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Por Jorge Lanata.
Ninguna descripción
fue mejor que la de Nicolás Wiñazki: Campagnoli parece el coronel Aureliano
Buendía frente al pelotón de fusilamiento, dijo.
Y exactamente eso
parecía Campagnoli esta semana, frente al Jury diseñado por la procuradora Gils
Carbó. El martes 17 declaré como testigo en esa causa, y entendí, al trasponer la puerta, la decisión del Gobierno de
prohibir el ingreso de cámaras y grabadoras y, aún más, de sustanciar el juicio
durante el Mundial: todo el proceso es una trampa.
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| fiscal Adolfo Villate |
Declaré más de una
hora frente a los siete jueces y dos fiscales: sólo me preguntaron por
Campagnoli durante los primeros diez minutos; el resto del tiempo sus
preocupaciones estuvieron centradas en otro lado: demostrar que la
investigación sobre Lázaro Báez difundida en Periodismo para Todos no tenía ninguna sustancia. Por eso estallé
cuando el fiscal Adolfo Villate me preguntó, con sorna: “¿Usted chequeó y
recontrachequeó esto?”. Se refería a una denuncia por extorsión hecha por
Federico Elaskar, la misma que Campagnoli rescató del olvido de su archivo para
comenzar la instrucción de la causa que le permitió, en veinte días, descubrir
gran parte de la ruta del dinero K.
“Chequeo y recontrachequeo”
es una marca registrada: son las palabras que usaron los “Cyber K” mil veces
para desacreditarme. Me llamó la atención que Villate fuera tan obvio pero, a
la vez, me enojó. Por eso hice un silencio y le dije, mirándolo a los ojos: –¿Qué se siente trabajar para Lázaro Báez?
Villate
me interrumpió y le volví a preguntar: –¿Lázaro paga bien?
Esa misma tarde, en
mi escritorio, entendería varias cosas con sólo revisar los antecedentes de los
jueces y los fiscales. Pero, a los 53 años, había cometido un error de
principiante: no haberlos conocido antes de ir a la audiencia. ¿Ingenuidad o
falta de tiempo? No tiene sentido responder: las excusas no se televisan. Como
siempre, la realidad superaba cualquier especulación: aunque suponía que todo
aquello estaba armado para condenar a Campagnoli, nunca hubiera sospechado que
algunos de los jueces fueran, en verdad, quienes deberían ir presos.
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| fiscal Daniel Adler |
¿Quiénes dirán, en
nombre del Estado, que Campagnoli es culpable? Lo que sigue está chequeado (y
recontrachequeado): Daniel Adler es el
representante de Gils Carbó, presidente del tribunal y miembro de Justicia
Legítima. Fue denunciado por integrar una asociación ilícita formada por
miembros de la Justicia Federal, del ministerio público fiscal, y por un
abogado, todos reunidos para armar una causa penal por delitos de lesa
humanidad contra Federico Hooft, juez federal de Mar del Plata. Hooft fue
absuelto el 28 de abril pasado luego de un jury de la Suprema Corte de Justicia
de la provincia de Buenos Aires por ocho votos contra dos; los hechos fueron
los mismos que conforman la causa penal federal: no haber investigado las
desapariciones de abogados marplatenses en la denominada “Noche de las
corbatas”, en julio de 1977. Declarada la inocencia de Hooft, éste pidió que se
investiguen los presuntos delitos de estafa procesal, falsedad ideológica,
incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato en los que
habrían participado los fiscales de Mar del Plata Daniel Adler, Pablo Larriera
y Claudio Kishimoto; los fiscales de la Procuración General de la Nación Jorge
Aguat, Pablo Parenti y Eugenia Montero; el juez federal Martín Bava y el
abogado César Silvo. La denuncia estuvo acompañada por la grabación de una
extensa conversación mantenida por uno de los hijos de Hooft con el fiscal
Kishimoto, en la que el funcionario
reconoce que la causa “es un gran verso”, y recuerda que, en una entrevista
con el fiscal Aguat en la que Kishimoto se quejaba de las cosas que Adler le
obligaba a hacer en el expediente, Aguat le dijo: “Mire, Adler nos es funcional y nos sirve”.
Ernesto Kreplak es el
representante del Ejecutivo en el tribunal. La testigo Silvia Martínez, ex
funcionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ), lo denunció como
responsable de ordenar a Norberto Berner, ex titular de la IGJ, no entregar
documentación de Ciccone a la oposición y a los medios.
