No cabe duda alguna
que todo el abanico de los presos políticos por las causas que el kirchnerismo
llamó "lesa humanidad", sus
familiares, amigos y simpatizantes votaron por Mauricio Macri, tanto en la 1ra.
vuelta como en el balotaje. Existe alguna sorpresa entre esa 'masa crítica' del PRO la ausencia de
respuestas durante el 1er. año de la Administración acerca de tan grave
situación. En su esfuerzo por agradar o conciliar con los sectores mal llamados
'progresistas', tienen la impresión
que Macri los ha abandonado a su suerte, quizá confiando en que por una
cuestión de edad, en breve no habrá más presos políticos en la Argentina, una
terrible apuesta de los Kirchner y sus aliados sobrevivientes de la estructura
Montoneros, hoy día en Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Madres
de Plaza de Mayo y otras organizaciones similares. El colectivo Comisión de
Enlace Interpenales de los Presos Políticos de Argentina realizó 2 jornadas de
debate, y produjo varios documentos. Aquí el principal:
 |
| Le compete a la Administración Macri o ratificar la visión de los K o regresar a s oluciones más justas de un problema que es político antes que judicial (en especial porque la Justicia penal argentina es un satélite de los tiempos políticos). |
N. de la R.: La batalla sobre cuál es la verdad de la
historia reciente no fue dada por la Administración Macri, permitiendo que
persista un relato parcial y controversial que elaboraron durante los días K
los sobrevivientes y simpatizantes de uno de los bandos en lo que fue una
Guerra Sucia que comenzó con un alzamiento terrorista contra un gobierno
democrático (Perón/Perón) que les había concedido la amnistía, continuó con una
apuesta terrorista a favor del golpe de Estado (porque suponían que "exacerbaría las contradicciones"
republicanas porque el proyecto era instalar una mal llamada "democracia popular" o sea una
dictadura similar a la vigente en Cuba) y terminó con una derrota ante las
FF.AA., que en muchísimas ocasiones utilizaron procedimientos no transparentes
y hasta ilegales. Pero de la historia sólo parece recordarse este último
capítulo.
La batalla por la historia es parte del debate cultural
pendiente en la Argentina, y que la Administración Macri intenta evitar,
probablemente por temor a que provoque diferencias dentro de la alianza, ya que
la visión histórica del PRO es bien diferente a la de la UCR y, probablemente,
la de la Coalición Cívica-ARI.
Pero el colectivo de presos políticos difundió un
documento, intentando dejar en claro que mantienen sus exprectativas de una
solución a sus graves problemas. Urgente24 siempre ha defendido el indulto
otorgado por Carlos Menem como una respuesta apropiada para dejar atrás un
tiempo de revanchas. Con los K esa situación sufrió un grave retroceso. Le
compete a la Administración Macri o ratificar la visión de los K o regresar a
soluciones más justas de un problema que es político antes que judicial (en
especial porque la Justicia penal argentina es un satélite de los tiempos
políticos).
Informe "La
Verdad nos hará libres", elaborado por la Comisión de Enlace
Interpenales de los Presos Políticos de Argentina con motivo de la 1eras
Jornadas de ayuno y análisis llevada a cabo los días 8 y 9 de diciembre de 2016
Introducción
En primer lugar
debemos destacar el rotundo éxito obtenido por los PP al lograr un método de
comunicación y coordinación permanente que permitió la adhesión de la totalidad
de los prisioneros de todo el país a estas jornadas. Es de destacar además la
participación activa de tres presas políticas detenidas en el penal de Ezeiza,
quienes a pesar de sus graves condiciones de detención han acompañado el ayuno
del resto de los prisioneros.
También es de
resaltar el apoyo y acompañamiento de miles de familiares, ONG amigas,
amistades y hasta personas ajenas a nuestro medio que se solidarizaron con este
primer esfuerzo, enriquecido por el soporte brindado por todos ellos.
Por su parte el
personal penitenciario federal y de las distintas provincias cumplió
atinadamente con sus responsabilidades, tomando las medidas correspondientes a
fin de dejar constancia del evento de acuerdo a la reglamentación vigente y el
debido control de la salud de todos los participantes. En este marco ha quedado
claro que el objetivo de esta actividad no tenía relación alguna con las
instituciones penitenciarias.
Los integrantes de
los equipos de trabajo han expresado libremente su opinión respecto del temario
establecido, con aportes significativos para la redacción de este primer
informe, como así también establecer que dichos equipos continuaran funcionando
a fin de elaborar un plan de acción que será puesto a consideración de todos
los PP en forma reservada y en fecha ya establecida.
