“Cuando la patria está en peligro, se recurre a
Dios y al soldado.
Cuando el peligro pasa, Dios es olvidado, y el
soldado juzgado”.
Como
parte importante de la blitzkrieg del peronismo pegoteado (impuestazos,
degradación de las instituciones, abuso de medios públicos) la clara intención
de Cristina Fernández de obtener total impunidad respecto a las innumerables
causas por corrupción que la afectan -y, con ella, a sus hijos- se materializa
diariamente a través de su control sobre los organismos que actúan como
acusadores en las mismas y en el Consejo de la Magistratura, que controla la
designación y la remoción de los jueces. Por lo que se ha visto en los últimos
días, me atrevo a decir que la obtendrá.
Por
otra parte y como era de esperar dada su ideología, Sabina Frederic, la
Ministro de Seguridad de Alberto Fernández, adoptó desde su designación, hace
sólo dieciocho días, una serie de medidas que tendrán fuertes consecuencias
sobre la sociedad.
Derogó
el protocolo que había promulgado Patricia Bullrich sobre el uso de armas de
fuego por las fuerzas de seguridad bajo su mando (Policía Federal, Policía de
Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval) y, en la
práctica, transformó a éstas en inocuas frente al delito en todas sus formas. A
partir de ahora, no solamente los uniformados deberán pedir por favor a los
ladrones y asesinos que se entreguen sino que, si tuvieran que disparar para
salvar su propia vida, quedarían a merced de los jueces y, dependiendo de cuán
garantista (la famosa escuela de Raúl Zaffaroni) sea el magistrado que le toque
en suerte, podría terminar absuelto o preso por larguísimo tiempo. La
seguridad, ¡bien, gracias!
También
retiró del equipamiento del que dispondrían los agentes que se desempeñan en
sitios muy concurridos (estaciones ferroviarias o subterráneas, etc.), las
famosas pistolas eléctricas Taser, diseñadas precisamente para evitar riesgos
para los ciudadanos durante hechos de violencia en esos ambientes. Y suprimió
el Servicio Cívico Voluntario en Valores, creado durante la gestión de Patricia
Bullrich y que tuvo una enorme y positiva repercusión en la sociedad, sin dar
otra explicación que no se trataba de una actividad específica de la Gendarmería.
Pero
si algo peor cabía esperar, rápidamente se arrogó facultades judiciales -lo
mismo que hizo Axel Kiciloff cuando designó dos ministros provinciales, pese a
que se encuentran procesados, invocando la teoría del lawfare- cuando dijo que
volverá a investigar la presunta responsabilidad de la Gendarmería en la muerte
por ahogamiento de Santiago Maldonado y, además, que revisará la pericia que
esa fuerza realizó, con control de los jueces, y concluyó en que Alberto
Nissman fue asesinado.
Suprimió
la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y hay fuertes rumores y
trascendidos acerca de una suspensión total del famoso “Escudo Norte”, montado durante la presidencia de Mauricio Macri
para terminar con la porosidad de nuestras fronteras y evitar el tráfico de
drogas provenientes de Bolivia y Paraguay. Si esa medida se confirmara,
obviamente se revitalizaría la alianza que tantos años vinculó a los grandes
carteles con la asociación ilícita que encabeza la familia Kirchner.
Mientras
tanto, la catarata de empresarios, gremialistas y políticos presos por
corrupción que salen de la cárcel después del triunfo de Fernández² en las PASO
-Julio de Vido, Roberto Baratta, Cristóbal López y Fabián de Souza, Carlos
Kirchner, Gerardo Ferreyra, Oscar Thomas, Atanasio Pérez Osuna, Fernando
Esteche, Miguel Angel Plo, Omar “Caballo”
Suárez y César Milani- continúa sin pausa y, como dije más arriba, van
cayendo las causas que involucran a Cristina y sus cómplices.
En
todos los casos, esas excarcelaciones y prisiones domiciliarias obedecieron a
la nueva norma que dictara el Hº Aguantadero para limitar el arbitrio de los
jueces, o a razones humanitarias vinculadas con la salud de los detenidos, bajo
el argumento de las carencias que tiene el Hospital Penitenciario Central,
ubicado en el penal de Ezeiza.
Es
entonces, cuando la indignación me supera. Porque es en ese mismo nosocomio
donde se deben atender los militares y civiles, todos ellos ancianos, que se
encuentran detenidos en las inventadas y tergiversadas causas llamadas “de lesa humanidad” y que debieran
denominarse “de venganza”. Nuestro
Congreso se cubrió aún más de indignidad cuando sancionó una “ley interpretativa”, que dispuso que
sólo a ellos no le resulta aplicable la norma del 2x1, es decir, computar dos
días soportados de prisión preventiva para reducir en uno cada condena.
No
debería sorprenderme, ya que tampoco rigen con respecto a los dos mil
ciudadanos que se encuentran en esa situación -los verdaderos presos políticos-
los principios de inocencia, de la duda a favor del reo, de jueces naturales,
de irretroactividad de la ley penal, del juzgamiento bajo el régimen jurídico
imperante al momento de los hechos, de legalidad, de la ley más benigna ni, por
supuesto, las limitaciones a la prisión preventiva.
En
la medida en que las nuevas reglas establecidas para ésta, precisamente las que
habilitaron tantas liberaciones de ladrones, debieran ser aplicadas también a
estos soldados que, cuando jóvenes, cumplieron su deber con la Patria, no dudo
que el inmundo Hº Aguantadero volverá a las andadas, como acaba de hacer con la
nueva delegación de facultades legislativas al Presidente, y sancionará otra
ley interpretativa que los margine de esos beneficios generales.
Como
se ve, los seculares tangos siguen describiendo, como hiciera “Cambalache”, esta Argentina que vive
siempre “el mismo, el mismo loco afán(o)”.
Mientras tanto, que usted y su familia tengan el mejor 2020 posible, que
seguramente no será mucho. ¡Hasta el año que viene!
Bs.As.,
28 Dic 19
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
