La descripción que el
columnista hace del funcionamiento actual de la justicia en particular y de las
instituciones en general… nos mueve a reflexionar sobre el gran daño físico y
moral que se cometió y se comete a diario en contra de todos los soldados,
policías, gendarmes, prefectos y civiles que en los años ’70 combatieron al
violento terrorismo que tenía como objetivo hacerse del poder para imponer un
sistema marxista-cubano y soviético. Los mal llamados juicios de lesa humanidad
son una farsa y una ofensa para la república. Están viciados de nulidad absoluta
y sin ninguna duda, el próximo gobierno deberá solucionar ese grave problema.
Sinceramente,
Pacificación
Nacional Definitiva
por
una Nueva Década en Paz y para Siempre
SIN
DECISIÓN POLÍTICA NO CESARÁ LA CORRUPCIÓN
Por Hugo Alconada Mon
| LA NACION
Foto: LA NACION
Primer acto. El juez
y el periodista conversan en el despacho del juez. La secretaria del juez entra
de improviso. Le informa que llama el operador. El juez, que estaba sentado, se
pone de pie nada más que para atender esa llamada. Cual sargento ante la
irrupción de su general.
Segundo acto. Semanas
después, el operador y el periodista coinciden en la puerta del despacho del
mismo juez. El operador sale; el periodista pensaba entrar, pero opta por
dialogar con el operador. El operador le anticipa que en tres meses el juez
cerrará "la" causa penal.
Tercer acto. Tres
meses después, en efecto, el juez sobresee a los acusados. Los fiscales no
apelan. Se cierra la causa -fina ironía- el Día de los Santos Inocentes.
Esto que cuento
sucedió. Me sucedió. Es apenas una muestra de un amplio abanico similar, que
resulta imposible denunciar sin más pruebas que los ojos y oídos del
periodista. Conozco fiscales a los que, para apretarlos, les han enviado fotos
suyas con alguna amante. Jueces que han llorado delante de mí. Testigos a los
que les han puesto un revólver en el pecho para que callen.
Peritos que han
firmado dictámenes falsos, por apriete o por dinero.
También conozco
muchos funcionarios políticos honestos. Pero, acaso por cuestiones de mi
trabajo, conozco muchos de los otros. De los que a la hora de pedir coimas ya
calculan cuánto de ese dinero negro deberían destinar al abogado, al fiscal y
al juez si el negociado saliera a la luz y afrontaran una investigación penal.
Que más que investigación será, por tanto, una parodia.
Hay muchos jueces y
fiscales probos y dignos. Pero también hay de los otros, de los que hasta
mandan señales de complicidad a los acusados mediante el color de las corbatas
que usan. O por la mano en que llevan el teléfono celular. O un prendedor en la
solapa del saco. Todas señales preestablecidas por el enlace en las sombras
para que el acusado al que le han pedido "que
se ponga" sepa que el requirente no vende humo, sino que es,
efectivamente, un emisario de Su Señoría.
Y así, mientras la
Justicia es una dama vendada e inflexible para los ladrones de gallinas, se
hinca ante los grandes tiburones. Sean funcionarios, empresarios o
sindicalistas. O lo que fuere. Porque lo que importa es la billetera,
rebosante, para comprar (o alquilar) voluntades.
Así las cosas, ¿no
hay nada que hacer? ¿Bajamos la persiana y sálvese quien pueda o tenga los
billetes? ¿Es acaso tan difícil revertir o corregir este panorama?
Por lo pronto, hay
quienes incluso consideran necesario impulsar una Conadep de la corrupción
post-2015. Hay varios grupos trabajando en esa línea desde hace meses. El
desafío para quienes adscriben a esa idea es determinar si quienes vendrán
después serán distintos, mejores que los que están, o si sólo utilizarán esa
Conadep para lo que en verdad sería una cacería de brujas con fines
partidarios.
Por mi parte,
prefiero pensar en los actuales (y futuros) funcionarios como personas que sólo
refrendan con sus acciones un aforismo. Ese que dice que "el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe
absolutamente". Si es así, entonces el camino quizá pase por
restablecer los contrapesos, filtros y controles que fiscalizan al poder.