Dado que el presente
trabajo es de carácter general, paulatinamente iremos difundiendo los informes
producidos en los distintos penales en lo atinente a la situación local de cada
uno de ellos.
1ra.
Parte:
Balance del 1er año
de gobierno de Cambiemos en relación con los DDHH de los PP
Gran parte de la
sociedad argentina votó en 2015 la posibilidad de un cambio real para nuestro
país, luego de 12 años de latrocinio, incapacidad, corrupción, odio, venganza y
violación sistemática del Estado de Derecho.
Dentro de esa mayoría
se encuentran los presos políticos, sus familias, amigos y un sector relevante
de la ciudadanía, incluyendo a gran parte de los miembros de las FFAA, de
seguridad y policiales, quienes votaron con la esperanza de una solución
favorable para quienes encuentran injustamente encarcelados por causas de DDH
de los años 70.
Nuestras expectativas
siguen en pie, pero también tenemos la necesidad de expresar nuestro
desconcierto frente a lo ocurrido en el primer año de gobierno de Cambiemos.
Nadie ignora la gravedad de lo heredado en todos los ámbitos, pero los tiempos
del gobernante le exigen determinar prioridades que aunque no sean en beneficio
de muchos y que no permite gradualismo alguno, hace necesario tomar medidas
urgentes, porque ante una injusticia no hay otra solución que repararla con la
velocidad que impone el ciclo vital de quienes la padecen.
He aquí nuestras
reflexiones, que deseamos sean tenidas en cuenta por aquellos de quienes
dependen nuestras vidas:
El Presidente
Mauricio Macri inicia su mandato con un mensaje en el Congreso Nacional donde
expresa que las tres prioridades de su gobierno serán: pobreza cero, la lucha
contra el narcotráfico y la unión nacional.
Desde una perspectiva
integral estos objetivos deben ir confluyendo en forma mancomunada, y dentro de
esa integración adquiere especial relevancia el de la unión nacional. Es
improbable que sin este faro rector, los otros dos puedan llegar a buen puerto;
sin una base aún precaria de unión nacional basada en la paz y en la
convivencia de sectores antagónicos, quizás la lucha contra el narcotráfico, y
más aún, lograr pobreza cero no sean más que una nueva quimera que quedará solo
como una expresión de deseos.
La unión nacional es
un postulado que ha sido reiterado sistemáticamente como meta de los distintos
gobiernos de turno. Sin embargo, luego de doce años de destrucción del tejido
social de nuestra sociedad, donde la famosa grieta que tanto se menciona fruto
del enfrentamiento ideológico de la década del 70 se ha profundizado, por lo
tanto dicho postulado se ha transformado en una imperiosa necesidad de
concreción.
La paz es hoy una
especie de ficción para nuestro pueblo, castigado entre otras cosas, por la
violencia cotidiana de la inseguridad como método de expropiación de recursos,
bienes y vidas humanas.
Respecto de la
violencia de hoy, tiene su origen en los grupos antagónicos más radicalizados
(grupos de izquierda y organismos de DDHH), que con distintas formas y métodos
tienen como slogan “Ni olvido ni perdón”.
No comprender el fenómeno de la violencia bajo este ropaje es no entender la
naturaleza del accionar de estos sectores creados e incentivados por el
kirchnerismo, sectores afines y parasitarios de éste, cuyas herramientas
políticas son la extorsión, el amedrentamiento y la potencial capacidad de
desestabilización institucional, ante situaciones políticas adversas como la
actual.
Lo curioso, es que
los mismos representan una ínfima minoría respecto del electorado y del
conjunto de los argentinos. El narcotráfico y la pobreza no son responsabilidad
de los sectores más postergados sino de quienes hacen de ellos herramientas
políticas para reconquistar el poder.
Lo señalado hace
explícito que el gobierno debe ser el actor principal en el desmantelamiento de
estas estructuras para así acercarse a poder alcanzar en forma duradera los
tres objetivos planteados.
Entre los desaciertos
que pueden formularse al Presidente en la cuestión de los DDHH es la
sobreactuación asimétrica realizada con los actos en el denominado espacio de
la memoria en ocasión de la visita de los mandatarios Barack Obama y Francois
Hollande.
