Para quienes estamos acostumbrados a seguir de cerca los mal
llamados juicios por delitos de lesa
humanidad, no nos asombran las desvergonzadas anormalidades que se han
cometido en el desarrollo de los mismos. Para poder juzgar a quienes los
derrotaron por las armas en el campo de batalla, los montoneros encaramados en
el poder de turno, obligaron a la justicia obediente a “diseñar un derecho a medida” de la venganza impiadosa y a
contrapelo del derecho penal nacional e internacional vigente y a tratados
internacionales a los que nuestra nación había adherido.
Impusieron mediante la justicia verdaderas aberraciones jurídicas que sacaron a los soldados -de
cualquier grado- del estado de derecho que les correspondía:
- Condena por aplicación de prisiones preventivas permanentes, y no ajustada a sus fines cautelares, en violación al principio constitucional de inocencia.
- Negación de excarcelaciones bajo fianza y violación del principio de inocencia.
- Elección del derecho con el que se va a juzgar y principio de garantía del juez natural.
- Anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
- Violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados.
- Violación del principio de igualdad ante la ley.
- Violación del principio de irretroactividad de la ley penal.
- Violación del principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos.
- Violación del principio de aplicación de la ley más benigna.
- Interpretación del crimen por analogía y desconocimiento de la responsabilidad individual.
- Violación del principio de territorialidad.
- Violación del Principio Nullum Crimen Sine Lege Praevia.
- Permanente adaptación del derecho a las necesidades políticas.
- Violación del principio de doble instancia.
Podríamos continuar con una más extensa lista de las
aberraciones jurídicas, pero eso lo dejamos para los profesionales del Derecho.
En esta oportunidad les dejamos una editorial
de La Nación que hace referencia a la independencia
y objetividad que debe caracterizar
a un fiscal en un verdadero estado
de derecho y se basa en irregularidades cometidas durante un juicio de los mal
llamados de lesa humanidad en la provincia de Salta.
Es muy duro reconocerlo, pero los Presos Políticos de la
Argentina ya saben que sus condenas están escritas desde hace rato y ellos
no obtendrán justicia… si no la venganza de los terroristas aplicada por el
poder de turno a través de los jueces con obediencia debida.
Sinceramente.
Pacificación Nacional
Definitiva
por una Nueva Década
en Paz y para Siempre
Viernes 09 de agosto de 2013 | Publicado en edición impresa
Editorial I
LA INDEPENDENCIA DE
LOS FISCALES
Groseras irregularidades en un cuestionado caso sobre un presunto delito de lesa humanidad
atentan contra el Estado de Derecho.
 |
| Ricardo Gil Lavedra |
En una oportuna nota, recientemente publicada en este
diario, el diputado nacional Ricardo Gil
Lavedra destacó la necesidad de vigilar los procesos judiciales en los que
se investigan delitos de lesa humanidad, para
evitar que sean ellos bastardeados o, peor aún, convertidos en meros
instrumentos políticos al servicio del relato oficial.
 |
| Richard Goldstone |
El debido proceso legal en un Estado de Derecho que se precie
de serlo supone el deber de asegurar en todo momento y circunstancia que los fiscales que se desempeñan en esas
causas sean efectivamente independientes e imparciales. Sin excepciones, de
ningún tipo. No sólo porque la independencia de los fiscales está expresamente consagrada en la ley orgánica del
Ministerio Público, sino porque, como señala con razón el maestro sudafricano Richard Goldstone -respetado primer fiscal del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia-, "la
independencia total y efectiva de los
fiscales constituye un elemento crucial y una de las más importantes
lecciones aprendidas por los tribunales
internacionales creados por las Naciones
Unidas".
 |
| Tribunal Penal Internacional |
En la Conferencia de
Roma que dio lugar a la creación del Tribunal
Penal Internacional, la opinión claramente prevaleciente expresó que de la
genuina independencia de los fiscales iba a depender, en definitiva,
la eficacia y credibilidad del tribunal, como también su prestigio. Por esto,
las "Pautas de las Naciones Unidas sobre el rol de los fiscales" fijan
explícitamente, y como requisito indispensable, la necesidad de asegurar la
independencia de éstos, que se suma a la actitud y la conducta personal
esperadas para el desempeño de dicha función.