Hay instituciones que
hoy son apenas una sombra de lo que fueron o de lo que pueden y deben ser.
Entre otras, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, la Sindicatura General, la Auditoría General, el Consejo de la
Magistratura. Y no es necesario impulsar reformas legislativas. Basta con
inyectarles a esos organismos personal y presupuesto, y refrendarlo luego con
el ingrediente clave: decisión política.
Esa decisión, bien
explicitada, daría una clara señal hacia adelante. ¿Cuál? Que la corporación
político-empresarial (que excede a este gobierno) no degollará al juez, fiscal
o funcionario de esos organismos de control que ose investigarlos. Porque
durante los últimos 20 años sobraron las muestras en contrario.
La duda es obvia.
¿Querrán eso quienes asumirán en 2015? ¿O el próximo presidente preferirá
beneficiarse del statu quo que pasará a acatar sus designios discrecionales
-contra quien sea- en cuanto agarre el bastón de mando?
Porque el riesgo de
impulsar la senda institucional, fortalecer los órganos de control y potenciar
a jueces y fiscales es evidente. El próximo gobierno perdería la facultad de
hacer y deshacer lo que le plazca, sin pruritos por ese estorbo llamado "ley" o "Constitución nacional". Seguir esa senda implicaría
abrir una verdadera caja de Pandora: un Poder Judicial, al fin, independiente.
¿Por qué una caja de
Pandora? Porque existiría la posibilidad, por ejemplo, de reabrir expedientes
penales cerrados tras investigaciones que fueron una farsa. A eso apunta Cosa
juzgada fraudulenta, el libro que acaban de publicar dos penalistas, Federico
Morgenstern y Guillermo Orce.
"La
sociedad verá los tribunales como sesgados, deshonestos y parciales si percibe
que los juicios farsescos son inalterables, si se respeta la firmeza de las
absoluciones obtenidas tras un procedimiento espurio y si, por la inacción
deliberada de un funcionario judicial, no se logra condenar a quien se sabe que
cometió un delito", argumenta uno de los autores
para fundamentar que la Justicia logre al fin que ciertos sobreseimientos "truchos" sean revisados.
Morgenstern recurre
al lenguaje futbolero para explicarlo: "Si
la cancha está inclinada, el triunfo no es digno, pero si existió una
simulación en la que el proceso judicial fue orientado al otorgamiento de un
bill de indemnidad contrario a los principios del sistema republicano, entonces
ni siquiera hubo un partido".
El libro promete
levantar polvareda porque se mete con una de las vacas sagradas del derecho
penal: ¿es posible relativizar el sacrosanto principio del non bis in ídem (no
se puede juzgar dos veces por el mismo hecho), aun en investigaciones
sospechadas de terminar en sobreseimientos debido a corrupción del juez o los
aprietes del poder?
Eso es, sin vueltas,
lo que ocurrió en varios expedientes que se cerraron durante las últimas
décadas. Causas en las que ni siquiera llegó a jugarse el partido de la investigación,
ni el de los controles previos ni posteriores, debido a la corrupción
desenfrenada de funcionarios y empresarios.
Insisto: ¿estarán
dispuestos quienes lleguen en 2015 a fortalecer las instituciones, los órganos
de control y el Poder Judicial, lo que implicaría una verdadera (y muy
concreta) política de Estado? ¿O se limitarán a repetir frases tan marketineras
como vacías durante la campaña?
Como dijo el papa
Francisco en una homilía reciente, hay que esperar contra toda esperanza. Pero
dependerá de la sociedad. Porque el que no llora, no mama. Y si los ciudadanos
no les exigimos a los candidatos terminar con la impunidad, ellos van a
preferir seguir como hasta ahora, con la comodidad del statu quo. O, como
máximo, les alcanzará con aplicar una dosis homeopática de gatopardismo.
Así, pues, de las
respuestas que como sociedad demos a esas preguntas dependerá que post-2015
haya un cuarto acto en la farsesca no-investigación que enjuagaron aquel juez y
aquel operador. Y para muchas, muchísimas otras no-investigaciones más.
