Editorial I
El
maltrato a los presos de edad avanzada en causas vinculadas con la lucha contra
la subversión es la manifestación más clara de haber trocado justicia por
venganza
Se aproxima el fin de año.
Aunque el tiempo de la Navidad debería invitar a la reflexión personal, la
intimidad familiar y la compasión por el otro, la realidad es un torbellino que
supera las mejores intenciones y las sepulta con sus exigencias laborales,
brindis variados, planes veraniegos y promesas incumplidas, aunque siempre
repetidas.
En este contexto: ¿quién sabe, quién piensa o quién muestra
interés porque en la Argentina haya cientos de presos mayores de 70 años,
algunos con casi 90 en cárceles comunes? Son parte de los 1800 detenidos
bajo la acusación de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la guerra
antisubversiva que ocurrió en el país hace ya 40 años. Muchos de ellos, sin
sentencia condenatoria. Ya han muerto
267 en cautiverio, entre los cuales se cuentan muchos casos atribuibles a
desatención, abandono de persona o negligencia médica.
¿Valdrá la pena
recordar que en nuestra legislación el principio de humanidad exige que las
personas más vulnerables, como los adultos mayores, puedan cumplir la detención
con prisión domiciliaria? ¿Y que puedan ser atendidos en hospitales, si
sufriesen problemas de salud, como habitualmente ocurre con personas de esa
avanzada edad, y no en las colapsadas enfermerías u hospitales precarios de las
cárceles que carecen de infraestructura, médicos gerontólogos y servicios
esenciales?
En democracia es importante
señalar la discriminación manifiestamente inconstitucional que sufren estos
detenidos, que son discriminados entre la misma población carcelaria porque no
rige para ellos como para los demás acusados penalmente y para presos comunes ni la presunción de inocencia, ni el
principio de irretroactividad de la ley penal, así como no tienen el beneficio
de la excarcelación, ni de la libertad condicional, ni de prisión domiciliaria
sobre la base de su estado de salud. Ni siquiera se les otorgan salidas
transitorias, como sí las tienen, por ejemplo, los miembros de Vatayón
Militante. Tampoco pueden cursar carreras universitarias ante las objeciones
planteadas por la UBA.
La declaración de
inconstitucionalidad de las llamadas leyes de impunidad, en 2005, no implicó
que las causas de lesa humanidad fueran eximidas de las garantías elementales
de la legislación penal, como el debido proceso legal. Sin embargo, tratándose de militares o civiles que
actuaron durante la dictadura militar, el gobierno kirchnerista no tuvo ni
tiene interés por determinar la real autoría de los delitos, sino realizar con
ellos un sacrificio simbólico en el altar del poder político, el que
paradójicamente sirve de cortina de humo para ocultar los gravísimos casos de
corrupción que tiñen la actual administración.
De esa manera, los
procesamientos, prisiones preventivas y las condenas en la mayoría de los casos
se han basado en pruebas amañadas, cuando no en ausencia total de pruebas,
falsos testigos, hipótesis no comprobadas y causalidades remotas. Basta que
jóvenes oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad (para no
excluir a los muchos que no son militares) hubiesen prestado servicios en una
determinada unidad castrense para sindicarlos como autores de delitos contra la
humanidad, sin probar su autoría. O, en el caso de civiles, ha bastado la mera
portación de cargo, como ocurre con el ex ministro de Gobierno de la provincia
de Buenos Aires Jaime Smart, que fue acusado de delitos en razón de su función,
no obstante que la normativa legal vigente dictada durante el gobierno de ese
entonces, lo excluía de toda participación en las cuestiones antisubversivas.
Su
derecho a la legítima defensa también se encuentra comprometido dado que los
acusados carecen de recursos para costearse abogados. Así, la
defensa ha quedado mayoritariamente en manos de defensores oficiales, quienes
no se atreven a confrontar el discurso kirchnerista, ni a interrogar a los
testigos para no "victimizar a las
víctimas", alineándose con los mismos fiscales, vinculados muchos de
ellos con Justicia Legítima.
Pero
la Justicia, para ser legítima, debe respetar el proceso legal y las garantías
constitucionales. De lo contrario, es sólo otra puesta en escena
tendiente a cumplir fines ideológicos y políticos. Y si los acusados se juzgan
conforme a la ideología o a la política, la justicia deja de ser justicia y se
convierte en instrumento del derecho "penal
del enemigo" y la venganza.
