La política de
Derechos Humanos se ha convertido en un terreno resbaladizo para la Administración
Macri...
La política de Derechos Humanos se ha
convertido en un terreno resbaladizo para la Administración Macri.
Además de mantener un sentimiento de culpa hacia algunos organismos, el
Presidente desconoce la manera de posicionarse frente a los procesos judiciales
abiertos por delitos de lesa humanidad. Lo que comenzó siendo en los inicios
del kirchnerismo una reparación histórica por la barbarie del Estado durante la
última dictadura militar de la Argentina, derivó en una caza de brujas. El mensaje de propaganda partió desde el
oficialismo kirchnerista, alcanzando límites insospechados y llegando hasta el
absurdo de procesar a ex funcionarios de la justicia que sirvieron en la década
del setenta. Los casos del juez Pedro Hooft
en Mar del Plata y los Doctores Luis Miret y Guillermo Petra Recabarren en Mendoza
dan buena cuenta de ello.
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Foto: Daniel Adler (Justicia Legítima) |
La mejor prueba de
este Estado culposo la dio el
confuso episodio de la placa descubierta
en el Colegio Militar en homenaje a los cincuenta años del egreso del Capitán Héctor Cáceres, ultimado en Tucumán en ocasión del denominado Operativo Independencia. Al día siguiente, el Ministerio de Defensa ordenó
retirar dicha placa, conforme la misma identificaba al ERP como 'guerrilla marxista'. Curiosidad: los propios 'erpianos' supieron definirse de esa
manera.
En ocasiones, la
indecisión del Gobierno Nacional tolera la ocurrencia de situaciones ridículas. Así, por ejemplo, en el proceso contra CNU (Concentración Nacionalista
Universitaria) en Mar del Plata -donde la fiscalía interviniente exigió
cadena perpetua para civiles, en su mayoría abogados, y a un ex fiscal, por
delitos de lesa humanidad sin hallarse prueba fáctica-, la querella llegó a
solicitar, para uno de los imputados, 'realizar actividades académicas donde se
desarrollen temáticas como pensamiento político y tolerancia, y los errores de
la prepotencia en la política, donde el condenado pueda arrepentirse de sus
pasadas acciones de persecución a los que pensaban diferente'. Los
albaceas de este reclamo son César Sivo, abogado de H.I.J.O.S., una de las agrupaciones que usan el 'escrache' y la violencia como modus
operandi de protesta, y Daniel Adler, inocultable referente de
Justicia Legítima en Mar del Plata. Ineludible
segunda lectura: el kirchnerismo se arroga hoy idoneidad moral para acusar a
terceros intolerancia y persecución.
Acaso el Ministro de Defensa, Julio Martínez, deba repasar las
lecciones compartidas por la historia reciente, previo a descolgar placas.
FUENTE:
http://www.elojodigital.com/contenido/15708-la-argentina-y-los-derechos-humanos-el-estado-culposo
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