Mendoza, 9 de octubre
de 2014
Cuando
la patria está en peligro se recurre a Dios y al soldado,
pero cuando el peligro pasa,
Dios es olvidado y el soldado es juzgado
(Cicerón)
pero cuando el peligro pasa,
Dios es olvidado y el soldado es juzgado
(Cicerón)
A LO SRES. MIEMBROS
DE LA EXCMA.
CONFERENCIA EPISCOPAL
ARGENTINA.
SUS EMINENCIAS
REVERENDÍSIMAS:
Acudimos a tan Excma.
Conferencia en virtud de su próxima reunión y con la finalidad de solicitar con
relación a delitos de lesa humanidad, en los que además, sistemáticamente no se
han respetado principios constitucionales del debido proceso legal, se expida
en forma clara sobre la necesidad de cerrar este capítulo trágico, vergonzoso y
parcializado de nuestra historia y se llame a la reconciliación nacional.
Somos un grupo de ex
miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad que en la actualidad
permanecemos presos en el Complejo Penitenciario “San Felipe”, en la Provincia
de Mendoza, acusados (en base a conjeturas y sospechas) de haber cometido
delitos de “Lesa humanidad”. Esta detención arbitraria es relevante por el
hecho que junto a nosotros también están presas nuestras familias, más
inocentes aún.
Sobre su origen
basado en una decisión política coyuntural que destruyó las garantías constitucionales nos expresamos a Uds. en el documento
que oportunamente entregamos en vuestra Sede de calle Suipacha nº 1.034 de la
CABA, dirigida al Sr. Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina,
Monseñor José María Arancedo, - en el mes de junio próximo pasado- Allí
fundamentamos en extenso, no obstante ello, adjuntamos como anexo copia con firma de su recepción.
La desnaturalización
de los juicios que denunciamos es corroborada, en nota publicada el 3 de marzo
de 2014 en LA NACIÓN recientemente
premiado por su independencia periodística, el historiador Luis Alberto Romero.
Allí se hace eco de una grave preocupación que crece cada vez más, por no
aplicarse en dichos procesos la exigencia de prueba fehaciente el beneficio de
la duda y la presunción de inocencia. A todo eso suma la designación arbitraria
de jueces y fiscales en esas delicadas causas, al igual que la existencia de
denuncias de manipulación de pruebas testimoniales y arbitrariedades de otra
naturaleza.
Destaca el
historiador que no menos grave resulta la
escandalosa actuación de fiscales carentes de independencia e
imparcialidad, además de describir otras irregularidades, todo lo que califica
de ciertamente inaceptable. Como corolario, agrega, con verdadera razón, que
una condena judicial es legítima tan sólo cuando realmente existen y se han
aportado pruebas que deban tenerse por fehacientes, más allá de toda duda
razonable.
Y que sí, de pronto,
existieran manipulaciones o maniobras irregulares en la sustanciación de las
pruebas en ese tipo de causas, la justicia sería reemplazada por la sed de
revancha o venganza, lo que constituiría toda una barbaridad. Muchos
científicos se han pronunciado en forma coincidente.
Desde el inicial
pronunciamiento de la Academia Nacional de Derecho, Gregorio Badeni, Alfredo
Solari, Moreno Ocampo, Pastor, Julio Strassera, el propio integrante de la
CSJN. Carlos Fayt, etc. pero hemos querido citar a un estudioso de la historia
para poner de relieve, que trasciende lo jurídico para ingresar en la
problemática social.
De todo esto no
tenemos duda alguna, como expresáramos en el documento anterior, ya que se
niegan, lo que evidencia más la intencionalidad política subyacente llevada a
cabo por un Poder Judicial sometido, a conceder el derecho a la prisión
domiciliaria a ancianos y enfermos habiéndose provocado el agravamiento de sus
dolencias y hasta la muerte.
La temeraria conducta
del Gobierno, pero coherente con su estilo político y con el tratamiento del
problema que nos aqueja, y que ha causado consternación en las familias
argentinas, es el aprovechamiento político que hicieran del Santo Padre en la
visita del 20 de septiembre pasado la Sra. Presidente. Allí temerariamente uno
de sus integrantes regaló una remera de La Cámpora, agrupación política, que
además de sostener inicialmente teorías ateas, se muestra -creemos
hipócritamente- amistosos con la Iglesia que siempre denostó, siendo su
basamento doctrinario coincidente con el pilar ideológico del terrorismo. Y de
la parcializada historia actual que sirve de fundamento a la venganza que
sufrimos.
