lunes, 26 de diciembre de 2011

A otro Tío con ese Cuento...

Hace varios días que desde nuestro espacio estamos difundiendo nuestra preocupación por la nueva ley antiterrorista, les dejamos otro análisis sobre el mismo tema. Esta vez efectuado por Guillermo Cherashny para el Informador Público.


Si bien pensamos que ya está todo dicho, aún falta lo que van a hacer… nos gustaría que el GAFI respondiera con una expresión bien a la argentina. “A papá Mono con Bananas Verdes”…



26.12.2011 | Legislación | Por: Guillermo Cherashny

EL GOBIERNO DISTORSIONA LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES

La caja de Pandora: la ley antiterrorista


Por Guillermo Cherashny para el Informador Público

En mayo de este año y ante las presiones del GAFI, el Congreso sancionó la tipificación del lavado de activos como delito autónomo el lavado de activos, con lo cual eliminó la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros y hoy impedía la persecución penal del llamado “autolavado”.


Pero este avance fue considerado insuficiente por el GAFI, que le reclamó a la Argentina nuevas normas que agravarán especialmente la sanción a los actos de terrorismo y su financiamiento. En este punto es donde, aquí y en todas partes, el problema se complica. Es que hasta ahora han fracasado todos los esfuerzos internacionales por tipificar el terrorismo como delito autónomo. De ahí que las múltiples convenciones internacionales de lucha contra el terrorismo hayan optado por sancionar cada una de sus variantes -apoderamiento de aeronaves, toma de rehenes, atentados con bombas, financiación etc.- pero sin que se haya llegado a una tipificación de este delito. El caso es que el cristinismo se movió en este tema acosado por dos realidades, el GAFI exigía mayores penas contra el terrorismo para que la Argentina no quedara en la lista gris de países no cooperantes. Pero por otro lado, Horacio Verbitsky, el lobby de las entidades de derechos humanos y el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni jugaron fuerte para evitar que el país se incorpore al grupo de países que combaten seriamente al terrorismo, como es el caso de EEUU, Gran Bretaña, Chile, Colombia, Canadá, etc. El resultado de estas tensiones fue la reciente sanción de una ley que bien puede ser considerada un pasticho, como diría el ruralista Alfredo De Angeli.


La nueva ley sanciona el artículo 41 quinquies del Código Penal, que dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. Esta generalización bien se pudo haber evitado enumerando los actos de terrorismo conforme las convenciones internacionales. Pero el gobierno, sin duda con una clara intención, optó por apartarse del texto de las convenciones internacionales de las cuales la Argentina es signataria, sancionando, en cambio, un peligrosísimo tipo penal abierto que se podría aplicar a cualquier situación que supuestamente aterrorice a la población. Por otra parte, ¿cómo se puede establecer si la población está o no aterrorizada? Se trata de una caracterización absolutamente difusa y que no encuentra antecedentes en el derecho comparado de las democracias. No puede haber demasiadas discusiones acerca de si un atentado con explosivos es un acto terrorista, pero sobre aterrorizar a la población ocurre todo lo contrario.

La desnaturalización

Así es que se comenzó a transitar por el camino de la desnaturalización del tema apuntando a que la nueva norma se aplique de acuerdo a los intereses facciosos del gobierno. No es de extrañar, entonces, que la presidente haya enfatizado el pasado 10 de diciembre en su discurso ante la Asamblea Legislativa que había soportado cinco corridas cambiarias, ni que el titular de la UIF, José Sbatella, planteara días atrás la posibilidad de criminalizar las opiniones de periodistas y medios de comunicación sobre la modificación de una paridad cambiaria atrasada. De nada sirve que el ministro del interior Florencio Randazzo o el senador Aníbal Fernández desmientan una posibilidad que realmente surge de la nueva norma. No menos sugestivo es que, en declaraciones al semanario Perfil, Verbitsky haya señalado que Fernando de la Rúa tiene razón en afirmar que lo volteó un “golpe de mercado”.

Son 6 personajes… pero se parecen a los “3 Monos Sabios”
                                                          No hablan, no ven y no escuchan.

No sabemos qué reacción tendrá el GAFI ante la nueva ley, pero sí es obvio que la Casa Rosada no quiere combatir el financiamiento del terrorismo sino utilizarlo contra sus críticos en distintos terrenos, como los medios, la economía y la política. Se trata de una maniobra tramposa, como la realizada al tirarle el subte a Macri para que él se haga cargo del muerto y reducir así los subsidios del Estado nacional. La diferencia es que, en el caso de las “corridas cambiarias” es la libertad lo que está en juego. De más está decir que, con el nuevo tipo penal abierto, la imaginación oficial podría inventar múltiples nuevas aplicaciones.

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