La estrategia elegida
fue desafortunada por cuanto no tiene trascendencia alguna para los públicos de
USA y Francia respectivamente como así tampoco para el de nuestro país y en
especial para los organismos de DDHH, al haber sido marginados de tales actos.
En resumen, nada para
recordar ni que devenga en algún beneficio concreto para Argentina, habida
cuenta del pragmatismo y la consabida cuota de cinismo de los países del primer
mundo en esta materia.
Como corolario, ambos
mandatarios han sufrido recientemente la derrota en las urnas por más de una
razón, de las que no se debe excluir sus políticas erráticas para con el
terrorismo.
Del mismo tenor
resultó la participación del Ingeniero Macri en el proceso de paz en Colombia,
rechazado a su vez por una consulta popular con resultado para pocos
sorpresivo.
A ello se suma el
desaire a las víctimas del terrorismo de los 70, como acabada muestra de la ya
añeja corrección política. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy no se
reconozcan como victimas los soldados que fueron abatidos en el ataque al
cuartel de Formosa en 1975? ¿Cuál es la excusa perversa para que no se los
reconozca como víctimas a miles de civiles y militares, quienes sufrieron la
más cruel de las violencias, la que se ejerce con el objeto de aterrorizar a la
sociedad, sin importar otra cosa que matar, secuestrar y robar, como lo
hicieron las organizaciones terroristas en los 70?
Por ello es
obligación del gobierno nacional difundir en detalle el legado histórico basado
en la verdad de lo ocurrido, tal como lo manifestara la Cámara Federal de la
Capital en el juicio a las Juntas Militares en 1985:
“La situación preexistente al 24 de
marzo de 1976
Ya ha quedado suficientemente
demostrado, al punto de caracterizarlo como un hecho notorio, que ese fenómeno
delictivo asoló al país desde la década de 1960, generando un temor cada vez
más creciente en la población, al par que una grave preocupación en las
autoridades.
También está fuera de discusión que a
partir de la década de 1970 el terrorismo se agudizó en forma gravísima, lo que
se manifestó a través de los métodos empleados por los insurgentes; por su
cantidad; por su estructura militar; por su capacidad ofensiva; por su poder de
fuego; por los recursos económicos con que contaban provenientes de la comisión
de robos, secuestros extorsivos y variada gama de delitos económicos; por su
infraestructura operativa y de comunicaciones; la organización celular que
adoptaron como modo de lograr la impunidad; por el uso de la sorpresa en los
atentados irracionalmente indiscriminados; la capacidad para interceptar medios
masivos de comunicación; tomar dependencias policiales y asaltar unidades
militares.
En suma, se tiene por acreditado que la
subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son
objeto de juzgamiento posiblemente no se hubieran producido.
Además, el Tribunal también admite que
esos episodios constituyeron una agresión contra la sociedad argentina y el
Estado, emprendida sin derecho, y que éste debía reaccionar para evitar que su
crecimiento pusiera en peligro la estabilidad de las instituciones asentadas en
una filosofía cuya síntesis, imposible de mejorar, se halla expuesta en la
Constitución Nacional.
En consideración a los múltiples
antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación
secuestrada, y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la
República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios
que se vienen de expresar, éste se correspondió con el concepto de Guerra
Revolucionaria.”
Las formas de
gobernar en tiempos actuales pueden tener formatos diversos, pero dentro del
elegido no hay lugar para la ingenuidad, el realismo político impone adecuarse
a la situación social imperante, ora en forma gradual ora inmediata; si bien la
paz requiere de ambos tiempos, la preminencia para alcanzarla debe ser la de la
urgencia.
Es por ello que se
impone una perentoria acción de esclarecimiento histórico, la que debe servir a
las futuras generaciones, como ejemplo de lo que no debe ocurrir y que la
sociedad debe enfrentar con las armas que proporciona la democracia y la
verdadera justicia.
Es probable que en su
primer análisis la coalición triunfante no haya evaluado la significación de la
corrupción, principal pilar de la supervivencia de los flagelos que se propuso
enfrentar.
El gobierno debe
agotar todas las instancias posibles a su alcance a fin de reducir al máximo el
poder de las mafias que actúan de consuno con los sectores radicalizados, tales
como la estafa de “Sueños compartidos”,
actores principales de nuestros desencuentros.
La corrupción se
sirve y les sirve a estos en un círculo vicioso que constituyen la nueva
máquina de impedir.
