miércoles, 12 de octubre de 2016

“PRISIONERO DE GUERRA Y PRESO POLÍTICO”


A nuestros amigos:

Hace pocos días el Presidente del Foro de Generales Retirados nos preguntó si nosotros nos considerábamos Prisioneros de Guerra o Presos Políticos. Nuestra respuesta fue “Somos Prisioneros de Guerra y, también, Presos Políticos”.

Nuestro país sufre una guerra revolucionaria desde la década del 50 cuando fuerzas insurgentes atacaron a la Nación con elementos guerrilleros y terroristas apoyados con personal y medios de Cuba, la ex URSS, Yugoslavia y otros países afines a la ideología marxista.

Ésta guerra tiene como objetivo final la destrucción de nuestra cultura y forma de vida para así edificar un nuevo “Estado” acorde a la ideología revolucionaria.

Ésta guerra tiene tres etapas sucesivas en tiempo y objetivos intermedios. La infiltración, la etapa armada y la política. Todas llevan a la conquista del objetivo final ¡¡¡La toma del poder!!! (“¿Vamos por todo?”).

Ahora bien, en la segunda etapa la guerrilla sufrió la derrota militar, entonces, fieles a la frase de Lenin: “La política es la continuación de la guerra por otros medios”, volcaron todos sus esfuerzos, intelectuales y materiales, para desarrollar la tercera etapa de su guerra, la etapa política.

Para ello hicieron un eficiente trabajo de acción psicológica sobre la sociedad, instalando “su relato”, deformando la historia de esta guerra.

Sí, la palabra es guerra y no otra; así lo reconoció el Tribunal que juzgó a los comandantes (Causa 13/83) y el propio presidente Macri cuando dijo “guerra sucia”.

Es así como, en esta tercera etapa de la guerra fuimos capturados, solo por el hecho de ser oficiales del Ejército Argentino, Ejercito que, junto a las otras FFAA, de SS y Policiales, defendieron a la Nación, por orden del Gobierno, de las hordas revolucionarias marxistas.

Es por eso que hoy somos Prisioneros de Guerra, aunque no podemos desarrollar todas las actividades por diversas causas que dicta nuestro reglamento de “El Soldado Aislado y la Patrulla” cuando se refiere a los procedimientos a seguir por el soldado cuando es capturado por el enemigo.

También somos Presos Políticos, porque como ciudadanos se nos ha apresado, procesado o condenado, en forma anticonstitucional, violando lo dispuesto especialmente el Art. 18 de la Constitución Nacional.

Políticamente se anuló el Código de Justicia Militar, las leyes de “Obediencia Debida” y de “Punto Final”. También se anularon los indultos acordados por el entonces presidente Carlos Menem. Como muestra de la parcialidad manifiesta del gobierno de Néstor Kirchner en el tratamiento de este tema, él sólo derogó la amnistía para aquellos que derrotaron con las armas al terrorismo, pero a los integrantes de la guerrilla les concedió continuar en la condición de amnistiados, llegando a ocupar, algunos de ellos, funciones de nivel en los gobiernos del matrimonio Kirchner.

Ese gobierno hizo “importar” a la Justicia la figura del “autor mediato” y, en complicidad con miembros del Poder Judicial, crearon una “madeja” de leyes que se contraponen abiertamente a la Constitución Nacional.

También crearon la “Política de Derechos Humanos” que no es otra cosa que el desarrollo de un “plan Sistemático” para anular (para no decir la polémica palabra “aniquilar”) a todo vestigio de reacción contrarrevolucionaria.

Cabe recordar que el momento de los supuestos delitos de “lesa humanidad” no existía legislación nacional al respecto, solo aparece en la reforma constitucional de 1994. Allí también se ratifica el espíritu del Art. 18 cuando en el Art. 76 Inc 22 menciona explícitamente que los tratados internacionales sobre “lesa humanidad” no pueden ser aplicados en forma retroactiva.

Además, crearon el nucleamiento judicial kirchnerista llamado “Justicia Legitima”, donde a simple vista salta la parcialidad de los magistrados integrantes de ese grupo.

Como parte de este “plan sistemático” se montó primero un llamado “Juicio de la verdad” donde se buscaría a los restos mortales de los guerrilleros, pero luego se reorientó a producir “pruebas” sin los recaudos legales correspondientes, ellas servían para luego iniciar los actuales procesos.

