El miércoles por la
mañana muchos argentinos fuimos impactados por las denuncias del Fiscal Nisman
que involucraban a la presidente,
funcionarios y referentes vinculados al gobierno nacional, acusados de
pretender encubrir a los iraníes señalados como autores del atentado terrorista
contra la AMIA. El lunes a la mañana el impacto fue mucho mayor aun, al
enterarnos de que el fiscal Nisman había sido hallado muerto en su departamento
con un disparo en su cabeza.
Entre ambos hechos el
fiscal había sufrido durísimos ataques verbales descalificadores de su persona
y su actuación provenientes del gobierno, en boca de sus voceros, de sus
numerosos medios y periodistas afines y
del Ministro de Relaciones Exteriores,
Hector Timerman, que era justamente uno de los principales acusados. Nisman,
sin embargo, no se había arredrado. Dio entrevistas a los medios, coordinó una
presentación en sesión reservada para el día lunes en la Cámara de Diputados
e irritó a los diputados oficialistas a
punto tal que prometieron asistir a la sesión con “los tapones de punta”, expresión que alude a la actitud de los
futbolistas que van a golpear al rival con dureza y riesgo de lesión por el uso de los tapones que están en la
suela de sus zapatos.
Con esos antecedentes
como contexto, la inmediata reacción
ante la noticia de la muerte de Nisman fue mirar hacia los acusados por sus denuncias pero las descripciones
oficiales que se dieron de la escena del lugar en que se produjo la muerte
inducían a pensar que se trataba de un suicidio. La ciudadanía experimentó un sentimiento de
incredulidad e indignación colectiva. Las expresiones públicas de repudio y
pedidos de justicia atravesaron la geografía nacional y en la noche del lunes
miles de argentinos salieron a las
calles y plazas a expresarse con consignas que manifestaban su identificación
con Nisman y su hartazgo con el nivel de violencia e impunidad que se ha
enseñoreado del país por acción u omisión del gobierno nacional y de una
justicia ideológicamente dividida y operativamente ineficaz.
Tenemos al momento
tres hipótesis acerca de la muerte de Nisman. La primera es que el fiscal fue
asesinado por profesionales que luego de consumar el crimen fabricaron una
escena de suicidio. Abonan esta hipótesis la personalidad del fiscal, el
entusiasmo y empeño con que había presentado su denuncia, el momento en que se
le abría la oportunidad de tener el auditorio privilegiado de los diputados
nacionales y algunos datos objetivos como la ausencia de pólvora en sus manos y
las previsiones que había tomado para un lunes en que obviamente esperaba estar
presente. Vale mencionar que en nuestro país hay antecedentes de supuestos
suicidios en casos judiciales nunca resueltos.
La hipótesis del
suicidio espontáneo por depresión o circunstancias personales, que fue
fuertemente impulsada en el primer momento desde las esferas oficiales, ha
perdido sustento al punto que el gobierno mismo ha puesto en boca de sus
voceros la tercera hipótesis de un “suicidio
inducido”. Esta posibilidad, que no sería técnicamente un suicidio ya que este acto requiere la
voluntariedad del causante, tendría
similares connotaciones que el asesinato liso y llano.
Lo concreto es que se
impone una investigación exhaustiva y profunda acerca de la muerte del fiscal
Nisman que incluya la presunción de que haya sido asesinado. El hecho es de una
gravedad institucional inusitada porque los primeros investigados deberían ser las personas a
quienes el fiscal había acusado, que abarcan a la cabeza misma del gobierno y a
sus funcionarios, sin olvidar a los acusados iraníes de la causa original sobre
quienes el fiscal dijo públicamente que preparaba nuevas presentaciones para
forzar su declaración a través de los organismos internacionales.
Difícil será
encontrar en Argentina un fiscal que
cuente con un perfil de imparcialidad e independencia como para encarar una
investigación de tales características, especialmente luego de los burdos
intentos del gobierno de avanzar sobre el control de los fiscales que ha
generado duros choques. Tampoco es sencillo técnicamente dilucidar un hecho
criminal en que los asesinos, si los hubo, fueron profesionales que disponían
de una logística y medios sumamente sofisticados tanto para penetrar en el
departamento del fiscal como para ejecutar el crimen y escenificar un suicidio.
Por lo expuesto, quizás sería
conveniente que esta investigación fuera llevada adelante por la Corte Suprema
de Justicia, con el válido argumento de que podría estar involucrado un
gobierno extranjero además de la gravedad institucional de los hechos
investigados, quien designaría un fiscal que reportara directamente ante ese
organismo y tuviera la autoridad de consultar a cualquier agencia de
investigación nacional o extranjera ya que
obran antecedentes de pericias encargadas, por ejemplo, al FBI,
en ciertas causas. Si no se trabaja en este nivel podemos
lamentablemente asumir que la muerte del fiscal Nisman no será esclarecida, al
menos hasta que un nuevo gobierno permita trabajar a la justicia con la
independencia e imparcialidad que su
naturaleza requiere.
Una segunda cuestión
de gran importancia y urgencia es no permitir que la denuncia efectuada por
Nisman y que precipitó su muerte, de una
u otra manera, se diluya ante su
ausencia. El Juez Lijo ha reaccionado adelantando su regreso y tomando medidas
para preservar las pruebas. Lamentablemente, quienquiera que continúe la
investigación, demorará meses en poder leer y escuchar todo lo vinculado al
expediente, lo que hace presumir que si la acción de quienes provocaron la muerte
de Nisman fue evitar que se avanzara en esta causa, han logrado una buena parte
de su objetivo. Para que el sacrificio de Nisman no haya sido en vano será
necesario no olvidar ni dormir su grave acusación aunque, como dijimos
anteriormente, es probable que haya que esperar también para esto, el aire
fresco de un nuevo gobierno democrático.
Finalmente, también
debe asegurarse la continuidad de las medidas que el fiscal Nisman pensaba
ejecutar para tratar de lograr la declaración de los acusados en la causa AMIA
que es el corazón de todo el problema. Ese atentado, cometido en Argentina y
contra argentinos, no debe quedar como un símbolo de nuestra incompetencia como
nación para resolver los grandes crímenes que nos han marcado, como lo son los
cientos de atentados de los Montoneros y de todos aquellos que por razones
políticas o ideológicas se protegen con
un escudo de impunidad que denigra a
nuestra justicia.
Como representantes
de un partido político pero sobre todo como ciudadanos de esta nación compartimos
con millones de argentinos el clamor por justicia y la vergüenza, una vergüenza
profunda e inocultable, por el nivel de
indefensión y desamparo que nos embarga como sociedad. Por encima de los
errores económicos o de las deudas impagas, el peor de los pecados y la más
pesada carga que nos dejan Cristina Fernández de Kirchner y el Frente para la Victoria es la degradación de las
instituciones que, como en el caso de la
justicia, son incapaces de cumplir con sus funciones básicas y dar un mínimo de
protección y seguridad a los habitantes de nuestra querida patria.
Que la muerte de
Nisman quede como símbolo de la decisión que debe tener un hombre de asumir sus responsabilidades
cualquiera que sea la consecuencia y que los que provocaron dicha muerte
sientan que va llegando para ellos el tiempo del crujir y rechinar de dientes.
Juan
Carlos Neves
Secretario General
Nueva Unión Ciudadana
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