Aunque resulte obvio y casi elemental, no está demás
puntualizar que, en función de la independencia e imparcialidad requeridas, los fiscales no pueden tener ni haber
tenido relación alguna, menos que menos profesional, con las partes
involucradas en la causa en la que actúan. Ocurre
que, de lo contrario, estaríamos ante un escándalo jurídico que teñiría toda su
actuación judicial de una clarísima nulidad, absoluta e insalvable.
Los fiscales no
pueden tampoco recibir instrucciones de ninguna fuente externa a la causa en la
que actúan. Ni, menos aún, tener un interés personal de ningún tipo, directo o
indirecto, en esas causas, ni haber estado previamente ligados al caso o en
algún otro relacionado con el mismo acusado o sospechoso, ni haber tenido
actuaciones previas de ningún tenor que pudieran afectar su independencia o su
imparcialidad.
No puede, entonces,
ser fiscal quien tiene un interés personal en el resultado de la causa o
prejuicios respecto de ella. Tampoco quien, en el pasado, haya expresado
públicamente opinión sobre los temas o cuestiones que conciernen a su delicada
labor como fiscal. Mucho menos quien
haya tenido vinculación profesional anterior con alguna de las partes,
prohibición que está específicamente mencionada en el propio Estatuto de Roma, ratificado por
nuestro país.
Hablamos de principios esenciales que generan una obligación
ética y legal cuya violación genera graves responsabilidades. Por ello, ante
una mera duda o sospecha sobre la independencia o imparcialidad de un fiscal, es necesario separarlo, sin
demoras de ninguna naturaleza. Y, también ante la duda, debe existir en el
sospechado una disposición inmediata a excusarse.
 |
| Pablo Miguel Pelazzo |
En el particular universo integrado por un sinnúmero de
causas federales de todo tipo que investigan presuntos delitos de lesa
humanidad en nuestro país, hay en marcha un caso realmente singular: el llamado
"caso Ledesma", por el cual
son acusados Carlos Pedro Blaquier y
Alberto Lemos. En esta causa, el doctor Pablo Miguel Pelazzo, fiscal ad hoc designado, fue abogado de
la parte querellante en el pasado, precisamente en la misma causa en la que
ahora irregularmente se desempeña como fiscal.
Esto conforma un verdadero escándalo jurídico. Dicha circunstancia evidencia la
existencia de un palmario conflicto de intereses, contrariando groseramente el
deber de imparcialidad e independencia, revelando una falta total de
objetividad y un móvil que -cabe presumir- no es otro que el de la venganza.
 |
| Alejandra Gils Carbó |
El juez de la
causa en cuestión ha continuado con el trámite, como si nada pasara; como si un
ex abogado de una parte querellante pudiera, sin incompatibilidad alguna,
convertirse intempestivamente en el fiscal
de la misma causa. Como si la situación descripta no pudiera derivar en
extremos inaceptables, como el manejo arbitrario de las pruebas. Tampoco ha
actuado como debiera la procuradora
general de la Nación, Alejandra Gils
Carbó, quien debió inmediatamente separar del caso al fiscal interviniente.
Los tribunales no debieran ser jamás utilizados como
recursos o resortes políticos, ni debieran operar bajo presión o intimidación,
de cualquier tipo, incluyendo la que emane, por ejemplo, de organizaciones
sociales de cuestionado cariz paramilitar que se mueven dentro de la órbita del
Gobierno -como en este caso la liderada por Milagro Sala-, pues ello pone directa y naturalmente en riesgo la
indispensable independencia de los
fiscales y la de los propios
juzgadores.
El Tribunal Federal
de Apelación de Salta debería examinar seriamente esta gravísima
circunstancia institucional. Hasta que ello ocurra, es hora de comprender la
enorme trascendencia que para toda la ciudadanía tiene la obligación de
asegurar el debido proceso legal que garantiza nuestra Constitución nacional.
Desde estas columnas, una vez más llamamos la atención sobre una noción
republicana esencial: la necesidad imperiosa de que todos y cada uno nuestros fiscales sean efectivamente
independientes e imparciales. Se trata
de una cuestión de suma gravedad institucional porque en ella están en juego
los cimientos mismos del Estado de Derecho.
NOTA: Las
imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!