En Argentina hay detenidos
más de un millar de miembros de las Fuerzas Armadas de las tres armas, de las
de Seguridad, de las Policiales y de las Penitenciarias, junto a un centenar de
civiles, por estar supuestamente implicados en violaciones de derechos humanos durante
la dictadura militar (1976-1983). La misma situación se vive en Chile, donde
hay más de setenta detenidos, y en Uruguay, con un colectivo de treinta y cinco
militares presos.
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| Teniente General Jorge Rafael Videla |
Por RICARDO ANGOSO
Pero esta situación entre los
militares no solo se da en países que vivieron durante algún tiempo bajo gobiernos
militares, sino que también hay militares procesados en Colombia –más de
15.000– y varios miles condenados. Venezuela, debido a otros motivos, también tiene
algunos militares presos y el caso del policía Iván Simonovis, en prisión desde
hace una decena de años, es el más conocido.
Procesos
a militares argentinos
Los procesos contra los militares argentinos
comenzaron con toda su intensidad tras la llegada de Néstor Kirchner al poder,
allá por el año 2003, quien anuló las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final
y dejó sin validez la amnistía aprobada en los años ochenta. Nombró nuevos magistrados en la Corte
Suprema, el máximo tribunal argentino, y aceleró el ritmo de los procesos y
juicios a los militares. Un total de 1.017 militares, agentes y policías de
todos los cuerpos ya citados están procesados, de los cuales 521 están detenidos
en penales o sufren arresto domiciliario, y 512 ya han sido condenados en
firme. Los procesos aún continúan y es más que previsible que esta lista vaya en
aumento. Doscientos treinta y cinco (235) de estos condenados argentinos han muerto
en prisión desde que comenzaran los juicios y, dada su edad, es más que seguro
que mueran muchos más entre rejas.
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Cruces frente al Ministerio de Defensa, en reclamo por los
Presos Políticos muertos en prisión |
Alrededor de la mitad de los jueces
que participan en estos procesos han sido nombrados por los Kirchner y algunas
organizaciones, como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y
la de militares Unión de Promociones, sostienen que los procesos pueden durar
años, que no se respeta el debido proceso y que se mantiene a los detenidos durante
años cumpliendo prisiones preventivas que contravienen las normas
internacionales que señalan los años que el Estado puede mantener a reos que
van a ser juzgados.
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| Ancianos Soldados Jorge Rafael Videla y Benito Bignone |
Tres de los casos más paradigmáticos de
estos juicios fueron los de los militares Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo
Massera y Reynaldo Benito Bignone. El general Videla fue el primer presidente bajo
el gobierno militar y fue juzgado en varios procesos tras ser suprimidas las
leyes que le exculparon inicialmente. Murió en prisión, en extrañas
circunstancias y sin que se conocieran los resultados de la autopsia, y su
familia se las vio y deseó para encontrar un lugar donde enterrarlo en medio
del repudio de la sociedad argentina y el desprecio del ejecutivo peronista.
El almirante Massera, que había sido
jefe de la Armada argentina durante cinco años y que fue uno de los
protagonistas del golpe de Estado de marzo de 1976, murió en el olvido en el
Hospital Naval de Buenos Aires y su alegato en el juicio de 1985 a las juntas militares
se hizo famoso entonces.
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| Almirante Eduardo Emilio Massera, juicio a las Juntas Militares en 1985 |
Allí, ante los jueces y las cámaras, aseguró
en su alocución final que no había venido a defenderse y argumentó la
legitimidad de sus acciones y actos durante el periodo militar como parte de
una “guerra justa” que la Argentina había ganado frente a la subversión.
Reynaldo Benito Bignone, último de los
presidente del periodo militar y de quien se dice que dio la orden de quemar la
documentación relativa a la dictadura, también está bajo arresto domiciliario y
cumple una larga sentencia por delitos considerados de lesa humanidad. Es uno de los pocos
protagonistas de ese periodo que todavía vive. Como el
resto de los militares, fue privado de sus derechos, de su pensión presidencial
–que había cobrado durante una veintena de años– y se le prohibió hacer
declaraciones públicas.
Cumple varias condenas, entre ellas
una perpetuidad.
Chile,
más de mil causas abiertas sobre derechos humanos
En Chile, cuando han pasado más de 40
años desde el golpe de Estado de 1973, hay detenidos alrededor de 70 militares
y hay abiertas unas mil causas relativas a los derechos humanos, lo que hace
suponer que en el futuro puede aumentar el número de militares y policías
procesados y condenados. También hay más de 550 policías y militares que
conservan su libertad, mientras se resuelven sus respectivos procesos y que
podrían quedar presos en un futuro.
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| General Augusto Pinochet y Presidente Salvador Allende |
Tanto el anterior presidente de Chile,
Sebastián Piñera, como la actual recién posesionada, Michelle Bachelet, se han
negado a la posibilidad de otorgar un indulto a los militares presos, sobre todo
debido a la presión de las organizaciones de derechos humanos y a los grupos de
izquierda, que han hecho del asunto de la “memoria” histórica una de sus
principales banderas en sus luchas en el continente.
El preso militar chileno más conocido
es Manuel Contreras, quien fuera jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA) y pieza fundamental en la relación entre el régimen militar de Augusto
Pinochet y la CIA. Acusado de numerosos delitos y convertido en una suerte de
chivo expiatorio de la dictadura, Contreras llegó a acusar al dictador Pinochet
de haber estado vinculado al narcotráfico y al tráfico ilegal de armas, algo
que el difunto militar negó y que tampoco se pudo comprobar fehacientemente.
