Agustín De Beitia
@agustindebeitia
Más de una decena de
entidades se reunieron con representantes de la Conferencia Episcopal. Las ONG
aseguran que todo parece indicar que "el
temor a la reacción de las organizaciones defensoras del terrorismo guerrillero
impide la difusión y adecuación a la verdad".
Representantes de
distintas ONG expresaron ante la Iglesia su preocupación por los derechos
humanos de militares y policías "ilegalmente detenidos"
por cargos de crímenes de lesa humanidad en el marco de una "escandalosa" persecución
política, y pidieron a los obispos alzar su voz para que pueda restablecerse en
el país la justicia y el perdón que emanan del Evangelio.
Más de una decena de
entidades encabezadas por la Asociación
de Abogados por la Justicia y la Concordia fueron recibidas en la sede de
la Conferencia Episcopal por el secretario de su Comisión Ejecutiva, monseñor Carlos Malfa, obispo de
Chascomús, y por monseñor Jorge García
Cuerva, obispo auxiliar de Lomas de Zamora.
Del encuentro, que se
desarrolló el miércoles último en un clima distendido, participaron además
representantes de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo (Afavita), Asociación de Abogados Defensores de
Latinoamérica, Puentes para la Legalidad, Asociación Familiares y Amigos de Presos
Políticos de Argentina (Afyappa), Centro de Estudios Salta (CES), Hijos y
Nietos de Presos Políticos, La Fuerza de los Dignos, y Unión de Promociones,
entre otras.
La reunión, cuyos
detalles trascendieron ayer, tuvo lugar apenas veinte días después de que
organismos de derechos humanos se reunieran con el presidente de la Conferencia
Episcopal, monseñor Oscar Ojea, y
con el propio Malfa, para trasladar su recelo por los dichos del obispo
castrense, monseñor Santiago Olivera,
quien había cuestionado las condiciones de detención de los militares.
En la reunión de este
miércoles, las entidades se quejaron del trato dispar que reciben, incluso de
parte del papa Francisco, y
entregaron a los obispos una carta dirigida a monseñor Ojea en la que denuncian
la situación de estos "presos
políticos", hombres de edad avanzada, "olvidados por la sociedad", que son mantenidos "durante largos años con prisiones
preventivas largamente excedidas, o sin ellas, para luego condenarlos en la
mayoría de los casos a prisión perpetua mediante sentencias inicuas, dictadas
de antemano", por jueces que "violan
normas elementales del debido proceso".
PRINCIPIO
DE LEGALIDAD
Los firmantes aclaran
que no los impulsa una reivindicación del llamado proceso militar, sino la comprobación
de que "han desaparecido los
derechos y garantías constitucionales", pilares del principio de
legalidad, para sustituirlos por una confusa, abstracta y sesgada "política de Derechos Humanos, que todo
lo autoriza".
En su carta, las ONG
recuerdan que hace cuatro años peregrinaron a Roma para pedir al Papa por los
presos políticos y que el pontífice les aseguró "nos estamos ocupando". Pero añaden que "han
pasado los años" y todo parece indicar que "el temor a la reacción de las organizaciones defensoras del
terrorismo guerrillero impide la difusión y adecuación a la verdad".
"Urge
llamar a la concordia entre los
argentinos, bregar por el restablecimiento de un orden justo, con plena
vigencia del estado de derecho, y alentar una generosa amnistía",
sostienen los firmantes, quienes solicitan a los obispos "iluminar a la sociedad argentina con la doctrina de la justicia y
el perdón que emanan del Evangelio".
Los obispos se
defendieron de los cuestionamientos por darle la espalda a los detenidos
diciendo que todos ellos son asistidos espiritualmente y que cada Fuerza tiene
su capellán, pero anticiparon que van a formar una comisión sobre derechos
humanos desde la cual van a trabajar un poco más sobre estos temas y esperan
llegar hasta los tribunales para abogar por las prisiones domiciliarias en los
casos que así lo merezcan.
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