Muchos de los que fueron querellantes o defensores de guerrilleros, luego integraron algunos tribunales orales y fiscalías.

Como esta “madeja” jurídica anticonstitucional aún continúa, es por lo que decimos que “También somos Presos Políticos”, ahora de éste gobierno.

Pero, a los problemas políticos se los soluciona solo con medidas políticas. Creemos que la única forma de borrar esa “madeja” de leyes anticonstitucionales que nos mantiene como Presos Políticos, es, sencillamente, la aplicación a “raja tabla” del Art. 18 de nuestra Carta Magna. Es por eso que la “Asociación de abogados por la Justicia y Concordia” persiste, sin claudicar, para que se vuelva al estado de Derecho en nuestro país.

Por todo lo expuesto es que somos Prisioneros de Guerra, militares que aún estamos cumpliendo con nuestra vocación de servicio a la Patria, esta es otra misión que nos tocó y estamos cumpliendo orgullosamente.

Y somos Presos Políticos porque como ancianos ciudadanos estamos privados de nuestra libertad en forma anticonstitucional, es decir, “por un capricho o venganza” política.

Para nosotros, convencidos que aún estamos en una “silenciosa” guerra, nos cuesta creer que muchos argentinos no comprendan que el país, nuestro país, fue y es atacado; primero con armas y explosivos, y luego con acción psicológica y una política deformada.

Nosotros no claudicaremos con nuestra misión de defender a la PATRIA. No traicionaremos el juramento que hicimos hace más de 50 años. La palabra “Traición” no está en nuestro léxico. La “dragona” que tienen nuestros sables, posen un nudo corredizo que se ajusta a la muñeca para usar el arma y no perderla en los golpes, tiene la longitud suficiente como para introducir la cabeza, ello significa que “más vale ahorcarse y morir que traicionar a la PATRIA”.

Por todo eso concluimos que, como MILITARES, somos PRISIONEROS DE GUERRA, en tanto que como ciudadanos somos PRESOS POLITICOS. Dejaremos de serlo cuando la Nación rescate de los campos de prisioneros a sus soldados y cuando ella aplique el Art. 18 de la Constitución a todos sus ciudadanos.

Antes de finalizar, queda como reflexión para otro artículo: ¿Por qué la sociedad colombiana no aprobó el llamado “Pacto” con las FARC? Interesante análisis.

Como siempre, nuestros saludos a los PG y PP de todo el país, cariño para nuestras estoicas familiar, algunos abnegados camaradas y a nuestros fueles amigos.

¡¡SOLDADO, NUNCA TE ARREPIENTAS NI PIDAS PERDON POR DEFENDER A LA PATRIA!!


Juan Carlos Jones Tamayo
TCnl (R)- Prisionero de Guerra Cnl (R)- Prisionero de Guerra
Licenciado- Preso Político Licenciado – Preso Político

Martin Rodríguez
TCnl (R)- Prisionero de Guerra Cnl (R)- Prisionero de Guerra
Licenciado- Preso Político Licenciado – Preso Político



NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

martes, 11 de octubre de 2016

EN CHILE PIDEN INDULTO PARA CONDENADOS POR LESA HUMANIDAD

Subsecretaria de DD.HH. de Chile sacude el avispero y pide indulto general para condenados de lesa humanidad enfermos

por EL MOSTRADOR 9 octubre 2016

Lorena Fries apunta a que medida se discuta en el Congreso

La abogada es partidaria de que condenados por crímenes de lesa humanidad -que padezcan enfermedad terminales- puedan salir de la cárcel, aunque aclara que "es un debate complicado, pero es un debate de futuro". El tema, según Fries, tiene que plantearse en el Congreso, a través de una propuesta de Ley de Indulto General en casos de DD.HH.

La ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se manifestó dispuesta a debatir en el Congreso una ley para que condenados por crímenes de lesa humanidad -que padecen enfermedades terminales- puedan salir de la cárcel. "Ese es un tema que tiene que debatir el Congreso a través de una propuesta de Ley de Indulto General en casos de DDD.HH. Yo creo que en algún minuto hay que dar ese debate", señala.

La nueva subsecretaria de Derechos Humanos argumentó que, a su juicio, lo peor que le puede pasar a los defensores de derechos humanos es perder la humanidad, "parto de esa base, pero creo también que para tener expresiones de humanidad debemos sentirnos respetados también en nuestros derechos. Entonces, es un debate complicado, pero es un debate de futuro".

