Se
debe hacer efectivo el justo y merecido reconocimiento a quienes murieron en
defensa del regimiento de Formosa, hace ya 44 años
Hace
tres meses, el presidente Mauricio Macri rendía un tardío homenaje público a
los defensores del Regimiento de Infantería de Monte 29, de Formosa, que
rechazaron el ataque de la organización Montoneros, en octubre de 1975, comprometiéndose
a indemnizar a sus familiares tal como plasmó en un DNU dos días antes de dejar
el cargo.
En
una acción bélica cinematográfica conocida como Operación Primicia, Montoneros
secuestró un vuelo con 102 pasajeros de Aerolíneas Argentinas, en Aeroparque,
para desviarlo a Formosa, copó allí el Aeropuerto Internacional El Pucú, con
toma de rehenes, y atacó el referido cuartel militar, tras lo cual los miembros
de esa organización se fugaron en el avión secuestrado para aterrizar en una
pista preparada para la ocasión, cerca de Rafaela, Santa Fe. El ataque tenía
por objetivo robar armamento y munición para continuar la lucha armada con el
fin de desestabilizar al gobierno democráticamente elegido, encabezado por
María Estela Martínez de Perón.
En
media hora de feroz combate, cayeron muertos 12 atacantes montoneros y 12
defensores del regimiento. Hubo numerosos heridos de ambos bandos y un policía
formoseño fallecido en el aeropuerto local. La Operación Primicia fue un
fracaso. Al día siguiente del ataque, por decreto presidencial, el gobierno
constitucional dispuso el aniquilamiento del accionar subversivo a cargo de las
Fuerzas Armadas y subordinó a órdenes de aquellas a las fuerzas de seguridad.
En
1983, al recuperarse la democracia, la represión ilegal de la dictadura militar
quedó en la mira. La política de Memoria, Verdad y Justicia contemplaba también
el accionar del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y del Ejército
Montoneros, las organizaciones guerrilleras más importantes en la guerra revolucionaria
librada. Asistimos desde entonces al informe de la Conadep, conocido como Nunca
más; al juicio y a la condena de las juntas militares; a los procesos
judiciales contra los cabecillas de la guerrilla; a las leyes de punto final y
obediencia debida; a las llamadas "leyes reparatorias" para muertos,
desaparecidos y detenidos víctimas de la violencia estatal, y a los indultos a
jefes militares y guerrilleros.
A
partir de 2003, con la derogación de las leyes de punto final y obediencia
debida, una versión maniquea, deliberada y burdamente simplificada de nuestra
historia reciente ganó terreno. Por un lado, la falseada cifra de 30.000
desaparecidos se instaló como verdad para muchos y los juicios por delitos de
lesa humanidad, muchos de ellos plagados de irregularidades jurídicas,
continuaron sumando acusados, procesados, detenidos, condenados y muertos en
prisión, muchos sin siquiera tener condena. No nos cansaremos de señalar desde
estas columnas que sus derechos humanos no se respetan, como recientemente
denunció el propio obispo castrense, monseñor Santiago Olivera. Mientras tanto,
los crímenes y víctimas del terrorismo, como los soldados fallecidos en
Formosa, son ignorados por la historia.
Tres
informes oficiales -el de la Conadep de 1984, el de la Secretaría de Derechos
Humanos de 2006 y el del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado
(Ruvte) de 2015- pormenorizan los casos y las circunstancias de las muertes y
desapariciones de 8631 personas, entre 1966 y 1983. De hecho, el Parque de la
Memoria, emplazado en la Costanera Norte, identificado como Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado, lleva inscripto el nombre de 8751 muertos o
desaparecidos, entre 1969 y 1983.
Las
llamadas leyes reparatorias, cuya interpretación y aplicación siempre
favorecieron a las víctimas de la violencia estatal incluyeron indemnizaciones
para exdetenidos (ley 24.043), indemnizaciones por desaparición forzada o
muerte (ley 24.411), indemnización para hijos de detenidos, muertos y
desaparecidos (ley 25.914) y pensiones graciables para exdetenidos (ley
26.913).
