigma de
su administración. Al respecto, Martínez de Hoz resume esta encrucijada
alegando que “tanto durante el período 1976/80 como con posterioridad, nuestra
gestión fue criticada por los estatistas
por aquello que hicimos y por los no estatistas por lo que no alcanzamos a hacer”[1].
A
poco de asumir, el Ministro fue escalonadamente liberando los controles de
precios, el tipo de cambio, las tasas de interés y los precios de los
alquileres. Se eliminaron subsidios y privilegios proteccionistas, se quitaron
las confiscaciones (retenciones) de exportaciones y aparejadamente se abrió la
importación.
Uno
de los objetivos primordiales era precisamente bajar la inflación, para tal fin
se dirigieron políticas tendientes a racionalizar la economía achicando y
saneando el aparato burocrático y así, el déficit fiscal se fue reduciendo del
14.35% del Producto Bruto Interno en 1975 al 4.99% en 1980. En moneda
constante, el déficit se redujo en un 60% entre 1975 y 1980. Tradicionalmente,
el déficit del gasto de gobierno siempre fue financiado con emisión monetaria
(en 1975 la emisión representaba el 63% de dicho gasto), y por el contrario, ya
por 1978 ese gasto fue abastecido con una emisión del 0%.
Se
pretendía acabar con el asfixiante karma del “Estado empresario” poniendo en
marcha el llamado por Martínez de Hoz “gradualismo privatista”, el cual
consistía en que aquellas empresas que habían sido estatizadas en el gobierno
anterior y que con motivo del desastre económico heredado estaban al borde del
colapso, el Estado las conservaría nombrando interventores hasta recuperarlas a
efectos de mantener las fuentes laborales, y seguidamente devolverlas al sector
privado por medio de licitaciones (en 1980 sumaban 120 las empresas devueltas
al ámbito privado). En cuanto a las empresas privadas de las que el Estado
mantenía tenencias accionarias, este se desprendió de sus acciones en 200 de
ellas. Con respecto a las empresas de capital mixto (capital privado y
estatal), las de producción industrial en su mayoría fueron privatizadas y las
de Fabricaciones Militares prosiguieron en manos estatales dado el carácter
estratégico que le asignó el Poder Ejecutivo a las mismas.
Complementando
esta tesis “gradualista”, se inauguró un proceso denominado “privatización
periférica” consistente en privatizar de inmediato las empresas que las
circunstancias lo permitieran, y en aquellas en que las condiciones no estaban
dadas aun, se proponía ir paulatinamente transfiriendo la mayor parte de sus
actividades al sector privado (mediante contratos de obras y servicios) a
efectos de tornarlas más eficientes y evitar dispendio del gasto público. Esto
último fue muy dificultoso, pues las empresas se encontraban en estado caótico
debido a la conocida incapacidad peronista (las mismas no tenían, stock, ni
balances, ni estados contables) y fueron transformadas entonces en sociedades
de capital para formarlas con el know how de la empresa privada. Resultados:
estas últimas por 1980 crecieron un 60% en productividad y en cuanto a
empleados, en casos como YPF el personal se redujo en un 30%. En 1976, 14 de
estas grandes empresas requerían para subsistir subsidios del Tesoro Nacional.
En 1978 sólo dos de ellas (Ferrocarriles y Encotel) seguían percibiendo
subsidios, las 12 restantes ya se autoabastecían. Entre 1976/80 el total de
agentes del sector público se redujo en un 5%.
Estas
tendencias moderadamente privatistas no impidieron en modo alguno llevar
adelante importantes emprendimientos de inversión pública (se registró un nivel
de inversión pública real de 50.000 millones de dólares), aunque de una forma
mucho más ordenada y austera que la gestión anterior[2]. De esta manera, dicha
inversión descendió del 16% en relación al PBI en 1976 al 9% en 1980.
A
diferencias de la gestión que acababa de desertar, lejos de disponer de los
fondos públicos para hacer clientelismo prebendario y asistencialismo
demagógico, el 70% de dicha inversión fue destinada a energía, transporte y
comunicaciones, el 30% restante se destinó a educación, salud, defensa y
seguridad.
Para
tener noción del dinero que se “quedaba en el camino” (por no decir que se
robaba) antes de 1976, con el costo con que se construía 1 KM de caminos, se
pasó a poder construir 2.5KM. De manera similar, otro de los logros más
significativos del saneamiento, fue el de los ferrocarriles: en 1975 el
personal era de 156.000 empleados, en 1980 pasó a ser de 92.500 y el
mantenimiento mecanizado de las vías medido en kilómetros se triplicó (al igual
que las renovaciones de vías) y las locomotoras pasaron de ser 56 a 71 en dicho
quinquenio. Se iniciaron o retomaron además emprendimientos de infraestructura
que habían quedado suspendidos por la parálisis de la gestión anterior. Desde
la construcción de obras como estadios de fútbol, monumentales autopistas (que
en su momento se criticaron y hoy son de uso indispensable), el Parque de
Diversiones Interama y el Campeonato Mundial de Fútbol. Seguidamente se puso en
funcionamiento el polo petroquímico de Bahía Blanca, se logró el
autoabastecimiento de acero; se concluyeron la fábricas de papel de diario
“Papel Prensa” y “Papel del Tucumán”; se construyó y se puso en marcha la
fábrica de celulosa de fibra larga “Alto Paraná” en Misiones y se expandió
también la producción de aluminio y de cemento.
Otro
grave problema de urgencia que se heredó y debió enfrentar, fue precisamente la
inminencia de un “crack” energético nacional, puesto que por falta de
mantenimiento y obsolescencia, en el Gran Litoral el 50% de la capacidad
instalada estaba fuera de servicio. Esta situación sumada a la crisis mundial
del petróleo, generó que el nuevo gobierno tuviese que llevar adelante un
esfuerzo mayúsculo. Y así, en 1975 durante la gestión peronista sólo el 21% de
la electricidad producida lo era por generación hidroeléctrica, en 1980, dicho
coeficiente ascendía al 43% y el “crack” fue evitado.
