Lunes 27 de
abril de 2020
A principios de
abril, ante la presencia del COVID 19, la Comisión Directiva del Club Político
Argentino, preocupada porque la pandemia no pusiera en juego a las
instituciones de la República, emitió una declaración en la que reclamaba el
pleno funcionamiento de sus poderes Legislativo y Judicial.
Hoy, ante la
prolongación de la situación de excepción
que convoca a la unidad de esfuerzos, el CPA no puede ignorar que la
Constitución establece que el pueblo gobierna por medio de sus representantes»
y que estos trabajan en el Congreso. Tampoco se desentiende del saludable sistema
de pesos y contrapesos en el ámbito del poder. De ahí la insistencia del CPA en
reclamar que el Congreso se habilite y los legisladores legislen y que la
Justicia actúe con normalidad, poniéndole fin a una feria tribunalicia sine die
y que se utilicen para ello todos los medios adecuados de los que dispone el
Estado.
Más que nunca la
preservación del Estado de Derecho, que es siempre necesaria, depende del juego
institucional que requiere moderación por parte de las autoridades ejecutivas,
legislativas y judiciales, de los gobiernos y de las oposiciones, tanto en el
plano nacional como en el de las provincias y municipios. La rendición de
cuentas del Ejecutivo ante el Congreso así como la toma de decisiones en
materias fiscales y de política exterior no pueden marginalizarse con el
argumento de la emergencia. Esta es indiscutible, pero la Argentina debe
movilizar sus recursos institucionales para dar respuestas a la altura de sus
valores republicanos.
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