Uno de los centros de
gravedad más sutil del accionar de la corrupción se encuentra en el ámbito del
denominado por el Presidente, “el curro
de los derechos humanos”. No es momento hacer aquí un inventario de ellos,
hoy largamente conocidos por gran parte de nuestra sociedad.
Si es necesario que
el gobierno asuma este problema con suma premura; mientras el parlamento trata
de crear más impuestos se siguen dilapidando sumas impresionantes para falsas
indemnizaciones o mantenimiento de ONGs y otro tipo de organismos que utilizan
esos fondos en beneficio personal, con fines políticos y/o propagandísticos.
Una muestra de ello
es el pacto espurio realizado entre el gobierno de la CABA y las abuelas de
plaza de mayo para obtener votos en la legislatura a cambio de un aporte
cuantioso de fondos para propaganda.
De la misma manera el
gobierno de Cambiemos en la CABA apoya al sindicato de encargados de edificios,
de pura cepa kirchnerista y dueños de Página 12, para financiar vía publicidad
oficial al mencionado diario.
Otro tanto le cabe a
la Secretaria de DDHH, una dependencia oficial que si bien cumple un rol de
contención de los grupúsculos más recalcitrantes, solo logra el rechazo de las
partes en pugna, por la falta de objetivos claros y una retórica vacía que solo
obtiene el repudio de todos los involucrados en esta materia.
Una muestra cabal de
lo señalado es el intento de ampliar el slogan “Verdad, memoria y justicia” agregando al mismo más palabras sin
ton ni son, y que solo contribuyen a la confusión y al desencuentro.
Asimismo, por un lado
se recorta el presupuesto del organismo y por el otro, como es público y
notorio, se solventa generosamente la participación en los procesos como
querellantes de agrupaciones afines a los grupos terroristas de los 70, y cuya
tarea principal es amedrentar y conducir el accionar de fiscalías y jueces,
convirtiéndose en los principales medios de venganza en los diversos juicios.
De la misma manera
relativiza un hecho objetivo respecto del informe producido acerca de la
verdadera cantidad de desaparecidos (8571) derribando el mito de los 30000,
pero con la suficiente ambigüedad literaria como para hacer creer que no es lo
que realmente es.
En lo que respecta a
la relación del Poder Ejecutivo con la justicia, destacamos con preocupación
las denuncias de la diputada Elisa Carrió, el pobre desempeño de los
representantes del gobierno en el Consejo de la Magistratura, y sobre todo la
supervivencia de la Procuradora General de la Nación, cabeza explícita de una
asociación cuasi ilegal, quien es una roca en el zapato para cualquier intento
de cambios profundos en materia de DDHH y corrupción.
Por último, queda
como interrogante si no hubiera sido necesario, ante la gravedad de la herencia
recibida, haber instrumentado algo similar al mentado pacto de La Moncloa. Los
problemas de todo orden que afronta el gobierno (incluido el tema de los DDHH)
en estos tiempos hubieran quizás requerido de un gran acuerdo entre los
distintos actores de la política, economía, sociales, religiosos, etc.
La magia de las
encuestas no produce gobernantes lucidos, lo son quienes las utilizan
exitosamente como un recurso más de la política. Y si de encuestas se trata,
esta Comisión posee varias realizadas en distintas épocas y que son de una
elocuencia contundente respecto a los denominados “juicios de lesa humanidad”: O las dos partes o ninguna.
2da.
Parte
Evaluación
de la justicia con relación a las causas de “lesa
humanidad”
Si existe en
Argentina una verdadera tragedia, ella ocurre en el ámbito del poder judicial
federal, en particular en el fuero penal. No debe sorprender que en cualquier
informe o encuesta, etc., el sector más desprestigiado frente a la sociedad es
el Poder Judicial.
Ello no es algo
nuevo, ya que el poder político mantiene desde hace años una relación con éste,
que no solo viola la independencia de poderes, sino que expone públicamente los
peores atributos asignables a quienes deben velar por los derechos y garantías
de todos los ciudadanos de nuestro país.
Pero desde el punto
de vista de los denominados “juicios de
lesa humanidad” se han sobrepasado todas las barreras existentes para con
los enjuiciados, es decir los presos políticos. Para mayor abundancia y
claridad hemos agregado el anexo 2, donde se fundamentan las razones de nuestro
carácter de tales, basados en todas las violaciones que comete la justicia para
con nosotros.
Pero ¿cuándo se
inicia esta conducta enfermiza de los hombres de la toga manchada por la
prevaricación? Quien o quienes son los artífices de los tremendos desatinos
cometidos por quienes deberían ser garantes de nuestros derechos?
