sábado, 11 de abril de 2020

CLEPTO-GOBIERNO Y SOCIEDAD AMORAL



“La política es el camino para que los hombres sin
principios puedan dirigir a los hombres sin memoria”
.
François-Marie Arouet (Voltaire)

Las casualidades existen pero, cuando aparecen como cuentas de un collar, la probabilidad de que lo sean disminuye casi a cero. A esta altura de los acontecimientos, podemos afirmar que el kirchnerismo volvió para robar lo poco que quedaba de la Argentina, para construir un Estado policial chavista y para obtener impunidad para sus máximos referentes; en el camino, y a pesar de los dichos de Alberto Fernández –“Cristina y yo somos lo mismo”-, también a impedir que se dispute el liderazgo a la jefa de la asociación ilícita que saqueó el país hasta la extenuación, preocupada por las encuestas que muestran que su delegado duplica su imagen positiva.

El periodismo ha comprobado enormes compras de alimentos de la canasta básica y de insumos sanitarios del Estado con gigantescos sobreprecios en plena pandemia, con todo lo de canallesco que esa conducta implica, y el Gobierno destruyó todos los sistemas informáticos y facultó a sus ministerios a dejar de utilizar el transparente “expediente electrónico”, generalizado durante el macrismo, “en caso necesario”; así, volvió el peor hábito de la política, que oculta sus latrocinios tras toneladas de papel .

Los legisladores del Frente para Todos, encabezados por Carlos Heller (Presidente de Banco Credicoop, del Partido Comunista; curiosamente, por tratarse de una cooperativa, no paga el impuesto a las ganancias, pese a ser el más caro del mercado) y liderados por Máximo Kirchner, presentaron un proyecto de ley, manifiestamente inconstitucional, para gravar a quienes blanquearon dinero en el exterior y tributaron oportunamente, y un incremento en el impuesto al patrimonio de los mayores contribuyentes.

¿Qué harán doña Cristina y sus hijos en caso de que se convierta en ley? Es una pregunta relevante porque se trata de la familia más rica del país, aunque su fortuna se encuentre en las islas Seychelles o convertida en diamantes en Angola y no sólo en los hoteles y demás propiedades en la Argentina; si devolvieran lo robado, se podría pagar la deuda externa y el país tendría una salida tranquila a esta complicada situación sanitaria.

No cabe hacerse ilusiones al respecto, ya que tanto el Presidente como ambos titulares de las cámaras del H° Aguantadero han hecho caso omiso al ruido de las cacerolas que requerían un mínimo gesto de solidaridad de la clase política, traducido en una reducción de sueldos, dietas y privilegios.

Todas las resoluciones presidenciales, adoptadas por decretos de necesidad y urgencia ante la injustificable inactividad del Congreso, van en contra de la posibilidad de que, alguna vez, lleguen inversiones. Los controles de precios, la delegación de facultades, los permanentes cambios en las reglas de juego, el desprecio de la ley y los contratos, la corrupción generalizada, la inexistente moneda, el desprestigio de los jueces y el desprecio a los exitosos, más el clima complicado que vivirá el mundo post-pandemia, nos dejan ante un trágico futuro.

Lo peor, en tal sentido, fue el default en que el país cayó ante los acreedores sometidos a la ley argentina, porque demostró cuánto confían Fernández² en nuestros venales magistrados cuando de dictar sentencias acordes a sus deseos se trata. En cambio, por ahora no se han atrevido a desafiar al Poder Judicial de los Estados Unidos, representado por la Juez Loretta Preska, de Nueva York; ésta ya ha dicho que no aceptará, en ningún caso, que las demandas contra la Argentina sean traídas al país.

Y no puede ser más razonable esa posición si pensamos en el otorgamiento de la detención domiciliaria a Amado Boudou, que no corría riesgo alguno en prisión, mientras los mismos jueces niegan ese beneficio a los cientos de militares, todos mayores de 70 años y enfermos, presos “preventivamente” hace más de diez años. En igual condición que el ex Vicepresidente, pese a las sentencias por corrupción que los afectan, están Julio de Vido, Cristóbal López y muchos otros ladrones liberados por estos crápulas indignos después que el Frente para Todos ganara las elecciones.