La abogada puntualizó que el tema de los derechos humanos es no solo un tema de Estado, sino también de sociedad, "pero si es un tema de Estado, entonces no puede estar recluido en ningún grupo". Según la abogada, no se puede decir que esto son derechos humanos de un lado, y derechos humanos del otro. "Sobre los derechos humanos no hay miles de opiniones. Los derechos humanos son un mínimo al que los estados han concurrido con su voluntad y se han obligado a cumplir esos mínimos", explica.

Por otra parte, Fríes se refirió a su rol como directora del INDH, en el que fueron conocidos sus entreveros con Carabineros y las denuncias por torturas de policías. "Conozco dónde le aprieta el zapato al Estado chileno en materia de DD.HH., y aquí en la subsecretaria tengo la posibilidad de contribuir a superar situaciones que desde la otra vereda se veían como un déficit de DD.HH.", comenta.

Por lo mismo, adelantó que tiene intenciones de "educar" a los uniformados en el respeto a los derechos fundamentales. "Lo que me importa es que Carabineros, las Fuerzas Armadas y cualquier funcionario público conozca y sea respetuoso en los derechos humanos, y desde esta subsecretaría, si se puede avanzar a través de la formación de ellos va a ser un punto que apoye, y va a significar que a futuro haya menos denuncias, por ejemplo, por parte del INDH", dice.


ATAQUE FEMINISTA EN LA CATEDRAL DE ROSARIO


Que no te lo cuenten de otro modo: así fueron los hechos de violencia en la Catedral de Rosario.

Grupos marxistas y feministas atacaron y destruyeron salvajemente distintos sectores de la ciudad. Los desmanes fueron anunciados y promocionados. Tanto los medios como las autoridades son cómplices de todo lo acontecido.


FUENTE: Si deseas leer mayo información, ingresa aquí http://davidrey.com.ar/que-no-te-lo-cuenten-de-otro-modo-asi-fueron-los-hechos-de-violencia-en-la-catedral-de-rosario/

lunes, 10 de octubre de 2016

¿CAMBIEMOS o CONTINUEMOS?


“Conmigo se acaban los curros en derechos humanos”.

Esta esperanzadora frase la dijo, con el énfasis que tal decisión ameritaba, el candidato de Cambiemos en agosto de 2015. Confieso que tenía decidido votarlo, aunque nunca hubiera mencionado el tema, pero al escucharlo se potenció mi ilusión y pese a no tener obligación –por edad– concurrí al comicio a primera hora y con grandes esperanzas voté a Cambiemos.


Y estoy seguro que fuimos unos cuantos los argentinos que confirmamos o decidimos nuestro voto a raíz de esta promesa.

Pero el nombramiento de funcionarios como Avruj, Peña, Patricia Bullrich me hizo surgir la preocupante sospecha de haber caído nuevamente (qué ingenuo ¿No?) en la trampa de las mentiras de campaña.

Y al poco tiempo de la asunción la sospecha se hizo certidumbre. Hoy estamos igual que ayer en el tema de derechos humanos. Siguen siendo gozados únicamente por los terroristas y negados a quienes los combatieron, justamente aquellos a quienes todos los funcionarios de las últimas tres décadas deberían ir a visitar a los penales y agradecerles que hayan derrotado a la guerrilla de terroristas asesinos, traidores a la Patria, de no haber sido así…. 

Pero su soberbia y comodidad no se los permite.

Optan por un cobarde silencio y no se atreven a dar un valeroso reconocimiento de la verdadera historia.

Resulta ya aburrido mencionar que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente (salvo que beneficie al imputado), que el Estatuto de Roma tipificador de los delitos de Genocidio y Lesa Humanidad prohibió su aplicación a hechos anteriores a su sanción, que de sus artículos surge que serán imputados tanto los funcionarios de un Estado como los integrantes de las Organizaciones Guerrilleras, que lo que se libró a partir de los ’60 fue una guerra y simplemente con ver las organizaciones, grados militares, armamentos, objetivos y declaraciones de los propios terroristas no caben dudas de la existencia de un conflicto bélico. Sólo nuestros funcionarios no lo comprenden o miran para otro lado…

Con tristeza e indignación vemos que se premia con dineros públicos a los terroristas y sus deudos, se los honra junto a jefes de estados extranjeros, mientras van muriendo en miserables mazmorras octogenarios y nonagenarios que nos dieron la democracia….


