miércoles, 28 de diciembre de 2011

Declaración de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia


Desde su fundación, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia ha venido denunciando que este gobierno, por oscuros designios de venganza y afiebrado mesianismo ideológico, ha construido su poder con base en la quiebra del orden jurídico y la siembra permanente de la discordia.

        Hubo quienes pensaron que exagerábamos. Otros creyeron que no se iría más allá de meter en prisión a unos pocos centenares de hombres. Pero hoy son muchos los que se preguntan si no habremos tenido razón cuando advertimos que todos los argentinos habíamos sido puestos en libertad condicional.

        En la Argentina no se están violando simplemente las leyes positivas o la misma Constitución nacional. Llevamos años de destrucción de los principios más básicos del Derecho, aquellos sin los cuales la Justicia se vuelve irrealizable y se extingue la amistad política entre los hijos de una misma Patria.

        Es notable que los derechos humanos, históricamente invocados como protección de las personas frente al poder del Estado, en nuestro país son usados por el Estado para desconocer las garantías individuales, abriendo la posibilidad de que cualquiera sea víctima de los abusos de quienes detentan el poder.

        Ya no hay margen para las vacilaciones. Desde el Estado y desde los medios de comunicación que éste controla, se está diciendo con toda claridad que no hay obstáculos para que ese Estado cercene la libertad o el patrimonio de los argentinos.

        Lo que está ocurriendo en la Argentina es de una gravedad inusitada. Ya no es posible continuar ignorándolo. Aunque los negocios de algunos marchen bien.

        ¿Estamos los argentinos a la altura de los tiempos que nos toca vivir? ¿O la propaganda y el miedo nos han paralizado?

        No invitamos a nadie a reflexionar, sino a sumarse, en los objetivos y en las acciones concretas, a quienes nos hemos propuesto recuperar la Justicia y restablecer la Concordia en nuestra doliente Patria.

Buenos Aires, diciembre de 2011.

Mariano Gradin                                 Alberto Solanet
Secretario                                              Presidente

Las enfermedades de la presidente.

Desde hace 24 horas la principal noticia que conmueve al país, es la salud de la señora presidente y su próxima operación, programada para el 4 de enero en el distinguido y excelente Hospital Austral, excelencia lograda gracias al aporte
generoso de la Fundación Pérez Companc… como dice uno de nuestros socios
fundadores, Horacio Palma: “Ah ah ah... nos operamos en el Austral, del Opus
Dei y don Goyo Pérez Companc!! no??, y bue, es cuestión de taparse un poco la
nariz nacional y popular y operarse donde los oligarcas...je”.


Desde nuestro espacio sentimos compasión por toda persona que sufre una enfermedad, deseamos que el ser humano que existe dentro de la figura presidencial supere sin mayores inconvenientes la enfermedad diagnosticada.

Pero sí con mucha vehemencia deseamos que la señora presidente sea curada de otra posible enfermedad que sufre y de la que tal vez su médico personal –por lealtad cristinista- no se haya atrevido a diagnosticársela: la broncemia, una enfermedad moderna.


Señora presidente… Dios quiera que sus enfermedades no se agraven... pero por las dudas dé un paso de estadista, disponga la libertad de los Presos Políticos y reconozca la existencia de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina.


martes, 27 de diciembre de 2011

La negación de la Guerra por parte de la Justicia

El meollo de la cuestión es el desconocimiento liso y llano que la Argentina sufrió en los años 70 una Guerra Civil Limitada Revolucionaria y Contrarrevolucionaria. Si no se hubieran cometido las “aberraciones jurídicas” de ADAPTAR el derecho a la intención de venganza de los terroristas derrotados por las armas, estos juicios no se  hubieran podido llevar a cabo. Todos ellos han sido posible por el pisoteo a los derechos jurídicos establecidos en nuestra Constitución Nacional y sus leyes.