Ya que ha anunciado que las fuerzas federales bajo su mando harán “cyberpatrullaje” para espiar a la sociedad, aviso a la Ministro de Seguridad, Sabina Frederic, que seguiré expresándome contra la corrupción y convocando a “cacerolear” mientras Alberto y Cristina Fernández, sus hijos, testaferros y cómplices de toda laya sigan robando.

Pero nuestra sociedad, siempre tan amoral, no se indigna ni reacciona ante estos hechos; acepta la corrupción, la impunidad, la venalidad de los jueces y todo aquello que, tan pronto como termine la pandemia, confirmará la inviabilidad de nuestro país como nación independiente.

A pesar del confinamiento y de las malas nuevas, la más feliz Pascua de Resurrección o Pésaj para usted, los suyos y todos los argentinos.

Bs. As., 11 Abr 20

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

FALLECIMIENTO DE UN EX PRESO POLÍTICO



Estimados Camaradas y Amigos

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La Unión de Promociones expresa su más profundo pesar por el fallecimiento el día Miércoles 08 de Abril de 2020, del Teniente Coronel (R) José Antonio DE TOMASO SAIZ (Artillería - Promoción 90 - CMN), de 80 años de edad.

Es menester aclarar que el citado Oficial Superior, también había padecido la persecución judicial, por lo cual fue Procesado, hasta que finalmente se dictó su Sobreseimiento en la Causa por la cual se lo imputaba.

Consecuentemente, ya son 560 (quinientos sesenta) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

El grave cuadro de situación, obliga a destacar y considerar los siguientes aspectos:

Edad promedio a nivel nacional

En Penales: 70 años.

En Prisión Domiciliaria: 78 años.

Períodos donde se produjeron los 560 fallecimientos

Fallecidos entre el 10 Dic 83 / 25 May 03: 20.

Fallecidos entre el 25 May 03 / 10 Dic 07: 55.

Fallecidos entre el 10 Dic 07 / 10 Dic 15: 274.

Fallecidos entre el 10 Dic 15 / 10 Dic 19: 201.

Fallecidos desde el 10 Dic 19: 10 (diez) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2019.

Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, compañeros de Promoción, camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Coronel (R) Guillermo César Viola
Unión de Promociones

CORONAVIRUS: DESDE QUE SE INICIÓ LA PANDEMIA, LA JUSTICIA OTORGÓ EL ARRESTO DOMICILIARIO A 17 REPRESORES Y SE LO NEGÓ A 41

Con el avance de la pandemia del coronavirus, más de 100 detenidos por casos de lesa humanidad pidieron salir de la cárcel. Crédito: Ivo Antonie de Rooij/Shutterstock.com


La pandemia del coronavirus motivó una ola de pedidos de condenados por delitos de lesa humanidad para que se les conceda el arresto domiciliario, un planteo que recobró actualidad a partir de la prisión domiciliaria otorgada al exvicepresidente Amado Boudou. De 104 represores que solicitaron a la Justicia regresar a sus casas, a 41 de ellos se les rechazó el pedido, mientras que 17 recibieron el beneficio, de acuerdo con los datos publicados esta semana por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que depende del Ministerio Público Fiscal.

Es decir que los jueces hicieron lugar a los planteos en el 30 por ciento de los casos que resolvieron hasta el momento. Mendoza es la jurisdicción con más domiciliarias otorgadas.

En la lista de población carcelaria en riesgo sanitario elaborada por el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) están los nombres de decenas de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora, el criterio adoptado por la fiscal Ángeles Ramos -titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad-, que dictaminó en calidad de fiscal, es que integrar el grupo de riesgo en el contexto de la pandemia no es un motivo suficiente para obtener el arresto domiciliario.

En una alusión especial a la situación en Campo de Mayo, Ramos remarcó que allí no se sufre hacinamiento. “Los represores allí alojados están bien atendidos, el hospital intramuros funciona adecuadamente y tampoco hubo casos sospechosos reportados”, consideró.

