Otra sería la situación de las instituciones –especialmente de las Fuerzas Armadas y de Seguridad-, las de las personas detenidas y condenadas como “presos políticos” si los medios de comunicación social habrían actuado de la misma manera que lo hacen en la editorial de la edición impresa del diario La Nación del día de la fecha.
Utilizado prácticamente los mismos argumentos que las defensas de los “presos políticos”, hoy esos medios se ven amenazados por el accionar del poder ejecutivo, la obediencia del poder judicial y la ausencia del poder legislativo.
En la anterior nota elegimos el chiste de Nik… nos quedamos con esa elección, pero como somos firmes defensores de la libertad de expresión apoyamos las preocupaciones y críticas de la Sociedad Interamericana
Vergonzosa manipulación de los derechos humanos
Una causa judicial fraudulenta impulsada por el Gobierno tergiversa la verdad para atacar a La Nación y Clarín
Lunes 16 de mayo de 2011 | Publicado en edición impresa
En recientes entrevistas con medios periodísticos afines al Gobierno, motivados por la visita al país de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el secretario de Comunicación Pública, Juan Abal Medina, intentó banalizar las preocupaciones y críticas de la SIP sobre las graves amenazas a la libertad de prensa. También reivindicó la posición oficial sobre Papel Prensa al confirmar la continuidad de los embates gubernamentales contra La Nación y Clarín.
En ese contexto, no debe sorprender el recrudecimiento de los ataques en el plano judicial. En particular, la insistencia de la Unidad Fiscal Federal en tergiversar los hechos e ignorar las múltiples pruebas aportadas en los últimos nueve meses, para intentar presentar la compra de Papel Prensa por La Nación , Clarín y La Razón como un hecho delictivo, forzando su calificación como delito de lesa humanidad.
La actuación arbitraria de la Unidad Fiscal Federal reviste gravedad, pues ello no sólo confirma la falta de independencia de un órgano que debiera actuar con criterios jurídicos y no políticos ni ideológicos, sino también el propósito del Gobierno de crear un antecedente en el que el uso forzado del concepto de delito de lesa humanidad sirva para revertir la titularidad de las acciones de Papel Prensa a algunos miembros de la familia Graiver que participan de la estrategia oficial.
En nuestro editorial titulado "Vamos por todo", de marzo pasado, advertimos sobre esta nueva metodología basada en el uso antijurídico de los llamados delitos de lesa humanidad para doblegar a determinadas empresas o forzar su traspaso a "amigos del gobierno", y a la vez generar una industria de reclamos indemnizatorios.
Esta advertencia ha cobrado una preocupante actualidad a la luz de las recientes declaraciones del subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alem, que reconoció abiertamente que si la persecución penal por Papel Prensa logra una "condena firme, vuelve la situación al momento previo de la producción del acto criminal, con la devolución de las acciones [de Papel Prensa] a los herederos de David Graiver".
Se dice habitualmente que no hay mejor defensa que un ataque. Fue justamente la que hizo el Gobierno para intentar disimular el fracaso de la "historia oficial" presentada por la presidenta Cristina Kirchner en agosto de 2010.
Es que se procuró vincular la venta de Papel Prensa a La Nación y Clarín con la posterior, y por cierto condenable, detención ilegal y apremios sufridos por la familia Graiver.
Toda la prueba producida desde ese entonces en la causa penal iniciada por el Gobierno desmiente categóricamente esa tesis. No sólo está probado que la detención y los apremios ilegales a los Graiver sucedieron varios meses después de concretarse la venta de Papel Prensa, sino que estuvieron relacionados con el hecho, también probado por la Justicia en democracia, de que David Graiver actuaba como agente financiero del grupo terrorista Montoneros.
Las investigaciones judiciales establecieron que la decisión de la familia Graiver de vender Papel Prensa y otros varios activos fue producto de la difícil situación financiera en que quedó el grupo familiar después de la muerte de David Graiver en 1976. Con bancos en el exterior quebrados y sus directivos procesados, como asimismo las amenazas de la organización terrorista sobre sus familiares para recobrar los 17 millones de dólares entregados por Montoneros a David Graiver proveniente de los secuestros de los hermanos Born y de Metz, empresario de Mercedes-Benz.
Esas circunstancias fueron acreditadas en diversos procesos judiciales después de la restauración de la democracia y confirmados por Isidoro Graiver, hermano de David, quien estuvo a cargo de las negociaciones de la venta de Papel Prensa, al declarar el año pasado en la causa judicial que motivó el dictamen fiscal cuestionado, desmintiendo así las acusaciones de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver.
Otros participantes de la negociación de la venta de las acciones, entre ellos asesores del entonces Grupo Graiver, corroboraron lo dicho por Isidoro Graiver.
La detención ilegal de los Graiver, así como su vínculo con Montoneros, fue objeto de varias investigaciones judiciales desde 1983 a la fecha, algunas de ellas recientes. En ninguna, ni los Graiver ni la Justicia imputaron a los diarios responsabilidad alguna en esos hechos.
La activa participación de la Secretaría de Derechos Humanos como querellante también reviste gravedad institucional. Por una parte, porque su titular, Eduardo Luis Duhalde, fue un notorio apologista de las organizaciones terroristas en los años 70 como director de la revista Militancia. Es obvio que, en este caso, aquel no sólo actúa por expresas instrucciones del gobierno nacional, como quedó expuesto en la presentación judicial efectuada en agosto de 2010 a instancias de la Presidencia de la Nación , sino que tendría un interés particular en tergiversar la verdad de los hechos.
La estrategia oficial de usar la Justicia con el objetivo de someter a la prensa libre y revertir la transferencia accionaria de Papel Prensa conlleva una enorme gravedad.
Hay sectores de nuestro país que tienden a ignorar la peligrosidad de estas acciones sin advertir el grave riesgo que traen aparejadas, creyéndose inmunes a ellas. De lo que realmente se trata es de extremar el respeto al principio de legalidad, con estricto acatamiento de los tipos penales, como modo de garantía de la libertad de los ciudadanos, solamente sujetos a la ley, evitando toda extensión que responda a ideologías o preconceptos de neto corte político.
Convertir a la interpretación ideológica o a la forzada recreación histórica de los hechos del pasado en fuente de represión penal para algunos ciudadanos es la puerta abierta a la tiranía y a la utilización del sistema represivo del Estado para la persecución del ocasional adversario.
Resulta evidente que la maniobra consiste en disfrazar una compra legítima de delito de lesa humanidad con el solo objeto de burlar la prescripción y así impulsar una persecución en la que no hubo delito alguno.
El pasado jueves, una resolución judicial del juez federal de La Plata refuta la tesis oficial de vincular la compra del paquete accionario de Papel Prensa por La Nación , Clarín y La Razón. Ello es así, pues aquel juez declinó expresamente su competencia para intervenir en el caso promovido por el Gobierno sobre la base de que no existe vinculación con las privaciones ilegales de libertad y los apremios ocurridos en centros de detención de la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno ha anunciado que tiene intenciones de continuar la persecución contra La Nación y Clarín ante un juez federal de la Capital Federal , Daniel Rafecas, que ya prejuzgó groseramente a favor de la posición oficial.
Es imprescindible que el Poder Judicial impida estas maniobras, que no son sino una espuria utilización de los derechos humanos con fines claramente políticos e ideológicos.
La independencia de los jueces y el estricto respeto a los principios constitucionales y los volcados en los tratados internacionales suscriptos por el país deben ser preservados a cualquier costo. Los jueces son, en definitiva, los garantes de las libertades ciudadanas, cuando éstas se ven amenazadas.
