PETITORIO DEL FORO DE GENERALES AL MINISTRO DE JUSTICIA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de agosto de 2018.

Señor Ministro de Justicia de la Nación

Dr. Germán Garavano

S/D

                            Los abajo firmantes en nuestro carácter de miembros de la Comisión Directiva del Foro de Generales Retirados del Ejército Argentino, ONG con 22 años de trayectoria cuya finalidad es la de ocuparse de los temas atinentes a la Defensa Nacional y de las secuelas de la guerra interna que padeció el país en las décadas del ‘60, ´70 y ´80, nos dirigimos al Sr. Ministro a los efectos de exponer las siguientes consideraciones: 

                             

El fallecido Fiscal Julio César Strassera en declaraciones efectuadas en su momento al diario La Nación dijo, entre otras cosas, que estima conveniente terminar de una vez con los Juicios a los militares, que se están cometiendo atrocidades respecto de ellos, que es una barbaridad la negativa a conceder prisión domiciliaria a los mayores de 70 años y que los Derechos Humanos son para todos.

Decimos que existen, Presos Políticos porque en la Argentina hay más de 2400 imputados, más de 1000 procesados, más de 600 condenados y más de 450 muertos en cautiverio como consecuencia de haber sido sometidos a los llamados «Juicios de Lesa Humanidad»; Tales juicios son insanablemente nulos, ilegales e inconstitucionales en tanto para poder instrumentarlos -y también en su transcurso- se han violado los más elementales principios procesales y garantías constitucionales (se ha verificado la violación de catorce de estos principios) establecidos en nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales suscriptos por la República, lo cual consta en los alegatos de las defensas y se encuentran debidamente documentados.

 Países como España (La Audiencia Nacional), Francia (Corte de Casación) y la misma Corte Penal. Internacional emitieron fallos coincidentes en el sentido de que no procede someter a personas a juicios por delitos de Lesa Humanidad ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de los Tratados que los definen como tales, señalando que tales hechos se encuentran prescriptos.

En la Argentina, la incorporación de la Convención Internacional que establece la imprescriptibilidad de tales delitos, ocurrió el 10 de noviembre de 1995 (ley 24.584 y su puesta en vigencia por Decreto 579 del año 2003 firmado por el Presidente Kirchner) mientras que el Tratado de Roma, que los establece, entró en vigencia por Ley 26.200 del año 2007, prohibiendo el propio art. 25 su aplicación retroactiva, Se trata además de una legislación que aún hoy no está definida en el Código Penal Argentino.

Nuestra Corte Suprema, por decisión de la mayoría kirchnerista en el fallo «Arancibia Clavel», con la disidencia de los Dres. Fayt, Belluscio y Vázquez, reabrió los Juicios haciendo que los jueces desconocieran el Instituto de la prescripción, aplicaran retroactivamente aquella categoría de delitos («de lesa humanidad») y dejaran que una supuesta «costumbre» internacional definiera los mismos, abandonando el principio histórico nacional e internacional' de que toda ley penal debe ser previa, estricta y escrita. Una costumbre internacional, por otra parte, desconocida hasta por los jueces que juzgaron a las juntas militares en la causa 13/84, en la cual declararon prescriptos numerosos delitos.

En síntesis, para lograr el procesamiento de los imputados, se debió violar, tergiversar y manipular garantías y derechos constitucionales, creando una situación jurídica ilegal y totalmente alejada de los más elementales Principios del Derecho.

Por todo lo expuesto, efectuamos al Sr. Ministro el siguiente petitorio:

1. Que en su carácter de Ministro de Justicia de la Nación interceda ante los tres poderes del estado para que se encuentre una solución Institucional y Constitucional a las transgresiones aquí denunciadas. En ese marco, se solicita que el Sr. Presidente de la Nación haga uso de la facultad constitucional del indulto y/o que envíe al Congreso de la Nación un proyecto de ley de amnistía para su tratamiento y promulgación y a la CSJN para que revea los fallos judiciales que habilitaron la aplicación de la jurisprudencia de lesa humanidad a los que combatieron al terrorismo.

