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| Con el avance de la pandemia del coronavirus, más de 100 detenidos por casos de lesa humanidad pidieron salir de la cárcel. Crédito: Ivo Antonie de Rooij/Shutterstock.com |
La
pandemia
del coronavirus motivó una ola de pedidos de condenados por
delitos de lesa humanidad para que se les conceda el arresto domiciliario, un
planteo que recobró actualidad a partir de la prisión domiciliaria otorgada al
exvicepresidente Amado Boudou. De 104 represores que solicitaron a la Justicia
regresar a sus casas, a 41 de ellos se les rechazó el pedido, mientras que 17 recibieron el beneficio, de acuerdo
con los datos publicados esta semana por la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad, que depende del Ministerio Público Fiscal.
Es
decir que los jueces hicieron lugar a los planteos en el 30 por ciento de los
casos que resolvieron hasta el momento. Mendoza es la jurisdicción con más
domiciliarias otorgadas.
En
la lista de población carcelaria en riesgo sanitario elaborada por el
Ministerio de Justicia y el Servicio
Penitenciario Federal (SPF) están
los nombres de decenas de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Hasta
ahora, el criterio adoptado por la fiscal Ángeles
Ramos -titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad-, que
dictaminó en calidad de fiscal, es que integrar
el grupo de riesgo en el contexto de la pandemia no es un motivo suficiente para obtener el arresto domiciliario.
En
una alusión especial a la situación en Campo
de Mayo, Ramos remarcó que allí no se sufre hacinamiento. “Los represores allí alojados están bien
atendidos, el hospital intramuros funciona adecuadamente y tampoco hubo casos
sospechosos reportados”, consideró.
Uno
de los represores a los que le fue denegado el beneficio de la domiciliaria es Raúl Gugglielminetti, ex agente de
inteligencia que integró el Batallón 601
y está preso en Ezeiza. En ese caso, la decisión fue unánime en dos de los tres
tribunales que lo condenaron y que tuvieron que resolver: el Tribunal Oral
Federal 5 (TOF 5) y el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6). Aún queda pendiente que
resuelva, sobre otro de sus pedidos, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1).
El
mismo TOF 5 -integrado por Adriana Palliotti,
Daniel Obligado y Adrian Grünberg- también le rechazó el beneficio de la
domiciliaria a Adolfo Donda,
condenado a prisión perpetua por su responsabilidad en los crímenes de la ESMA.
Mientras que las defensas de Gugglielminetti y Donda plantearon el riesgo de
sus defendidos a contraer coronavirus, los jueces se basaron en un informe
elaborado por el SPF y sostuvieron que en la Unidad 31 de Ezeiza se les brinda “la mejor calidad de atención médica
disponible en un contexto de pandemia”. Consideraron que es necesario que
sigan cumpliendo sus condenas aislados en una cárcel común.
Se
espera que definan, la próxima semana, sobre los planteos que hicieron los
represores condenados por los delitos en la ESMA Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta para recibir el
mismo beneficio.
Todavía
hay casos por resolver en los que los tribunales que deben decidir ordenaron
conformar juntas médicas con el
Cuerpo Médico Forense de la Corte para que elaboren nuevos informes.
Los casos en Mendoza
En
Mendoza se le concedió el arresto domiciliario a nueve condenados por delitos
de lesa humanidad que invocaron el riesgo a contraer coronavirus en prisión. La
Justicia les otorgó un arresto domiciliario cautelar y provisorio
mientras permanezca el estado de excepción sanitaria.
El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
(MEDH) y familiares y víctimas del
terrorismo de Estado plantearon allí que se oponían a las domiciliarias y que
en la mayoría de los casos, aunque las defensas plantearon el riesgo de que sus
defendidos puedan contraer coronavirus, no indicaron cuál sería el fundamento
que justificaría su urgente traslado a su domicilio.
En
el caso de Juan Carlos Santamaría ,
ex jefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea y condenado a
prisión perpetua, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal Criminal 1 de
Mendoza aludió a las condiciones de la Unidad en la que se encuentra alojado y
fundamentó en el fallo: “Si bien cuenta
con una enfermería, no aparece como una unidad específica de resguardo en caso
de producirse un caso de Covid-19”. Los jueces Alejandro Piña y Héctor
Cortés votaron a favor de la prisión domiciliaria, mientras que el juez Alberto
Daniel Carelli se opuso.
Uno
de los jueces que votó en favor de conceder el beneficio señaló: “No puedo ignorar que la aparición de la
pandemia del Covid-19 modifica las reglas de juego vigentes en tiempos
normales. Y si bien otrora las medidas sanitarias de la Unidad 31 aparecían a
mi juicio suficientes aún en casos de personas de edad avanzada, y justificaban
para mí la permanencia en prisión de aquellos acusados o condenados que
padecieran ciertas patologías, hoy estimo que la situación ha cambiado”.
En
esa jurisdicción se les concedió el arresto domiciliario a Oscar Bianchi, Pedro
Linares, Vicente Omar Navarro Moyano, Carlos Ledesma, Oscar Simone, Juan Carlos
Ponce Ochoa y Segundo Héctor Carabajal.
Los pedidos de los militares
Las
organizaciones que defienden los derechos de los militares presos por causas de
lesa humanidad denuncian que sufren un trato discriminatorio y lo comparan, por
ejemplo, con la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Boudou, adoptada
por el juez Obligado. Advierten que “sistemáticamente”
se niega el mismo beneficio a los detenidos uniformados, que presentan graves
problemas de salud y son mayores de 70 años.
El
coronel retirado Guillermo César Viola,
miembro fundador de la Unión de
Promociones, dijo a LA NACION
que 2438 uniformados de todas las fuerzas y civiles pasaron por distintas
situaciones procesales. Contabiliza allí a los condenados, procesados y
fallecidos. De acuerdo con sus registros, actualmente hay 997 condenados, 881
procesados -53 se encuentran en penales comunes- y 560 muertos. “Los fallecidos son el 22,97% del total.
Solo 72 tenían sentencia firme y 488 no la tenían”, afirmó.
La
Unión de Promociones advierte que hay 753 uniformados con prisión domiciliaria
y 193 presos en los 19 institutos penales de los servicios penitenciarios de
todo el país.
En
cuanto a las prisiones preventivas, Viola dijo que 223 militares llevan entre
tres y seis años detenidos; 254 están presos desde hace seis a diez años, 156
llevan entre 11 y 15 años presos y otros 33 tienen más de 16 años de prisión
preventiva (contabiliza a todos aquellos que no tienen sentencia firme). “Representan una condena ilegal anticipada”,
dijo Viola.
En
marzo pasado, la Asociación de Abogados
por la Justicia y la Concordia envió una nota al procurador general, Eduardo Casal, en la que le pide que el
organismo recomiende que “de modo
perentorio y urgente” se conceda la prisión domiciliaria a los mayores de
65 años que están detenidos en unidades carcelarias e integran un grupo
vulnerable, ante la pandemia del Covid-19.
Entre
los abogados que pugnan por morigerar las condiciones de detención de los
militares y miembros de otras fuerzas atribuyen principalmente a la resistencia
de los fiscales los persistentes rechazos a los pedidos de detención
domiciliaria en las causas de lesa humanidad.
Por:
Mariano De Vedia y Candela Ini
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