Como expresamos en
una nota publicada en el día de ayer: la historia verdadera lentamente aparece
en el horizonte de la República Argentina.
La valiente denuncia
de la señora Jovina Luna ha molestado al avispero progresista que domina la
escena política argentina, por un lado el oficialismo busca obtener el rédito
de realizar una auditoría sobre las indemnizaciones otorgadas alegramente
durante la época kirchnerista y por otro lado el progresismo de las supuestas
organizaciones de los derechos humanos muestran su visión sesgada de la
realidad histórica. Como supuestamente dice el Quijote para hacer frente a los
detractores: Ladran Sancho… señal que
cabalgamos.
Al gobierno a travésde sus 3 poderes próximamente le haremos llegar una petición, con más de 22.000firmas adhiriendo a la misma, para que se disponga efectuar una auditoría sobretodo lo actuado en los juicio de lesa humanidad. Existen pruebas que los mismo
están plagados de numerosas irregularidades jurídicas que permiten afirmar que
los imputados no recibieron las garantías del debido proceso, la que se encuentra
claramente establecida en nuestra Constitución Nacional. ¡Qué la ley sea igual para todos!
Bordeando el discurso
negacionista, el gobierno apunta contra las reparaciones por el terrorismo de
Estado
Por Luciana Bertoia[1]
El gobierno de
Mauricio Macri anunció que está revisando las reparaciones otorgadas a víctimas
del terrorismo de Estado y a sus familiares. Lo hizo en simultáneo con una
denuncia presentada ante la justicia por la hermana de un conscripto muerto en
el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 que
protagonizó Montoneros en octubre de 1975 en la provincia de Formosa. Maniobra
electoral diseñada para reconquistar a los votantes de derecha o táctica para
esconder que su administración cajoneó cientos de pedidos, el macrismo gana
tiempo y reinstala una versión sofisticada de negacionismo.
El último aniversario
del ataque al regimiento coincidió con la noticia de que la Secretaría de
Derechos Humanos había apoyado el reclamo de un grupo de abogados de represores
en una reunión cerrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). También con una medida gremial de trabajadores de aeropuertos. Claudio
Avruj logró desafiarla para llegar al acto que el jefe del ejército, Claudio Pasqualini,
protagonizó en Formosa.
Al mes siguiente
recibió en la Secretaría a Jovina Luna, hermana del conscripto fallecido
Hermindo Luna, y comprometió su apoyo a una ley para reparar a las familias de
los soldados muertos en Formosa. Pero, en las últimas semanas, el discurso de
Avruj y del ministro de Justicia, Germán Garavano, se endureció. Como descartan
que funcione el Congreso y conseguir apoyo para una ley semejante, prometieron
una auditoría sobre la totalidad de reparaciones pagas y apoyar el reclamo de
la mujer para retirar del Parque de la Memoria los nombres de militantes
montoneros –desaparecidos o asesinados– que ella impugna. La retórica del
ajuste para la política de memoria.
 |
| Avruj en el acto en Formosa. |
La
denuncia
Dos días antes de que
arrancara la feria, Jovina Luna y el ex conscripto Rogelio Mazzacote subieron
hasta el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py para ratificar la
denuncia por fraude por las reparaciones pagadas desde los años ’90 a los
muertos y desaparecidos en el ataque al regimiento.
La denuncia tramita
ante el juzgado de Daniel Rafecas, que deberá remitirla a la fiscalía de Ramiro
González para que decida si impulsa la acción o si al menos sugiere algunas
medidas de prueba para determinar si hubo delito. Nada de eso sucedió aún, pese
a los anuncios del Gobierno de revisar toda la política reparatoria.
La presentación de
Jovina Luna fue hecha en los últimos días de junio con el patrocinio legal de
María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, hijo del gobernador de facto de la
provincia de Buenos Aires, que amenazaba con matar hasta a los indiferentes.
Los dos abogados habían participado el año pasado de la reunión con
funcionarios de la CIDH para denunciar al país por los juicios contra los
represores.
La denuncia de Luna
está online. Es larga. Acusa a funcionarios –sin dar ningún nombre– de
defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos
públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Dice que se
registraron casos falsos de víctimas del accionar ilegal del Estado, “con el objeto de que sus causahabientes y
otros partícipes cobraran indebidamente del Estado millonarias indemnizaciones
que afectaron gravemente al erario público”. Es la traducción en un
documento legal de la frase que alegremente Mauricio Macri acuñó en la campaña
anterior: el curro de los derechos humanos.