Uno
de los rubros en los que los “inhumanos del Proceso” efectuaron también
importantes inversiones, fueron precisamente en las áreas de la salud y
educación. En cuanto a lo primero, con las
políticas de “sensibilidad social” obrantes durante el peronismo los
derechos aduaneros para la importación de equipamientos hospitalarios
ocasionaron que los establecimientos de la salud estuvieran trabajando con
tecnología proveniente de los años 20´. Para apalear esa situación desastrosa y
vergonzosa, por iniciativa del Dr. Juan Alemann (a la sazón Secretario de
Hacienda del Ministerio de Economía) dichos impuestos se anularon
incorporándose así los más modernos equipos de Rayos X, Tomografías Computadas
(en marzo de 1976 en el país no había un sólo equipo de ese tenor), Ecografías
y un sinfín de instrumental médico en todos los órdenes y materias. Además, se
liberó la importación del gravamen del IVA con la condición de que se
comprometiesen el 20% del tiempo útil del aparato estatal con un hospital
público, brindándosele el servicio gratuito. Rápidamente, con estas “políticas
insensibles y de exclusión” no sólo se modernizó la salud y se la puso también
al alcance de los sectores sociales empobrecidos por el peronismo, sino que la
pérdida fiscal se compensó con creces con el ahorro que estos equipos generaron
en los hospitales públicos. De manera similar, en el área de la educación se
invirtió a gran escala, y en ese lustro
“se construyeron 443.585 metros cuadrados de edificios universitarios. Además
se incrementó lo existente en más de 100.000 metros cuadrados. Aumentaron los
egresados universitarios con respecto de los ingresados, de un 20,5% a un
65.4%. Se crearon 166 institutos y centros de investigación, 20 nuevas unidades
académicas y se habilitaron 225 carreras nuevas”[3].
Como
vemos, todos estos emprendimientos eran promovidos por el Estado, lo que valió
la severa crítica de los círculos liberales, pero que tiran por la borda los
argumentos populistas que acusaban a Martínez de Hoz de ser un emisario del
“economicismo ortodoxo”. Incluso, como consecuencia de ello, el gasto público
se mantuvo en un nivel excesivo en todo el período, debido también a un elevado
gasto militar, fundamentado primeramente en la necesidad de luchar contra el
terrorismo, además de los preparativos ante la hipótesis de guerra con Chile y
finalmente el gasto ocasionado por la guerra de Malvinas. Tanto es así que
entre 1976/80 el gasto militar pasó del 2.5% del PBI al 4%, pero dicho
incremento no obedeció a un intento delirante de pretender “militarizar el
país” (otro aforismo infaltable en el diccionario mental del demagogo medio),
sino que la mayor parte de dicha partida ya había sido decidida en 1974
(gobierno peronista).
En
resumidas cuentas, se esté de acuerdo o no con una filosofía o con otra, lejos
del “fundamentalismo de mercado” (tal los insistentes slogan del guión
habitual), la inversión pública promedió el 11% del P.B.I, cuando
tradicionalmente osciló entre el 5% y 8%. Este es otro de los ítems bravamente
criticado por los ambientes libertarios (que analizaremos luego en segmento
aparte).
En
cuanto a la materia impositiva, si bien
la presión tributaria se elevó del 17.4% del PBI en 1975 al 28%, al haberse
disminuido notablemente el impuesto inflacionario, el saldo es que no sólo bajó
la evasión sino que los impuestos en términos reales fueron más bajos y
accesibles.
Como
ya fuera dicho, uno de los grandes problemas que debió enfrentar Martínez de
Hoz fue la inmensa inflación heredada. Pero estas y otras reformas señaladas, a
poco de andar hicieron notar los beneficios del nuevo orden. La cesación de
pagos fue rápidamente superada, se fue normalizando la recaudación tributaria,
y en el mes de mayo (sólo dos meses después del cambio de mando) el aumento de
precios bajó a un dígito. En marzo de 1.976 “la tasa de inflación era del 54%
mensual con una proyección del 17.000%
anual. Al terminar su gestión el Presidente Videla (1980) la tasa de
inflación solo alcanzó al 57% anual”[4]. Aunque la inflación (del orden del 8%
mensual) había bajado drásticamente, seguía acusando niveles altos, pero los
aspectos de la economía iban retomando cauces de normalidad.
Uno
de los problemas que hacían permanecer altos los números inflacionarios era que
el Ministerio de Economía proponía bajar los niveles de emisión y efectuar una
mayor disciplina fiscal, pero el temor de las FF.AA. era que un ajuste drástico
podría llegar a provocar en lo inmediato un aumento de la desocupación, y en medio
de la guerra civil cada desocupado podía constituirse involuntariamente en
caldo de cultivo para el terrorismo. Ello en parte explica también el carácter
gradualista de la administración económica y el sostenimiento de un tipo de
cambio fijo con devaluación decreciente. El plan ideado se basaba en que la
emisión monetaria estaría atada a las divisas que ingresaran al Banco Central.
En 1979 ya el 85% de la expansión monetaria tenía su origen en el sector
externo. A pesar de esta disyuntiva (la de no poder bajar el gasto público todo
lo deseado), la inflación se fue reduciendo a nivel decreciente y en cuanto al
desempleo la llamada “economía impopular y oligarca” del Proceso mantuvo hasta
1.980 la desocupación en el 2,4%. Formidable y añorada cifra que jamás fue igualada por las “políticas
sociales” implantadas desde1.983 a la fecha.
A
pesar de los tiempos difíciles y violentos en que se tuvo que trabajar, la
Argentinacon relativa velocidad comenzó a dejar atrás su rumbo decadente y se
empezó a crecer de manera vertiginosa. Tanto es así que según los nuevos
formatos para calcular el P.B.I, el economista José María Dagnino Pastore
recalculó el anterior a 1.980[5] y determinó que entre los años 1.976, 77, 78,
79 y 80 había aumentado un 30%, o sea un 5,6% anual acumulativo, lo que es
mucho más que el promedio histórico del siglo XX (consistente en el 3,5%
anual).
Hubo
además un importante crecimiento de la inversión en rubros fundamentales como
la construcción que, comparado con el quinquenio 1971/75 crecieron un 59% y un
30% para los sectores público y privado respectivamente. La inversión en
equipos durables, en 1975 alcanzaba los 740.5 millones (medidos en australes),
mientras que en 1980 trepaba a 1.118.5[6]. Guarismos todos estos que no fueron
superados siquiera en el decenio 1.981-1.990.
Una
de las grandes polémicas que debió enfrentar Martínez de Hoz fue en torno a
YPF, en donde tuvo una causa penal (entre tantas otras) de la que fue absuelto.
Se lo acusó primigeniamente de que se habían mantenido los precios muy bajos de
las naftas, aunque luego se demostró que estos estuvieron un 5% en términos
reales por encima de los existentes en marzo de 1976 y en todo 1976/80 hubo
superávit. Al mismo tiempo, se logró autofinanciar el 50% de las inversiones de
explotación y exploración (que se necesitaban con urgencia debido a las dos
grandes crisis del petróleo de la época) y sólo el 50% restante se efectuó con
el auxilio del crédito. Además el endeudamiento tenía equivalencia directa con
las ventas de la empresa, cuya relación era similar a la del período 1964/1973.
