Cuando quienes detentan el poder en un sistema democrático pretenden ponerse por encima de las leyes que sostienen y fundamentan dicho poder, suelen realizar el esfuerzo de fingir o disimular sus intenciones. En cierto punto, suele suceder que la sensación de impunidad los domina y entonces el tránsito por encima de las leyes se realiza ya sin eufemismos ni disimulo.
En Argentina, una
dupla de abogados que alcanzaron los máximos cargos nacionales, Fernández y Fernández, parecen empeñados en modificar los parámetros y la
simbología de la justicia.
La balanza
sostenida por la diosa de la justicia, símbolo de la equidad se ha cargado con
dineros del cohecho. La venda en los ojos, que representa la imparcialidad de
los jueces, parece colocada para que no vean los delitos cometidos desde el
poder y la espada, colocada para mostrar el poder de la justicia y la razón,
devino en el instrumento para acosar y castigar opositores.
¿De dónde surgen
esas presunciones? Podemos comenzar por la liberación de los ex funcionarios
del mismo signo político del actual gobierno acusados por delitos por
corrupción que fueron rápidamente liberados, tal como el ex Ministro Julio de Vido y el ex Vicepresidente Amado Boudou. Ahora también espera
turno para salir el empresario Lázaro
Báez y qué decir del sobreseimiento
definitivo del ex titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray, acaecido porque la Oficina Anticorrupción se retiró como
querellante. Los juicios por corrupción de la señora Vicepresidente en
ejercicio están inmovilizados y algunos de los jueces involucrados han sido
cuestionados por el gobierno ante el Consejo de la Magistratura. Esto
sucede mientras se anuncia una reforma judicial que incluiría incluso la
modificación de la estructura de la Corte
Suprema de Justicia.
Si hablamos de la
espada de la justicia tenemos que reparar en las acusaciones sobre espionaje
recaídas en miembros de la administración anterior que apuntan al mismo ex
presidente Mauricio Macri. Una
suerte de retribución a las muchas acusaciones judiciales que cayeron sobre los
miembros de la administración de Cristina
Fernández y que sirvieron de base para sustanciar causas tan pronto dejó el
gobierno. Sin perjuicio de la pertinencia de las causas sobre ambos grupos de
poder y sus dirigentes y de la culpabilidad o inocencia de los acusados, lo
cierto es que la justicia en la
Argentina parece representar la espada
que enarbolan los que mandan para llevar al banquillo a los que perdieron el poder.
Dejo para el final
la cuestión de la equidad, de cuya carencia hay sobrados y grotescos ejemplos.
Observemos en un
platillo de la balanza, por ejemplo, el
caso de los cientos de delincuentes jóvenes,
lozanos y ciertamente peligrosos que fueron liberados por el supuesto
riesgo que representaba el coronavirus en las cárceles, algunos de los cuales
ya han vuelto a delinquir. En el otro platillo ubicamos el pedido de igual
tratamiento y consideración para los
ancianos militares acusados por delitos de lesa humanidad mientras combatían a
la subversión, clasificados como grupo
de riesgo por su elevada edad y
condición física, que fue denegado sin argumentos y que ahora terminó en
el contagio de la epidemia en 29 detenidos y el fallecimiento de dos[1] de ellos, hasta el
presente. Ninguno de estos hombres cometió
delitos durante los largos años previos a su detención, todos se presentaron a
derecho y solo se los acusa por acciones
acaecidas en la guerra sucia que enlodó a la Argentina provocada por la
subversión marxista. No representan por
antecedentes ni por su situación personal peligro alguno para la sociedad.
Tienen en su enorme mayoría mucha más edad y patologías que las que la ley
exige para otorgarles la prisión domiciliaria y en muchos casos exceden
largamente el tiempo en que se puede retener a un detenido en prisión
preventiva sin sentencia.
Claramente la denegación de prisión domiciliaria
estuvo cargada de sentimientos de venganza, temor a las reacciones de las mal
llamadas organizaciones de derechos humanos y prejuicios ideológicos. Hoy, sus muertes y enfermedades son un
baldón para la justicia argentina tan
parcial e ineficaz que sume a la
ciudadanía en la zozobra y la desconfianza.
Lamentablemente,
las injusticias hoy ya se producen sin tapujos ni disimulos. Necesitamos un
cambio drástico en la forma en que la justicia
actúa y un cese de la injerencia del ejecutivo sobre ese poder que debe ser independiente, imparcial, objetivo y
transparente como un primer paso hacia la república digna y soberana que deseamos y tenemos la
obligación de defender.
Buenos Aires, 26
de Julio de 2020.
Juan Carlos Neves
Presidente de Nueva Unión Ciudadana
Coordinador General de ENCENDER[2]
NOTA: La imágenes, referencias y destacados no corresponden a la nota
original.
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