Uno de los represores a los que le fue denegado el beneficio de la domiciliaria es Raúl Gugglielminetti, ex agente de inteligencia que integró el Batallón 601 y está preso en Ezeiza. En ese caso, la decisión fue unánime en dos de los tres tribunales que lo condenaron y que tuvieron que resolver: el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) y el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6). Aún queda pendiente que resuelva, sobre otro de sus pedidos, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1).

El mismo TOF 5 -integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrian Grünberg- también le rechazó el beneficio de la domiciliaria a Adolfo Donda, condenado a prisión perpetua por su responsabilidad en los crímenes de la ESMA. Mientras que las defensas de Gugglielminetti y Donda plantearon el riesgo de sus defendidos a contraer coronavirus, los jueces se basaron en un informe elaborado por el SPF y sostuvieron que en la Unidad 31 de Ezeiza se les brinda “la mejor calidad de atención médica disponible en un contexto de pandemia”. Consideraron que es necesario que sigan cumpliendo sus condenas aislados en una cárcel común.

Se espera que definan, la próxima semana, sobre los planteos que hicieron los represores condenados por los delitos en la ESMA Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta para recibir el mismo beneficio.

Todavía hay casos por resolver en los que los tribunales que deben decidir ordenaron conformar juntas médicas con el Cuerpo Médico Forense de la Corte para que elaboren nuevos informes.

Los casos en Mendoza
En Mendoza se le concedió el arresto domiciliario a nueve condenados por delitos de lesa humanidad que invocaron el riesgo a contraer coronavirus en prisión. La Justicia les otorgó un arresto domiciliario cautelar y provisorio mientras permanezca el estado de excepción sanitaria.

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y familiares y víctimas del terrorismo de Estado plantearon allí que se oponían a las domiciliarias y que en la mayoría de los casos, aunque las defensas plantearon el riesgo de que sus defendidos puedan contraer coronavirus, no indicaron cuál sería el fundamento que justificaría su urgente traslado a su domicilio.

En el caso de Juan Carlos Santamaría , ex jefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea y condenado a prisión perpetua, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal Criminal 1 de Mendoza aludió a las condiciones de la Unidad en la que se encuentra alojado y fundamentó en el fallo: “Si bien cuenta con una enfermería, no aparece como una unidad específica de resguardo en caso de producirse un caso de Covid-19”. Los jueces Alejandro Piña y Héctor Cortés votaron a favor de la prisión domiciliaria, mientras que el juez Alberto Daniel Carelli se opuso.

Uno de los jueces que votó en favor de conceder el beneficio señaló: “No puedo ignorar que la aparición de la pandemia del Covid-19 modifica las reglas de juego vigentes en tiempos normales. Y si bien otrora las medidas sanitarias de la Unidad 31 aparecían a mi juicio suficientes aún en casos de personas de edad avanzada, y justificaban para mí la permanencia en prisión de aquellos acusados o condenados que padecieran ciertas patologías, hoy estimo que la situación ha cambiado”.

En esa jurisdicción se les concedió el arresto domiciliario a Oscar Bianchi, Pedro Linares, Vicente Omar Navarro Moyano, Carlos Ledesma, Oscar Simone, Juan Carlos Ponce Ochoa y Segundo Héctor Carabajal.

Los pedidos de los militares

Las organizaciones que defienden los derechos de los militares presos por causas de lesa humanidad denuncian que sufren un trato discriminatorio y lo comparan, por ejemplo, con la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Boudou, adoptada por el juez Obligado. Advierten que “sistemáticamente” se niega el mismo beneficio a los detenidos uniformados, que presentan graves problemas de salud y son mayores de 70 años.

El coronel retirado Guillermo César Viola, miembro fundador de la Unión de Promociones, dijo a LA NACION que 2438 uniformados de todas las fuerzas y civiles pasaron por distintas situaciones procesales. Contabiliza allí a los condenados, procesados y fallecidos. De acuerdo con sus registros, actualmente hay 997 condenados, 881 procesados -53 se encuentran en penales comunes- y 560 muertos. “Los fallecidos son el 22,97% del total. Solo 72 tenían sentencia firme y 488 no la tenían”, afirmó.

La Unión de Promociones advierte que hay 753 uniformados con prisión domiciliaria y 193 presos en los 19 institutos penales de los servicios penitenciarios de todo el país.

