"Los mejores carecen de toda convicción,
mientras
los peores están llenos de apasionada
intensidad".
William Butler
Yeats
Algunos
lectores me han llamado la atención por decir H° Aguantadero para referirme al
Congreso y a cada Cámara. Sin embargo, y más allá de merecer el nombre por la
clara e impúdica protección que brinda a aquellos de sus miembros procesados o
condenados, debo recordar que se lo llamaba "honorable"
porque los legisladores, al principio, trabajaban por el honor, o sea, sin
percibir salario alguno; no se cobraba por servir a la Patria.
La
intervención de Cristina Elisabet Fernández en el debate previo a la votación
que autorizó al Juez Claudio Bonadio a allanar sus diferentes domicilios
justifica con creces la elección de la cita del epígrafe, aunque el poeta no
haya podido imaginar que veríamos tan claro su significado.
Además de la
ridiculez de los argumentos políticos a los que recurrió la hipócrita ex
Presidente en su defensa, tales como una conspiración global encaminada a
perseguir a los líderes ladri-progresistas de la región (Luiz Inácio Lula da
Silva, Rafael Correa y ella misma), más me asombraron las garantías que
consideró vulneradas en la causa penal que la afecta y que en un futuro,
lamentablemente no breve, la llevará a prisión: inocencia, juez natural,
irretroactividad de la ley, no ser juzgado dos veces por la misma causa y el
resto de los preceptos del artículo 18 de la Constitución.
En uno de sus
malabares dialécticos, la viuda de Kirchner se comparó con los terroristas de
los 70's, que "no se quebraban ni se
arrepentían", y llegó a decir que, si bien ahora no se desaparece
gente (¡citó otra vez a los inventados 30.000, de los cuales 22.000 nadie
reclama ni puede justificar cuarenta años después!), las tropas represivas
actuales incluyen a la prensa, a la Justicia, a los poderes económicos
concentrados y, cuándo no, a los Estados Unidos.
Porque tanto
su marido muerto cuanto ella misma, se disfrazaron de revolucionarios ("la izquierda te da fueros",
respondió Néstor cuando se le preguntó porqué lo hacía) y ordenaron -el Senador
Miguel Pichetto reconoció que fueron sancionadas por expresas indicaciones de
la Casa Rosada- al Congreso que derogara las leyes de obediencia debida y punto
final y comenzaron a perseguir, con enorme saña, a los militares que habían
combatido la subversión en aquellos años, utilizándolos como eficaz cortina
para dificultar la percepción de sus propios robos.
A éstos,
jovencísimos oficiales entonces y ahora ancianos, se les negaron todas esas
garantías que Cristina ahora reclama en su protección: se violaron el principio
de inocencia y de defensa en juicio, se cambiaron los jueces naturales, se negó
a los defensores la posibilidad de contrainterrogar a los testigos, se les
aplicaron prisiones preventivas que excedieron todo límite legal, se les denegó
el beneficio de prisión domiciliaria, se los condenó sin pruebas y se ignoraron
las que produjeron los abogados en su favor, se fotografió y filmó a los
imputados para divulgar las imágenes a la prensa y humillarlos, se los arrastró
a las audiencias hasta en camilla, y se desestimaron las incapacidades notorias
que les impedía estar en juicio; en los muy escasos casos en que un tribunal
desobedeció la política persecutoria que emanaba de la propia Corte Suprema, se
escrachó públicamente a los jueces corajudos.
Pese a las
promesas que formuló Mauricio Macri en campaña, en el sentido de terminar con
el probado curro de los derechos humanos, su Secretario del área, Claudio
Avruj, sigue impulsando estas mascaradas y, además, se niega a dar a publicidad
las listas de quienes fueron indemnizados y el monto que cada uno de ellos
recibió del Estado, una cifra que, en conjunto, supera los US$ 3.500 millones.
¡Otra caja, y no menor!
El otro tema
trascendente de estos días, derivados de la misma causa que comenzó con los
cuadernos de un chofer, es el impacto que tendrá sobre la maltrecha economía
nacional, en función de las complicaciones que, para las principales empresas
constructoras del país, traen aparejadas las confesiones de sus propietarios y
altos ejecutivos. Muchos piensan que deben ser excluidas de todo el sistema de
obra pública; creo que es un error y, si se adoptara esa posición, los
inversores privados en acciones de esas compañías y los trabajadores de éstas,
deberían pagar un injustificable castigo. Y la otra consecuencia sería que,
dado el gran universo complicado en la causa, sólo podrían construir en el país
compañías extranjeras, ahora más que reacias a jugar en la Argentina.
Sostengo que,
quienes han confesado, y más aquéllos que, con cinismo, mintieron ante el Juez
para continuar esperando el proceso en libertad, deben ir ya mismo presos, sean
quienes fueran. Pero, a la vez, preservar a las empresas y permitirles, con
todos los controles y veedurías del caso para impedir la cartelización y los
sobreprecios, participar en las licitaciones y continuar, ajustando a la baja
los precios, las obras en curso.
El Gobierno,
que tanto apostó a recuperación de la economía a través de la participación
público-privada para mantener el ritmo de inversión en obra pública y ahora la
encuentra en vilo, está actuando correctamente, ya que está buscando los
mecanismos que permitan a los bancos financiar esos proyectos sin contaminarse
con la plaga que afecta a sus clientes.
Recordará que
en muchas de mis notas me pregunté si estábamos dispuestos a pagar el costo de
la limpieza de nuestro sistema político y empresarial; Italia, en los 80's,
tuvo que soportar un larguísimo período de debilidad económica, y una situación
similar está impactando, desde hace tres años, en el desarrollo brasileño. Pero
todo se ha vuelto abstracta, porque el proceso purificador ya resulta
imparable, a punto tal que los propios cuadernos han perdido toda importancia.
La catarata de confesiones (pruebas) de ex funcionarios y empresarios está
confirmando que la asociación ilícita que encabezaron los Kirchner desde los
lejanos días de Santa Cruz, saqueó al país hasta dejarlo exánime y de rodillas.
En esa abyecta
y humillante posición, la Argentina tuvo que recurrir al FMI en busca de ayuda,
pero los causantes directos del estropicio, siempre cínicos, ahora se rasgan
las vestiduras, olvidando las usurarias tasas que debimos pagar para que Hugo
Chávez (dividió la ganancia con el matrimonio presidencial, en valijas
voladoras) prestara el dinero que necesitó Néstor para cancelar la deuda con el
Fondo. Y ahora deberemos soportar, además, la violencia que, no lo dudo,
desatarán en las calles para intentar forzar la caída del Gobierno y zafar de
la cárcel.
Como sociedad,
estamos ante una oportunidad única de reconstruirnos desde los cimientos.
Estará en nosotros mantener la mirada vigilante sobre los acontecimientos y
vivos nuestros reclamos de transparencia y recuperación. Si la clase política
sigue mostrándose cómplice de la corrupción, ajena a esas legítimas
aspiraciones y dedicada sólo a proteger sus privilegios y prebendas, como hizo
el Senado cuando convirtió en inservible el proyecto de ley de extinción de
dominio que había llegado de Diputados, todo el sistema actual colapsará y
volverá a oírse en la calle el grito "¡Que
se vayan todos!"; cuando eso sucedió en otros países, las
consecuencias siempre fueron funestas.
Bs.As., 25 Ago
18
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