2. Que el Estado cese su presentación como parte querellante en los llamados "juicios de lesa humanidad".

3. Que se peticione al Consejo de la Magistratura una auditoría de todos los juicios y en aquellos casos que se comprobare fallas procesales se considere a la sentencias dictadas como "cosa juzgada írrita".

Todo ello con la finalidad de lograr la más pronta libertad de los detenidos antes de que se sigan incrementando las muertes en injusto cautiverio. De aceptarse lo peticionado, será una decisiva contribución para el logro de la pacificación, la reconciliación, la concordia y la UNIÓN NACIONAL, objetivo fundamental establecido por el Sr. Presidente de la república para su gestión de gobierno.

Proveer de conformidad.

Será Justicia.   

General (R) Juan Miguel Giuliano

D.N.I. Nº 4.866.846

General (R) David Comini

D.N.I. Nº 4.866.82

General (R) Luis Cloux

D.N.I. Nº  4.278.527

General (R) Jorge Olivera

D.N.I. Nº 7.456.154

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INVITACIÓN AL CÍRCULO MILITAR

CARTAS DE LOS 70

EN ECUADOR QUITARÁN UNA ESTATUA DE NÉSTOR KIRCHNER POR CONSIDERARLA UN "SÍMBOLO DE CORRUPCIÓN"

 

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la remoción del monumento homenaje al expresidente Néstor Kirchner ubicado en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por considerarlo un "símbolo de la corrupción". Se trata de una estatua de bronce de 600 kilos y más de dos metros de alto.

La iniciativa fue impulsada por el legislador del partido liberal (CREO) Byron Suquilanda. "Es conocida por todos ustedes la secuela de actos de corrupción en el gobierno de Argentina", dijo el hombre, quien pidió incluir la votación en el orden del día.

"Y es conocido por todos ustedes que el cometido para el cual fue creada la Unasur no se está cumpliendo. Por eso me quiero sumar a la iniciativa del Presidente de la República cuando dice que ese edificio debe ser destinado a la Universidad Indígena del Ecuador; y habida cuenta que va a funcionar dicha universidad, no tiene nada que hacer en el frente del edificio el monumento del expresidente argentino, que no es justamente un buen ejemplo para los ecuatorianos", agregó.

La votación logró 72 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones. La estatua será removida en los próximos días.

FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/2160337-en-ecuador-quitaran-una-estatua-de-nestor-kirchner-por-considerarla-un-simbolo-de-corrupcion

NOTA: el video no coincide con el publicado en La Nación.

LA HERIDA QUE NUNCA SE CURA O LA GRIETA QUE NUNCA SE CIERRA

GERARDO FERREYRA

Ingeniero, multimillonario, empresario K, dueño de Electroingeniería, integrante de la patria contratista y hoy detenido por el juez Bonadio debido a su presunta y activa participación en el monumental caso de corrupción que conmociona a la Argentina, Gerardo Ferreyra estuvo preso, unos ocho años, entre 1975 y 1984, condenado por numerosos crímenes terroristas como combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Con el nombre de guerra "Gringo" fue uno de los jefes del ataque del ERP a la Jefatura de Policía de Córdoba, el 20 de agosto de 1975, en pleno gobierno democrático. El embate fue otro golpe sedicioso dirigido por Enrique Gorriarán Merlo, líder del ERP, en esa ocasión al mando de la unidad terrorista Decididos de Córdoba. El Gringo tuvo a su cargo la destrucción de la central de comunicaciones del Comando Radioeléctrico, lo que permitió el ataque principal, en el cual (según se relata en el número 59 de la revista Estrella Roja, órgano del PRT-ERP, publicada el 27 de agosto del mismo año, con el título "Córdoba, Buenos Aires: triunfo de las armas del pueblo") fueron asesinados 5 policías, más de 15 fueron heridos, mientras que el ERP perdió un solo combatiente. Según relata Gorriarán Merlo en sus memorias: "En total intervinimos más de 200 compañeros". Hoy, al ver a Ferreyra regresar a la cárcel, le pregunto si el mundo de hoy, en el que el Gringo hizo negocios con el kirchnerismo, es el que el ERP prometió construir cuando torturó y asesinó al coronel Argentino del Valle Larrabure.

