Por Agustín De Beitia
Un nuevo planteo fue
presentado al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, por el
"inmoral" y "absurdo" homenaje que se rinde a terroristas
en el porteño Parque de la Memoria. Es el segundo cuestionamiento que se
reactiva en los últimos días por incluir en dicho monumento a los autores de
diferentes ataques perpetrados por organizaciones armadas en la década del
setenta, durante gobiernos constitucionales.
En este caso, se pide
que sean removidas de ese memorial, erigido en 2007 en la costanera norte de la
Ciudad de Buenos Aires, 52 placas con los nombres de integrantes del ERP que
murieron mientras atacaban el Batallón Depósito de Arsenales 601 "Coronel Domingo Viejobueno",
en la localidad de Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975.
La petición fue
presentada el jueves último por la abogada Victoria Villarruel, presidente del
Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv),
reactivando un reclamo que formuló varias veces desde hace diez años sin
obtener respuesta. El expediente fue registrado con el número
PV-2019-23368369-GCABA-MGEYA, y una copia del mismo fue dirigida al secretario
de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.
Villarruel recuerda
que un ex integrante de la estructura del PRT-ERP, Gustavo Plis-Sterenberg,
ofrece en su libro Monte Chingolo - La mayor batalla de la guerrilla argentina
una lista completa de los muertos del ERP en combate, y allí cuenta en detalle "las circunstancias específicas en las
que varios de los guerrilleros murieron, mientras disparaban contra los
militares y soldados que defendían el cuartel".
La petición efectuada
a Rodríguez Larreta recuerda que una leyenda que encabeza el monumento del
Parque de la Memoria indica que los nombres allí grabados comprenden "a las víctimas del terrorismo de
Estado, detenidos-desaparecidos y asesinados y a los que murieron combatiendo
por los mismos ideales de justicia y equidad".
"Sostener
-dice la abogada- que quienes resultaron muertos mientras atacaban una
institución de la Nación, por su propia iniciativa y durante un gobierno
democrático, murieron combatiendo por `ideales de justicia y equidad' es una
inmoralidad, una aseveración absurda e irracional, un agravio a la Constitución
Nacional y una contradicción con el repudio que el monumento pretende demostrar
frente a una interrupción del orden constitucional".
También afirma que "semejante homenaje resulta muy cercano
a la apología del delito, si fue llevado a cabo a sabiendas de las causas de
los respectivos decesos".
Hacer pasar a los
victimarios como héroes o como víctimas inocentes, y a los oficiales, suboficiales
y soldados que defendieron el cuartel como responsables de un acto de
terrorismo de Estado, señala, es "una
inversión de valores (que) repugna a la conciencia moral y jurídica".
Tras analizar una
serie de fundamentos jurídicos, Villarruel concluye que "ni el objeto ni la causa ni la finalidad del acto que dispuso la
inclusión de los citados nombres en el monumento del Parque de la Memoria son
razonables, ni morales, ni persiguen un fin público. Ni siquiera se ajusta a
los fines queridos por la ley de creación del monumento. Antes bien, son
falsos, absurdos, contrarios a la ética y al interés público, en cuanto
promueven la apología de quienes atacaron una institución de la Nación
Argentina durante un gobierno constitucional".
La presentación va
más lejos al cuestionar la naturaleza misma del monumento. "Resulta de una injusticia irritante -dice- que quienes murieron
defendiendo a una institución legítima no tengan una sola placa de homenaje y,
en cambio, sí la tengan quienes, desde la ilegalidad, perpetraron el
ataque". La misma valoración le merece el hecho de que "las víctimas ocasionadas por esta
organización armada tampoco sean incluidas en memorial alguno ni cuenten con un
lugar donde honrarlas".
Hace diez días,
integrantes de la promoción 93 del Colegio Militar de la Nación, a la que
pertenecían los mayores post-mortem Humberto Viola y Miguel Keller, informaron
que volverán a presentar un pedido ya formulado el 20 de mayo último para que
las autoridades de la Ciudad remuevan del Parque de la Memoria los nombres de
siete guerrilleros involucrados en el asesinato de ambos militares.
Los reclamos se
reactivaron después de conocerse la explosiva denuncia penal por la
falsificación de víctimas de la represión ilegal del Estado y el cobro indebido
de millonarias indemnizaciones por los montoneros abatidos mientras atacaban un
cuartel militar en Formosa. La denuncia es contra los funcionarios de la
secretaría de Derechos Humanos y los particulares involucrados en ese fraude y
fue presentada por Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna, uno de los
caídos en la defensa del regimiento.
Agustín De Beitia
Los episodios que sucedieron en democracia por los grupos terroristas que asolaron en el país, han ocasionado perdidas humanas invalorables, injustas e innecesaria debido a que, decidieron usurpar el gobierno a sangre y fuego o sea, que han cometido un innumerable delitos que fueron reconocidos por integrantes MONTONEROS, ERP, etc." en redio y televisión " A CONFESION DE PARTE RELEVO DE PRUEBA" razón esta por la que debieron haber intervenido JUECES Y FISCALES, pero ellos tuvieron la complicidad de los políticos de turno, gobierno KISHNERISTAS, MAYORIA EN AMBAS CAMARADAS, donde obtuvieron la IMPUNIDAD por considerarlos JOVENES IDEALISTAS. Esto esta lejos de la realidad y me hago eco de las palabras de la abogada interviniente al sostener -dice la abogada- que quienes resultaron muertos mientras atacaban una institución de la Nación, por su propia iniciativa y durante un gobierno democrático, murieron combatiendo por `ideales de justicia y equidad' es una inmoralidad, una aseveración absurda e irracional, un agravio a la Constitución Nacional y una contradicción con el repudio que el monumento pretende demostrar frente a una interrupción del orden constitucional".Como es posible que continúe un relato insostenible desde todo punto de vista y como si fuera poco, aún permanecen detenidos violando articulos de la CONSTITUCION donde dice que todo aquel condenado mayor de 70 años debe cumplirlo en su domicilio y esta INJUSTICIA SE DA, con LOS CONDENADOS POR LESA HUMANIDAD, TERGIVERSANDO LAS LEYES EXISTENTES HABIDA CUENTA QUE LOS SUPUESTOS DELITOS COMETIDOS POR LO MILITARES Y FUERZAS DE SEGURIDAD, FUERON ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CORRECCIÓN REALIZADA EN AÑO 1994, O SEA QUE ESO NUNCA PUDO HABER OCURRIDO SI SE AJUSTABAN A LA LEY, esto fue el producto de la COMPLICIDAD DE LOS POLITICOS QUE NUNCA ALZARON LA VOZ ANTE LA FELONÍA LLEVADA ADELANTE POR EL GOBIERNO K. RECIEN AHORA SE COMIENZA A VER LA LUZ EN EL HORIZONTE, UN POCO TARDE, PERO COMO DICE EL REFRAN NUNCA ES TARDE CUANDO LA DICHA ES BUENA. ESPERO QUE A ESTE HECHO LLEVADO POR EL JEFE DE GOBIERNO HORACIO RODRIGUEZ LARRETA, SE SUMEN LOS QUE SIENTAN EN LA VENAS LA SANGRE DE NUESTRO PAÍS, ARGENTINA.
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