La respuesta es
simple: a partir de pacto doloso entre el extinto Nestor Kirchner y Ricardo
Lorenzetti, siendo aquel quien impusiera como condición para este de su futuro
status de presidente de la Corte Suprema de Justicia, la necesidad de reabrir
los juicios a los miembros de las FFAA y de Seguridad por los hechos de los 70,
luego de transcurridos diecisiete años de promulgadas las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida, las que lograron pacificar al país, a pesar de las
inevitables secuelas que sobre unos y otros quedarían como sacrificio para
afianzar la paz.
Lorenzetti es a su
vez autor de un nuevo concepto en la ciencia política, “los juicios de lesa humanidad son una política de estado fruto del
pacto entre la sociedad y el Estado”.
El problema es que
los pactos entre la sociedad y el Estado se plasman, en la modernidad, en las
constituciones. Argentina tuvo una reforma constitucional en 1994, donde no
hubo ninguna postura que tratara de incluir ese incordio en tan reciente
actualización de nuestra carta magna; es decir una vez más el relato se impone
a la contundencia de los hechos, aún apoyado en la relativa legitimidad de
alguna ley posterior.
Para ello había que
contar con algún fundamentador de la ruptura de las derechos consagrados en
nuestra constitución; allí la tarea sucia corrió por parte de uno de los
juristas más venales de nuestra historia, Eugenio Zaffaroni, quien, con un
alambicado desarrollo pseudo jurídico, puso las bases indispensables para
avanzar con los juicios de “lesa
humanidad”, verdadero disparate único en el mundo.
Estos personajes
pues, pusieron en marcha la maquinaria criminal penal que arrasó con casi dos
mil años de evolución en la ciencia jurídica occidental, provocando la muerte y
el virtual secuestro en cárceles de miles de personas que, siendo inmensa
mayoría de baja jerarquía en sus instituciones en aquella época, sirven de
excusa para que de allí en más los DDHH queden al servicio de un gobierno que
desnaturalizó sus fines para hacerlos un medio más del vaciamiento de la arcas
de la Republica.
Sin embargo,
nuevamente, aquí no podemos seguir lamentándonos de lo ocurrido sin pensar que
el gobierno actual no puede redimir parte de los daños causados.
Pues es insostenible
la postura del mismo respecto de un irrestricto respeto a la división de
poderes, porque es público y notorio que el gobierno anterior, a través de un
Consejo de la Magistratura adicto, designó numerosos jueces en el fuero penal
federal vinculados por sangre o ideología con las organizaciones terroristas
actuantes en los 70.Recientemente la Cámara de Casación Penal separó del
Tribunal Federal de Santiago del Estero a dos sus integrantes por haber
pertenecido al ejército Revolucionario del Pueblo y al restante por sus
vinculaciones con las organizaciones de DDHH querellantes en los juicios de
lesa humanidad.
Como ellos, que
venían actuando impunemente en numerosas causas que ahora deben ser revisadas,
también se ubicaron en el Ministerio Público Fiscal, apadrinados por Alejandra
Gils Carbó, funcionarios de manifiesta parcialidad.
Bien podemos decir
que frente al eufemismo “terrorismo de
estado”, la mayoría del poder judicial del fuero penal y la Procuración,
por ideología o por intereses espurios, se encuentran desarrollando operaciones
que podemos denominar “terrorismo
judicial”.
Porque también es
público y notorio que los tribunales orales federales, por temor o ideología,
han dictado sentencias apartándose de la regla de oro del proceso penal que
dispone que todo fallo condenatorio debe estar basado en la existencia objetiva
y subjetiva, y más allá de toda duda razonable, de pruebas suficientes que
acrediten la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado.
El fallo absolutorio
de la sala III de la Cámara de Casación Penal, en la causa “Carrizo Salvadores”, que significó la libertad de tres oficiales
subalternos del Ejército, condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral
Criminal de Catamarca, es una prueba irrefutable de lo que venimos diciendo.
Resulta imperiosa realizar una auditoría de todo lo actuado por esta justicia
genuflexa o militante a partir del año 2003.
Porque también es
público y notorio que estos mismos tribunales, en abierto desconocimiento de
las leyes 24390 y 26472, han extendido los plazos de prisión preventiva sin
sentencia firme más allá de los tres años y negado la prisión domiciliaria a
los mayores de 70 años.