Pedro José Güiraldes

pedroguiraldes@fibertel.com.ar

ANGELELLI Y SACHERI

Soy licenciado en Teología, estudié esta disciplina toda mi vida y la enseñé en distintos niveles, también el universitario. Pero tengo la impresión de que cada vez entiendo menos. Comparto los conceptos del editorial del 30 de julio sobre la beatificación de monseñor Angelelli. Allí se cita a monseñor Bernardo Witte, sucesor suyo en la diócesis riojana, quien afirmaba que no había pruebas suficientes para considerar aquella muerte un asesinato. Yo mismo, siendo joven obispo, escuché a monseñor Witte decir en una Asamblea Plenaria del Episcopado que la tragedia aludida fue un accidente.

¿Por qué no se declara el martirio del filósofo Carlos Sacheri, maestro de la Doctrina Social de la Iglesia, asesinado por el ERP a la salida de misa y cuya sangre salpicó a su mujer y a sus hijos?

Sospecha: se piensa que Sacheri era "de derecha", y en su libro La Iglesia clandestina había denunciado los errores del progresismo y la infiltración marxista en ambientes católicos. Su beatificación sería "eclesiásticamente incorrecta".

Héctor Aguer

Académico de número de la Asamblea Nacional de Ciencias Morales y Políticas

DNI 4.415.937

FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/2159402-de-los-lectores-cartas-mails

NOTA: Lás imágenes y destacados no corresponden a las notas originales.

PILATOS Y LA PENA DE MUERTE

“Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado.

Por tanto la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que «LA PENA DE MUERTE ES INADMISIBLE, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona»1, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo.”

Párrafo del punto 2267 (reformado) del catecismo de la Iglesia Católica

¿Es la historia, tal como Friedrich Nietzsche planteaba en su obra “La Gaya Ciencia”, una eterna repetición, infinita e incansable, no solo de acontecimientos sino también de pensamientos, sentimientos e ideas? Todo indicaría que sí, que en la historia se repiten, con otros nombres de actores y con diversa gravedad, los mismos acontecimientos con iguales sentimientos o ideas.

Nadie mejor, para definir esta idea, como la figura de Poncio Pilatos, el procurador romano que busca, de oblicua manera, no condenar a un pobre Galileo al que no le encuentra culpa. Sabe que, de condenarlo, comete una injusticia pero le falta valor, su ¡“Ecce homo”! frente al grupo de revoltosos pagados por el Sanedrín mostrando al Nazareno flagelado y con corona de espinas es el grito que precede a ese lavarse las manos de la sangre futura cuando los sacerdotes lo amenazan con denunciarlo ante el emperador y accede a condenar a Jesús. Cabe allí plantearse qué es lo más abyecto, si la injusta condena que impone por miedo al “que dirá” del emperador o su gesto cobarde pretendiendo con su lavado de manos limpiarse de la sangre de Jesús.

De alguna manera, Pilatos renace permanentemente en la historia. Y él, que debería ser denostado por todos los cristianos, es en nuestra Iglesia donde muchas veces ha encontrado cobijo su cobardía. Porque Poncio Pilatos se reencarna en cada miembro de la Iglesia que ha escondido los abusos cometidos y ocultado a los abusadores, pero también en aquellos que, teniendo el poder del magisterio requieren con urgencia la jofaina en que lavarán sus manos toda vez que se basan en falacias o en cosas que no se animan a condenar.