Los abogados impugnan
el pago de indemnizaciones dispuesto por la ley 24.411 –sancionada durante la
presidencia de Carlos Menem– para quienes atacaron el regimiento durante el
gobierno de María Estela Martínez de Perón. La normativa dispone el pago de
reparaciones a familiares de desaparecidos o asesinados por el Estado. Entre
otras cosas, sostiene que se presume que el fallecimiento tuvo lugar por el accionar
de las fuerzas armadas, de seguridad o grupos paramilitares cuando el
fallecimiento ocurrió en establecimientos que dependían de estos sectores.
La presentación, que
intenta mostrar inconsistencias en el número de desaparecidos y ejecutados
durante la dictadura y con anterioridad entre los distintos registros
oficiales, se funda en dos fuentes primordiales: Mentirás tus muertos, de José
D’Angelo, y Operación Primicia, de Ceferino Reato.
Los
casos
En la presentación
hay listados trece casos. No todos corresponden al pago de indemnizaciones.
Algunos están en la nómina porque están homenajeados en el Parque de la
Memoria, institución que funciona bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de
la mano de los organismos de derechos humanos. Otros ni siquiera eso.
Los casos son los
siguientes, de acuerdo con como figuran en la denuncia:
· Oscar Ramón Boero.
Sin información sobre indemnización. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
· Reinaldo Ramón José Briggiler.
Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
· Mamerto Cáceres Machado.
Sin información sobre reparación. No homenajeado en el Parque de la Memoria.
· José Daniel Graziano.
Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
· Juan Sebastián Hernández.
Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
· Víctor Hugo Irribarren.
Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
· Raimundo Kobalc.
Sin información sobre reparación. No homenajeado en el Parque de la Memoria.
· Saúl Mario Kobrinsky.
Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
· Jorge Alberto Livieres.
Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
· Arturo Inocencio Mariani.
Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
· Roberto Luis Mayol.
Sin información sobre reparación. No homenajeado en el Parque de la Memoria.
· Luis Carlos Moreno.
Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
· Alfredo Rubén Velázquez.
Con información sobre reparación. Homenajeado en el Parque de la Memoria.
Los
expedientes
La causa por el
ataque de Formosa tiene diez cuerpos. Entre sus hojas se ven las fotos de los
combatientes montoneros asesinados. Muchos están con los brazos en cruz, con
disparos en las cabezas. En algunos se ven los ojos abiertos, una mirada de
terror que quedó impresa para siempre en sus rostros. Todos tienen los
pantalones casi bajos, producto de las requisas para identificarlos, pero,
sobre todo, para buscar pruebas que permitieran nuevas capturas. Sobre sus
torsos tienen números escritos. Números que cuentan los cadáveres.
Según consta en los
registros estatales, son nueve los casos en los que se dictaminó que
correspondía reparar a los familiares de los asesinados o desaparecidos en el
regimiento de Formosa. El primer reclamo fue aceptado por el Ministerio del
Interior en 1999. Muchos de ellos se iniciaron durante los gobiernos de Menem y
de la Alianza, no sólo durante el kirchnerismo, como sostuvieron Avruj y
Garavano públicamente.
En un caso resuelto
favorablemente durante el gobierno de Fernando de la Rúa puede leerse que el
acta de defunción no consigna hora ni lugar de la muerte. La muerte se produjo
por heridas de arma de fuego en la región maxilar inferior, en la región
frontal, en la cara anterior del hemitórax izquierdo, en el brazo izquierdo con
fractura de húmero y en el pie derecho con amputaciones de tres o cuatro dedos.
Debe entenderse que
la muerte por personal militar no se ha producido en situación que lo
justifique legalmente, como podría ser el caso de un real enfrentamiento o la
defensa justa de los efectivos militares, dice.
Lo que sostiene el
dictamen es la sospecha de una ejecución. Los disparos en la cabeza –desde una
distancia no consignada en el expediente judicial– aparecen en, al menos, otros
cuatro casos.
Los
desaparecidos del Regimiento
Hay desaparecidos del
intento de copamiento del regimiento. Algunos de los cuerpos nunca fueron
identificados. En el año 2006 lograron identificar por las fotos que figuraban
en el expediente a un hombre joven, de unos 22 años, a quien su familia buscaba
hacía décadas.