Porque también es
público y notorio que esos mismos tribunales han convertido reales
enfrentamientos mantenidos por las fuerzas militares y de seguridad con
peligrosos terroristas en supuestos simulacros, a pesar de que en no pocos de
ellos, se registraron bajas en las fuerzas legales.
Como resultado,
permanecen privados de libertad desde hace muchos años, militares y policías
jóvenes y de baja jerarquía en aquellos años, porque los familiares de los
abatidos necesitan fallos condenatorios para lograr el pago de las leyes
reparatorias.
Porque también es
público y notorio que tribunales de USA, España, Italia, Brasil y Francia han
rechazado en no pocos casos y con duros términos, las extradiciones solicitadas
por la justicia argentina por desconocer los principios de irretroactividad de
la ley penal, los plazos de prescripción o directamente invocar como prueba de
cargo testimonios acusatorios de los propios terroristas o simples conjeturas,
como lo son la pertenencia a una determinada unidad militar o dependencia
policial.
Es esta justicia la
que libera asesinos, violadores convictos y confesos, de espalda a las víctimas
y de toda la sociedad, que vuelven a violar y matar; sin embargo la corrupción
y el garantismo desestabilizador imponen sus propias reglas.
Para terminar,
recientemente un juez argentino dictaminó que la orangutana Sandra, alojada en
zoológico de Buenos Aires, “es una
persona no humana” y como tal debe gozar de ciertos derechos.
 |
| Conceden un hábeas corpus a una orangutana |
La justicia penal
argentina, en sus dictamenes sobre los presos políticos respecto a los derechos
que se nos conculcan, nos coloca en un limbo de nivel inferior al de Sandra.
3ra.
Parte
Los
organismos internacionales de DDHH y los presos políticos argentinos
Los organismos
internacionales de DDHH, ya sean de origen supranacional o como ONGs, en
general no están integrados por los países más poderosos de la tierra; ellos
están fuera del radar de esas estructuras, a pesar de los desmanes que cometen
de todo orden durante guerras, o conflictos de distinta índole.
Ella dictamina que,
en última instancia prevalecerá lo que está establecido en el acápite de
derechos y garantías. Como muestra de la arbitrariedad reinante, esto tampoco
es tenido en cuenta para el caso de juicios políticos realizados contra los PP.
En la ONU la mayoría
de los países miembros intentan dictar resoluciones basados en la dialéctica a
favor del supuestamente más débil, pero dichas medidas pocas veces entran en
colisión con los intereses de los poderosos y cuando lo hacen son olímpicamente
ignoradas por sus destinatarios.
Como dato elocuente
es necesario recordar que la Corte Penal Internacional no tiene, entre quienes
se someten a su escrutinio, a las grandes potencias.
Por su parte la
Comisión Interamericana de DDHH es hoy una estructura dominada por el lobby
bolivariano, integrado de parte de nuestro país por quienes más hicieron por la
división, el enfrentamiento y los derechos de criminales y violadores, un grupo
integrado por ex terroristas encabezados por un ex juez prostibulario.
No es de extrañar
entonces que esos organismos, comprometidos con el pseudo progresismo, operen
contra gobiernos que sufren el embate de quienes no toleran que se ejerza una
sana alternativa en el ejercicio del poder. Tal el caso de los extravagantes
reclamos por la liberación de Milagro Sala en tiempo record, dados los plazos
que usualmente se estipulan transcurran para realizar sus reclamos.
Este es otro ejemplo
acerca de la confusión del gobierno respecto de la consideración que aquellos
merecen, la puerta al verdadero progreso se abre cerrándole el paso a estas
maniobras que tienen por objeto mantener viva la militancia desplazada por el
voto popular y cubrir de antemano a la ex mandataria en su inexorable destino
judicial.
Los PP requerimos que
nuestro gobierno actúe con firmeza ante estos reclamos y se haga cargo de los
nuestros en esos organismos, con la misma velocidad con que ellos actúan ante
casos inadmisibles.
4ta.
parte
Las
Iglesias
La Iglesia Católica
Argentina vive un proceso inédito de conmoción con la consagración del Cardenal
Jorge Bergoglio como el Papa Francisco. Este, desde el inicio de su gestión ha
bregado y lo siguiendo haciendo, por la paz en el mundo y en especial en nuestro
país, bajo las normas que impone el cristianismo moderno, las que a veces,
suelen colisionar con los intereses políticos de su propio país.