Nadie, hilando fino, criticaría que el Catecismo de la Iglesia diga que la pena de muerte es inadmisible, pero esto, en el país de quien ha promulgado este nuevo artículo 2267, no es otra cosa que una linda y falaz frase que, al igual que el miedo de Poncio Pilatos al “que dirá” del emperador, se dice para dejar contento al relativismo “progre” que infecta a la sociedad, corrompe a la Iglesia y atemoriza a la jerarquía católica. Porque en Argentina la pena de muerte está vigente, se asesina a ancianos que solo cumplieron con su deber en aras de una venganza disfrazada de justicia, venganza que los obispos que hemos sabido conseguir- desde el obispo de Roma para abajo- callan por miedo al que dirán, no ya del emperador sino de los gritones pagos que, al igual que los que vociferaban frente a la fortaleza Antonia, responden a los Caifás que se han adueñado de lo políticamente correcto.

José Luis Milia

josemilia_686@hotmail.com

NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

MURIÓ OTRO PRESO POLÍTICO... ¿HASTA CUÁNDO O CUÁNTOS?

Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que lamentablemente el miércoles 25 de Julio de 2018 falleció el señor Comisario Mayor (R) Miguel Tomás Garbi (Policía de la Provincia de Santiago del Estero), Preso Político en cautiverio de 75 años de edad. El mismo se hallaba internado en el Servicio de Terapia Intensiva del Sanatorio Alberdi de esa Capital, habiendo ingresado al nosocomio afectado con un cuadro de infección cardiorrespiratoria grave.

Consecuentemente, ya son 454 (cuatrocientos cincuenta y cuatro) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 113 (ciento trece) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias son cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 208 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora. ¡BASTA!

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

Por una Nueva Década en Paz y para Siempre

MODIFICACIONES EN EL ÁREA DE DEFENSA

En  días recientes el Señor Presidente (quien es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas)  y su Ministro de Defensa, han enunciado diversas medidas que apuntan  a modificar tanto las tareas como la estructura de las Fuerzas Armadas argentinas.

En lo que hace a las tareas, el Presidente anunció la intención de asignar militares para dar apoyo logístico a las tareas de control del narcotráfico en la frontera norte y para custodiar objetivos estratégicos. Para ello emitió un Decreto que modifica otro del anterior gobierno que limitaba en forma taxativa la participación de las FFAA a actuar ante ataques de ejércitos extranjeros.

En lo que respecta al Ministro de Defensa ha expresado en forma pública que la intención es conformar un ejército “liviano” sin tanques  ni cañones ya que esos elementos responden a la estructura de conflictos del pasado. Esto significa también reducir el tamaño de la fuerza  y agrupar y cerrar cuarteles.

Comenzando por el primer punto, o sea las tareas, la Ley de Seguridad Interior prevé en su Título V  Artículo 27 el empleo de servicios de la Fuerzas Armadas  en apoyo de las Fuerzas de Seguridad a requerimiento del Comité de Crisis, proveyendo Transporte, Comunicaciones, Construcciones  y otros elementos logísticos. Esta disposición torna lícito el empeñamiento en dichas tareas de las fuerzas militares, dados los supuestos establecidos en la ley y el pedido del mencionado Comité de Crisis. Sin embargo, en la ejecución de esas tareas, particularmente las de transporte, no es descartable que los efectivos militares se vean envueltos en situaciones que requieran el empleo de sus armas en forma defensiva. Debido a ello deberán tener reglas de empeñamiento que especifiquen en forma clara y precisa en qué casos y con qué intensidad pueden usar su armamento y ello debe ser refrendado por la autoridad política responsable.

La cuestión de la custodia de objetivos estratégicos plantea una situación diferente ya que la Ley de Defensa 23554 en su artículo 31 la asigna a las Fuerzas de seguridad y el reciente Decreto 683/2018 la extiende a las Fuerzas Armadas.  Esta tarea requiere de acciones efectivas en caso de que un grupo de cualquier naturaleza pretendiera infiltrarse, ocupar o destruir un objetivo considerado estratégico como puede ser, por ejemplo, una central nuclear o una represa, cuya afectación podría acarrear consecuencias catastróficas.

