El ingeniero Pedro
José Güiraldes, quien fue apuntado como el autor de mensajes dirigidos al referente
del CECIM La Plata Ernesto Alonso, solicitó derecho a réplica. Además expresó
su visión de los hechos denunciados por los veteranos, quienes aseguran haber
sido torturados durante la guerra de Malvinas.
Martes, 28 de mayo de
2019 · 10:30
El texto enviado por
el ingeniero Pedro José Güiraldes expresa “Agradezco
a Infofueguina la oportunidad de ejercer el derecho a réplica al artículo
titulado “Torturas en Malvinas” “Amenazan a veterano con ‘lluvia de demandas’
por causas sobre torturas” y en el que Ernesto Alonso se refiere a mí, como
responsable de dichas imaginarias amenazas.
Alonso omitió decir
algunas cosas cuando no falseó lisa y llanamente la realidad. 1) Efectivamente,
mi padre escribió discursos para los Comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea
Argentina (FAA), desde el Brigadier General Fautario hasta el Brigadier General
Graffigna. Lo que omitió decir Alonso es que Horacio Verbitsky, ex segundo jefe
de inteligencia de Montoneros y hoy convertido en paladín de los DDHH, colaboró
con mi padre en la redacción de dichos discursos, por lo cual fue bien
remunerado y eficazmente protegido. Conservo en mi poder los originales
manuscritos por El Perro, 34 páginas en total, para el discurso que Graffigna
pronunció, en Jujuy, el día de la FAA, el 10/8/1975 y que fueron dadas a
conocer por el periodista Gabriel Levinas en su libro: “Doble Agente”, en 2015. 2) Las editoriales de LN no llevan firma y
no soy el autor de la editorial de La Nación del 23/12/2018 como afirma y cita
Alonso. 3) Si soy el autor de columnas, firmadas, que LN me honra con publicar,
y eso jamás sucedió con una referida a la Guerra de Malvinas. 4) Respecto de
los WhatsApp, Alonso omite decir que el primero de ellos es del 20/10/2018, el
segundo del 21/12/2018 y el último del 24/5/2019, todas fechas importantes para
la causa en cuestión y que forman parte de un nutrido intercambio de mensajes.
4) Es cierto que la excusa de la Jueza Titular de Río Grande Dra. Mariel
Borrutto es, según mi punto de vista, pueril, y confío en que, cuando conozca
el expediente, la flamante jueza ponga fin a esta trágica farsa, la cual
reproduce, a la enésima potencia, el Caso Maldonado. 5) Sigo pensando que
detrás de todo esto existen motivos económicos, es decir obtención de
indemnizaciones y que a los demandantes les saldrá el tiro por la culata, lo
cual no constituye amenaza alguna, sino lo que considero la mera consecuencia
de sus erradas acciones.
Volviendo al tema
principal, ya que la discusión entre Alonso y yo, creo, es intrascendente: la
Jueza Borutto suspendió, la semana pasada, las indagatorias de 18 militares que
habían sido citados por eventuales torturas a soldados durante la GM. La medida
había sido dispuesta por el Juez Federal de Ushuaia, Dr. Federico Calvete,
subrogante en Río Grande, cuatro días antes de que asumiera la titular.
Supuestamente los militares a indagar estaquearon y sometieron a vejámenes a
los conscriptos que se revelaban ante la falta de comida y abrigo que padecían.
.
Tales torturas,
estaqueadas y vejámenes no existieron, ya se probó que los eventuales delitos
eran una mentira grotesca y las sentencias existentes al respecto constituyen “cosa juzgada”.
La verdad sobre
aquellos días de combate heroico es que los acusados, entonces muy jóvenes
oficiales y suboficiales del Ejército Argentino en Puerto Yapeyú, Isla Gran
Malvina, frente al Estrecho de San Carlos, en donde estaban destinados como
integrantes del Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, Corrientes,
combatieron heroicamente. El desempeño del RI 5 en Puerto Yapeyú, en el que
oficiales, suboficiales y soldados compartieron penurias terribles, aislados,
no sólo del continente sino de Puerto Argentino, debe llenarnos de orgullo y
reconocimiento hacia ellos.
Como Veteranos de
Guerra de Malvinas (VGM), los ahora acusados vivieron todas las vicisitudes y
desagradecimiento a los que sometimos sus compatriotas, el gobierno de la
última dictadura militar en su caída final y los democráticos desde entonces,
con un giro positivo desde 2016. Nuestra ingratitud encuentra bálsamo,
consuelo, apoyo y fortaleza, en la camaradería de los excombatientes, sus
familias y sus amigos, que saben del coraje de los Héroes de Malvinas, tanto
los caídos en defensa de la soberanía
argentina sobre las islas, como los sobrevivientes.
Los móviles
perseguidos desde el inicio de esta maniobra fueron obtener poder político,
profundizar la venganza contra las Fuerzas Armadas y conseguir réditos
económicos. Para ello los denunciantes cuentan con el apoyo de los más
desacreditados organismos de Derechos Humanos (DDHH) de la Argentina y sus
aliados del exterior, todos funcionales a los intereses británicos.
