¿“IOSFA” UNA SOLUCIÓN U OTRO PROBLEMA?

Una inquietud creciente se percibe en las tres fuerzas armadas por una novedad que hubieran pensado no recibir de manos de la gestión macrista: A los hospitales militares de las tres fuerzas les habría llegado la hora del proyecto de desmantelamiento castrense iniciado por el kirchnerato, a pesar de que el trato con Cambiemos es un encuentro de enamorados en comparación con las desagradables experiencias ante la visceralidad montonera de muchos interlocutores del Ministerio de Defensa durante la última década.

Los mencionados hospitales son históricamente los prestadores privilegiados de salud del personal militar y de las fuerzas de seguridad no policiales, y han gozado de la elección espontánea de los afiliados sobre el resto de prestadores ofrecidos, hasta la fecha.

Durante la gestión kirchnerista desde el Ministerio se ordenó la fusión de las obras sociales de las tres fuera en una sola, se incorporó a los más altos niveles de conducción a civiles con sueldos envidiables que llegarían a duplicar los percibidos por los Jefes de Estado Mayor, se realizaron costosas evaluaciones/auditorías sobre realidades conocidas (innecesarias) y se aumentó al doble el aporte estatal a las mismas, además del aumento de ingresos arrastrado por  la recomposición salarial iniciada.

Una de las quejas de los uniformados estriba en que una muy significativa cantidad del dinero recaudado, no ha sido usada en beneficio de sus destinatarios, los afiliados de las ex IOSE, DIBA, y OSFA, que siguen percibiendo sin cambios significativos las mismas prestaciones. Mayores ingresos, planta política significativa y muy bien paga, y una nueva dependencia con su consecuente pérdida de autonomía, habría sido el resultado neto de los últimos años.

Según fuentes cercanas a las fuerzas, la problemática actual pasa por la embestida del ministerio para obligar la aceptación de un contrato de atención que escapa de los contratos normalmente celebrados entre clientes y prestadores de salud, exhibiendo intencionadamente un modo autoritario y asimétrico de parte de la flamante IOSFA, como quién presupone una cierta obligatoriedad de acuerdo a la propuesta, la que pondría -dicho sea de paso-, a  las necesidades mínimas de funcionamiento de los tres hospitales a merced de las decisiones unilaterales de la IOSFA  quien decidiría en último término cuánto y cómo pagar los servicios consumidos.

En niveles de conducción se expresa que si la intención es devolver  los afiliados la mejor capacidad de atención, manteniendo la misión de formación y entrenamiento de los componentes e instalaciones de la sanidad militar en sus tareas específicas y actuación de servicio a la comunidad en situaciones de catástrofe, lo esperado sería  optimizar la calidad de las prestaciones aportando el personal y medios que faltan en la actualidad, y tomando como "piso" de los recursos aportados a los hospitales, lo mismo que perciben en la actualidad. En todo caso los cambios debieran ser graduales y prudentes, consensuados con las Direcciones de Sanidad y Jefaturas de Estado Mayor, y siempre en búsqueda de mejorar la situación asistencial de la forma más concreta y percibible por el personal de sanidad y por los mismos afiliados.

Pese a la casi unánime preferencia política por Cambiemos que aún impera en la totalidad de las fuerzas, ha surgido alguna duda sobre las verdaderas intenciones de la obsesiva intención de la IOSFA por imponer un modo de contrato que sería a todas luces desfavorable para las mismas en el sentido de someterlas a la buena voluntad pagadora de la nueva mega-obra social militar. ¿Se trata de una movida para desfinanciar a los hospitales para la corrupción o el "curro", dando cabida a prestadores amigos, y/o quitando a las fuerzas la efectiva posesión de sus hospitales necesaria para el funcionamiento íntegro de las sanidades correspondientes, esencial para la función de las FFAA? ¿O se trata quizás de una fuente proveedora de cargos directivos y burocráticos para la clase política amiga?

Nadie puede ni quiere aseverarlo. Pero en lo que todos coinciden es en señalar la necesidad de exigir el transparente cumplimiento de la Ley de Obras Sociales, que las mismas destinarán sus recursos en forma prioritaria a prestaciones de salud (80%). Deberán, asimismo, brindar otras prestaciones sociales (Turismo 10%) y (Funcionamiento 5%).

Cuesta creer que el gobierno de Macri albergue nidos de corrupción, cuyo estallido mediático solo sería cuestión de tiempo. Tampoco que se destruya la excelente relación que existe en la actualidad entre Balcarce 50 y las tres armas.

Muchos suponen que antes de los pitos del 31 de Diciembre a la "00.00"hs. ya se conocerán algunas respuestas.