jueves, 18 de julio de 2019

NO SE QUEJE SI NO SE QUEJA



Circular 104

1. Petición de los integrantes de la Promoción 93 del Colegio Militar de la Nación al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ante la verificación de que en el Parque de la Memoria -sito en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires- se encuentran exhibidas placas en memoria de ex integrantes del ERP que intervinieron en los asesinatos de los entonces capitanes Humberto Antonio Viola y Miguel Alberto Keller, y una hija del primero de ellos, sus compañeros de promoción han presentado una nota al Jefe de Gobierno, solicitando la remoción de las mismas (Ver Petición).

Las personas o instituciones que quieran manifestarse en apoyo o bien adherir al documento mencionado, pueden hacerlo como Comentario al pie de la nota en nuestra página web, o bien por correo electrónico a info@upmac.org.ar, aclarando sus datos personales.

2. Actualización de las Quejas y Denuncias por atención deficiente en el IOSFA

A efectos de completar estudios estadísticos que nos permitan evaluar las deficiencias en la atención de la salud por parte del IOSFA para con sus afiliados, solicitamos a quienes hayan padecido situaciones adversas en los últimos meses, nos hagan llegar sus comentarios.

Nos interesa especialmente:

- Falta de prestadores (o suspensión de servicios por parte de los mismos)
- Falta o excesiva tardanza en la provisión de insumos médicos o farmacéuticos
- Cobro de aranceles adicionales o coseguros no autorizados
- Suspensión de Cirugías programadas por causales del Prestador
- Demora excesiva en el otorgamiento de Turnos para Consultas Médicas, Odontológicas o Kinesiológicas
- Problemas de Internación
- Excesiva demora para recibir reintegros acordados
- Problemas derivados de cierre de farmacias o lugares de atención

Dejar constancia de la fecha y circunstancias del hecho que motiva la queja, y si la misma fue denunciada o no ante las autoridades del IOSFA y en qué forma. Si hubo o no respuesta. Si el hecho provocó algún daño, deterioro de la salud, etc.

Aclarar datos personales y Nro. de Afiliado.

Su participación es de mucha importancia para la defensa de toda la Familia Militar. Agradeceremos dar a la presente la mayor difusión posible.


Buenos Aires,  16 de julio de 2019


Miguel Angel Artuso
Suboficial Mayor (R) FAA
Secretario


Francisco Ricardo Verna
Coronel (R)
Presidente

_____________________________________________________________         
Unión del Personal Militar Asociación Civil - U.P.M.A.C.
Domicilio Legal: Uruguay 654 – 9º piso – Of. 907 – CABA – Tel. (011) 4372-0291  -  www.upmac.org.ar
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martes, 16 de julio de 2019

NO FUISTE INVITADO


Orlando Agustín Gauna

Este 9 de julio, celebrando nuestra independencia, desfilaron en todo el país, nuestras fuerzas armadas, de seguridad y policiales.


Y fueron invitados especiales, nuestros héroes de Malvinas. Los bravos que combatieron contra el pirata inglés, el mismo con el que nuestros gobernantes firmaron el vergonzante “Tratado de Madrid”. Pero hubiera sido políticamente incorrecto que, en el día de la Patria, no fueran invitados a participar del desfile, los ex combatientes.

Pero hubo otros soldados, que también combatieron por reafirmar nuestra independencia y evitar que cayéramos bajo una dictadura castro-comunista; y no fueron invitados al desfile.


No fueron invitados los “Valientes de Formosa”, que, durante un gobierno constitucional, defendieron a sangre y fuego, el Regimiento de Infantería de Monte, junto al Soldado Hermindo Luna, del artero ataque de Montoneros. Ni los que durante la Presidencia de Juan Perón defendieron la guarnición militar de Azul del ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo. Tampoco fueron invitados los “Héroes de Manchalá”, ese puñado de colimbas que puso en fuga a los terroristas del ERP. También deberían haber sido invitados los que combatieron contra la última intentona marxista de tomar el poder por las armas, durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín, en el Regimiento de La Tablada.

Los Bravos de Manchalá en el nuevo monumento que conmemora su hazaña

Pero justamente, los militantes de esas organizaciones terroristas, que pretendieron tomar el poder por las armas, hoy están enquistados en distintos cargos en los gobiernos nacional, provinciales y/o municipales; y pretendiendo cambiarnos la historia, intentan que sus acciones criminales queden en el olvido.


Por eso esta falta de reconocimiento a esos soldados conscriptos, que mientras cumplían con el deber cívico del servicio militar obligatorio, fueron vilmente atacados por estas hordas cosmopolitas y ateas.

