Lunes 14 de octubre
de 2013 | Publicado en edición impresa
Heridas abiertas
Justicia asimétrica
no es justicia, dice el autor. Si no se juzga y se condena a todos los
responsables de la violencia política de los años 70, la única alternativa
válida es optar por la amnistía o el indulto
Por Ibo Marché | Para LA NACION
Algunas
manifestaciones de Héctor Ricardo Leis
en su artículo "Los militares tienen
que romper el silencio", publicado en esta página el 2 de septiembre
pasado, suscitaron asombro entre muchos de quienes anhelamos la paz, la
concordia, el perdón y la reconciliación entre los argentinos.
Creíamos que Leis -que en los años 70 integró la
organización Montoneros y que hoy
rechaza "la verdad violenta"
que sustentó hace ya muchos años- compartiría aquel anhelo y se sumaría a
quienes estamos empeñados en dejar atrás un deplorable pasado de odios y
discordia. ¿Estábamos equivocados? Por lo pronto, disentimos en el punto de
partida. Confío, sin embargo, en que coincidamos en la meta, que es para ambos
la reconciliación nacional.
Leis
expresa en su artículo que en los años 70 "hubo
crímenes terribles de todas las partes"; que no fueron las Fuerzas
Armadas "las que comenzaron el caos
y la orgía de violencia que se extendió por el país a partir del 25 de mayo de
1973"; que "no existe
ninguna declaración de parte de militares que tomen posición de forma
autocrítica"; que "el
silencio de los militares afronta su dignidad"; que "se explica que la mayoría de los ex
guerrilleros no quieran hablar, lo hacen para no perder la confortable e
indigna condición de víctimas en la que los mantiene este gobierno",
pero que le "resulta inexplicable
que personas prácticamente condenadas a morir en la cárcel decidan no hablar en
defensa de su dignidad".
 |
| Joaquín V. González |
No ponemos en duda la
recta intención de Leis, pero
creemos que, con las bases que él propone, la reconciliación es imposible y la "ley del odio" -así la
denominaba Joaquín V. González en un
célebre trabajo publicado en 1910- continuará su obra devastadora. Las consecuencias de esa tendencia están a
la vista: un clima en el que la revancha de quienes fueron derrotados
militarmente se ceba sobre ancianos octogenarios. Difícilmente se haya dado
antes una situación similar. Y no se vislumbran para el futuro inmediato
alternativas claras, prometedoras de un restablecimiento pleno del sistema
republicano y, por ende, de las libertades constitucionales, con separación de
poderes y administración de justicia independiente e imparcial, sin
ideologismos ni partidismos que la desnaturalicen.
Finalizados los
juicios a las juntas militares, Alfonsín y Menem levantaron la bandera
de la concordia a través de las leyes de amnistía y de los indultos
convalidados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchos nos
ilusionamos entonces con el comienzo de un período de paz que fuera fecundo en
todos los planos y sirviera de base a un proceso de recíproco perdón y genuina
reconciliación.
La llegada del matrimonio Kirchner frustró esa línea
de pacificación por la que optamos en los siglos XIX y XX, después de graves
conflictos internos. En contraste con sus antecesores, y olvidando las buenas
relaciones que tuvieron en Santa Cruz con el gobierno militar, los Kirchner levantaron la bandera de la
discordia, el enfrentamiento y la descalificación del adversario, todo en
nombre de una supuesta construcción de poder que, a la luz de los últimos
comicios, tenía bases muy frágiles y perecederas.
Tal vez lo más
censurable haya sido el avance del Poder
Ejecutivo sobre el Judicial. Como resultado de esa política
institucionalmente regresiva, hoy los jueces vulneran sin parpadear el
principio de legalidad y aplican retroactivamente normas penales, lo cual,
siguiendo a Giuseppe Betiol, más que
una herejía es una blasfemia jurídica. Además, se hizo tabla rasa con el principio constitucional de la cosa juzgada,
se resucitaron arbitrariamente acciones
penales extinguidas, se modificó la jurisprudencia sobre
detención domiciliaria que, en forma discriminatoria, les fue negada a los militares
mayores de setenta años, pasando por alto el claro sentido de la normativa
vigente. Los presos militares se están
muriendo sin atención médica elemental: se les niega la internación en
establecimientos adecuados a sus enfermedades a enfermos muy graves.