El éxito de las inversiones no tardó en notarse, y la producción de crudo que
en 1975 descendía a los 23 millones de metros cúbicos, en 1980 sobrepasó los 28
millones autoabasteciendo al 90% de la demanda interna[7]. Como si estos
guarismos fueran insuficientes, vale destacar que mientras en 1976 el personal
de YPF era de 50.527 agentes, en 1980 se redujo a 34.802. (15 años después –
José Alfredo Martínez de Hoz – Emecé , edición 1991, pág 69). Más producción y
menos burocracia era la consigna.
Pero
no todas las medidas fueron exitosas. Probablemente, uno de los puntos más
controvertibles de dicha administración se relaciona con la reforma financiera.
Pues se tomó la decisión de liberar los intereses y se dio a las entidades
financieras libre disponibilidad para otorgar créditos. Hasta aquí, nada hay
que objetar. Pero el problema es que en el marco de guerra civil y tras el
estallido inflacionario del gobierno saliente, la incertidumbre se había
desparramado en todas las áreas y capas de la sociedad. A los efectos de dar
mayor confianza entonces, se emitió una ley en donde el Estado se presentaba
como garante de los depósitos de las entidades financieras y bancos durante los
primeros tiempos, a efectos brindar seguridad e ir consolidando el sistema
crediticio. El remedio fue peor que la enfermedad, diversas entidades bancarias
pagaban por depósitos tasas exorbitantes y mucha gente depositaba a sabiendas
de que iba a obtener ganancias mucho más importantes y seguras que si se
arriesgaba invirtiendo en el mercado. Luego si la entidad no podía devolver el
depósito, era el Estado el que respondía y la entidad se declaraba en quiebra.
Ello se prestó para que sectores privados incurran en especulaciones que trajeron
un sinfín de dolores de cabeza. Indudablemente la medida fue un grave error.
Sin embargo, ese triste episodio fue agrandado por la propaganda y películas de
moda, utilizándose el episodio para la mofa arguyendo que “el país era una
timba” y que “era un paraíso de especuladores y capitales golondrinas”. Sin
embargo, del total de la inversión extranjera que hubo (1.841.008.492 dólares)
sólo el 10.99% fue destinado a bancos y entidades financieras; el 90% restante
a la industria y la producción[8]. Tanto es así que mientras en febrero de 1976
los capitales huían despavoridamente, en el lustro 1976/80 la inversión
extranjera creció por tres mil millones de dólares de los cuales el 65% del
mismo fue dirigido a la instalación de 150 empresas nuevas en el país. Otro
dato demoledor: mientras en 1975 el ahorro era de un 5% del PBI, por 1977 en el
país “de la plata dulce” el ahorro era de un 23% del mismo.
El
otro gran inconveniente que se debió soportar, fue netamente de índole externo.
Pues gran parte del bienestar que se estaba gozando (situación insospechada
poco tiempo atrás) tuvo un fuerte resentimiento recién por 1.980, provocado por
factores internacionales y potenciados por
la indisciplina fiscal interna. En efecto, durante el segundo semestre
de 1.980 comenzó una crisis mundial de fuerte impacto, puesto que en 1.979 el
cártel petrolero O.P.E.P resolvió restringir sus cuotas de producción, llevando
el precio de u$s 12 por barril a más de u$s 35. Esta triplicación del precio
ocasionó una gran sacudida en la economía mundial y especialmente a los EE.UU,
cuyo índice de inflación se acercó al 10%, lo que era concebido como
catastrófico.
Ante
esto, el Presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, endureció la política
monetaria y elevó drásticamente la tasa de interés norteamericana al orden del
20% anual. Por ende, en Argentina se produjo una gigantesca huida de capitales,
puesto que ningún interés interno podía competir con un depósito bancario en
EE.UU. de tan rentables condiciones. Esta política monetaria de los EE.UU duró
más de dos años hasta lograr el objetivo de bajar los precios del petróleo (que
se derrumbaron hasta llegar a los u$s 10 por barril y manteniéndose por debajo
de los u$s 20 hasta la década del ‘90, y la inflación en EEUU bajó abruptamente).
En la Argentina, que atravesaba un proceso de alta inversión financiada en
parte con créditos externos, el impacto de esta política provocó una recesión
que duró hasta el segundo semestre de 1.983[9].
Pero
esta sacudida no afectó sólo a nuestro país. En Europa y EE.UU. la recesión
generó una trepada del desempleo al 10% (32 millones de desocupados en Europa y
diez millones en EE.UU.). A contrario sensu, la economía “insensible” del
Proceso mantuvo el desempleo por debajo del 3%. América Latina se vio afectada
tan gravemente, que en agosto de 1982 países como México declaraban el default.
Meses
antes de culminar la gestión (en marzo de 1981), la economía nacional volvía a
crecer y los indicadores se comenzaron a recuperar en función de los parámetros
trazados.
LA CRÍTICA LIBERAL
Si
bien se acusa con insistencia a Martínez de Hoz de “liberal”, él mismo no se
autodefine como tal sino un “demócrata cristiano” (a cuyo partido estuvo
incluso afiliado). Tanto es así que él mismo fundamenta el intervencionismo que
se le adjudica a su gestión, apelando al “principio de subsidiaridad”
argumentando que “este principio, contenido en la doctrina social de la Iglesia
Católica, no significa que el concepto moderno de la función del Estado en la
economía implica dejarlo como simple espectador de la acción económica (laissez
faire, etc) sino, que es función del Estado reservarse la orientación global de
la economía”[10].
No
obstante, queda claro que si bien no fue una gestión liberal, su enfoque a
rasgos generales estuvo dirigido a dar prioridad a la libertad de empresa y a
reducir el estatismo.
Desde
el punto de vista doctrinario, muchos libertarios acusaron a Martínez de Hoz
(entre varias cosas) de no liberar el tipo de cambio y por ende contrariar los
principios básicos del mercado libre. Martínez de Hoz contesta al respecto
sosteniendo que inclusive “hasta el “patrón oro” clásico fue precisamente un
régimen de tipo de cambio fijo” y que “el sistema de tipo de cambio nominal ha
sido el procedimiento que ha tenido mayor vigencia histórica tanto en la Argentina como en el resto del
mundo. Además se considera muy difícil salir de una situación altamente
inflacionaria con un tipo de cambio libre, por la volatilidad e inseguridad que
sus variaciones traen aparejadas”.