Deliberadamente,
no existen registros oficiales en los que consten los montos abonados y sus
destinatarios. Investigaciones periodísticas con información reconstruida hasta
fines de 2015 dan cuenta detallada de casi 20.000 indemnizaciones pagadas por
un total superior a los 2000 millones de dólares en moneda actual. Se suman las
compensaciones pagadas entre 2015 y 2019 y los más de 7300 reclamos pendientes
por detenciones ilegales y exilios forzosos que representan, también en moneda
actual, otros 475 millones de dólares.
En
total asimetría, nada cobraron las víctimas de las guerrillas. El recuerdo, el
homenaje y la gratitud se circunscribieron exclusivamente a sus familias,
amigos, camaradas e integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Ningún
informe oficial las reconoce. Ningún monumento nacional las homenajea. Ausencia
de reparación moral y también monetaria.
Paradójicamente,
los nombres de los montoneros abatidos en el ataque al regimiento de Formosa
están inscriptos en el Parque de la Memoria. Para los informes oficiales,
fueron "asesinados" por agentes estatales, y sus familiares cobraron
indemnizaciones por considerárselos víctimas del terrorismo de Estado. Quienes,
en cambio, ofrendaron sus vidas en defensa de la democracia fueron borrados de
la historia y de la memoria colectiva. Es esta la flagrante injusticia que ha
intentado reparar el presidente Macri, el primer presidente desde 1983 que
homenajeó e indemnizó a víctimas de las guerrillas revolucionarias. Se deben
destacar las gestiones del exsecretario de Derechos Humanos Claudio Avruj,
tanto en el tributo presidencial como en la reparación económica en ciernes, y
las de los diputados nacionales por Formosa Ricardo Buryaile y Mario Arce
(Juntos por el Cambio), quienes habían impulsado diversos proyectos de ley
indemnizatorios.
Jovina
Luna, hermana del soldado conscripto Hermindo Luna, caído el 5 de octubre de
1975 al grito de "¡aquí no se rinde nadie, mierda!", tenía entonces
11 años. Esta valiente formoseña presentó una denuncia penal ante la Justicia
Federal, solicitando que se investigue el indebido pago de indemnizaciones a
los atacantes del regimiento de Formosa, al tiempo que pidió que los nombres de
los guerrilleros abatidos sean retirados del Parque de la Memoria y del Ruvte.
La causa, que recayó en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, ha
sido caratulada "NN, s/estafa", y el Ministerio de Economía, al
responder un requerimiento del fiscal Ramiro González, confirmó con precisión
lo denunciado por Jovina Luna: se han pagado indemnizaciones por nueve de los
montoneros abatidos en combate aquel día.
El
17 de diciembre pasado, los familiares de los caídos y los sobrevivientes de
este ataque al regimiento formoseño elevaron un pedido al Ministerio de
Defensa, como órgano de aplicación, instando a hacer efectivo el pago aprobado
por el DNU del 6 de ese mes. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha
manifestado su firme compromiso de contribuir a cerrar la denominada
"grieta" y, en ese sentido, tiene frente a sí una oportunidad
insustituible. Luego de 44 años del violento episodio, podría ratificar y
ordenar que se ejecute sin más demoras el DNU que reconoce el pago de la
merecida reparación.
Es
hora de que los argentinos encontremos el camino para recordar, honrar y
homenajear a todos nuestros muertos. Es tiempo de mitigar el dolor y
sufrimiento de todas las víctimas sobrevivientes de aquella década trágica, lo
cual contribuiría a unirnos en la diversidad para encarar los enormes desafíos
del presente. El mundo ha cambiado. Los problemas que hoy enfrentamos nos
convocan a superar aquellas visiones encontradas que tanto daño nos han hecho.
Dejemos ya de enfrentarnos entre nosotros. Enfrentemos, juntos, los nuevos
retos y oportunidades.
NOTA: Las imágenes
y destacados no corresponden a la nota original.