La calificación de la
denuncia como una trágica mentira surge de las abrumadoras pruebas existentes,
entre otras los videos y grabaciones con testimonios conmovedores de muchos
VGM. En esos documentos, los supuestos hambreados, torturados y estaqueados o
sus familiares supérstites, negaron todas las acusaciones, confesaron que
fueron sometidos a fuertes presiones e incentivados con promesas de
indemnizaciones, pidieron perdón y manifestaron deseo de reparación a los
falsamente acusados.
Esta operación
mediática, política, judicial y económica lleva más de 12 años. En el programa “El Juego Limpio” de la señal TN,
conducido por el Dr. Nelson Castro, el 29/3/2007, tres de los denunciantes
asistieron como invitados y adelantaron que se haría una denuncia por crímenes
DLH durante la GM. El periodista Orlando Graña también se hizo eco de las
falsas denuncias en el programa de TV que conducía entonces.
Cumpliendo con el
plan, se hicieron las denuncias y los
inexistentes DLH en la GM fueron sometidos a investigación y sucesivos juicios,
con sentencias en todos los casos favorables para los acusados:
La primera vez los
hechos fueron juzgados, ante la presentación espontánea de uno de los acusados
mediáticamente, por el Dr. Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal Nro. 4, con
asiento en la CABA, quien dictó sentencia del 8 de agosto de 2007. El Juez
Lijo, en su dictamen, luego de considerar los hechos, sopesar los testimonios y
analizar la cuestión de fondo, sobreseyó al falsamente acusado a través de los
medios y su sentencia no fue apelada, por lo que quedó firme.
Contando con la ayuda
del Fiscal Federal local, Dr. Marcelo Rapoport, ignorando la “cosa juzgada” y luego de un exitoso “forum shopping”, se radicó una segunda
denuncia en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, ante la Dra.
Jueza Lilian Herráez. En dicha segunda causa nunca se llegó a imputar ni a
procesar a nadie y no hubo ni testimonios, ni indagatorias. Tanto Herráez como
Rapoport son militantes activos de la “Justicia
Legítima”, la organización kirchnerista.
Al mismo tiempo que
se iniciaba ese segundo proceso por los mismos hechos, se presentó otra
denuncia en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia y ambas fueron elevadas a
la Cámara de Casación Penal, Sala I, con asiento en la CABA, luego que la
Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, hubiera rechazado un
planteo de la defensa.
Planteado el recurso,
la Cámara de Casación, integrada por los doctores Raúl R. Madueño como
Presidente y Juan C. Rodriguez Basavilbaso y Juan E. Fégoli como Vocales, por acuerdo unánime, el 13 de noviembre de
2009, dio lugar al recurso centrándose en la eventual comisión de DLH en la GM
y estableciendo, con sólidos fundamentos, que no existieron tales delitos, con
la prescripción que de esta conclusión se deriva.
La sentencia de
casación no fue recurrida ni por la fiscalía, ni por quienes promovieron
incidencias, por lo que lo decidido quedó firme y la Cámara de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia dictó nueva sentencia, el 22 de septiembre de 2010,
declarando extinguida la acción penal y dictando sobreseimiento, por los mismos
delitos por los que ahora se acusa falsamente a los 18 integrantes del RI 5.
Los denunciantes
insistieron una y otra vez: articularon un recurso de casación declarado
inadmisible, ello dio lugar a un recurso extraordinario ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (CSJN) y, ante su rechazo, una queja, desestimada por
la misma, el 19 de Febrero de 2015. Ante una nueva presentación de los
denunciantes: “recurso de hecho”, el
12 de Mayo de 2015, la CSJN, ratificando su doctrina, dio carácter de cosa
juzgada definitiva a las sentencias de cámara y casación, clausurando la
posibilidad de volver a juzgar los hechos y eventuales DLH en la GM.
Pero los falsos
denunciantes no cejaron en su empeño en que se juzguen a nuevos eventuales
responsables por los mismos hechos por tercera vez y el fiscal Rapoport, en
Mayo de 2018, pidió al Juez de Ushuaia, Dr. Federico Calvete, subrogante en Río
Grande, la indagatoria y detención inmediata de 26 militares acusados de DLH en
la GM.
Este tercer intento,
paradójicamente, paralizó el planteo que los mismos querellantes presentaron
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego que, en su
último discurso ante la Asamblea Legislativa, en 2015, la Presidente Cristina
Fernández de Kirchner diera por agotadas las instancias en la Argentina y
aconsejara plantear el caso en la CIDH.
Apelado el pedido, la
Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el 28 de Octubre de 2018, ordenó al
tribunal de 1ra Instancia de Río Grande, subrogado por el Dr. Calvete, seguir
investigando, sin expresarse sobre la eventual comisión de DLH.
Cumpliendo con lo
dispuesto por la Cámara de Comodoro Rivadavia, el Juez Calvete ordenó
identificar, en Diciembre de 2018, los domicilios de 18 de los militares
acusados para notificarlos de las indagatorias y, finalmente, cuatro días antes
de que la Jueza Titular se hiciera cargo del Juzgado de Río Grande, el Dr.
Calvete puso fecha a las indagatorias, las que ahora la Dra. Borruto suspendió.
Esa es la realidad de
los hechos.
Pedro
José Güiraldes
Ingeniero Civil
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