Los
sectores libertarios, a las críticas antedichas le suman y le enrostran la
estatización de la Aerolínea Australy de la Compañía Italo, pues sendas
estatizaciones fueron tomadas como una flagrante contradicción con el espíritu
privatista que él pretendía llevar adelante. Sin embargo, Martínez de Hoz
respecto de la compañía Austral dice que la misma estaba al borde de la quiebra
y se emitió un decreto ordenando la estatización por ende “lo que en superficie
aparecía como contradictorio no lo era, sino por el contrario, resultaba absolutamente
coherente…esa acción se llevó a cabo con la finalidad de evitar la eliminación
de la única competencia que existía en materia de transporte aerocomercial de
cabotaje (junto a Aerolíneas Argentina)…de no haberse evitado la liquidación de
Austral, hubiera renacido el monopolio de Aerolíneas Argentina…coherentemente
con este propósito, en el mismo decreto se establecía que, una vez cumplidos
ciertos requisitos, especialmente los de saneamiento de la empresa, debía
llamarse a licitación pública para que la misma fuese transferida nuevamente el
sector privado” (cosa que ocurrió en 1987)[11]. En cuanto a la estatización de
la compañía de electricidad Italo, fundamenta Martínez de Hoz que existían
compromisos preexistentes a su gestión, puesto que dicha estatización fue
anunciada por el gobierno anterior el 17 de octubre de 1974, cuyos avances de
negociaciones por la compra de parte del Estado no pudieron revertirse por la
nueva administración.
Asimismo,
estos sectores mucho le criticaron también la política de gradualismo y el
saneamiento de empresas estatales, pues proponían como solución la
privatización lisa y llana. Martínez de Hoz se defiende alegando que “la
situación de desastre en que se encontraban muchas de ellas, además por razones
políticas ya mencionadas, se hacía imposible encontrar interesados en hacerse
cargo de ellas para lograr su privatización…mientras tanto el proceso
privatizador comenzaba con aquellas empresas y sectores donde se podían lograr
resultado inmediatos. Además había una verdadera renuencia por parte de las
empresas privadas…pues temían que un gobierno futuro pudiera anular sus
respectivos contratos, existiendo al respecto ejemplos en un pasado no muy
distante”[12]. A modo de ejemplo, cuenta Martínez de Hoz que en torno a la posibilidad
de privatizar la telefónica ENTEL “las más importantes empresas del mundo
desfilaron por mi despacho y, frente a mi requerimiento concreto, todas, sin
excepción manifestaron no tener ningún interés en tomar a su cargo la operación
del sistema telefónico por temor a que en posibles cambios de gobierno se les
aplicaran políticas de tarifas insuficientes o directamente se las
expropiara”[13] .
Se
suele retrucar este argumento, afirmando que el gobierno del Presidente Augusto
Pinochet en Chile, a pesar de ser de facto y en similar época, sí pudo llevar
adelante un proceso integral de privatizaciones y reforma del Estado. Sin
embargo, en sentido contrario se señalan dos diferencias importantes.
Primeramente que el Proceso de Reorganización Nacional ya había instituido
desde su inicio en su acta fundacional que el objetivo gubernamental era
devolver al país una “democracia moderna, eficiente y estable” (de modo que era
parte del programa volver al proceso electoral en el mediano plazo y cambiar el
gobierno) y en segundo lugar, Pinochet no llevó a cabo las reformas de
inmediato, sino pasados varios años. De hecho, el gran mentor de las mismas, el
Ministro de Economía chileno Hernán Buchi, se hace cargo de la cartera de
Economía en 1985, y el gobierno de Pinochet había comenzado en 1973 (12 años
antes).
En
esta inteligencia, Martínez de Hoz complementa explicando que “en Gran Bretaña,
bajo el gobierno de la Primer Ministro Sra. Thatcher que asumió en 1977 ejecutó
uno de los programas de privatización más amplios y admirados en el mundo, el
mismo sólo comenzó a llevarse a cabo durante su segundo período de gobierno, o
sea, transcurridos los primeros 5 años.
En
la Argentina, en cambio, durante los primeros y más difíciles 5 años de
gestión, a partir de 1976, se habían preparado no sólo las bases para llevar
adelante el proceso de privatización, sino que se comenzó a ejecutar el mismo
como lo demuestra la reseña que se ha efectuado. Desafortunadamente, al
finalizar el Presidente Videla su mandato a fines de marzo de 1981 se
interrumpió bruscamente la acción en marcha a este respecto, en lugar de
capitalizar todo el esfuerzo realizado”[14].
LA CRÍTICA IZQUIERDISTA
Desde
la izquierda y el progresismo, llovieron en plañidero ataques furibundos de
carácter múltiple. Entre ellos, probablemente encabece el ranking el embate
contra la “apertura indiscriminada de la importación” (parece que en este punto
la izquierda está a favor de la “discriminación”), pero lo que no saben los
demagogos aislacionistas es que la importación es el costo de la exportación. A
los populistas les encanta exportar pero no quieren importar, sin advertir que
el comercio se nutre del intercambio y la contraprestación.
Nada
de malo tiene importar, máxime si aumentan aparejadamente las exportaciones,
como por ejemplo en el sector agropecuario, cuyo volumen de exportación fue de
17 millones de toneladas anuales promedio entre 1976/80, mientras que durante
el gobierno “nacional y popular” antecesor fueron de 9 millones (casi la
mitad). La exportación de carnes, por su parte aumentó un 40% durante el
Proceso respecto de la “justicia social” implantada por el gobierno anterior.
En total, sumando todos los rubros, las exportaciones crecieron un 200% en el
período 1976/80, siendo el tercer país del mundo que más creció en materia
exportadora. En 1975, durante el gobierno “defensor de los intereses de la
burguesía nacional”, la Argentina exportaba por 4 mil millones de dólares
anuales, en 1980 en cambio, bajo el yugo de “los cipayos” ya se estaba exportando
por 9 mil millones de dólares (más del doble). Asimismo, nada hay de cierto en
torno a la tan cacareada “apertura insensible”, ya que la misma se fue abriendo
de manera gradual durante los cinco años de gestión (a diferencias de Chile que
redujo de un plumazo los aranceles proteccionistas al 10%). En cambio en el
orden local, al comenzar la gestión del Proceso la agobiante protección
arancelaria máxima era del orden de 85% y de un promedio del 25%. Con la citada
política gradualista, se fue reduciendo este exorbitante proteccionismo de
manera progresiva cuya proyección llegaría a 1984 con una máxima del 40% y un
promedio del 15%. Precisamente, este gradualismo es un punto que irritó a los
sectores liberales más fervorosos, mientras que los ambientes izquierdistas le
endilgan una falsa apertura indiscriminada.