Tal
vez lo más ofensivo del proceder judicial de la última década ha sido la
asimetría con que se han abordado las secuelas de nuestra última guerra.
Cualquier militar, incluso cuando no se trata de quien ha ejercido funciones de
comando, sino de un subteniente veinteañero que simplemente estaba destinado en
una u otra unidad, ha pasado a ser responsable de delitos de lesa humanidad y
condenado -como dice Leis- a "morir en la cárcel". En
contraste, los guerrilleros de todos los niveles, aunque sean responsables
directos de crímenes abominables, han quedado transformados, bajo el influjo de
los Kirchner, en "jóvenes
idealistas", se les han pagado indemnizaciones altísimas cuyas cifras
cuidadosamente se ocultan, han sido beneficiados con una sentencia de la Corte Suprema ("Lariz Iriondo") que
les garantiza la más absoluta impunidad y fueron premiados con cargos y altas
funciones en la administración del Estado.
Ésta es la situación
que omite exponer Leis en su
artículo y que debe ser previamente resuelta porque justicia asimétrica no es
justicia. Es más bien un atentado contra la justicia. Pretender construir la
reconciliación sobre tales cimientos es como querer edificar sobre arena
movediza. Por esta vía, el proceso de
desintegración y decadencia seguirá su curso y dejaremos a nuestros hijos y
nietos un país en ruinas, fragmentado, cargado de resentimientos y sed de
venganza.
Aparentemente, para Leis, el motivo de la discriminación
que se hizo en la era kirchnerista entre las extralimitaciones de los
guerrilleros y las de los militares es que éstas fueron de mayor gravedad. En
rigor, es un enfoque que no adoptó ninguna de las numerosas amnistías
sancionadas en el curso de nuestra historia. Ello a pesar de que, cuando se
aprobó la primera, en el Pacto de Unión
Nacional entre la Confederación
y Buenos Aires, quedaron amnistiadas -entre otras prácticas salvajes- todas
las bárbaras ejecuciones a lanza y cuchillo que hacían a veces los vencedores
con los vencidos, si éstos no huían a tiempo. ¿Esas prácticas no fueron acaso
también delitos de lesa humanidad?
Hay
que quebrar el círculo del odio y debemos todos abrirnos a una genuina
pacificación. Para recorrer el camino que conduce al
perdón y a la reconciliación nacional, están disponibles las medidas previstas
en la Constitución: la amnistía y el
indulto (arts. 75 inc. 20 y 99 inc. 5° C.N.). La primera extingue la acción
penal y la segunda configura una condonación. A ellas han recurrido los pueblos
sabios después de las guerras civiles, tanto en Europa como en América. También
nosotros, para aplacar los odios engendrados por nuestros enfrentamientos
armados. Si se considera que no es conducente al bien común juzgar y condenar a
todos los que participaron en los horrores de la guerra, la única alternativa válida es optar por la amnistía o el indulto.
Inadmisible e injusto es adoptar un criterio sesgado y asimétrico, como se ha
hecho a partir de los Kirchner, que
libera de toda responsabilidad a quienes iniciaron la guerra y encarcela de por
vida a los que, aun con extralimitaciones, los derrotaron militarmente en
cumplimiento de órdenes de aniquilamiento impartidas por dos presidentes
constitucionales, mediante decretos que firmaron todos los ministros.
No es cierto que los
delitos imputados a militares, policías y algunos civiles no sean amnistiables
ni indultables. La Constitución y los
tratados mencionados en el art. 75 inc. 22 no lo prohíben. Hay dos que
incluso expresamente lo autorizan: son
los art. 4 incs. 2 y 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al art. 6 incs. 2 y 4 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que autorizan la amnistía para los "delitos más graves", incluso
los castigados con pena de muerte.
El
proyecto de ley de amnistía presentado en 2004 por el entonces diputado Jorge
R. Vanossi, con impecable fundamentación constitucional, marca un camino que en
algún momento deberíamos emprender.
NOTA:
Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!