La
destrucción de la capacidad material de nuestras Fuerzas Armadas con fines
disuasivos nos debilita en cualquier negociación entre naciones soberanas
La
Argentina ha procedido a su desarme gradual sin que haya habido una decisión
legislativa ni un debate político al respecto.
Este proceso no ha surgido de acuerdos o entendimientos internacionales ni
regionales. En realidad, los países
vecinos, en particular Brasil y Chile, han modernizado y ampliado su capacidad
militar y lo han hecho en las últimas décadas durante las gestiones de
gobiernos constitucionales. Las decisiones de desarme en la historia
fueron, o bien impuestas por los países triunfantes al derrotado en una guerra,
o bien resultantes de consensos institucionales explícitos en países chicos al
amparo de alguna potencia que garantice su defensa. Ninguno de estos casos es el argentino.
El desarme de nuestro
país no resultó de un proceso programado. Mientras el gasto público creció, los
presupuestos militares se fueron reduciendo en términos reales. Pero esa
reducción se concentró particularmente en los medios materiales relacionados
con la capacidad operativa, y no tanto en los aparatos administrativos y en el
personal. No hubo reposición del
equipamiento aéreo, naval o terrestre de la Guerra de Malvinas. Lo que no
se perdió durante esa contienda, se fue luego deteriorando o canibalizando
hasta resultar en gran parte inutilizable. No
se mantuvo el municionamiento ni siquiera para el entrenamiento del personal.
La fuerza aérea
cuenta con muy pocas aeronaves en condición de volar, en tanto la aviación
naval sólo mantiene un avión operativo. Gran parte de los pilotos han buscado
mejores oportunidades en la aviación comercial. La formación de pilotos
militares no se hace posible y esto es capital humano que cuesta muchos años
recuperar. Lo mismo pasa con la flota naval y su capacidad operativa. El hundimiento en puerto del destructor
misilístico Santísima Trinidad y la eternización de la reparación del rompehielos
Irízar son expresiones cabales de una política expresa de abandono y
degradación.
El
gasto militar en la Argentina alcanza al 0,7 por ciento del producto bruto
interno. Se compara con un promedio de 1,74% en América
del Sur, 2% en Chile y 1,4% en Brasil. Pero la más notable diferencia es que
los fondos empleados en la Argentina se aplican en un 90% a pagar los sueldos,
mientras que en los otros países el gasto en personal no supera el 60%, ya que
se destinan montos importantes a equipamiento y poder operativo.
La reciente
ampliación presupuestaria por 199.045 millones de pesos no incluyó el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Armadas, a pesar
de que había reclamos urgentes de fondos adicionales. Las carencias han llegado
al extremo de la amenaza de interrupción del suministro de combustible por
parte de YPF, peligrando así la más elemental movilidad.
Dentro
de esta extrema escasez, en los últimos años hubo una derivación de fondos
hacia la tarea de inteligencia interior, en contradicción con
la ley 23.554 de defensa nacional que expresamente establece que "las
cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en
ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares".
La actual conducción del Ejército está
en manos de jefes de inteligencia que parecen prestar apoyo a la Presidenta en
tareas de espionaje político en sustitución de los órganos propios del Gobierno
que no contarían con el mismo grado de confianza presidencial. La función de defensa nacional, ausente con presunción de
fallecimiento.
Por eso resultó muy
desacertado el tramo del discurso en el que la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, con motivo esta semana de la Cena de Camaradería de las Fuerzas
Armadas, se refirió a nuevas formas de ataques desde el exterior, que asoció
con el interés de los fondos buitre de quedarse con el petróleo argentino.
Ya se trate de
amenazas irreales, como la mencionada, o de eventuales peligros que puedan
surgir en el futuro, lo cierto es que
nuestro país se encuentra desarmado.
La paz mundial y el
desarme constituyen sin duda un objetivo ideal. Pero ello debería lograrse en
el marco de un amplio acuerdo universal. Mientras tanto, aun los países que no
sostienen conflictos bélicos ni enfrentan amenazas, mantienen fuerzas armadas
con fines disuasivos o en apoyo de su posición en las relaciones con el mundo.
La
capacidad defensiva suele ser una pieza implícita en la mesa de negociación
soberana de un país. Es un principio reconocido que la
mejor forma de sostener la paz y evitar la guerra es estar en condiciones de
disuadirla.
La búsqueda de
explicaciones a la política argentina de abandono de la función esencial de la
defensa lleva a relacionarla con el
fuerte antimilitarismo presente desde 1983 y, en particular, desde 2003. Es
un antimilitarismo que no sólo se ha canalizado a la acción mediática, judicial
y punitiva con fuerte contenido ideológico y con lamentable parcialidad, sino
también a la destrucción desordenada, no explícita, de la capacidad defensiva
del país. Éste es otro capítulo de la
triste y costosa herencia que dejará la gestión kirchnerista a quien tendrá
luego que corregirla.
FUENTE:
http://www.lanacion.com.ar/1722633-el-desarme-unilateral-de-nuestro-pais
NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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