De
manera similar, muchos de los panfletistas que hablan por televisión, le
imputan a Martínez de Hoz el haber impuesto una “política de exclusión social”,
apodo curioso, puesto que el desempleo, en febrero de 1976 durante el gobierno
peronista era del 4.8% y finalizando la gestión de Martínez de Hoz en 1980, fue
reducido a la mitad: 2.3%. (cifra añorada y jamás igualada con las “políticas
solidarias” instaladas posterioridad).[15] Efectivamente, el pleno empleo era
tal, que estaba por debajo de la “desocupación friccional” (personas que
cambian de empleo o buscan su primer empleo). Asimismo, con dicha política
“insensible”, en 1980 el salario real llegó a su nivel más alto con respecto a
los quince años anteriores.
Otro
proverbio curioso con el que se suele etiquetar la gestión económica de
entonces, es que con la “apertura y el dólar barato” se llevaron adelante
“políticas destructoras de la producción nacional”. Apotegma sorprendente, pues
a modo de ejemplo, en 1976 la producción anual de cereales y oleaginosas era de
24710 toneladas y en 1981 con las “políticas de vaciamiento” trepó a las 35.446
toneladas[16], la producción industrial por su parte se duplicó en ese mismo
lapso y la inversión industrial creció un 20%. La producción de gas natural
hizo lo propio y se triplicó (de 200 millones de metros cúbicos a 600 millones
en ese período) logrando autoabastecimiento y exportación de hidrocarburos.
Otra
imputación recurrente en el libreto progresista, es que con dichas medidas “se
destruyó la industria nacional”, cabe destacar que durante los cinco años de
gestión, la inversión industrial fue el 19% mayor que en el lustro 1970/75 y la
capacidad de producción industrial se incrementó en un 20% comparado con los
números de 1.976, modernizando así la tecnología del aparato de producción
industrial. Otra historieta en torno al “dólar barato”, es que así se “destruyó
la capacidad exportadora del país”, sin embargo, las exportaciones durante el
“gobierno nacional y popular” medidas por año eran en 1975 de 2961 millones de
dólares. En tanto que con la política de “los vendepatria” se multiplicaron
llegando en 1981 a 9143 millones. Ante esto datos imbatibles, inexorablemente
contesta mecánicamente el populista de coyuntura “pero también aumentaron las
importaciones” (como si importar fuese algo de suyo negativo). En rigor de
verdad, las importaciones son el costo de las exportaciones y las mismas
aumentaron no sólo proporcionalmente con el crecimiento de las exportaciones,
sino por debajo de las mismas. En efecto, en 1975 las importaciones fueron de
2494 millones de dólares y en 1981 de 3545 millones de dólares. Vale decir,
culminando el quinquenio, los datos de ese período nos arrojan que las
exportaciones crecían un 300% ese año y las importaciones un 70%. Agregándosele
un detalle nada menor: en 1975 sólo el 10% de lo importado fue destinado a
bienes de capital (maquinarias para producción y modernización), en cambio, en
1981 ese porcentual ya se había duplicado (22%). Asimismo, otra de las quimeras
que se cuentan en el tema de marras, es que dicha gestión se dedicó a la
importación de “baratijas y chucherías” (como si el hecho de que un argentino
tuviese la libertad de comprar a bajo costo y buena calidad cigarrillos,
golosinas, perfumes y cualquier etcétera posible fuese un pecado en sí). Pero
dicho slogan también es injusto por erróneo, puesto que el 22% de las
importaciones fue empleado para la compra de bienes de capital, el 54% materias
primas y bienes intermedios, el 10% combustible, el 1% en rubros restantes y
sólo el 13% en bienes de consumo[17].
En
cuanto a la inversión extranjera, durante el gobierno del Proceso esta fue
multiplicada con creces. Este saludable signo, es refutado por los
propagandistas mediáticos alegando que “esa inversión era de capitales
golondrinas que venían a especular en el sistema financiero”. Falso, entre 1977
y 1980, del total de la inversión extranjera (1.841.008.492 dólares) sólo el
10.99% fue destinado bancos y entidades financieras; el 90% restante a la
industria y la producción[18]. Tanto es así que mientras en 1976 los capitales
huían despavoridamente, en el lustro 1976/80 la inversión extranjera creció por
tres mil millones de dólares de los cuales el 65% del mismo fue dirigido a la
instalación de 150 empresas nuevas en el país.
EL MITO DE LA DEUDA EXTERNA
Dejamos
para el final el tema más escabroso y que más debates ha suscitado. La deuda
externa. Antes de entrar a analizar en detalle la gestión de Martínez de Hoz en
su aspecto más cuestionado por la propaganda oficial, vale aclarar que el
Ministro de marras ha sido sindicado hasta el hartazgo como el hombre “que
introdujo la deuda externa” al país y nos quitó la “soberanía política”.
En
el análisis presente tomaremos como referencia la administración
Videla/Martínez de Hoz separándola de las restantes que hubo durante el Proceso
de Reorganización Nacional. ¿Y porqué efectuamos esta disquisición respecto de
sus predecesores?, por la misma razón en que no se puede sumar y juntar
alegremente las gestiones peronistas de Juan Perón con la de Cámpora, ni la de
este con la de Carlos Menem, ni la de este último con la de Eduardo Duhalde o
el Kirchnerismo, como si todas conformasen un continuismo monocorde. Cada
gobierno tuvo su administración propia, y la de Videla/Martínez de Hoz nada
tuvo que ver, por ejemplo, con la fugaz gestión predecesora de Viola/Lorenzo
Sigaut.
Consideramos
apropiado previamente comentar ciertas circunstancias que se vivían en el
contexto mundial.
Por
entonces, existían en el mercado internacional grandes acumulaciones de
capitales que se habían generado como consecuencia del incremento internacional
del precio del petróleo, por ende, los países petroleros colocaron estos
excedentes en entidades de crédito que en gran parte fueron destinados al apoyo
de países en desarrollo intermedio. Por entonces, no se utilizaba el indicador
actual conocido como “riesgo país”, que sirve para fijar la tasa de interés al
país prestatario, y cuyo índice varía según la confiabilidad que merezca el que
accede al crédito. Pero había indicadores parecidos, por ejemplo Argentina en
gran medida contrataba con un interés referido a la tasa interbancaria variable
de Londres (LIBOR), a la cual se le adicionaba un plus en aras de la confianza
o desconfianza que generaba el tomador del empréstito. En 1976, como
consecuencia de la poca seriedad de la gestión peronista, la tasa promedio de
Argentina fue del 1.875%, pero con el transcurrir de la gestión de Martínez de
Hoz la misma fue descendiendo llegando al 0.50% en 1980.