27.12.2011 | Fuerzas Armadas | Por: Informador Público


El alegato de un militar que
desconoce a la justicia civil


El alegato ante la sala IV de la Cámara de Casación Penal de la Nación del Coronel (RE) Jorge Molina Ezcurra, que reproducimos íntegramente, presenta argumentos políticos significativos.

INFORMADOR PÚBLICO

Soy el Cnel. (R.E.) JORGE MOLINA EZCURRA, pertenezco al Arma de Infantería, tengo el Titulo de OEM y las Aptitudes Especiales de Inteligencia y Tropas de Montaña.

Concurro ante esta Excma. Cámara Nacional de Casación Penal a mi solicitud y para referirme a la condena que me fuera impuesta por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Neuquén en Diciembre de 2008, por supuestos delitos, nunca probados, cometidos en el marco de la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo de los años 70.

Como Oficial pelee en las Guerras que la Nación Argentina me ordenó y debió enfrentar al ser agredida, al igual que todo el Ejercito Argentino.

Lo hice cumpliendo lo que de muy joven había jurado, “defender mi bandera hasta perder la vida”, bajo gobiernos constitucionales o “de facto”. No hice más que cumplir con mi juramento de soldado.

Los soldados actuamos por decisiones tomadas desde el Poder Político, hacemos uso de la Fuerza Legal y Legitima del Estado, frente a la violencia de cualquier agresor externo o interno.

Nuestro país enfrento en las décadas de 1960 y 1970 una “Guerra Civil Revolucionaria” hecho negado por el Tribunal Oral que me condenara y quiera reconocerlo o no esta Excma. Cámara, Fiscales o querellantes.

Esto lo afirmo 13 veces la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la causa 13/84 que condeno a los Comandantes y la CSJN que confirmo dicho fallo.

Pero no solo esa Cámara lo dice, sino también está escrito en más de 600 libros editados después de 1983, por jefes e integrantes de Montoneros, ERP y FAR.

Y lo ha afirmado hasta el mismo Fidel Castro.

Citare solo a dos:

Martín Caparros, co-autor de La Voluntad con Eduardo Anguita, el más claro y honesto ex-integrante de Montoneros y actual periodista, decía en su artículo El Peor Acuerdo:

“La subversión marxista, o más o menos marxista, de la que yo también formaba parte, quería, sin dudas asaltar el poder en la Argentina para cambiar radicalmente el orden social. No queríamos un país capitalista y democrático, queríamos una sociedad socialista, sin economía de mercado...


Mario Firmenich, Jefe máximo de Montoneros decía ya en 1972:

“la vía armada es el único método estratégicamente correcto para tomar el poder”

Pero lo curioso, es que también lo dijo la Justicia Federal:

“En la Argentina en los años 70 hubo una guerra revolucionaria (Cámara Federal en la Sentencia de la Causa 13/84)”.

“En el accionar de las FFAA, durante la guerra antisubversiva, no existió genocidio ni terrorismo (CSJN 1984 – Juicio a las Juntas)”.

No me extenderé en este tema, solamente afirmare con vehemencia que nuestro país fue agredido y se vivió una GUERRA, hecho fáctico que desconoce el Tribunal Oral que me condeno en primera instancia.

En toda Guerra pueden cometerse errores, omisiones o delitos y ello es posible, pero tienen su fuero para ser juzgados y ESTE NO ES MI FUERO.

“Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en Ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la Ley anterior al hecho de la causa”.

Siendo un lego total, el Art. 18 de la Constitución Nacional, que acabo de leer, es más que claro, no da lugar a ninguna otra interpretación y hasta hoy no fue modificado.

Con el mayor respeto que le debo a este Alto Tribunal y al Tribunal Oral que me condenara, me pregunto y les pregunto:

¿En qué materia o en que postgrado han desarrollado Uds. conocimientos de estrategia nacional o militar contemporánea?

Con el mismo respeto les pregunto Sres. Jueces:

¿Qué conocimientos tienen Uds. de conflictos de baja intensidad o de las fases de una Guerra Revolucionaria?