La Fuerzas militares en custodia de tales objetivos deberán usar el armamento reglamentario del que están provistas, que es de naturaleza letal, siendo susceptibles de sufrir e infligir bajas a quien pretendiere actuar contra el objetivo custodiado.

Una vez más, los responsables políticos del empleo de fuerzas militares en tales menesteres deberán establecer y firmar reglas de empeñamiento muy claras para evitar consecuencias jurídicas al personal abocado a dichas tareas de custodia.

Deberán contemplarse también alternativas para el supuesto de intentos de tomas pacíficas por parte, por ejemplo,  de militantes ecológicos o grupos en protesta gremial, ya que las FFAA no cuentan reglamentariamente con elementos disuasivos y represivos como balas de goma, cañones hidrantes o similares.

Más serias y preocupantes resultan las afirmaciones ministeriales respecto  a la naturaleza del conflicto en la actualidad y a la intención de basarse en dichas presunciones para diseñar un ejército “liviano”.

El señor Ministro, quien es uno de los funcionarios que debería tener más conocimientos acerca de la Defensa, no puede ignorar que desde hace décadas el concepto de amenaza lo aplican los Estados a actores externos o internos que tienen capacidad de hacer daño e intención hostil. Sin embargo, dado que las capacidades tardan años en obtenerse o recuperarse, y que la intención puede cambiar en semanas, días o aun horas  a partir de un incidente, un cambio de gobierno o un golpe de Estado, ningún gobierno sensato elimina unilateralmente sus capacidades ante el riesgo de crear peligrosos desbalances regionales.  De hecho, el señor Ministro puede comprobar que nuestros vecinos como Chile y Brasil, a pesar de nuestras buenas intenciones, mantienen sus ejércitos “pesados” y actualizan e incrementan sus capacidades en términos de fuerzas motorizadas y poder de fuego.

Tampoco se puede ignorar en materia de hipótesis de conflicto que una potencia extranjera -Gran Bretaña- mantiene ocupados territorios insulares nacionales cuya recuperación constituye un objetivo “permanente e irrenunciable” según la cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución. Esa potencia explota al presente recursos renovables y no renovables, tales como la pesca y los hidrocarburos, y los protege por la fuerza mediante el despliegue de tropas, buques de guerra, aviones de combate, misiles defensivos y milicias, además de ejercer un control efectivo por mar y aire de nuestra Zona Económica Exclusiva alrededor de las islas ocupadas. Ignorar este conflicto y proponer una disminución aun mayor de nuestra ya menguada capacidad de defensa y disuasión, es una actitud de mirada corta y que entraña graves riesgos e ignora un conflicto real.

Dadas estas cuestiones planteadas, que los expertos de Defensa que asesoran al gobierno no pueden ignorar, nos queda como conclusión que el achicamiento de nuestro poder militar realizado de hecho durante el anterior gobierno por estrangulación presupuestaria, ahora se propone hacer de derecho, a partir de supuestos teóricos carentes de solidez argumental y fáctica.

El objetivo final de la disminución de recursos humanos, el cierre de unidades y la venta de terrenos y campos de adiestramiento no parece ser otro que concretar un ajuste presupuestario disimulado, resaltando la importancia de la ejecución de tareas subsidiarias y formulando teorías aventuradas sin poder negar el debilitamiento de la capacidad de defensa de la nación que tal ajuste genera.

La síntesis de nuestra opinión es que las tareas subsidiarias propuestas pueden ejecutarse con una firme y cuidadosa asunción de responsabilidades por parte del poder político y que las modificaciones en la estructura de las Fuerzas Armadas deben ser tendientes a aumentar antes que a disminuir sus menguadas capacidades y su magro e insuficiente presupuesto actual.    

Juan Carlos Neves

Primer Secretario General de Nueva Unión Ciudadana

Presidente de la Comisión de Defensa de ENCENDER (Encuentro de Centro Derecha)