La
historia está llena de ejemplos de tribunales revolucionarios donde los
imputados estaban condenados desde la primera audiencia y todos terminaron en
crueles y estrepitosos fracasos. Recuérdese la etapa jacobina de la
Revolución Francesa, cuando se decapitaron 2217 personas para consolidar el
poder de Robespierre. Y los célebres "procesos
de Moscú" durante la dictadura de Stalin.
El benévolo Ernesto "Che"
Guevara, en cambio, firmó sentencias de muerte en los procesos sumarísimos
de La Cabaña, donde se ejecutó a, por lo menos, 500 personas, sin que se le
moviera un pelo. En los países del "socialismo
del siglo XXI" se experimenta la "justicia
de clase", donde la Justicia se quita la venda para que los
magistrados dicten fallos conforme lo ordenan el partido y la revolución, como
ocurre con los opositores al régimen bolivariano.
Tal vez sea oportuno señalar el
inmenso contraste entre la situación de los militares y civiles que hoy sufren
prisión, con los guerrilleros y la "maravillosa
juventud" que luchaban "por
la patria socialista", a quienes el
ex presidente Juan Domingo Perón echó de la Plaza de Mayo y a quienes el Poder
Ejecutivo ordenó "aniquilar" mediante cuatro decretos de 1975 ya
olvidados. Fueron esos "jóvenes
idealistas" quienes provocaron
la caída del gobierno de María Estela Martínez de Perón y no la iniciativa
militar. El morir por una causa no significa que esa causa sea digna de
morir por ella.
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| Funcionarios y/o legisladores de pasado terrorista |
No
obstante, quienes asesinaron y empujaron al vacío a un gobierno democrático fueron
indultados y, muchos de ellos, indemnizados. Para no
mencionar tampoco a los funcionarios civiles del gobierno peronista de aquel
entonces, los firmantes de los citados decretos y los ejecutores de la "aniquilación" ordenada, que
no han sido llamados ante los tribunales, ni por delitos de lesa humanidad, ni
por crímenes de ninguna especie. Esta
situación discriminatoria se acrecienta con la ley sancionada el año pasado por
la cual muchos de los que participaron en acciones violentas percibirán una
pensión vitalicia, en lo que se configura como un premio para quienes portaron
las armas y agredieron a la sociedad.
El
maltrato a los detenidos de edad avanzada demuestra una completa ausencia de
dimensión humana y de comprensión de los valores en juego. Cuando
llegan los últimos años, las personas pierden gradualmente la voluntad de vivir
y comienzan a alejarse, lentamente, de los hechos cotidianos en una transición
que merece un respeto distinto. Cada uno de los ancianos es un poco "todos los hombres". Poco les
importa, en lo personal, la cárcel, el maltrato, la enfermedad y la muerte. Los que más sufren son los familiares de
los detenidos en las condiciones mencionadas. Cada persona mayor en
prisión, detenida en forma injustificada, procesada por un tribunal político,
no sufre en sí misma esa privación de su libertad, sino que la decisión se
dirige primordialmente contra su grupo familiar, ajeno a las acusaciones
vertidas, pero directamente afectado por el castigo dispuesto por quienes
encontraron en sus padres, sus hermanos o sus abuelos, una oportunidad de ganar
aplausos y adhesiones políticas a través de sus sacrificios en el falso altar
de los derechos humanos.
Con su estilo campechano, que
refleja puro sentido común, sin necesidad de acudir a libros de ética, ni a
tratados internacionales, en una actitud que muestra ausencia de resentimiento
no obstante su pasado guerrillero, el presidente
de Uruguay, José Mujica, se ha
manifestado recientemente en igual sentido: "Mi
postura de índole filosófica ya es conocida. Tener viejos mayores de 70 años
presos no corresponde", dijo y continuó: "En otros países hay pena de muerte y, afortunadamente, aquí (en
su país) no la hay. Algún día, la humanidad transitará caminos en cuanto a que
tener un anciano preso no tiene sentido".
Europa
sufrió dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX con decenas de
millones de muertos y países devastados. Menos de 30 años más tarde, los ex
enemigos pasaron a ser formidables aliados y potencias económicas. Mantienen la
memoria, pero no arman la vida de las sociedades mirando hacia atrás. La
Argentina debe cerrar capítulos de su historia e invertir la energía en
construir el futuro, sin generar nuevas injusticias que, a la larga, serán
cargadas a la cuenta de las próximas generaciones.
NOTA: Las
imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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