En cuanto a las prisiones preventivas, Viola dijo que 223 militares llevan entre tres y seis años detenidos; 254 están presos desde hace seis a diez años, 156 llevan entre 11 y 15 años presos y otros 33 tienen más de 16 años de prisión preventiva (contabiliza a todos aquellos que no tienen sentencia firme). “Representan una condena ilegal anticipada”, dijo Viola.

En marzo pasado, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia envió una nota al procurador general, Eduardo Casal, en la que le pide que el organismo recomiende que “de modo perentorio y urgente” se conceda la prisión domiciliaria a los mayores de 65 años que están detenidos en unidades carcelarias e integran un grupo vulnerable, ante la pandemia del Covid-19.

Entre los abogados que pugnan por morigerar las condiciones de detención de los militares y miembros de otras fuerzas atribuyen principalmente a la resistencia de los fiscales los persistentes rechazos a los pedidos de detención domiciliaria en las causas de lesa humanidad.

Por: Mariano De Vedia y Candela Ini

viernes, 10 de abril de 2020

BOUDOU



Le otorgaron prisión domiciliaría a AmadoBoudou “en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus”. Tiene 57 años, mientras que a los presos políticos mal llamados de “lesa”, todos mayores de 70, con prisiones preventivas que exceden los dos años, violando el artículo 18 de la Constitución Nacional, se la niegan, cuando ellos forman parte del verdadero grupo de riesgo. ¿Y los derechos humanos dónde están?

Delfina Alfaro
delfualfaro@hotmail.com


NOTA: Las imágenes, referencia y destacados no corresponden a la nota original.

Por irregularidades jurídicas como la explicitada en esta Carta de Lectores y la Declaración de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia el 28 de marzo de 2020, desde este espacio insistimos con nuestra petición: Que se realice una Auditoría Jurídica sobre todo lo actuado en los juicios de lesa humanidad.

Por favor lean la siguiente actualización:


Si están de acuerdo, firmen la petición y colaboren en su difusión. ¡Muchas Gracias!

DECLARACIÓN DEL CPA – REPÚBLICA Y PANDEMIA



Miércoles 8 de abril de 2020

República y Pandemia

Nuestro país enfrenta la pandemia en precarias condiciones:

Si antes de la pandemia, más del 30% de la población vivía en la pobreza, el COVID 19 y la cuarentena están llevando a porcentajes de la población sustancialmente mayores a situaciones de emergencia.

Si antes de la pandemia nuestro sistema productivo estaba comprometido por una extensa recesión y por diez años de estancamiento, la situación actual empeora el funcionamiento de nuestras empresas productivas y condiciona su capacidad para sostener el empleo y pagar los impuestos que -en definitiva- sostienen el aparato del Estado.

Nuestra situación fiscal es comprometida y el Estado argentino no tiene ahorros como para enfrentar un shock de esta envergadura. Es un momento en que los países emergentes no acceden al crédito internacional y la Argentina tiene cerrado ese crédito desde el año 2018, cuando, al recurrir al FMI, usamos también  el crédito institucional. Tampoco tenemos una moneda aceptada por la población para preservar sus ahorros, por lo cual la capacidad prestable del sistema financiero argentino es limitada y a falta de una moneda confiable, más limitada aún es la capacidad del Banco Central para emitir los pesos necesarios.

Nuestra principal fortaleza está en la resiliencia de nuestra población y en el funcionamiento de las instituciones de la República. Hace pocos meses elegimos autoridades de los poderes ejecutivos y legislativos de los tres niveles de gobierno. Esa renovación abrió un tiempo de confianza en esas instituciones y en los políticos y funcionarios que la encarnan. No comprometamos esa confianza.

Si un ministerio de la Nación compra cantidades de alimentos para los más necesitados a precios superiores a los que la población accede en los comercios minoristas, se lesiona la confianza.

El Presidente de la Nación puede estar convencido de que un dirigente gremial es “ejemplar”, pero no puede desconocer que buena parte de la población tiene fundadas sospechas sobre ese mismo dirigente que -además- está siendo investigado por el Poder Judicial. Se lesiona la confianza.

