Por
Mauricio Ortín
¿De
qué lado están los organismos de derechos humanos de la provincia? 120 terroristas
de la banda ERP (entre ellos, Hugo Irurzun, jefe de los que masacraron a la
niña María Cristina Viola y a su padre) abrieron fuego sorpresivamente contra doce
soldados salteños que pintaban la escuela de Manchalá. El objetivo no eran
ellos sino tomar el pueblo de Famaillá pero, por si las moscas y ya que estaban,
decidieron liquidar a los conscriptos. Pero la vaca se les volvió toro y
sufrieron la peor derrota del ERP en Tucumán. Los salteños defendieron el orden
constitucional pero primero por la propia vida.
En
el año 2012 el Concejo Deliberante agravió a los soldados con la artera argucia
de que el combate de Manchalá fue un acto represor genocida del Operativo
Independencia. Eso, entre otros disparates, es lo que aprobaron los concejales
que votaron la infame Resolución 37/12. La derogación de ésta última vino, más
que a desagraviar a los soldados, a devolver algo de dignidad a un cuerpo
legislativo manchado por la traición gratuita a sus héroes. La nueva resolución
afirma que los soldados defendieron la democracia y que no son genocidas. No
dice absolutamente nada a favor del gobierno militar. Es más, lo condena
inequívocamente.
Lo
que parecía un final feliz para todos se desquició con la irrupción desenfrenada
de activistas de las organizaciones de derechos humanos locales que salieron a linchar
mediáticamente a los concejales desagraviadores. Buena parte de la prensa hizo
también lo suyo o guardó un manso silencio. Vamos a cuatro “perlas” del collar. La de la abogada
Tania Kiriaco, por ejemplo, quién disparó que “La derogación de la ordenanza propone solapadamente instaurar la
teoría de los dos demonios y no reconocer las normas que imponen al Estado
argentino investigar el terrorismo e informar sobre los desaparecidos y la
sustracción de bebés antes y durante la dictadura”. El partido Frente Grande, sostuvo “Esta
resolución merece el repudio enérgico del Frente Grande al autor del proyecto y
a los concejales firmantes por tener una ideología contraria a un Estado
democrático"; La abogada Susana
Aramayo, opinó: "Los firmantes
de la ordenanza no se dan cuenta de que los conscriptos salteños son también
víctimas del terrorismo de Estado"; El partido Memoria y Movilización Social, a su vez, dijo "La reciente resolución resulta un acto
ignominioso...”
¿Qué
fuerza poderosa es la que hace que las organizaciones de derechos humanos inciten
al odio contra doce soldados conscriptos? ¿Qué disparate es ese de vincularlos
con “los desaparecidos o la sustracción
de bebés” o el golpe de Estado? ¿Qué tiene de ignominioso desagraviar a los
que lo merecen? Y, de que son víctimas, no hay ninguna duda. Pero no del
terrorismo de Estado sino de las organizaciones de derechos humanos.
¿No
les alcanzó con destruirles el monumento? ¿Acaso piensan que lo correcto
hubiese sido que se dejaran matar? ¿Quieren que los soldados carguen con el
mote de “genocidas” por el resto de
sus vidas? Así que mamarracho perverso de estigmatizarlos es ¡defender los
derechos humanos! Si les interesara la verdad y la justicia de la que tanto
hablan, tendrían que haber comenzado por preguntarles a los protagonistas. La
mayoría vivos. Y no lo hacen porque cuando ellos hablan toda la farsa inventada
se cae como castillo de naipes. Pero la verdad, aunque tarde, llega. La palabra
de esos valientes está en la red para que cada uno juzgue por sí mismo:
Quien
quiera oír que los oiga.
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