Somos hombres de las
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, no delincuentes. Actuamos en
defensa de la Nación y en cumplimiento de órdenes emanadas del gobierno
constitucional, que obedecían a una necesidad del pueblo argentino, de todos
sus estamentos políticos, sociales y a la manifestada opinión de la Iglesia, de
combatir y vencer al terrorismo que asolaba a nuestro país.
Éramos jóvenes sin
poder de decisión alguno.
Estamos presos,
estigmatizados por los medios subsidiados, con la consiguiente lapidación
pública que representa, en nuestra madurez y ancianidad, con el sufrimiento de
nuestros familiares a quienes también alcanza el escarnio de la sostenida
propaganda oficial. Por nuestra edad la pena de encierro no tiene obviamente
una finalidad de readaptación y obedece a una subalterna obsesión revanchista.
Entretanto los
depredadores de antes y los corruptos de hoy permanecen en libertad y gozando
de prebendas oficiales.
El narcotráfico,
génesis de los más variados delitos no merece la debida atención del Gobierno
cuando en casos parece ser estimulado por indefiniciones de una errática y
quizás interesada política.
Sin embargo un sabio
pronunciamiento de la Exc. Conferencia Episcopal sobre ello, provocó una
reacción de la ciudadanía sobre la problemática de la droga y sus consecuencias
y al Gobierno, no obstante su ineptitud para abordar temas sociales, lo alertó
y preocupó.
La política de
derechos humanos basada en la venganza sobre los cuadros inferiores, y sobre la
que se construye un monumental foco de corrupción estimula y acrecienta el clima de enfrentamiento y de intolerancia
social que hoy sufrimos. Ha afectado por presiones del Poder Ejecutivo
seriamente a la Justicia, ha debilitado el Estado de Derecho que se intentó
construir a partir de1983 con una destrucción moral que es necesario reparar y
como la Justicia, que en este caso
institucionalmente es la única defensa, ha sido severamente escoriada, acudimos
a la autoridad moral de la Iglesia como último instrumento de hermandad.
Es que las fuerzas
políticas de nuestro país, hoy, en una abulia por más evidente, rehuyen tratar
este tema que nos afecta, por ello, reiteramos vuestra intervención para
abordarlo en forma directa y de cara a la sociedad, terminando con el remanido
argumento de la dictadura militar como origen de todos los males que hoy
padecemos, cuando el régimen de facto fue una consecuencia prevista por los
propios grupos terroristas en su intención de tomar el poder político en forma
violenta y atroz.
Esto fue así. Es
inmodificable.
Si conmueve el
resultado de la represión, de igual modo debería afectarnos las victimas
producidas por aquellas organizaciones.
Sus Eminencias:
vuestro auxilio servirá finalizando así con el sufrimiento de miles de
familias, para terminar con el dolor de una injusta persecución y sentar las bases
sólidas para revertir esta incuestionable realidad.
Entendemos que
requiere de aquellos quienes investidos de una autoridad moral absoluta,
convoquen a las autoridades, dirigencias sociales y a la sociedad en su
conjunto para buscar y hallar la senda con aquel objetivo supremo de la
concordia, que solo se conseguirá través de una AMNISTIA, que fue con lo que se desvinculó a las
organizaciones terroristas que comenzaran la guerra origen del problema en
tratamiento. No debemos obviar el problema de insoslayable realidad referente a
la identificación y búsqueda de los niños, respecto a los cuales no debe
alcanzar la amnistía, pero para que sea completo este cometido como la
concordia que se propone, se declarara la extinción de la acción penal de aquellos
que intervinieron en el hecho, si en el plazo que fije la autoridad,
denunciaran su existencia.
La figura convocante
es la iglesia misma a través del Santo Padre y por delegación vuestra Excma.
Conferencia como respetados e indiscutidos referentes religiosos y sociales que
obligara ineludiblemente al Gobierno a dejar de utilizar esta pseudo política
de Derechos Humanos como instrumento de odio y venganza.
En los términos más
oportunos que sabrán encontrar S.S.E.E., como integrantes de la Excma. Conferencia
Episcopal Argentina, rogamos en Dios instalen esta solución y se encuentre el
camino para una propuesta superadora.
Sin otro particular y
en la inteligencia que sus Eminencias Reverendísimas comprenderán el espíritu
que nos anima, los saludamos en Dios con nuestra especial consideración.
NOTA:
Copia de la presente ha
sido remitida a:
Monseñor Guillermo
Karcher, a través de su dirección: facebook: https://facebook.com/guillermo.karcher/about
Monseñor Jorge
Lozano, a través de su dirección: http://www.obispadogchu.org/
CARLOS
RICO JUAN GIOVARRUSCIO
Presos
en el penal de SAN FELIPE provincia de Mendoza
República Argentina
República Argentina
Tel. de contacto:
Sra. Mabel I. Giovarruscio: 261 156506659
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