Durante el gobierno de Cambiemos ya suman un centenar quienes ofrendaron su vida abandonados y enfermos, lejos de sus seres queridos.

Y pensar que de no haber sido por el triunfo de las Fuerzas Armadas, hoy nuestra Patria se habría transformado en un remedo de Cuba y Venezuela.

Aclaro para que no se malinterprete que, aparte de este rechazo puntual, comparto en general las decisiones del gobierno, no soy experto ni en economía, ni finanzas, ni relaciones exteriores, solo un simple ciudadano que desea, antes del final, ver a nuestra Patria de pie y a todos los argentinos gozando de los mismos derechos y con las mismas obligaciones, viviendo en paz y concordia.

Apenas eso....

Juan Manuel Otero


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

domingo, 9 de octubre de 2016

ARGENTINA Y LA FÓRMULA DE COLOMBIA PARA LUCHAR CONTRA LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA

El país que lidera Juan Manuel Santos logró enormes avances en materia de inclusión, a partir del trabajo de la Agencia para la Reintegración. Cómo funciona y por qué parece una fórmula para imitar

Por Silvia Mercado
@SilMercado












Mauricio Macri escucha atentamente a Juan Manuel Santos en una conferencia de prensa

La Academia Sueca le tendría que haber dado el Premio Nobel de la Paz 2016 a la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), una organización que depende de la Presidencia y viene desarrollando lo que su director general, Joshua Mitrotti, llama "una política de Estado robusta", que se viene perfeccionando paso a paso, desde su creación original en el 2003 como Programa para la Reincorporación a la Vida Civil.

En ese momento gobernaba Andrés Pastrana, que imaginaba un plan para dos años, pero Álvaro Uribe continuó y profundizó esa política, creando la Alta Consejería para la Reintegración. En el 2011, Juan Manuel Santos creó por decreto la agencia, con personería jurídica propia y presupuesto autónomo.

Desde el 2003 ingresaron al programa 49.165 desmovilizados de la guerrilla y las organizaciones paramilitares, de los cuales 90% tenían afectaciones psicológicas severas, 75% eran analfabetos funcionales, 50% fueron reclutados cuando eran menores de edad, es decir, son víctimas. Actualmente, 22.000 de los desmovilizados que pasaron por la ACR hicieron la escuela primaria, 14.000 la secundaria, 2.800 tomaron educación superior y 500 son profesionales. El 74% trabaja normalmente.

Entrevistado por Infobae TV, Mitrotti dijo que "la cárcel nunca es una solución, además de ser más cara. En Colombia, el presupuesto de un preso es de USD6.000 al año, el de la reintegración USD1.900 al año, y tenemos probado un éxito del 76% de los desmovilizados, que con sus nuevas habilidades y competencias adquiridas se incorporan a la vida en sociedad en forma sostenible y tienen la capacidad de generar espacios de convivencia con su familia y el resto de la comunidad".

Macri en Cartagena, adonde viajó por la firma del fallido acuerdo de paz (Presidencia de la Nación)

Mitrotti vino a la Argentina a participar del seminario Diálogos Globales que organizó el secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional, Iván Petrella, en la Casa Rosada, un encuentro que pasó casi desapercibido pero que marcó como pocos el tono de este nuevo tiempo político: "¿Es posible la convivencia después de la polarización?". Ese fue el subtítulo de la convocatoria, pero había más preguntas. ¿Cómo lograr prácticas de reconocimiento del otro y apertura hacia sus razones en sociedades polarizadas por el conflicto? ¿Cómo encontrar puntos en común cuando chocan cosmovisiones distintas? ¿Cómo reconocer la humanidad aún en el que parece no querer reconocerla?

Al abrirlo, Petrella, que es filósofo y experto en teología, dijo que el diálogo "es un desafío existencial, no técnico", porque se necesita "coraje para encarar conversaciones difíciles" y propuso "vivir nuestra democracia de una manera más ambiciosa", profundizándola. "El diálogo no sea el escape a posturas cómodas", dijo, porque se trata de "dar paso a algo nuevo, que incorpore lo distinto".