Cuando un empresario de una cadena argentina de supermercados manifiesta públicamente que las autoridades municipales lo someten a una arbitraria campaña de persecución, esas autoridades deben de inmediato aclarar esa situación, de otra forma se lesiona la confianza en esas autoridades y, adicionalmente, la de muchos otros dirigentes municipales que están trabajando con honestidad y sacrificio al servicio de los ciudadanos. A falta de explicaciones, se lesiona la confianza en autoridades municipales que fueron convocadas a controlar los precios de los productos de primera necesidad.

La informatización del Estado Nacional es un logro argentino, ningún país de América Latina alcanzó esa eficiencia en el funcionamiento del Estado con expedientes electrónicos. Este sistema transparenta al Estado porque permite a cualquier ciudadano consultar o indagar las acciones de los funcionarios. En varios años de funcionamiento se fueron corrigiendo con eficiencia y velocidad las escasas fallas del sistema. Abrir la posibilidad de volver a los expedientes en papel lesiona la confianza en el accionar del Estado.

Aquellos empresarios que crean valor, emplean trabajadores, pagan impuestos, abastecen a la población o exportan, son dirigentes comunitarios que merecen el respeto y la comprensión de los ciudadanos y de los funcionarios. Llamarlos -en forma indiscriminada- “miserables” lesiona la confianza, en este caso, en la institución presidencial.

Los argentinos elegimos representantes al Congreso Nacional, si en países en guerra los parlamentos pudieron cumplir con su misión, la pandemia no puede ser un obstáculo para el funcionamiento de nuestro Congreso. Hay procedimientos electrónicos como para que sesionen y -si es ineludible la presencia física- se pueden implementar protocolos sanitarios para no poner en peligro la salud de nuestros representantes. Legislar por DNU expone a la institución presidencial a errores y falta de consensos frente a un desafío que es de todo el país: por eso lesiona la confianza en nuestras instituciones.

El Poder Judicial es central en la institucionalidad republicana, como el Congreso, debe seguir funcionando. Sin embargo buena parte de la actividad judicial está paralizada. Pese a eso, algunos jueces siguieron favoreciendo a condenados detenidos por causas de corrupción, en este caso al ex vicepresidente Boudou. Se lesiona la confianza en el Poder Judicial.

En este tiempo de emergencia apelamos a nuestras autoridades en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes a que protejan ese activo de la Nación: LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA.

jueves, 9 de abril de 2020

COUNTRIES, PUERTO MADERO Y EL PERONISMO

Las patas en la fuente, imagen histórica del 17 de octubre de 1945, fecha fundacional del peronismo.

Independientemente de la ineptitud o mala leche de la que, de diferentes maneras, han hecho gala durante años, siempre volvemos a la misma pregunta, ¿Qué es hoy el peronismo?; no el utópico, el del 17 de octubre, sino el real, el que hoy detenta el poder, el que sigue cantando la “marchita” y que combate al capital… ajeno.


Hoy, en verdad, el peronismo es una élite que, si bien vive del conurbano y de cuanto bolsón de pobreza e ignorancia haya en el país, años de pertenencia a Puerto Madero y Countries repartidos por toda la república les ha pegado los tics de una clase que dicen despreciar pero que admiran. Esto les ha hecho perder cualquier sentido de la realidad general y creen que la realidad de ellos como élite adinerada y con poder es endosable a cualquier conglomerado urbano pauperizado.


Es de suponer que el desbarajuste que se vivió en el país en la mañana del día quince de la cuarentena, donde miles de jubilados en situación de riesgo, ansiosos por conseguir las migajas con que el estado nacional y popular los premia por cuarenta años de trabajo haya descolocado al presidente, de ahí su frase: “Cobrar una jubilación no puede convertirse en un riesgo para la salud”. Pero el presidente, entre tantas cosas que desconoce de la Argentina real, ignora que hay en ella ámbitos donde no cobrar en tiempo unos míseros pesos es un riesgo real para la salud. Esta realidad le resulta inentendible, tanto al presidente como a los que fueron responsables del desquicio jubilatorio -Pesce y Vanoli- quizás porque creen que cualquier habitante del conurbano -sus votos cautivos que le dicen- lleva una “signature” de grafito en su billetera.