¿Qué estudios superiores tienen Uds. de organización y doctrina militar de cualquier nivel, nacional o extranjera, que conocen de Historia Militar o de Historia de la Guerra? Inclusive y más importante aún, ¿qué saben de las tradiciones militares que se traspasan de generación en generación y aun entre ejércitos?

Yo les preguntaba Sres. Jueces cual era vuestra experiencia en estos temas y les respondo:

NINGUNA pero Ninguna. Señores Uds. son Jueces Legos en estos temas y se les ha entregado un tema eminentemente político para judicializarlo.

Nota: para leer el alegato completo por favor ingrese a la página que se encuentra a la derecha y se titula: “El alegato de un militar que desconoce a la justicia civil"



lunes, 26 de diciembre de 2011

A otro Tío con ese Cuento...

Hace varios días que desde nuestro espacio estamos difundiendo nuestra preocupación por la nueva ley antiterrorista, les dejamos otro análisis sobre el mismo tema. Esta vez efectuado por Guillermo Cherashny para el Informador Público.


Si bien pensamos que ya está todo dicho, aún falta lo que van a hacer… nos gustaría que el GAFI respondiera con una expresión bien a la argentina. “A papá Mono con Bananas Verdes”…



26.12.2011 | Legislación | Por: Guillermo Cherashny

EL GOBIERNO DISTORSIONA LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES

La caja de Pandora: la ley antiterrorista


Por Guillermo Cherashny para el Informador Público

En mayo de este año y ante las presiones del GAFI, el Congreso sancionó la tipificación del lavado de activos como delito autónomo el lavado de activos, con lo cual eliminó la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros y hoy impedía la persecución penal del llamado “autolavado”.


Pero este avance fue considerado insuficiente por el GAFI, que le reclamó a la Argentina nuevas normas que agravarán especialmente la sanción a los actos de terrorismo y su financiamiento. En este punto es donde, aquí y en todas partes, el problema se complica. Es que hasta ahora han fracasado todos los esfuerzos internacionales por tipificar el terrorismo como delito autónomo. De ahí que las múltiples convenciones internacionales de lucha contra el terrorismo hayan optado por sancionar cada una de sus variantes -apoderamiento de aeronaves, toma de rehenes, atentados con bombas, financiación etc.- pero sin que se haya llegado a una tipificación de este delito. El caso es que el cristinismo se movió en este tema acosado por dos realidades, el GAFI exigía mayores penas contra el terrorismo para que la Argentina no quedara en la lista gris de países no cooperantes. Pero por otro lado, Horacio Verbitsky, el lobby de las entidades de derechos humanos y el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni jugaron fuerte para evitar que el país se incorpore al grupo de países que combaten seriamente al terrorismo, como es el caso de EEUU, Gran Bretaña, Chile, Colombia, Canadá, etc. El resultado de estas tensiones fue la reciente sanción de una ley que bien puede ser considerada un pasticho, como diría el ruralista Alfredo De Angeli.


La nueva ley sanciona el artículo 41 quinquies del Código Penal, que dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. Esta generalización bien se pudo haber evitado enumerando los actos de terrorismo conforme las convenciones internacionales. Pero el gobierno, sin duda con una clara intención, optó por apartarse del texto de las convenciones internacionales de las cuales la Argentina es signataria, sancionando, en cambio, un peligrosísimo tipo penal abierto que se podría aplicar a cualquier situación que supuestamente aterrorice a la población. Por otra parte, ¿cómo se puede establecer si la población está o no aterrorizada? Se trata de una caracterización absolutamente difusa y que no encuentra antecedentes en el derecho comparado de las democracias. No puede haber demasiadas discusiones acerca de si un atentado con explosivos es un acto terrorista, pero sobre aterrorizar a la población ocurre todo lo contrario.