Sin embargo sabemos
que contamos con su apoyo y la de la mayoría de los prelados argentinos. Prueba
de ello son las reiteradas visitas a los PP que realizan distintos miembros de
la jerarquía católica argentina.
Si bien la Iglesia
posee una forma particular de expresarse y hacerse oír, son a todas luces
evidentes sus esfuerzos por que se alcance una solución adecuada para nuestra
situación.
Queremos aquí dar
gracias y hacer saber que mantenemos intacta nuestra fe en quienes tienen
diariamente una ingente tarea en pos de los más débiles y necesitados.
Es oportuno recordar
aquí parte de lo manifestado en la Asamblea Episcopal del año 2005 en la carta
pastoral “Una luz para reconstruir la
Nación”, como muestra de su mirada comprensiva y elevada acerca del confuso
derrotero de nuestra Patria en su perspectiva histórica.
(N. de la R.: se reproduce un fragmento de la Carta
Pastoral de 2005, "Una luz para
reconstruir la Nación", que ya advertía si "conviene que los mayores nos preguntemos si trasmitimos a los
jóvenes toda la verdad sobre lo acaecido en la década del '70. O si estamos
ofreciéndole una visión sesgada de los hechos, que podría fomentar nuevos
enconos entre los argentinos", e invitaba a "una profunda, sincera y amplia reconciliación, con la intención
de alcanzar una verdadera unión de todos los argentinos.")
El apoyo de las
iglesias evangélicas
En un hecho sin
precedentes los PP de Ezeiza recibieron la visita de uno de los pastores más
importantes de Occidente, el Sr. Luis Palau, de origen argentino y afincado
hace muchos años en USA. Junto a uno de sus anfitriones argentinos, el pastor
Ruben Proietti, se reunieron en el penal donde se encuentran los camaradas
detenidos, por invitación de aquellos que profesan la fe evangelista, donde
sostuvieron una asamblea informal con la mayoría de quienes allí están
detenidos.
Hombres de una
profunda fe y sentido de la caridad, no solo manifestaron su apoyo, sino
también su compromiso para con nuestra causa y su voluntad de acompañar
nuestros reclamos.
5ta.
Parte
Balance
de las acciones realizadas por las ONGs amigas y referentes de la causa de los
PP
Es imposible reducir
en algunas frases el significado de lo hecho por quienes nos han acompañado en
todo momento a lo largo de este infame derrotero.
Hombres y mujeres,
familiares, amigos y desconocidos, de cualquier clase, condición o profesión
luchan incansablemente por nuestros derechos y por ende, nuestra libertad.
Muchos fueron
quedando por el camino, pero la justicia de la causa hizo que otros tomaran el
testimonio y continuaran bregando más allá incluso de sus propias fuerzas. Sus
logros, sin duda, han dado resultado, una prueba de ello es el manifiesto que
destacados juristas hicieron público en julio del corriente año y que
constituye un espaldarazo a todo lo hecho por quienes caminan a nuestro lado.
Es por ello que
reproducimos en el anexo 3 ese documento, como fruto del empeño de todos ellos
y muestra de lo justo de su compromiso.
6ta.
parte
Conclusiones
y probable evolución
Este primer evento
conjunto ha puesto en evidencia el espíritu y capacidad de lucha de los PP,
quienes a pesar de la edad, enfermedades y el tiempo de detención, continuamos
y continuaremos bregando pacífica e incansablemente por nuestra causa, aún a
costa de nuestras propias vidas.
La familia militar y
de seguridad se comprometió no solo con su voto, sino también en la propia
actividad de campaña y fiscalización en favor de Cambiemos, con la expectativa
de un profundo cambio respecto del “curro
de los DDHH”.
De mantenerse la
situación de los PP sin cambios sustanciales, en las elecciones de 2017 este
compromiso probablemente sufra alteraciones inevitables.
Queda en manos del
gobierno evaluar, si es conveniente en un escenario electoral por demás
complicado, tener como votantes adversos a este valioso cuantitativamente
sector social.
Dicho sector tiene
objetivos claramente acotados, en tanto que, aquellos que reivindican posturas
radicalizadas, nunca serán seducidos como votantes, pues su finalidad es la de
perturbar y hostigar al infinito al gobernante de turno, aun recibiendo
generosos dádivas para el funcionamiento de sus estructuras, por parte de éste.
El método del
gradualismo sostenido por el gobierno es interpretado por el Poder Judicial
como un síntoma de debilidad y por ende, éste continúa con el mismo ímpetu
prevaricador de la época kirchnerista.
