La intervención del
Gobierno por el excanciller reaviva los reclamos de familiares
Mariano
De Vedia
Los esfuerzos del
Gobierno, que intercedió para que la Justicia otorgara la libertad al
excanciller Héctor Timerman por razones humanitarias, para que pueda someterse
a un tratamiento médico en Estados Unidos reavivaron los reclamos de los
familiares de militares mayores de 70 años y enfermos, que enfrentan presos -en
muchos casos sin condena- los procesos en causas de lesa humanidad.
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| El excanciller Héctor Timerman |
“Mi
padre no tuvo ese beneficio. Murió a los 91 años, en silla de ruedas, con
cáncer, mal de Alzheimer y una crisis cardíaca, mientras el Tribunal Oral Federal
N° 1 de La Plata le negaba la detención domiciliaria por peligro de fuga”,
objetó el abogado Ricardo Saint Jean, al recordar el caso de su padre, el
general Ibérico Saint Jean, fallecido en prisión en octubre de 2012.
Unos 168 militares,
policías y civiles mayores de 70 años están detenidos en unidades penales, y se
les niega la detención domiciliaria, denunció a LA NACION el abogado Saint
Jean. De ellos hay 11 que tienen entre 80 y 89 años.
Según datos de la
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, los militares y el
personal de seguridad implicados en causas de lesa humanidad ascienden a 2229, de
los cuales 428[1]
fallecieron. “En muchos casos, por falta
de atención a su salud”, describió su presidente, Alberto Solanet.
Si bien la situación
llegó a su máxima tensión durante el gobierno de Cristina Kirchner, 88[2]
fallecieron desde que asumió Mauricio Macri. La Unión de Promociones, una
asociación civil creada en 2005 tras la reapertura de los juicios por delitos
de lesa humanidad, los considera “muertos
en cautiverio”.
Procesos
extensos
Según la Procuraduría
de Crímenes contra la Humanidad, a fines de diciembre se contabilizaban 1038
detenidos y 1305 imputados en libertad. Al margen de los fallecidos, hay 37
prófugos.
El promedio de edad de
los militares presos es de 74,6 años y se estima que más de 340 permanecen con
prisión preventiva por más de seis años, cuando el tiempo máximo previsto en el
Código Penal es de dos años. El exoficial de inteligencia Juan Carlos Rolón,
que integró los grupos de tareas de la ex-ESMA, cumple prisión preventiva desde
hace 16 años.
“En
diciembre pasado concluyó su tarea el Tribunal Penal Internacional para la
ex-Yugoslavia, creado por las Naciones Unidas para juzgar a los responsables de
los crímenes cometidos durante la Guerra de los Balcanes[3].
A lo largo de 24 años condenó a 90 responsables de genocidio, crímenes de
guerra y otros delitos de lesa humanidad e interrogó a 5000 testigos. Acá, más
de 2200 militares pasaron por procesos que juzgan hechos de hace más de 40 años
y todavía sigue”, se lamentó el abogado Saint Jean.
El letrado señaló
casos preocupantes, como los de 11 suboficiales que hace seis años esperan un
juicio y dos cabos que “fallecieron en
prisión mientras la Justicia trataba de dilucidar a cuál de los dos le decían
Pajarito”, precisó Saint Jean, defensor de varios militares investigados
por delitos de lesa humanidad. A diferencia de otros casos penales, los
militares detenidos en dichos procesos -aunque no tengan condena- no acceden a
beneficios procesales, como salidas transitorias y libertad condicional, y tampoco
se les permite trabajar en la cárcel.
“A
los pocos que acceden a la detención domiciliaria se les abren procesos por
nuevos casos y nunca terminan de acceder al beneficio”[4],
ejemplificó Saint Jean, al diferenciar los casos de los militares de otros
procesados, como el sindicalista Omar “Caballo”
Suárez, quien había sido enviado a la casa de su hija, y el propio Timerman.
El
2x1
Respecto del fallo de
la Corte Suprema que otorgó el cómputo del 2x1 al represor Luis Muiña, en mayo
de 2017, Saint Jean estimó que la Cámara Federal y los jueces lo desconocen. “Aplican a rajatabla la jurisprudencia de la
Corte en otros temas, como la eliminación de la prescripción y la amnistía en
los delitos de lesa humanidad, pero ese fallo del 2x1 no lo consideran”,
precisó.
A partir del caso
Muiña hubo 118 planteos para lograr la aplicación del 2x1, a través del reclamo
de la excarcelación o de un nuevo cómputo de la pena.
La Procuraduría de
Crímenes contra la Humanidad informó que existen 593 causas en trámites. De ellas,
278 están en etapa de instrucción, 200 obtuvieron ya sentencias, 17 se
encuentran en juicio y 98 con elevación a juicio. De las 200 sentencias, unas
135 están en instancia de revisión.
De los imputados por
delitos de lesa humanidad hay 856 condenados, 701 procesados, 524 imputados, 26
indagados y 37 prófugos. Además hubo 499[5]
fallecidos, 62 sobreseídos, 110 absueltos y 164 con falta de mérito.
Presos
por delitos de lesa humanidad
168
Unos 168 militares,
policías y civiles mayores de 70 años están detenidos en unidades penales y no
acceden a la detención domiciliaria
1038
La Procuraduría de
Crímenes contra la Humanidad contabilizó a fines de diciembre 1038 detenidos y
1305 imputados en libertad
Plazos
El mismo organismo
fiscal estimó que el promedio de tiempo en la tramitación de causas de lesa
humanidad es de 5,5 años para las que tienen sentencia firme y de 4,4 años para
las causas en trámite, a partir del requerimiento de elevación a juicio. No se
computan las que están en etapa de instrucción y las archivadas.
NOTA:
Las referencias no corresponden a la nota original.
[1] Según datos proporcionados por
la Unión de Promociones, al día de
la fecha los fallecidos en prisión son 430.
[2] Según datos proporcionados por
la Unión de Promociones, al día de
la fecha el dato correcto es de 90 fallecidos desde que Mauricio Macri asumió
como Presidente de la Nación.
[3]
El 3/2/2015 la CORTE INTERNACIONAL DE
JUSTICIA DE LA HAYA: Determinó que ni los serbios ni los croatas tuvieron
intención de destruir al grupo contrario en el conflicto que mantuvieron entre
1991 y 1995. Fue un conflicto interno, NO FUE GENOCIDIO.
[4]
Un claro ejemplo de esa injusticia es la causa del Dr. Jaime Smart (83 años de edad) a quién la Sala I de la
Cámara de Casación ya le otorgó en 3 oportunidades o más el beneficio de la
prisión domiciliaria y sistemáticamente el ex juez Ernesto Rozanski y el juez Ernesto
Kreplak se la niegan –incumpliendo la orden de su Tribunal Superior– y le
inventaron el armado de nuevas causas que lo mantienen en prisión.
[5] Esta cifra ya fue aclarada
precedentemente.
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