El no habló de "reconciliación", sin embargo, esa palabra se coló en los dos días de exposición de experiencias y debates, donde -entre otros- hablaron Patricia Balbuena, que se pasó 20 años promoviendo el caceo de justicia de las poblaciones más vulnerables; Charles Villa-Vicencio, director de la Comisión para la Verdad y Reconciliación que que se confortó en Sudáfrica luego del apartheid, donde asesoró directamente a Nelson Mandela y Desmond Tutu; Paulette Regan, redactora principal del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá, que buscó saldar las heridas con los pueblos originarios; y Najeeb Michaeel, padre dominico iraquí de gran actuación allí donde el diálogo ya no es posible, preservando manuscritos del siglo XI y XII ante la amenaza cierta de fundamentalistas del ISIS.

Al cierre, el ministro de Cultura Pablo Avelluto reconoció que no se habló de nuestra propia experiencia: "Buscamos dejar afuera ex profeso a la Argentina para que seamos oyentes y dejáramos de pensar que lo nuestro es singular, porque hay infinidad de experiencias como la nuestra".

Ram Krisham Singh Khalsa y Anibal Guevara (ambos en el centro) durante Diálogos Globales

Justamente, en el seminario estuvo presente Aníbal Guevara, hijo de un militar que está preso en Marcos Paz con prisión preventiva desde el 2006, condenado en primera instancia por cuatro desapariciones cometidas en San Rafael, donde él estaba destinado. No hay pruebas y sólo el testimonio de la mujer de un desparecido que asegura que Guevara padre, que tenía 24 años en ese momento, fue el secuestrador de su marido. El militar lo niega enfáticamente y exhibió pruebas para demostrarlo.

También estuvo el hijo de un desaparecido, Ram Krisham Singh Khalsa, sacerdote sikh argentino que le contó al hijo del militar detenido que una vez estaba con su madre en la playa y que ella reconoció al secuestrador de su padre. "Pero no tienen que hablar de esto", le exigió su mamá y él cree que en ese comentario nació su conversión religiosa, ya que se trata de un culto donde el silencio es la práctica habitual.

A ambos los presentó la periodista y escritora Norma Morandini, quien, cuando le tocó a hablar, se refirió especialmente a la experiencia de los hijos de los militares argentinos que armaron la organización Puentes para la Legalidad con el objetivo de favorecer las condiciones de igualdad democrática en la justicia y de dialogar con los hijos de desaparecidos.

Pero la dolorosa grieta entre hijos de militares e hijos de desaparecidos, ese diálogo que hoy parece imposible -aunque sin duda llegara más pronto de lo que parece-, no es la única que existe en la Argentina.

Hay otra todavía peor, porque no está corporizada en personas con nombre y apellido que puedan hablar y reclamar frente a una cámara de televisión o ante un poder del Estado. Nelson Castro la mostró con brutal claridad esta semana, reproduciendo imágenes de jóvenes armados de 17 y 18 años de la villa Carlos Gardel regodeándose con el delito y la muerte. Se trataba del grupo que atacó la casa de Miriam Coppolillo, la mujer de Palomar que fue asesinada en momentos en que salía a festejar el cumpleaños de su esposo.

"Estas personas viven en un estado presocial. Es decir, ninguna de las normas que aplicamos para nuestras vidas son sus normas", dijo Castro. Y agregó: "Hoy están presos. ¿Cuánto tiempo van a estar en la cárcel? ¿10 o 12 años? Un día van a salir. ¿Saldrán mejor de lo que están?".

Parece imposible que una Argentina que después de 33 años de democracia no pudo saldar las heridas de la violencia de los 70, pueda tener éxito en sacar a cientos de jóvenes de la violencia que nace en la marginalidad, el narcotráfico y el crimen más o menos organizado. Sin embargo, urge poner manos a la obra con todo lo pendiente porque las deudas internas son acuciantes y no hay ningún tipo de posibilidad de que aún los más ricos y protegidos puedan vivir en paz si la misma paz -y la armonía y la justicia social- no llega a los hogares más humildes en la escala social.

La cuenta del debe es inconmensurable en nuestro país, mucho más después de 12 años excepcionalmente buenos que sólo beneficiaron a los que supieron sacarle ventajas personales al Estado a través de la corrupción. Sin embargo, Colombia es la prueba de que las democracias, aún con altos y bajos, avanzan si las mejores políticas son de Estado y se perfeccionan con la inclusión de nuevos actores en los procesos más complejos. Como dice Petrella, se necesita coraje. Y agrego: creatividad.