Respetando la
división de poderes, se hace indispensable, por parte del gobierno, una rápida
revisión de los hechos del pasado con la inevitable instalación de la verdad de
lo acontecido, como contraparte al relato único instalado por el kirchnerismo
en los juicios que se llevan cabo.
Para ello el gobierno
puede contar con el concurso de innumerable cantidad de voces autorizadas,
escritores, historiadores, periodistas, políticos, empresarios, eclesiásticos
que pueden realizar contundentes aportes para tal fin.
El juicio a las
Juntas Militares expone en forma objetiva lo que aquí sostenemos, tal como se
refirió en un párrafo precedente en este documento.
“Además,
el Tribunal también admite que esos episodios constituyeron una agresión contra
la sociedad argentina y el Estado, emprendida sin derecho, y que éste debía
reaccionar para evitar que su crecimiento pusiera en peligro la estabilidad de
las instituciones asentadas en una filosofía cuya síntesis, imposible de
mejorar, se halla expuesta en la Constitución Nacional.”
La decisión de un
gobierno respecto de instalar honestamente lo acontecido desde el punto de
vista histórico, más allá de las opiniones que esto haya merecido, a fin de
instar a la justicia a proceder sobre los hechos no es nada nuevo; así lo hizo
el gobierno alfonsinista en 1984 y más tarde y en forma aviesa, el
kirchnerismo.
En el segundo caso es
fácil de comprobar, mediante una simple lectura de las sentencias de los
tribunales cuando hacen referencia al contexto histórico. Allí se evidencia el “relato” en su más fiel expresión,
habiendo hecho suya los jueces la versión apócrifa del pasado instalada por ese
gobierno.
Es menester que sin
demora se comience con los mínimos gestos simbólicos de reconocimiento de las
víctimas del terrorismo. Esos homenajes constituirían el paso inicial para
acercarnos a la verdad histórica.
Por otra parte
también requerimos que se les conceda espacio en los medios públicos de
difusión a las ONGs que nos apoyan, a la par de los que utilizan los organismos
de DDHH.
Parecería que para
obtener algún beneficio del gobierno es indispensable realizar violentas
manifestaciones de fuerza, por lo que esperamos que no sea necesario aplicar
este requisito para ser escuchados en esta solicitud.
El Presidente no
puede demorar, pues, la versión real y precisa de lo ocurrido en los 70;
especular con ello solo beneficia a los sectarios y los corruptos, dejando
inermes a quienes padecen la arbitrariedad más alevosa de nuestra historia.
De lo contrario, la
inercia no solo mantendrá el statu quo, sino que agravará la situación de todos
los PP, sumando nuevas causas, nuevas detenciones y la continuidad sine die de
estos juicios políticos, a todas luces ilegítimos.
Contrariamente a lo
que manifiestan la mayoría de los jueces y algunos políticos respecto a que
estos juicios son únicos y un ejemplo en el mundo, nos preguntamos si no se
comprende cómo funciona este en realidad, puertas adentro somos el hazmerreír
de todos los países serios, los que en situaciones similares optaron por una
rápida solución y la imperiosa obligación de evitar el desprestigio de sus
FFAA, de seguridad y policiales, preservando instituciones y la unión nacional.
Asimismo, requerimos
que los actuales jefes de las instituciones armadas, de seguridad y policiales
reflexionen acerca del peso que los PP cargan sobre sus vidas y la de sus
familias, teniendo en cuenta que todos sus integrantes, en los años '70, han
sido protagonistas de una u otra forma de esos trágicos hechos.
Militares y miembros
de las fuerzas de seguridad y policiales somos chivos expiatorios, sufriendo
prisión por muchos años y peor aún, con costo de vidas, por esta insana e
ignominiosa política persecutoria.
En consecuencia a
partir del evento del 8 y 9 de diciembre de 2016, los PP ya se encuentran
organizados y en estado deliberativo permanente, evaluando los pasos a seguir
por el gobierno y la justicia, respecto de la política de DDHH, con la
finalidad de ir adoptando las acciones pertinentes en función de futuras
decisiones políticas y judiciales.
La Comisión de Enlace
Interpenales ha elaborado un plan de acción tentativo para llevar a cabo por
los PP de todo el país, en base al escenario más desfavorable, tal como se
vislumbra a la fecha.
Los PP no descansarán
hasta haber visto concretado su más caro anhelo, la libertad.
NOTA:
Las imágenes no corresponden a la nota original.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!