El titular de ANSES, Alejandro Vanoli y del BCRA, Miguel Pesce

Esa mañana, para que el fandango se distribuyera bien, a los jubilados -muchos no habían cobrado el mes anterior- se le sumaron los beneficiarios de la AUH y de planes varios lo que generaron desórdenes de todo tipo que dieron por tierra con lo que hasta ahora se había logrado con la cuarentena. Considerando que por indicación de sus asesores el presidente se desgañitó durante días llamando a la cuarentena ya que según los expertos  la única solución era el aislamiento que da ésta, el viernes pasado el virus se hizo un festín pantagruélico a costa de muchedumbres de pobres, festín que recién dentro de unos días nos dará una idea del alcance de tanta desaprensión.

Ni siquiera podemos hablar de maldad por lo sucedido, el embrollo fue simplemente una muestra de distraída insensibilidad por parte de quienes dirigen el Banco Central y la Anses, entes a los que le sobra experiencia sobre cómo se organiza un pago de jubilados. Reiterémoslo, desde Puerto Madero la óptica de las cosas, cuanto más graves son, difieren mucho de cómo las ve un habitante de La Matanza. Si quisiéramos hacer un paragón histórico sobre lo que hicieron Pesce y Vanoli con los jubilados, pero también con los mal alimentados beneficiarios de la AUH y los planes, bien podríamos asimilarlo a la respuesta de María Antonieta cuando le dijeron que el reclamo del pueblo era por la falta de pan: “Qu'ils mangent de la brioche” (que coman pasteles)


Aunque me importa poco el peronismo, más allá de atribuirle a las taras que heredó del  fascismo y a algunas mañas criollas -relato épico, asimilar cualquier causa a un conflicto con malos y buenos, capitalismo de amigos, etc.-  las causa de la decadencia argentina, lo grave es que hoy ni siquiera son consecuentes con aquellos que dicen defender. Su idiosincrasia es otra, quizás sus dirigentes políticos o sindicales -algunos- tengan el mismo tono de piel de sus fanáticos pero al igual que el COVID-19 el lugar “social” y geográfico al que a fuerza de rapiña han accedido, los ha hecho mutar.

Hoy el peronismo se encuentra en una situación inédita, no tiene el oro que atoraba los pasillos del banco Central en 1947, ni la soja a US$ 600 de 2004, arrastra un deuda descomunal y ya estamos en “default”, pero ellos, los dirigentes actuales deese peronismo desteñido pero aún sinvergüenza creen que -con cantar la “marchita”, insultar a un empresario y perorar sobre la distribución de una riqueza que no existe- han solucionado cualquier problema desconociendo que en esos bolsones de pobreza e ignorancia, sin cuya existencia a ellos no los votarían ni los perros, la gente se maneja según los cánones de la economía negra, informal que le llaman, economía donde el boliviano del “mercadito” del barrio te puede fiar pero jamás te aceptará una tarjeta de débito.

Pehuajó (zona rural) 08/04/2020

José Luis Milia
josemilia_686@hotmail.com

Non nobis, Domine, non nobis. Sed Nomini tuo da gloriam.

NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a la nota original.

MALVINAS: CARTA DE UN MARINO INGLÉS ANTES DE MORIR


WikipediaHMS Glamorgan (D19)

David Tinker, oficial del HMS Glamorgan, le escribe a su mujer una carta con muchas verdades.

El teniente David Tinker Hugh Russell era un oficial de la Marina Real de suministro, designado como Secretario del capitán en el destructor de misiles guiados HMS Glamorgan. Él murió en acción el 12 de junio de 1982 durante la Guerra de las Malvinas, cuando Glamorgan fue alcanzado por un misil Exocet disparado por un equipo de la Armada Argentina, el que estaba de servicio como oficial de cubierta.

Misil Exocet impacta el destructor HMS Glamorgan

Su padre, Hugh Tinker, un profesor universitario, investigado, recopilado y publicado un libro, Un Mensaje de "las Malvinas: La vida y la muerte de David Gallardo Tinker", que contenía las letras de David y poemas. 


Islas Malvinas - HMS Glamorgan Memorial
Hoy Jueves Santo, este oficial merece una oración para que pueda descansar en paz.