Si
dejáramos a un lado contextos, tecnicismos, variables, especificaciones y nos
ateniésemos solamente a una superficial mirada meramente nominal del incremento
de la deuda, notamos que tampoco siquiera de esta manera sería justa la
acusación que a dicho período se le hace en cuanto al pretendido
“mega-endeudamiento”. O sea, la sola mirada “nominalista” (y por ende
deficiente e incompleta) de la evolución de la deuda externa, nos dice que
durante el período de la llamada “Revolución Argentina” (que va de 28 de junio
1966 al 24 de Mayo de 1973) la deuda recibida por aquella gestión era de 3.276
millones de dólares en 1966 y la deuda entregada al final de su ciclo (mayo de
1973) fue 4.800 millones de dólares, brindándonos un promedio de endeudamiento
de 220 millones de dólares por año. Seguidamente, durante el gobierno peronista
que va del 25 de mayo de 1973 al 23 de marzo de 1976 (2 años y diez meses) la
deuda final fue 7.800 millones de dólares, promediando entonces 1.059 millones
de dólares por año (esta cifra no fue mayor porque en dicha gestión el país
llegó al estado de “cesación de pagos” y por ende se había cercenado el
crédito). Durante la vilipendiada gestión de Martínez de Hoz (marzo de 1976 a
marzo de 1981), la deuda externa pública creció a razón de 2396 dólares por año
(creciendo en 11.981 dólares total). Durante el gobierno de Raúl Afonsín, 10 de
diciembre de 1983 al 8 de julio de 1989 (5 años y siete meses) el promedio de
endeudamiento fue de 3.618 millones por año. Seguidamente, el gobierno
peronista de Carlos Menem promedió un de endeudamiento de 7.907 millones por
año. ¿Porqué es Martínez de Hoz considerado “el gran endeudador” si hasta la mirada más indocta y
primitiva tira por la borda dicha acusación?.
Por
lo pronto vale la siguiente aclaración. Si una persona debe diez mil dólares,
no necesariamente está en peor situación que aquel que debe cinco mil dólares.
A modo de ejemplo sencillo, si el gerente de una compañía transnacional toma un
empréstito por diez mil dólares, por el nivel de sus ingresos va de suyo que
está mucho mejor económicamente que si el ordenanza de esa compañía está
endeudado en cinco mil (aunque nominalmente deba el doble).
Los
números siempre son relativos y dependen tanto de la capacidad de pago como del
uso que se haga del empréstito. Es por esto mismo que ante la imputación del
excesivo aumento de la deuda externa (vicio aplicado de modo mucho más
acentuado a partir de 1.983) Martínez de Hoz argumenta: “¿Cuándo es excesivo el
endeudamiento? ¿Cómo se puede juzgar? Es relativo el término. La manera más
común es en relación a la capacidad de repago. Y esto se mide, muchas veces o
generalmente, con el nivel de las exportaciones. Entonces, para poder tener una
imagen más certera, debemos pensar que a fines del año ‘75, antes del comienzo
de este programa, la relación deuda externa-exportaciones era de dos y medio.
Es decir, se necesitaban dos años y medio de ingreso de las exportaciones para
pagar la deuda externa. Y hacia fin de la década del ‘80, creció la deuda
externa, pero también habían crecido las exportaciones y la relación era
exactamente igual”[19].
El
crédito, por raíz etimológica significa “creer”, y se lo aplica como sinónimo
de “confianza”, “fe”, “seguridad”, dice el diccionario “fama, reputación: era
persona de crédito reputado”[20]. Una persona tiene crédito cuando es
confiable. En el plano doméstico, cuando alguien se encuentra “escrachado” en
el “VERAZ” o en algún indicador similar, quiere decir que esa persona no tiene
acceso al crédito (no es confiable). Adquirir un préstamo no es ningún pecado,
sino por el contrario, es clara señal de que se tiene capacidad y confiabilidad
como para adquirir tal facilidad o desembolso por parte de una entidad bancaria
o financiera. En todo caso, el problema radica primeramente en la capacidad de
pago del prestatario, y en segundo término en el uso que de ese dinero haga el
adquirente.
Si
una persona saca un crédito para comprar su casa o una maquinaria para mejorar
la productividad de su negocio, en modo alguno se le puede hacer un reproche,
en cambio, si ese dinero es utilizado para probar suerte jugando en el casino,
otro es el juicio que debemos hacer. Vale decir, el problema no es endeudarse
(la capacidad de endeudamiento habla bien del deudor), sino la capacidad de
devolución y el uso del dinero prestado. El endeudamiento no es un mal en sí,
sino un instrumento valioso y legítimo para obtener un fin superior. Si bien es
verdad que algunos grupos impregnados de chauvinismo sentimental se
horrorizarían ante estas afirmaciones, lo cierto es que ningún país
desarrollado del mundo pudo ser tal, sin previamente endeudarse y hacer un uso
racional y sensato de dicho flujo dinerario.
Cuando
se habla de “el aumento del endeudamiento en el Proceso”, en primera instancia
tenemos que aclarar que si antes no hubo endeudamiento en similares
proporciones, no fue porque no hiciera falta o no se quisieran obtener dichos
préstamos, sino porquela Argentinano tenía acceso al crédito por no ser
confiable y estaba en cesación de pagos.
Nada
puede analizarse aisladamente y sin atender el contexto imperante. No fuela
Argentinaquien solitariamente y con temeridad recurrió por entonces al
empréstito. Muchos países lo hicieron aprovechando la baja tasa que ofrecían
los llamados “petrodólares”, y en dicha comparación surge el siguiente dato
(proveído del informe del Banco Mundial emitido en 1982):
En
cuanto la relación deuda externa con el Producto Bruto, por ejemplo
- Argentina: 1970: 7,6%; 1980: 7,2%
- Brasil: 1970: 7,2%; 1980: 16,4%
- México: 1979: 9,7% 1980: 20,6%
Como
podemos apreciar con los datos objetivos, Martínez de Hoz, lejos de haber sido
el gran “endeudador”, disminuyó la deuda externa en términos reales. Es más,
así como entre 1975 y 1980 la deuda externa se pagaba con el excedente de dos
años y medio de exportaciones (o sea que en términos reales no existió aumento
alguno), durante la gestión de Alfonsín, ya por fines de 1987 la deuda externa
neta se pagaba con 8,7 años de exportaciones. Por 1997 la deuda ya ascendía a 110.417
millones de dólares y se pagaba con el producido de tres años y medio de las
exportaciones. Vale decir, tal como ya lo hemos detallado con números objetivos
y precisos, la gestión de Martínez de Hoz mantuvo intacta la deuda externa en
términos reales (con breve tendencia en baja) y aparejadamente aumentó
drásticamente el PBI, la inversión pública en insfraestructura, las
exportaciones, las importaciones, la producción y el desempleo bajó a la mitad.
