Queridos amigos:
En la semana que pasó tuve oportunidad de ver y escuchar a un conocido médico divulgador televisivo, que fue funcionario público en la Provincia de Buenos Aires, confesar que no podía entender a los adolescentes actuales, con motivo de la presentación de un programa en que se mostraba el fenómeno de los jóvenes que someten a malos tratos a sus padres. En realidad, el fenómeno descripto tiene mucho de censurable pero poco de inexplicable. Cada generación al llegar al momento de su despertar intelectual y sexual encuentra un mundo hecho y normado por las generaciones anteriores ante el cual tiende a rebelarse. En la medida en que la educación y la trasmisión de valores no ponen límites a esa rebeldía e incitan en cambio al desprecio a los adultos y a las reglas de convivencia de la sociedad en que el joven vive, se incentivan la falta de adaptación y la violencia. Si los padres, que son quienes detentan la autoridad en el hogar la resignan y no mantienen sus roles con amor pero también con firmeza, luego serán las primeras víctimas de un individuo formado sin sentido del respeto y de los valores familiares y sociales.
Lo que se menciona para el individuo en el seno del hogar es también válido para las muchedumbres en el ámbito social. La actuación violenta es el síntoma principal de la psicopatología de las masas, nos decía Heinz Kohut (1976) y Ortega y Gasset reflexionaba acerca de que “la civilización no es otra cosa que el ensayo de reducir la fuerza a última ratio”. Un gobierno, cualquier gobierno, tiene una obligación primaria de mantener el orden y la seguridad en el territorio bajo su control y es habitual un juego de presiones entre los grupos sociales que desean imponer sus demandas y el gobierno que trata de mantener esas manifestaciones dentro del orden social establecido para que no alteren la vida en común. Pero ¿qué sucede cuando es el gobierno mismo quien justifica las acciones directas de las masas en lugar de moderarlas? ¿Qué fenómenos sociales se engendran cuando se justifican cortes de rutas, autopistas y puentes internacionales construyendo teorías tales como lo de “no criminalizar la protesta social”? ¿Qué pasa cuando se incentiva a las masas para hacer un boicot contra empresas (como el que se produjo contra la SHELL ) o a los gremios organizados a tomar medidas de acción directa como cuando se bloquearon las plantas del Diario Clarín o se confrontaba con el sector agropecuario? La utilización de las masas como factor de presión o la justificación de la acción callejera no son instrumentos de gobiernos democráticos sino recursos propios de un autoritarismo de corte populista. Por ello, cuando el demonio de la violencia encarnado por la masa incontrolada se incentiva o justifica desde lo más alto del poder formal, en algún momento ese demonio se vuelve contra quien lo despertó y entonces comienzan los verdaderos y grandes problemas para encauzar lo que se ha permitido desbordar en un marco conceptual que ha dado en calificar como “represiva” toda estructura de orden y de uso legítimo de la fuerza que corresponde al Estado.
Muchos funcionarios públicos y la ciudadanía en general contemplaron con estupor, hace dos semanas, la saña y la impunidad con que fue golpeado un diputado oficialista a la salida del Congreso porque sus declaraciones a la prensa no gustaron a un grupo de manifestantes. La policía se mantuvo entonces en la situación contemplativa a la que ha sido reducida casi por completo. Pero esta semana algo cambió. Un grupo de ex conscriptos que reclamaban que se los incluyera en la condición de veteranos de guerra, a fin de poder cobrar una pensión del estado nacional, decidió cortar Otra actividad demonizada que ha aparecida en la agenda pública es la inteligencia, a partir de declaraciones formuladas ante un juez federal por el Jefe de la Gendarmería Nacional en que se mencionan datos de dirigentes que habría sido recopilados en una base de datos conocida bajo el nombre de Proyecto X. Aclaremos que la demonización de la inteligencia ha sido, en mi opinión, un error estratégico de diversos gobiernos desde el advenimiento de la democracia. Una eficaz y bien supervisada actividad de inteligencia hubiera podido evitar, por ejemplo, los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA mientras que la inteligencia criminal es esencial para la prevención del delito. Por el contrario, la visión conspirativa de la inteligencia ha servido para sentar en el banquillo de los acusados al opositor Jefe de Gobierno de la Ciudad y para llevar a juicio a diversas autoridades militares mientras que se ha denunciado que el gobierno utiliza los órganos de inteligencia para obtener datos de dirigentes políticos opositores. La comisión del Congreso encargada de supervisar la actividad de inteligencia ha sido absolutamente inoperante y hasta el conocimiento de las declaraciones del Jefe de Gendarmería todo transcurrió entre sospechas y rumores. Más allá del juego político desatado, puedo aportarles que la Ley de Inteligencia dice claramente (Ley 25520, Artículo 4°, Inciso 1) “Ningún organismo de inteligencia podrá: realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley”. De modo que, estemos de acuerdo o no con lo actuado, la conformación de una base de datos de personas elaborada por una fuerza de seguridad sin responder a un requerimiento específico sería en principio ilícita, en tanto y en cuanto los datos no fueran obtenidos de fuentes públicas sino coleccionados mediante escuchas, la utilización de agentes encubiertos u otros medios propios de la actividad de inteligencia.
Lo que está fuera de dudas es que no es El tercer demonio que queremos mencionar es la ficción de prosperidad que instalada en un discurso triunfalista maniata la libertad de acción gubernamental para justificar las medidas de austeridad de aplicación imprescindible para la situación económica real que es, cuanto menos, preocupante. La señora presidente envidió, en un discurso público, la suerte de los empresarios y del gobierno español porque pueden anunciar rebajas de sueldo y despidos masivos solo con la vaga amenaza sindical de una huelga a futuro. Lo que omitió decir es que en España se reconoce una situación económica grave y crítica ante la cual las medidas de ajuste son pertinentes. Pero ¿cómo pueden nuestros gremialistas convencer a sus bases que en medio del período de crecimiento a “tasas chinas” más prolongado de la historia argentina (según la versión de nuestro gobierno) deben resignarse a que sus salarios suban por debajo de la inflación real? ¿Cómo convencerlos de que tienen que aceptar un techo moderado cuando diputados y senadores aumentan sus dietas un cien por ciento y lo justifican con lo que cuesta alquilar, vestirse y vivir en Buenos Aires como si esas actividades no fueran las que tienen que realizar todos los habitantes de la zona? Lamentablemente para el gobierno si no concilia su discurso con sus acciones, tales como la quita de subsidios al transporte, los aumentos de tarifas de servicios y la necesidad de limitar ajustes salariales, el demonio de la mentira no podrá ser ocultado por mucho tiempo.
Reservo para el final el segundo gran argumento del Presidente de Un abrazo para todos
Juan Carlos Neves, Presidente de Nueva Unión Ciudadana
