por Enrique Guillermo Avogadro
“Estamos dispuestos, y que el
Gobierno lo sepa, a defender por encima de todo a nuestras familias y nuestros
hogares, a proteger nuestro derecho al trabajo, la nobleza de nuestro obrar
cotidiano creando nosotros mismo, para poner fin con toda clase de medios a una
sucesión de actos intolerables y ruinosos, los medios de defensa que hasta
ahora habíamos cedido a las leyes del Estado”.
Asociación Bolognesa de Defensa Social (1920)
Alberto Fernández dijo al Financial Times que no tenía un plan porque no creía en ellos. Como hace a cada hora mintió, pues sí lo tiene, aunque éste le haya sido impuesto por su jefa política. En el conurbano pregunté a muchos cuál era su principal preocupación en este momento tan complicado, y la unánime respuesta me sorprendió: es indispensable, aunque resulte carísima e inoportuna, una reforma del fuero federal criminal y el funcionamiento de la Corte Suprema. Me pareció raro, porque estaba convencido que el problema más grave era la pavorosa inseguridad cotidiana, traducida en una irracional violencia; luego seguían la proliferación del narcotráfico, la desocupación y el hambre, el futuro pos cuarentena en la economía personal, el cierre de las escuelas y, claro, el aumento de los fallecimientos atribuidos al Covid-19. A partir de eso, entendí el porqué del enorme apuro que el Presidente para anunciar sus intenciones.
Desde el 10 de diciembre de 2019, fueron
liberados nada menos que 4.500 presos condenados por todo tipo de delitos,
muchos de ellos gravísimos; un porcentaje nada desdeñable de ellos ha vuelto a
las andadas, cometiendo todo tipo de crímenes de los cuales dan diaria cuenta
las noticias policiales; esas son las hordas armadas que el kirchnerismo ha
puesto al servicio de sus peores intereses. La ciudadanía reacciona, y muchos
han decidido tomar las armas para defender sus vidas y sus propiedades. El
narcotráfico ha vuelto por sus fueros, aquéllos que lo convirtieron en socios
del poder durante el kirchnerismo, y los más pobres lo están pagando.
Tal como esperábamos, el Presidente cumplió
el primer artículo del inmundo pacto que firmó con su mandante cuando ésta lo
designó para encabezar la fórmula y, así, reunir a todo el peronismo bajo su
bandera negra, con una calavera y dos tibias cruzadas: lo puso en marcha para
satisfacer el principal objetivo de Cristina Fernández: la total impunidad para
ella y sus hijos y, eventualmente, extenderla a sus cómplices y testaferros. El
primer paso lo dio en el Consejo de la Magistratura, donde pretende revocar las
designaciones -en realidad, los traslados- de algunos magistrados a Comodoro
Py, casualmente aquéllos que fueron más estrictos en el juzgamiento de la
sideral corrupción que encabezó, hasta 2015 nuestra actual y multiprocesada
Vicepresidente. En esa prostituida institución, Graciela Camaño, teórico fiel
de la balanza entre los dos grandes bloques de consejeros, votó a favor de esa
inconstitucional tentativa.
Ésta integra la agrupación peronista que
encabeza políticamente Roberto Lavagna; por lo que se vio, ese bloque -y,
quizás, también los legisladores de la oposición que responden a gobernadores
que serán presionados- favorecerá al Ejecutivo al permitir la formación del
quórum necesario para aprobar las leyes que propone; entre otras, y además de
la reforma judicial, la moratoria fiscal a medida de Cristóbal López, el ladrón
que se quedó con nuestro dinero, que debía ingresar a la AFIP, y lo usó para
comprar empresas y medios de comunicación que alineó con el kirchnerismo.
Sería muy engorroso entrar en los detalles
de la reforma judicial propuesta y los ríos de tinta que ya corren sobre el
tema me evitan hacerlo. Pero resulta imprescindible recalcar que todo esto está
organizado para garantizar la impunidad que pretende esta curiosa monarca
absoluta que nos hemos querido dar los argentinos, designando a jueces,
fiscales y secretarios militantes. Es cierto que la Justicia y los códigos
penales y procedimentales que la rigen tienen que ser mejorados, pero eso no
justifica, en modo alguno, atropellarla y violarla, maniatarla y corromperla
más de lo que ya está. Y hacia allí va esta pretendida reforma “fundacional”.
Más allá de las preferencias políticas de
cada uno de nosotros, cabe preguntarnos cómo y por qué hemos entregado nuestro
futuro, el de nuestros hijos y nietos, a un crápula mentiroso compulsivo
conducido por una abyecta mujer tan mayor, tan enferma y tan escandalosamente
corrupta, ambos capaces de encarar cualquier adefesio anti-republicano e
irracional para conseguir sus objetivos de poder, aunque implique demoler la
República. ¿Dónde quedaron los redaños de esta nación que, en otros tiempos,
supo hacer tanto por sí misma y por sus vecinos?
Usted se pregunta qué puede hacer para evitar que Cristina Fernández logre sus objetivos; por hoy, la respuesta es simple: vaya, y convenza a sus conocidos de acompañarlo, el 17 de Agosto al Obelisco y a todas las plazas del país. Si somos un millón de personas gritando, los obligaremos a oír y obedecer nuestro unánime clamor: “¡Basta!”: basta de prepotencia y de avasallamiento, basta de impunidad, basta de infecto-dictadura. Si decide no acompañarnos, por miedo o por desidia, suya será la responsabilidad y con ella deberá convivir el resto de su vida, y explicarlo a su descendencia.
Bs.As., 1 Agosto 2020
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
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