Kreplak
es un militante de La Cámpora que controla desde 2012 la Subsecretaría de
Coordinación y Control Registral, donde aterrizó de la mano del secretario de
Justicia Julián Alvarez.
Como buen camporista,
ahorra en dólares, desoyendo los pedidos de la Presidenta: a fines de 2012
declaró 51.304 dólares en una cuenta y 24 mil en efectivo, con lo que su
patrimonio aumentó un 50% en un año. Está inscripto en un concurso para ser
fiscal federal, por lo que los defensores de Campagnoli pidieron que no fuera
miembro del tribunal, pero no se hizo lugar a la medida.
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| Rodolfo María Ojea Quintana |
Rodolfo
María Ojea Quintana es el representante del Senado en el tribunal.
No tiene una gran
práctica en manejo de explosivos: el 25 de septiembre de 1972 estalló su
domicilio en Vicente López como consecuencia de la manipulación de una bomba en
la cocina de la casa. Falleció Alicia Camps, mientras que Graciela Imaz, mujer
de Ojea, y sus hijos Tomas y Celina, fueron heridos por la onda expansiva.
Marcelo
García Berro, ex fiscal del Tribunal Oral Federal, hijo de un miembro de la
Cámara del Crimen durante la dictadura de Videla, fue denunciado por Horacio
Verbitsky en “Hacer la Corte” por facilitar la
morgue judicial al Ejército para realizar autopsias de personas asesinadas en
falsos enfrentamientos durante la dictadura. La denuncia fue ratificada por el
CELS. El ahora fiscal que participa del jury a Campagnoli fue procesado por el
juez Hooft junto a diez policías y cuatro civiles acusados de participar en una
amplia red de prostitución, encubrimiento y falso testimonio, en el marco de
los asesinatos que la prensa local llamó “El caso del loco de la ruta”, donde
más de veinte prostitutas aparecieron muertas en Mar del Plata. Pedro Hooft
inició la investigación de tres casos. El procurador General de la Corte
Suprema bonaerense, Matías de la Cruz, afirmó: “el fiscal García Berro tenía
una vinculación casi pública con una de las desaparecidas, Verónica Chávez, y más
tarde se comprobó que en su declaración
judicial no había dicho toda la verdad.
Se constató también
que había omitido detalles, según pudo comprobarse de entrecruzamientos
telefónicos durante esos años con la gente a la que se pidió la detención”.
García Berro adjudicó la acusación a su rol como fiscal en el Juicio por la
Verdad, aunque su nombre aparece en el expediente desde el comienzo de la
investigación, como “Marcelo”, Chevrolet Corsa 5187 Poder Judicial, y se
comprobó por sistema Excalibur que llamaba al prostíbulo de La Perla con
frecuencia.
Alejandra
Isabel (se reserva el apellido) testigo de la causa, declaró que salió con García
Berro por ser fiscal, y que en esas salidas ponía música hitlerista en el auto,
le hablaba de droga, y en una oportunidad la amenazó con que le pasaría algo a
sus hijos si no accedía a sus requerimientos.
Otra declaración, la
de Claudia María M., del 29 de octubre de 1997, señala a García Berro como
quien le pide para una fiesta dos
prostitutas y dos travestis.
“Concretado el
requerimiento, a los pocos minutos escucha gritos de una de las prostitutas, y
cuando entra al cuarto donde se desarrollaba la fiesta ve a García Berro
sangrando del pene, y exigiéndoles a las prostitutas y a los travestis que
siguieran con sus trabajos”. En la historia clínica 15845 del Hospital Privado
de la Comunidad de Mar del Plata, Marcelo García Berro presentó en fecha coincidente
un diagnóstico por una enfermedad contagiosa y venérea llamada Histopapiloma
Virus, y agrega que había abandonado el tratamiento por propia voluntad y sin
curarse.
María
Cristina Martínez Córdoba es la representante de la Defensoría General de la Nación.
Tiene escasos
antecedentes en materia de derechos del menor y la familia, y su mayor
actividad académica se desarrolló como profesora de lengua, pero quiso la magia
judicial que ascendiera en el orden de un concurso para ser defensora de
menores luego de haber quedado en cuarto lugar.
Como se ve, el grupo de tareas de Gils Carbó parece
estar más cerca de ser condenado que de ser jueces. Algo lógico en un país
donde el vicepresidente, esta semana, fue citado en indagatoria a declarar por
tener un auto importado con papeles truchos.
Investigación:
JL/María Eugenia Duffard/ Amelia Cole
NOTA:
Las imágenes no corresponden a la nota original.
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