La desnaturalización

Así es que se comenzó a transitar por el camino de la desnaturalización del tema apuntando a que la nueva norma se aplique de acuerdo a los intereses facciosos del gobierno. No es de extrañar, entonces, que la presidente haya enfatizado el pasado 10 de diciembre en su discurso ante la Asamblea Legislativa que había soportado cinco corridas cambiarias, ni que el titular de la UIF, José Sbatella, planteara días atrás la posibilidad de criminalizar las opiniones de periodistas y medios de comunicación sobre la modificación de una paridad cambiaria atrasada. De nada sirve que el ministro del interior Florencio Randazzo o el senador Aníbal Fernández desmientan una posibilidad que realmente surge de la nueva norma. No menos sugestivo es que, en declaraciones al semanario Perfil, Verbitsky haya señalado que Fernando de la Rúa tiene razón en afirmar que lo volteó un “golpe de mercado”.

Son 6 personajes… pero se parecen a los “3 Monos Sabios”
                                                          No hablan, no ven y no escuchan.

No sabemos qué reacción tendrá el GAFI ante la nueva ley, pero sí es obvio que la Casa Rosada no quiere combatir el financiamiento del terrorismo sino utilizarlo contra sus críticos en distintos terrenos, como los medios, la economía y la política. Se trata de una maniobra tramposa, como la realizada al tirarle el subte a Macri para que él se haga cargo del muerto y reducir así los subsidios del Estado nacional. La diferencia es que, en el caso de las “corridas cambiarias” es la libertad lo que está en juego. De más está decir que, con el nuevo tipo penal abierto, la imaginación oficial podría inventar múltiples nuevas aplicaciones.

domingo, 25 de diciembre de 2011

LA VERDADERA CARA DE LA FIDELISTA LADRONA HEBE DE BONAFINI


SIGUE EL ESCÁNDALO DE LA FUNDACIÓN "MADRES DE LA PLAZA DE MAYO"


La hija de Bonafini, en la mira de Bolivia
Sigue escándalo en Fundación de Madres de la Plaza de Mayo

FAMILIA. Hebe y su hija Alejandra, acusadas de varios ilícitos (Foto: ESPECIAL EL UNIVERSAL)

Miércoles 14 de diciembre de 2011
José Vales Corresponsal | El Universal

BUENOS AIRES: Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, y María Alejandra Bonafini, hija de Hebe, la líder del organismo de Derechos Humanos, son investigados en Bolivia, por presunto fraude y lavado de dinero, según el pedido que la Interpol boliviana le hiciera al juez argentino, Norberto Oyarbide.

Schoklender y la hija de Bonafini, quienes también están bajo la lupa de la Justicia argentina, son investigados junto a un centenar de personas más en la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia, que mediante su directora, Mariela Sánchez, requirió la información a través de Interpol, se informó ayer.


Los datos que requiere la Interpol son “antecedentes policiales, judiciales y movimientos migratorios” de ellos dos y de la esposa de Schoklender, Viviana Sala; del piloto de sus aviones privados, Gustavo Serventich; del presunto socio de Schoklender, Fernando Caparrós, y del ex ministro de Trabajo de Carlos Menem, Enrique Rodríguez, otro de los socios de los hermanos Schoklender en varios emprendimientos con las viviendas sociales de la Fundación, como también del fallido restaurante 70, del barrio porteño de San Telmo. También se pide información de otros funcionarios de la Fundación, cuyo desfalco provocó un escándalo político en Argentina.


El pedido lo recibió Oyarbide (considerado uno de los jueces allegados a la policía federal y el favorito del Ejecutivo argentino), quien tiene a su cargo la causa, aunque días pasados la Cámara Federal lo llamó al orden por las demoras en las actuaciones y lo instó a ordenar la investigación. Se prevé que la semana próxima comenzarán las indagatorias de los imputados y de los testigos, después de más de seis meses de demora.

El pedido de Bolivia echa así más leña a la hoguera de las sospechas en la que se consumen los hermanos Schoklender y las Bonafini, madre e hija.