En la causa que
tramitó en el juzgado federal de Formosa no figuraba su nombre. Había fotos de
un cuerpo, el diez. Se llamaba Óscar César Suárez Bregant, Luis Alberto Mansor
o solamente Oscar César Suárez. Pero no. Esas imágenes correspondían a otra
persona.
La foto del
expediente sobresaltó a la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos que
había viajado a Formosa para ver si podía traer un poco de certeza a esa
familia que buscaba. La mano izquierda del muchacho que acababa de identificar
estaba agarrada de la mano derecha de otro de los muertos. ¿Vieron venir la
muerte? “No debe descartarse el
fusilamiento”, escribió.
 |
| Un cuerpo no identificado en el expediente. |
¿Dónde estaba el
cuerpo del desaparecido, entonces? En el informe también figura el testimonio
del sepulturero del cementerio de la ciudad de Formosa. El hombre recordaba que
los militares le llevaron 17 cuerpos, dos después del intento de toma del
regimiento, número que no coincide con la nómina oficial de bajas. Le dijeron
que los quemara. Pero después apareció un cura y le dijo que debía darle
cristiana sepultura.
Él los metió en unos
ataúdes rústicos, bastante precarios. En cada uno, clavó una estaca con el
número que cada torso llevaba escrito. El mismo número que figuraba en el
expediente. Tres de los cuerpos fueron retirados por los familiares, el resto
terminaron en una fosa común en un predio que estaba desocupado, y que se
planeaba que en algún momento se convirtiera en un anexo del cementerio. No
sucedió.
Como la ciudad
comenzó a ampliarse, los cuerpos que se habían enterrado en ese lote fueron
levantados. No pasó lo mismo con la fosa común, que quedó entre calles y
viviendas.
A partir del 5 de
octubre, se desató la cacería. Todas las madrugadas, entre las cuatro y las
cinco, el sepulturero se acostumbró a recibir cuerpos jóvenes para ser
enterrados. Venían de Acción Social, declaró. Trabajó en el cementerio hasta el
año ’78. Lo jubilaron por invalidez. Tomaba para convivir con tanta muerte.
Cuando dejó los entierros clandestinos, también dejó la bebida.
Detrás
de la denuncia
En marzo de 2017, el
Ministerio de Justicia –a través de su entonces jefe de gabinete, Esteban Conte
Grand– anunció con bombos y platillos que iba a publicar todas las reparaciones
aprobadas desde 2004. Léase, durante el kirchnerismo.
“Las
leyes no autorizan el pago de indemnizaciones a terroristas sino a víctimas de
la represión ilegal”, dijo Garavano la semana pasada al
portal Border Periodismo. “En relación a
eso y al caso de trascendencia pública, surgido gracias una resolución de
información pública contestada por este ministerio, se pidió a la unidad de
auditoria un relevamiento. La mayoría de las indemnizaciones fueron pagadas
antes de que asumiéramos. Por eso encargamos una auditoría completa de pagos,
tanto los cuestionados que son objeto de una nueva denuncia penal, como del resto.
Así que esperamos en las próximas semanas el resultado de estas auditorías”.
Con la auditoría, el
Gobierno compra tiempo porque tiene cientos de expedientes de víctimas del
accionar criminal del Estado para resolver.
Por ejemplo, por la
ley 24.411 –la impugnada en la denuncia– hay desde diciembre de 2015 1066
expedientes en trámite. De esos, 273 tienen dictamen favorable, 80 fueron
devueltos al área responsable del análisis por distintos peros que fueron
poniendo otras áreas y sólo se denegaron cinco.
Pero no todo es lo
que se dice ante los medios. En el último mes, pese al anuncio de una auditoría
y probablemente por la necesidad de responder a un pedido de informe sobre el
estado de la política reparatoria durante la era Macri, Garavano tuvo que desenfundar
la lapicera y firmó el otorgamiento de 33 reparaciones.
¿Campaña, ajuste,
negacionismo? O quizá un cóctel con todas ellas.
[1] El comandante
de la tripulación de Cohete a la Luna
es el conocido agente doble Horacio Vertbisky (a) el perro, la mayoría de ello
son columnistas del pasquín Página 12… con una clara tendencia sesgada e
ideológica,
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