En extrema síntesis, más allá de errores y desaciertos, le guste o no a la
feligresía progresista, dicha gestión mejoró notablemente la calidad de vida de
los argentinos.
Que
demagogos, e historietistas luego digan lo contrario en las arengas de rigor,
no es ni más ni menos que una de las tantas argucias del plan sistemático del
engaño aplicado desde 1983 ala fecha. Con una salvedad nada menor: mientras en
el resto de las gestiones los empréstitos externos fueron utilizados para
satisfacer gastos corrientes, durante el gobierno analizado se destinaron a inversiones
de alta infraestructura. Entre ellos “Las Centrales Hidroeléctricas de Alicurá,
Los Reyunos y Río Grande, la Central Nuclear de Embalse, el Complejo
Zárate-Brazo Largo, el puente Foz do Iguazú, el Puerto de San Antonio Este, la
línea de alta tensión Alicurá Abasto, la planta de gas General Cerri, el
Mercado Central de BsAs.” y muchas otras
obras de gran envergadura. En efecto, al entregar su gestión Martínez de Hoz en
marzo de 1981, la deuda externa pública era de 17.170 millones de dólares y la privada
de 12.417 millones. De esos 12.417 millones de dólares, diez millones
(prácticamente su totalidad) se destinaron a la inversión de obras de alta
infraestructura (muchas de ellas ya nombradas o señaladas). O sea, de los 50
millones de dólares que se invirtieron en ese sentido, tan sólo el 20% provenía
del empréstito externo (nivel inferior al internacionalmente aceptado). Esos y
no otros fueron los números de la deuda.
Al
correr los años 80´, muchos de los grandes emprendimientos comenzados en la gestión
de Martínez de Hoz, fueron terminados por el gobierno de Raúl Alfonsín, quien
se arrogaba como propios los logros de dichas inauguraciones (construidas en
parte con financiamiento externo), a la par desde la arenga se repudiaba “el
endeudamiento heredado”.
A
partir de 1983 y hasta el momento de escribir estas líneas, los campeones de la
“sensibilidad social” elevaron la deuda externa a la friolera cifra de 160.000
millones de dólares. Con un agravante más: dicho dinero fue utilizado para
apalear el gasto corriente basado en despilfarro, campañas electorales,
burocracia, nepotismo, clientelismo y demagogia. En tanto, el desparramo de
pobreza e indigencia no se hizo esperar.
LO QUE VINO DESPUÉS
En
marzo de 1981, Videla conforme se había comprometido deja su mando junto con
sus Ministros, y el Presidente Roberto Eduardo Viola asume el gobierno tras
meses de mutismo y sin anticipar cuales eran sus propósitos en materia
económica. Esto generó zozobra y desconfianza en cuanto a la continuidad del plan
económico trazado durante un lustro, y además, Viola colocó en la cartera de
economía al populista Lorenzo Sigaut, barriendo de un plumazo la tendencia
instalada y gran parte de las reformas y medidas trazadas. Tanto es así que en
abril de 1981 Sigaut llevó a cabo una devaluación del 30% esgrimiendo que el
tipo de cambio respecto del dólar “era muy bajo” y ella era la causal de los
males económicos nacionales y desfavorecía la política de exportaciones. La
cuestión es que en ese año la devaluación alcanzó el 354% y “los males” no se
solucionaron y las exportaciones decayeron drásticamente y no fueron superadas
prácticamente en toda la década del 80´.
A
estos desatinos, debe sumársele un incremento de la deuda externa que fuera
agigantada al “estatizarse” parte de la deuda privada con el aval del
Presidente el Banco Central en 1982, y el enorme gasto surgido por la guerra de
Malvinas durantela Presidencia de Leopoldo Galtieri. Va de suyo que estos
últimos desfasajes y desatinos no son imputables a Martínez de Hoz, pues estos
hechos se produjeron en la administración sucesora, e impidieron completar el
proceso de reformas estructurales y saneamiento económico pretendido y así, una
vez más, por la falta de políticas de estado que padecemos desde hace muchas décadas,
el modelo quedó inconcluso.
La
realidad es que más allá de las críticas, de los elogios, de los pros y contras
que se puedan advertir o efectuar, entre 1976/81 se impuso un orden económico
por lejos superior al heredado y por lejos superior a lo que vinos después.
Efectivamente, veníamos de la espantosa administración peronista 1.973/76 donde
estalló el “Rodrigazo” (justo antes del Proceso) y en los años 80´ sufrimos el
experimento socialdemócrata hiperinflacionario conocido como “Plan Austral” (justo
después del Proceso) de la mano el demagogo Raúl Alfonsín.
Para
no seguir incurriendo en “chivos expiatorios” reduccionistas y simplistas sobre
la decadencia argentina, cabe destacar lo siguiente: Martínez de Hoz se retiró
de la cartera de economía en marzo de 1.981 (junto con Videla). Desde entonces
y hasta 1.991, la moneda argentina se devaluó 39 millones de veces y el índice
de precios aumentó 34 millones de veces. Escalofriantes cifras a las que
debemos agregarle la megadevaluación peronista de enero del año 2.002 (del 300%
y la reaparición de la inflación en la escena económica). Como si esto fuera
poco, sin guerra civil, sin hipótesis de conflicto con potencias limítrofes,
sin guerra contra Inglaterra, desde 1.983 la deuda fue cuadruplicada. Un
impecable informe calculado por el prestigioso economista Roberto Cachanosky,
nos dice que desde 1881 (en donde entra en vigencia el Peso Moneda Nacional) y
a partir de la creación el Banco Central de la República Argentina en 1935, la
destrucción el signo monetario ha sido tal, que un peso actual es igual a
10.000.000.000.000 de pesos moneda nacional (10 billones de pesos moneda
nacional)[21]. Vale decir, la decadencia económica e institucional argentina es
consecuencia de un gran fracaso colectivo de tinte multilateral,
multipartidario y multisectorial, que comenzó en los años ‘40 y prosigue sin
perspectivas de cambio en la actualidad. Hubo, eso sí, en algunos pasajes
históricos ciertos “rebotes” de bonanza, pero no fueron más que, al decir del
tango, “pobres triunfos pasajeros”. A diferencia del protagonismo indiscutido
quela Argentina tuvo durante muchas décadas en el concierto de las naciones,
como saldo, en la actualidad apenas se consigue fatigosamente obtener de vez en
cuando algún que otro papel de reparto en el marco de los países más rezagados
y desacreditados.