En diálogo con Infobae, el colombiano Mitrotti contó que la experiencia de la Agencia para la Reconciliación empieza a ser estudiada en geografías sin guerrillas pero con grietas sociales severas, como El Salvador y Río de Janeiro, donde pandillas -o maras- adquieren cada vez más poder, sostenidas en la injusticia social de sus sociedades y la incapacidad para generar condiciones de inclusión a los jóvenes. Tal vez un programa similar en la Argentina pueda empezar a ser explorado como vehículo de integración sustentable de esos pibes que hoy no tienen nada que perder y no les genera culpa matar. Es que nunca tuvieron empatía con la vida y sólo conocen la violencia, la droga y la muerte. Si ellos no están adentro, ninguno de nosotros lo estará. Y como en Colombia, sólo con la paz llegarán las inversiones.



NOTA: El resaltado en color amarillo no corresponde a la nota original, solo pretende llamar la atención sobre las graves consecuencias de la guerra revolucionario de los años ’70… aún sin solución.

LA SOMBRA DE LA MUERTE ENSUCIA A LA JUSTICIA ARGENTINA



Estimados Amigos:

El señor Capitán de Navío (R.E.) Daniel Eduardo Robelo, de 75 años de edad - Promoción 91 de la Escuela Naval Militar, se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Naval Dr. Pedro Mallo. Permaneció descompuesto sin atención en la Unidad Penal 31 Ezeiza, durante una semana. Llegó deshidratado, descompensado, con un infarto intestinal. Lo operaron pero el cuadro es gravísimo.

Hace 2 meses sala 4 de la Cámara de Casación le negó el beneficio de la prisión domiciliaria. Este viernes 7 de octubre por la tarde, el tribunal le otorgó la prisión domiciliaria "ante el grave estado de salud", avisando a la familia que dado el feriado hasta el martes, que podían disponer del cuerpo ante su fallecimiento.

No es necesario ningún otro comentario al respecto.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre

IDEAS PARA LA CALDERA DEL DIABLO DE CADA DÍA


"Lo siniestro es la irrupción
del horror en lo cotidiano".
Sigmund Freud

La sociedad parece haber dejado atrás la preocupación por los problemas de la economía para privilegiar la inseguridad, esa que todos los días cubre de sangre las páginas de los diarios y las pantallas de los televisores, ligada estrechamente al incremento geométrico del narcotráfico durante la larga noche kirchnerista. Como sucede en muchos otros campos de la información, llama más la atención lo que sucede en nuestro inmediato ámbito geográfico -el Conurbano, Rosario, etc.-, algo comprensible si la propia Gobernadora bonaerense ha debido mudar su domicilio a una base militar, que en el interior del país, donde también la inseguridad y la droga están presentes y producen graves daños en el tejido social.

Por eso resulta necesario establecer dos escenarios, diferenciados por el tamaño de la concentración humana. Porque una cosa es combatir esa plaga en las grandes ciudades y otra, muy diferente, es hacerlo en las pequeñas poblaciones en las que, como es sabido, todo el mundo se conoce y donde el delito adquiere otras formas adicionales, como el abigeato. Voy a comenzar por éstas y, para ello, me he puesto a pensar en algunas recetas que han sido probadas, con éxito, en otras latitudes.

La ciudadanía, unánimemente, vincula la inseguridad a la corrupción policial y su necesaria complicidad con el delito, y a la ineficiencia y el "garantismo" judicial, que privilegia el amparo al delincuente sobre su víctima. Entonces, ¿por qué no mirar alrededor e imitar fórmulas eficaces para solucionar gradualmente el problema?

Los gobernadores deben enviar a sus respectivas legislaturas sendos proyectos de ley para reformar todo el sistema judicial y policial en el interior de sus provincias y, una vez probado el éxito de las iniciativas, progresivamente acercarlas a las ciudades de mayores dimensiones. Básicamente, se trata de copiar el sistema que tantos beneficios han traído a los Estados Unidos con los "sheriffs", es decir, poner a cargo de las comisarías de pueblos y ciudades pequeñas a civiles, domiciliados en el mismo sitio y elegidos por el voto popular cada cuatro años. Las ventajas que adoptar esta idea traerían aparejadas son obvias, porque el control sobre la eficiencia de la actividad y la licitud del patrimonio del funcionario serían controladas por sus propios vecinos.

Lo mismo habría que hacer con los fiscales y los jueces de pequeñas causas, también electos por iguales períodos entre sus mismos conciudadanos, ya que sumaría al beneficio de la transparencia, la rápida descongestión de los juzgados de mayor cuantía, que hoy se ven impedidos de ejercer eficazmente su actividad por la falta de medios adecuados, espacio físico y personal.