La Unidad Financiera boliviana busca comprobar “la presunta comisión de los delitos de corrupción, lavado de dinero y desfalco”, relacionados con la construcción de viviendas populares en ese país.

La misma petición fue girado a la Justicia de Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Brasil y Paraguay, aunque se presume que la Fundación, bajo la tutela de Schoklender y el amparo político del gobierno argentino, sólo construyó casas en Uruguay y estuvo a punto de hacerlo en Venezuela, aunque sin suerte.

sábado, 24 de diciembre de 2011

Para esta Navidad... ¿No gobierna usted para todos los argentinos?

Señora Presidente ya que gusta tanto imitar a las dictaduras socialistas y bolivarianas… ¿Por qué no aprovecha esta Navidad e indulta a los Presos Políticos de la Argentina, todos ellos de edad avanzada, algunos enfermos, 152 fallecidos en prisión y otros con más de 10 años de prisión preventiva? Y de paso ¿Por qué no efectúa el reconocimiento histórico que la patria les debe a las Víctimas del Terrorismo en la Argentina?

Sería una forma de devolverle al país la ley igual para todos y no discriminar a un importante sector de la humanidad ¿No gobierna usted para todos los argentinos?


23-12-11 | MUNDO
Cuba indultará a tres mil presos como un "gesto" ante la visita de Benedicto


Cuba indultará "en los próximos días" cerca de 3.000 presos en un gesto humanitario del Gobierno, informó el viernes un sitio oficial en momentos en que la isla se prepara para recibir al Papa Benedicto XVI en los primeros meses del 2012.

Una nota divulgada en el sitio oficial www.cubadebate.cu detalla que entre los que serán puestos en libertad destacan personas con más de 60 años de edad, enfermos, mujeres y jóvenes sin antecedentes penales previos.

"El Consejo de Estado de la República de Cuba, en cumplimiento de la política establecida y ante las numerosas solicitudes de familiares y diversas instituciones religiosas, en un gesto humanitario y soberano, acordó indultar a más de dos mil novecientos sancionados, en atención a las características de los hechos cometidos, la buena conducta mantenida en prisión (...)", dijo Cuba debate.

Según la nota oficial, el indulto se hará efectivo en "los próximos días".

Cuando la "paradoja" se hace "realidad".

La paradoja se hace realidad… ante la necesidad de “hacer caja” a cualquier costo y embestir contra los medios de comunicación que opinan distinto al “relato oficial”, ahora el poder de turno recurre a la vilipendiada, resistida y endemoniada “Doctrina de Seguridad Nacional”. Este nuevo gobierno del kirchnerismo o cristinismo no deja de sorprender a propios y extraños. No le creemos a Randazzo cuando desmiente a Sbattella.


23.12.2011 | Política | Por: Carlos Tórtora

LEY ANTITERRORISTA: ¿VOLVEMOS A LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL?

La amenaza de Sbatella complicaría seriamente a la Corte


Por Carlos Tórtora para el Informador Público

Ayer, el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, confirmó que los medios de comunicación podrían ser sujetos de la polémica ley antiterrorista, que fue sancionada anteayer por el Senado.

El funcionario, que ya había aclarado que la medida apuntaba a evitar las manipulaciones de mercado, reveló en un reportaje con radio La Red que los medios podrían ser acusados de “aterrorizar a la población” en caso de difundir noticias que puedan provocar retiro de depósitos.