Para todos ellos, mi humilde reconocimiento. Ustedes colaboraron para que en nuestra patria siga flameando el pabellón celeste y blanco, creado por Manuel Belgrano.


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

ES HORA DE ACABAR CON ESTE ENGAÑO


La Justicia investiga una denuncia de fraude por el pago de millonarias indemnizaciones a Montoneros que atacaron un cuartel en Formosa. Jovina Luna, hermana de uno de los soldados muertos en el ataque al RIM 29, acusa a los funcionarios que registraron a guerrilleros abatidos como falsas víctimas de la represión ilegal. Podría ser sólo el principio de una de las mayores defraudaciones contra el Estado.

Agustín De Beitia
@agustindebeitia




Jovina Luna tenía once años cuando su hermano Hermindo, un soldado de 21, fue ejecutado por integrantes de la organización Montoneros, que iniciaban así un espectacular ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa. Los guerrilleros, unos 60 en total, y que habían secuestrado un avión de línea para facilitar su huida, esperaban copar el cuartel y apoderarse de armamentos. Era domingo. Jovina cumplía años. Un día que debió ser festivo y que en cambio dio paso a un agudo dolor que ella tardaría años en entender, según confiesa hoy en una entrevista con La Prensa.

El ataque ocurrió el 5 de octubre de 1975, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Aunque la ofensiva fue repelida, en el cruento combate perderían la vida Hermindo y otros nueve soldados conscriptos, un sargento y un subteniente, además de un agente de policía, que fue asesinado en el aeropuerto de la capital provincial. En total, 13 fallecidos. En las acciones fueron abatidos 13 guerrilleros.

Con el correr del tiempo, el dolor de Jovina por la pérdida de su hermano se agravaría al ver la reescritura de la historia. Hoy dice que contemplar a los atacantes homenajeados en el Parque de la Memoria, como si hubiesen sido víctimas de la represión del Estado, le da una gran impotencia.

“Impotencia porque mis padres han golpeado tantas puertas reclamando un reconocimiento para su hijo sin ser escuchados. Porque ellos entregaron a su hijo a la Patria. Se lo dieron para cumplir con una ley, la del servicio militar obligatorio, y se lo entregaron en un cajón. Mis padres ya no están. Ellos se fueron con esa tristeza. Mamá falleció en el 2006. Pero yo les prometí que iba a continuar con su lucha. Que no me iba a detener”.

Después de 44 años de la muerte de su hermano y luego de 13 de haber asumido este reclamo, logró que la Justicia admita una denuncia penal contra los funcionarios públicos y los particulares que intervinieron en una maniobra para registrar a guerrilleros muertos aquel día como falsas víctimas de la represión ilegal del Estado, y así cobrar indebidamente millonarias indemnizaciones. Ese beneficio lo percibieron, al menos, los familiares de nueve de los trece guerrilleros, por un monto de $60 millones. La denuncia recayó en el juzgado a cargo del juez federal Daniel Rafecas.

“Es hora de que se termine este fraude”, dice Jovina en la entrevista celebrada en el microcentro, a la que acudió acompañada de su esposo, Roberto Guerrero. “Es hora de que se haga justicia, que se termine con la mentira, que se termine con el engaño. Ellos figuran hoy como víctimas de la represión ilegal y no es así. Siguen mintiéndonos. Siguen matando a mi hermano cada vez que veo que le llevan flores a los guerrilleros en el Parque de la Memoria”.

La denuncia que presentó es por los presuntos delitos de defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según el escrito, al amparo de las llamadas “leyes reparatorias”, en particular la ley 24.411, se registraron casos falsos de “Desaparición Forzada” y “Ejecución Sumaria” o “Asesinato”, en legajos formados en la ex Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y en la Secretaría de Derechos Humanos (SDDHH) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La denuncia señala que, por múltiples pruebas documentales, al alcance de cualquier administración, se puede comprobar que ninguno de los miembros de Montoneros muertos aquel día al intentar copar una instalación militar responde a las causales comprendidas en la ley 24.411, lo que hace responsables de fraude a los beneficiarios, a quienes los asesoraron a sabiendas de la falsedad para la tramitación y cobro del beneficio, y a los funcionarios públicos que aprobaron los pagos sabiendo que no correspondían, o sin haber realizado las diligencias necesarias mínimas para corroborar la procedencia del beneficio.

Sobre los otros cuatro guerrilleros fallecidos, al no contar con información, se pide constatar si el Estado pagó algún beneficio también.