Por
lo pronto, mientras por prejuicios ideológicos se fustiga y demoniza a Martínez
de Hoz (aun cuando los números de su gestión claramente lo favorecen)
silenciamos u olvidamos las innumerables tropelías cometidas por el grueso de
los Ministros de Economía obrantes antes y después de la gestión de 1976/81.
Ocurre que tal como reza la conocida consigna publicitaria de una tarjeta de
crédito “Pertenecer tiene sus privilegios”. Y si a alguien le tocó en suerte
participar de un gobierno progresista o populista, por más corrupto y/o inepto
que se sea, no hay sanción penal, ni reproche moral, ni costo político ni
escándalo suficiente que lo coloque en su justo sitio. A contrario sensu, si se
participó de un gobierno llamado “de derecha” (es decir no izquierdista),
aunque haya sido exitoso, no se está permitido siquiera yerrar una coma ni en
el detalle más irrelevante, puesto que de ser así, ipso facto se desciende a la
categoría de capitis diminutio. Pues la consigna impuesta por la perfidia
regiminosa y su consiguiente tropel de adulones rentados funciona así: “todo es
tolerado y permitido, todo menos ser de `derecha`, y quien es de derecha y
quien no, lo determinaremos nosotros”
En
la actualidad y al momento de escribir estas líneas, el Ministro de Economía
Amado Boudou fue ascendido a VicePresidente y prosigue sonriente tocando su
guitarra.
NOTAS
[1]
José A. Martínez de Hoz – 15 años después . Emecé, 1991
[2]
El detalle exhaustivo y preciso de cada uno de los rubros en los que se
invirtió, puede apreciarse en minuciosos informe “15 años después” José A.
Martínez de Hoz, pág 276, Emecé, año 1991
[3]
“Historia Política y Constitucional Argentina”, Romero Carranza, A. Rodríguez
Varela y Eduardo Ventura – citado en el
libro “ Los Increíbles Radicales” – Mario Laprida)(M. H. Laprida, Los
Increíbles Radicales 69
[4]
M. H. Laprida, Los Increíbles Radicales pag 68
[5]
“El nuevo look de la economía Argentina” Editorial Crespillo, 1995
[6]
Según fuente del B.C.R.A
[7]
15 años después – José Alfredo Martínez de Hoz – Emecé , edición 1991, pág 69
[8]
Fuente “Memorias del Ministerio de Economía”, tomo 1 pág 128
[9]
“Historia Política y Constitucional Argentina”, Romero Carranza, A. Rodríguez
Varela y Eduardo Ventura citado en “Los Increíbles Radicales, Mario Laprida.
[10]
15 años después – José Alfredo Martínez de Hoz – Emecé , edición 1991, pág 26
[11]
15 años después – José Alfredo Martínez de Hoz – Emecé , edición 1991, pág 79.
[12]
15 años después – José Alfredo Martínez de Hoz – Emecé , edición 1991, pág 58
[13]
15 años después – José Alfredo Martínez de Hoz – Emecé, edición 1991, pág 77
[14]
(15 años después – José Alfredo Martínez de Hoz – Emecé , edición 1991, pág 86
[15]
Fuente Indec
[16]
Fuente Junta Nacional de Granos
[17]
Fuente INDEC y FIEL
[18]
Fuente Memorias del Ministerio de Economía, tomo 1 pág 128
[19]
Lo Pasado Pensado, Felipe Pigna, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. 2005
[20]
Antártida – Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Nuestro Tiempo, Tomo I,
La Cle S.A., 1976
[21]
Roberto Cachanosky, “El Síndrome Argentino – del Estado de crisis a la crisis
del Estado-, pág 178
La Prensa Popular | Edición 183 | Lunes 18 de Marzo de 2013
Los datos volcados en el articulo, han de ser auténticos y verídicos seguramente.
ResponderBorrarPero no es así, en cuanto a los ffcc, bajo su ministerio, se cerraron ramales, continuando con el desguace ferreo en el pais, iniciado por Juan Peron y continuado por Frondizi, Martinez de Hoz, Menem etc. Pongo por ejemplo la linea que desde un poco mas adelante de General Belgrano (estación Chas), se bifurcaba llegando una de ellas, a Necochea; pues bien esa parte del Roca, que transitaba por lugares sin otros medios de comunicación, fue cerrada y sus vias levantadas.
Por otro lado, tengo dos cuestiones, que a primera vista parecerán anecdóticas, pero que son un ejemplo de lo que le ocurrió a muchisima gente. En el primer año de ministerio, Martinez de Hoz, hizo una extendida propaganda en el interior, que decia "siembre trigo, el pais de lo pide (o el pais lo necesita)". Ante esa aparente oportunidad de ganar plata y ayudar a la economia nacional, obtuve un crédito en el entonces Banco ganadero (hoy santander), alquile campo apto y me asocié con un amigo que contaba con la maquinaria necesaria; pues bien, a la cosecha el trigo no valia nada, perdiendo en consecuencia buena cantidad de dinero.
Me costo años pagar el crédito que habia solicitado.
Durante la gran inundación de 1980 en la Pcia de Bs as, otorgaron créditos a los productores para la compra de forrajes, alquiler de campos, traslados etc a tasa subsidiada (50%); que paso luego?, que a los 6 meses subieron la tasa al 100% (algo del 80% anual) y el campo que en ese breve periodo recien habia empezado a recuperarse, debió hacer frente a enormes tasas de interés impagables.
Por mi parte y con la experiencia del trigo, vendi una considerable cantidad de vacas, las necesarias para pagarle al Bco de la Pcia.
Conclusión, los números de la macro economia, deben haber sido muy buenos, pero en cuanto a los productores, lo comparo con la 125 y ni mencionar, la oportunidad de algunos desalmados, que se enriquecieron con la 1050, pues los Bancos, nio le perdonaban la vida a nadie. UN DESASTRE
Estimado Guillermo: no somos especialistas en economía, subimos una nota cuyo autor goza de nuestra confianza.
ResponderBorrarSeguramente el daño que se le ha producido a los productores ha sido muy grande y lo lamentamos mucho, somos solidarios con ustedes, como también lo somos con José Alfredo Martínez de Hoz a quién se ha demonizado gratuitamente siendo una persona de bien.
También conocemos a 2 abogados exitosos que se enriquecieron con la circular 1050, operando en el sur argentino. Pero que en los últimos 29 años han potenciado su fortuna de manera exponencial, siendo simples servidores o funcionarios públicos. Pero de eso la justicia no se ocupa. ¿VIÓ?