“La ley antiterrorista no es para perseguir, es para que no vuelva a pasar un golpe de mercado”, concluyó. De intentar aplicar el gobierno al periodismo el nuevo artículo 41 quinquies, el Congreso habría entonces legislado doblemente en contra del artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece que “el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ellas la jurisdicción federal”. Esto sería así, por cuanto la nueva ley que regula como de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel de diario es inconstitucional, tanto como la utilización del citado artículo 41 quinquies, como un tipo penal abierto para sancionar como actos terroristas la actividad periodística. Esta manipulación de los conceptos jurídicos tuvo una gran experiencia piloto con el sistema de control de cambios solapado establecido dos meses atrás por la AFIP. La inconstitucional exigencia de autorización previa de ese organismo para la compra de dólares se fundó, nada menos que en la necesidad de combatir el lavado de dinero, cuando entre las 40 recomendaciones que realiza el GAFI en esa materia no figura ninguna medida ni siquiera parecida al mecanismo montado para frenar la demanda de dólares. La escasa o prácticamente nula resistencia generada por la maniobra -trascendió apenas la existencia de un amparo- le habría generado al gobierno el espacio para ir por más. El retorno a una legislación de terrorismo económico, propia del último proceso militar, es el nuevo avance. Y la nueva amenaza de imputar con la nueva norma a los periodistas que intenten aterrorizar a la población u obligar al gobierno, por ejemplo, a devaluar, va todavía un paso más allá.

Una situación incómoda para la Corte


El problema presenta entonces distintos niveles. Mientras la amenaza de Sbatella quede circunscripta sólo a esa figura, se trataría de una operación de disuasión destinada, valga la paradoja, a aterrorizar a los periodistas para que no se atrevan a opinar que el atraso cambiario es insostenible o que existen grandes probabilidades de una corrida.

Otra cosa muy distinta será si el gobierno denuncia ante la justicia la comisión de actos terroristas por el periodismo. En este punto, la Casa Rosada les arrojaría a los jueces una brasa ardiente. Es que semejante aplicación de la nueva ley no sólo violaría en forma flagrante los artículos 32 y 33 de la Constitucional sino los tratados internacionales con jerarquía constitucional, empezando por la Convención Americana de Derechos Humanos. No hace falta hilar muy fino para darse cuenta de que una discusión sobre la constitucionalidad de la aplicación de la norma llegaría inevitablemente a la Corte Suprema. Y es de suponer la trascendencia internacional que tendría el procesamiento de cualquier periodista acusado de terrorismo económico. La amenaza de Sbatella, sumamente creíble, es una advertencia grave a la Corte Suprema. En la media docena de fallos que ésta dictó en los últimos años en relación a la libertad de expresión, no aparece ninguna cuestión vinculada al tema que ahora se plantea. Pero en todos esos fallos la Corte ratificó la plena vigencia de los tratados que establecen que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.


Podemos deducir que, siguiendo con su política de tergiversar los conceptos, el gobierno podría intentar justificar la amenaza de Sbatella escudándose en uno de los límites que las leyes y los tratados establecen para la libertad de prensa: la afectación de la seguridad nacional y el orden público. De ser así, el cristinismo se reconciliaría con el último proceso militar, ya que no sólo apelaría a reinstalar la subversión económica sino que también reviviría nada menos que la doctrina de la seguridad nacional, la más demonizada por la izquierda.

El nuevo avasallamiento

De hecho, el gobierno retomó ayer el camino del avasallamiento de la Corte Suprema. El juez federal tributario Carlos Folco dispuso la inhibición general de bienes del diario La Nación. El magistrado tomó la decisión a pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aunque admitió que el organismo “nunca informó que existe un fallo de la Corteque le prohíbe exigirles a 23 medios periodísticos el pago de una supuesta deuda impositiva. “Si existe un fallo de la Corte que protege a los diarios y canales, no lo sabía; la AFIP no me lo hizo saber”, afirmó al diario el juez Folco, a cargo del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 1. La AFIP reclama a La Nación y a otros 23 medios de todo el país una deuda cercana a los 500 millones de pesos en concepto de IVA. Como las empresas periodísticas discuten la legitimidad de ese reclamo, la Corte Suprema dictó en 2009 una medida cautelar que tiene vigencia hasta tanto se pronuncie sobre la cuestión de fondo. La pretensión de la AFIP de reclamarle a La Nación una deuda de 162 millones de pesos que todavía es objeto de discusión judicial llega en medio de una fuerte embestida del gobierno nacional contra los medios independientes.

Juez Carlos Folco