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| Coronel Manuel Contreras |
Contreras está acusado de haber sido
el inductor y organizador del atentado que costó la vida al ex ministro de
Defensa de Allende, Orlando Letelier, en Washington, allá por el año 1976, en
una acción que enrareció las relaciones entre los Estados Unidos y el régimen
de Pinochet.
Situación
de los militares y civiles presos en Uruguay
En Uruguay hay casi cuatro decenas detenidos
desde el año 2006, y la situación es parecida a la de Argentina. En este país
sudamericano fue ignorada y en cierta medida anulada la Ley de Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado, que operaba como una amnistía para militares y
policías. Esta importante ley fue aprobada por el Parlamento democrático en
1986 y confirmada por referéndum en 1989. En 2009, fue nuevamente plebiscitada
y la ciudadanía volvió a confirmar su vigencia. En el año 2011, el Frente
Amplio pretendió anularla por una ley que, posteriormente, fue declarada inconstitucional
por la Suprema Corte de Justicia.
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| Presidente Juan María Bordaberry |
El primer juzgado en este país fue un
civil: el canciller en tiempos de Juan María Bordaberry (1972-1976), Juan
Carlos Blanco, quien tiene 79 años y se encuentra con graves problemas de
salud. Fue condenado por la desaparición de una detenida que intentó refugiarse
en la Embajada de Venezuela, y por el asesinato de cuatro uruguayos en Buenos
Aires, presuntos delitos sobre los que dice que no tuvo responsabilidad y por
los que se le aplicaron condenas de 20 y 30 años, respectivamente.
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| ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco
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Blanco argumenta que nunca conoció
esos hechos y que incluso uno de los cuatro fallecidos en Argentina era amigo
suyo: el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. No se le amparó en la Ley de Caducidad
porque esta sólo operaba para militares y policías, y su caso se convirtió, por
tanto, en una situación de desamparo que el interesado denunció en su momento. En
prisión domiciliaria falleció el expresidente Bordaberry, en el 2011, y tras la
apertura de estos dos casos de civiles comenzaron otros procesos a militares.
Dos de los casos más paradigmáticos son
los del general Miguel Dalmao y el coronel José Chialanza, acusados del
“homicidio” de la comunista Nibia Sa balsagaray, en junio de 1974, en pleno
conflicto interno uruguayo y luego del golpe de Estado el 27 de junio de 1973,
con el expresidente Bordaberry encabezando el denominado Proceso Cívico-Militar.
Los acusados aseguran que fue un
suicidio, tal como dio a entender la autopsia en su momento y las
investigaciones de la Justicia Militar. Nada ha demostrado lo contrario en este
juicio, según dicen los acusados, y no hay testimonios valederos que den
carácter probatorio a las acusaciones contra ambos. Están en la cárcel, pese a
que el presidente de la República cuando se inició el proceso, Tabaré Vázquez, señaló
que la Ley de Caducidad les protegía. En el 2012, Dalmao y Chialanza fueron
condenados a 28 años de prisión, en calidad de autor y coautor, respectivamente,
de un delito de homicidio político especialmente agravado, lo que fue apelado
aunque sin muchas esperanzas.
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| General Miguel Dalmao
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El caso del general Dalmao es
considerado “emblemático” por el Frente Amplio, partido gobernante de la
izquierda uruguaya, por ser el primer y único militar en actividad que fue
procesado por causas de derechos humanos y porque en este caso fueron declarados
inconstitucionales –por primera vez– tres artículos de la Ley de Caducidad.
La inocencia del general Dalmao ha
sido sostenida, paradójicamente y públicamente hasta por el actual ministro de
Defensa, el exlíder tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro. También el presidente
José Mujica visitó al general cuando estaba ya detenido en el Hospital Militar,
en marzo de 2011, mostrado su consideración por la inocencia de Dalmao, quien,
sin embargo y pese a todo, sigue preso y con pocas esperanzas de ser liberado o
que se le otorgue, al menos, prisión domiciliaria.
Dalmao se encuentra en delicado estado
de salud, estando detenido en el Hospital Militar de Montevideo desde el 2011,
y ha presentado todos los recursos posibles, habiendo quedado a la espera del
fallo del Tribunal de Apelaciones. Le queda después la apelación ante la Suprema
Corte de Justicia, si fuera necesaria, y las instancias internacionales. Por
último, conviene recordar que Uruguay ha sido el único país de la región que ha
extraditado a cuatro de sus militares solicitados por la Justicia de Argentina
(1) y Chile (3).
Miles
de militares procesados en Colombia
Según fuentes de la Asociación Colombiana
de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), en Colombia hay en la
actualidad 15.000 procesos abiertos a militares y casi 3.000 militares bajo
arresto y detenidos.
Muchos de estos procesados y
condenados tienen que ver con el conflicto militar que azota a Colombia desde
hace cincuenta años y por haber sido juzgados por la justicia ordinaria.
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| Presidente Juan Manuel Santos |
Precisamente los altos mandos
colombianos siempre han exigido que los militares fueran juzgados por un Fuero Militar
y no por jueces ordinarios, una demanda que han reclamado a las instituciones políticas
y al presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Los casos más emblemáticos de
militares procesados son los generales Jesus Arias Cabrales y Jaime Uscátegui y
el coronel Alfonso Plazas.
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| Coronel Alfonso Plazas
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Plazas siempre ha argumentado que es
inocente y ha hecho de su causa, ahora apoyada por su esposa, la senadora Thania
Vega, el emblema de la lucha de los militares colombianos por preservar su honor
en el combate contra el terrorismo en los años de plomo.
NOTA: La mayoría de las imágenes no corresponden a la nota original, han sido descargadas de Internet.