El otro aspecto, como dije, es la seguridad y la lucha contra el delito en las grandes concentraciones humanas de todo el país. Para entender mi propuesta, que seguramente encontrará resistencias principistas, es necesario reconocer que estamos, literalmente, en guerra; hemos sido llevados a ella por la lucha entre los diferentes carteles para hacerse de territorios de producción y consumo y rutas para importar y exportar drogas, sean de origen natural o sintético. Y es una guerra en la cual llevamos las de perder, porque esas organizaciones disponen de cantidades tan siderales de dinero que les resulta extremadamente fácil comprar voluntades en la política, en la Justicia y en la policía, amén de permitirles acceder al armamento y a los medios de transporte más sofisticados, obviamente muy superiores a los que disponen quienes se le oponen.

El Gobierno se encuentra ante una disyuntiva, la misma que acosó a sus homólogos de otras latitudes: dónde utilizar a las fuerzas de seguridad federales, ¿cumpliendo sus funciones específicas en las fronteras o masivamente enfrentando al delito en el territorio? Creo que la opción ha dejado de existir, ya que la corrupción e ineficacia de las policías locales se ha vuelto innegable y la sociedad así lo percibe; para evitar el riesgo de contaminación, resultará necesario rotar al personal, impidiendo su contacto permanente con los narcotraficantes locales.

Claro que eso significa desguarnecer los lugares por donde la droga y el terrorismo -no lo olvidemos, ya que sigue plenamente vigente- ingresan al país. Como se ve hoy en numerosísimas países, es necesario desplegar en las fronteras terrestres, aéreas, fluviales y marítimas a las fuerzas armadas, con todo su potencial y con los equipos tecnológicos necesarios para encarar ese desparejo combate. Por supuesto, antes habría que dotarlas de las leyes indispensables, tanto para permitirles actuar con eficacia cuanto para garantizarles que no serán luego perseguidos por cumplir sus obligaciones, como sucedió con aquéllos a quienes la democracia convocó a defenderla y luego fueron encarcelados por hacerlo, juzgados y condenados por los mismos terroristas a quienes habían vencido militarmente.

Ya que construir prisiones de alta seguridad, adecuadas para alojar a narcotraficantes, violadores, corruptos y asesinos, resulta hoy una utopía presupuestaria, el Gobierno debe convocar a una licitación nacional e internacional para que empresas privadas se hagan cargo de hacerlo y de administrar la "hotelería", reservando a las fuerzas penitenciarias -también rotándolas con frecuencia- exclusivamente la seguridad. Naturalmente, habría que ubicar estas cárceles en zonas alejadas y de difícil acceso -por ejemplo, la Patagonia central- e impedir, seriamente, la utilización de medios de comunicación por parte de los internos, para evitar que éstos continúen gerenciando desde ellas sus negocios ilícitos. Seré criticado porque impediría la cercanía entre los detenidos y sus familias, pero creo que no debemos privilegiar ese presunto derecho a la tranquilidad de la sociedad entera, perdida por el accionar de los delincuentes.

Insisto en que el Consejo de la Magistratura debe ponerse las botas, "desratizar" la Justicia (Fiscal Germán Moldes dixit) y controlar de cerca a los jueces, para evitar que continúen ejerciendo su ministerio quienes lo han utilizado para sostener cualquier proyecto político y garantizar la impunidad de los corruptos o quienes se encuentren sospechados de connivencia con el delito; una vez desplazada la penosa Procuradora General, Alejandra ¡Giles! Carbó, idéntico procedimiento deberá aplicarse a los fiscales.

Aplaudo el proyecto de reforma que envió el Ejecutivo al Congreso, que impedirá el funcionamiento de la puerta giratoria que tanto ha beneficiado a los delincuentes, en especial durante la era Zaffaroni. Pero coincido con las críticas que se le formulan, ya que su aplicación no podrá ser inmediata, precisamente por aquellas dificultades que señalara la Dra. Servini y muchos de los fiscales.

Para terminar, todos, todos debemos exigir a nuestros representantes que se sienten a la mesa de discusión de una buena vez, y establezcan políticas de estado respecto al tema de la inseguridad porque, como hemos visto en Colombia y México, si no lo hacemos la guerra será prolongada y, sobre todo, enormemente costosa en vidas humanas.

Bs.As., 8 Oct 16

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado