Con Perdón de la
Palabra
Por Juan Luis
Gallardo
Numerosos militares y
policías están en la cárcel -varios de ellos padeciendo una interminable
prisión preventiva- imputados de haber cometido los llamados delitos de lesa
humanidad. Mientras tanto, quienes fueron sus adversarios en la lucha entablada
durante los años 70, no sólo gozan de total libertad sino que, además, muchos
de ellos han ocupado importantes cargos públicos. Tal asimetría y la
importancia del tema justifican abordarlo, no obstante tratarse de un asunto
espinoso.
En primer lugar ¿por
qué estos hombres están presos, pese a las amnistías e indultos dictados sobre
el particular y no obstante hallarse prescriptos tales delitos al momento de
iniciarse los respectivos procesos? Pues, precisamente, por habérselos
considerados delitos de lesa humanidad, a los que no cabe aplicar amnistías ni
indultos, amén de ser tenidos por imprescriptibles.
Esta modalidad de
juzgar hechos en base a leyes que no existían al momento de ocurrir los mismos,
tuvo su origen en los juicios seguidos en Nüremberg contra los jerarcas
germanos, donde se aplicaron normas retroactivamente, aberración jurídica que
permitió que los encausados fueran condenados a muerte y ahorcados en
consecuencia.
Si bien en el caso
que nos ocupa no fueron invocados como antecedente los juicios de Nüremberg
sino el Protocolo de Roma, que creó la figura de los delitos de lesa humanidad
con posterioridad a su presunta comisión por parte de los represores en los
llamados años de plomo, es claro que aquéllos configuran el antecedente natural
de éstos. Por otra parte, el Protocolo de Roma establece expresamente que
regirá a partir de su vigencia, que en la Argentina se operó a partir del 2003.
Es decir, mucho después de los 70.
Pero, en tren de
señalar irregularidades, es preciso agregar otras, decididamente groseras. Y
que consisten en que los delitos de lesa humanidad definidos en los Protocolos
de Roma requieren una condición previa e ineludible: que se trate de un
genocidio y que esté dirigido contra la población civil.
CIFRA
INFLADA
A fin de sugerir la
existencia de un genocidio se infló desmesuradamente la cifra de los
desaparecidos, hasta alcanzar el número de 30.000, mínimo necesario para ello.
Y esa cifra es falsa de toda falsedad, como lo declaró honradamente el autor de
la misma, señor Labragna, ex guerrillero.
Es falsa, aunque la
gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, haya
propiciado una ley mediante la cual se transformó en delito todo intento de
contradecir dicha cifra. Como si los datos históricos pudieran establecerse por
ley y pese a que la gobernadora no puede ignorar que ha conferido respaldo
legal a un embuste grande como una casa, que contradice incluso lo establecido
por la Conadep que, pese a haber exagerado el número, habló de 9.000 y pico de
desaparecidos. Entiendo que, después, la gobernadora se arrepintió de su
actuación al respecto.
Tampoco la represión
tuvo lugar contra la población civil, ya que los guerrilleros estaban
organizados militarmente, tenían grados castrenses y aplicaba internamente una
justicia militar, a raíz de la cual llegaron a ejecutar a algunos camaradas por
considerarlos traidores.
Supongo que nada de
lo hasta aquí expresado sea desconocido por los jueces que juzgaron a los
represores ni por la Corte Suprema de Justicia, autora de la jurisprudencia
aplicada dócilmente por los mismos. Y ya es hora de poner fin a esta situación
injusta.
TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL SR. GALLARDO,TODO LO QUE DICE ES CIERTO
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