La denuncia, a la que adhirió en las últimas horas Rogelio Mazacotte, un soldado sobreviviente del ataque montonero, se basa en una investigación de largos años llevada a cabo por José D´Angelo, autor del libro “Mentirás tus muertos”, a pesar de la constante negativa a brindar datos de los funcionarios de las áreas competentes.

D’Angelo comparó los informes oficiales de la Conadep de 1984, de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006 y del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de 2015, y luego los cotejó con libros de numerosos autores y con publicaciones de la época, en particular “Evita Montonera”. Además obtuvo información detallada sobre las indemnizaciones pagadas al amparo de la ley 24.411.

De los datos recogidos surge que uno de los atacantes, Reinaldo Ramón José Briggiler, miembro de las FAR y Montoneros con rango de oficial 2do, que había participado del asesinato del general Juan Carlos Sánchez y había sido amnistiado en 1973, figura como víctima de “ejecución sumaria” y sus herederos cobraron un monto actualizado al 2019 de $ 9.450.652 (USD 236.266).

Otro de los agresores, Jorge Alberto Livieres, de la Juventud Universitaria Peronista JUP y de Montoneros, con grado de oficial, no estaba registrado en la Conadep de 1984 pero en el informe de la SDDHH de 2006 ya figura como víctima de “ejecución sumaria”, y por ese motivo se pagaron $ 6.526.109 (USD 163.153). Algo similar a lo ocurrido con Víctor Hugo Iribarren, de la JUP y Montoneros, no registrado en la Conadep y luego reconocido como víctima de “ejecución sumaria”, con una indemnización para sus familiares de $ 7.011.615 (USD 175.290). Todos homenajeados en el Parque de la Memoria.

La lista se completa con indemnizaciones por José Daniel Graziano ($ 8.090.303); Juan Sebastián Hernández ($ 5.134.952); Saúl Mario Kobrinsky ($ 7.499.754); Arturo Inocencio Mariani ($ 5.430.927); Luis Carlos Morero ($ 5.308.145); y Alfredo Rubén Velázquez ($ 6.131.995).

Según el escrito, estos casos sugieren la existencia de “una estructura de falsificación” y podrían ser sólo el principio  de una de las más importantes y cuantiosas defraudaciones que haya sufrido el Estado argentino.

Jovina Luna insistió, en cada lugar al que concurrió en estos días, en que no busca un resarcimiento económico, sino que los asesinos de su hermano y de los otros soldados no figuren más en el listado del Parque de la Memoria.

El viernes pasado se reunió con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, a quien le pidió que se presente como querellante. Avruj le indicó que ya encargó que se realice una auditoría interna sobre los expedientes cuestionados y que aportará los datos a la Justicia. En declaraciones de prensa Avruj adelantó también que si se comprueba el fraude, solicitará al Gobierno de la Ciudad que retire del Parque de la Memoria los nombres de los montoneros que intervinieron en ese ataque.

Las miradas se concentran ahora sobre el juez Rafecas. “Yo creo que el juez va a hacer las cosas bien porque la opinión pública va a estar viendo todo esto”, dice Jovina. “Es muchísima la gente preocupada”, asegura.

Después de muchos años de reclamos, al fin parece haber predisposición para revelar los legajos que siempre debieron ser públicos y revisar esta defraudación a la sociedad toda.

lunes, 15 de julio de 2019

PETICIÓN DE LA PROMOCIÓN 93 DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de mayo de 2019

Ref: Placas con nombres en Monumento
ubicado en el Parque de la Memoria
(CABA).

Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lic. Horacio Rodríguez Larreta

De nuestra consideración:

Los abajo firmantes, integrantes de la Promoción 93 del Colegio Militar de la Nación, a la que pertenecían los Mayores Post Mortem del Ejército Argentino D. Humberto Antonio Viola y D. Miguel Alberto Keller, amparados en el artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina, peticionamos quiera tener a bien disponer, se quiten las placas incluidas en el Monumento del Parque de la Memoria (CABA), de las personas cuyos nombres mencionamos a continuación:

-  SANTUCHO Roberto Mario.
-  URTEAGA Benito Jorge          
-  RIVERO Román  Patricio        
-  QUIROGA Mirtha Estela
-  CAMUYRANO Mario
-  KRASNAYSKY Darío Ignacio
-  BLEDEL Rodolfo Luis           

Fundamentamos esta petición en lo siguiente:

1.    Las personas cuyas placas solicitamos su remoción han sido involucradas como participantes en los asesinatos de los entonces Capitanes Viola (01 de diciembre de 1974) y Keller (18 de agosto de 1975), y el de la niña María Cristina Viola, de tres años de edad, hija del primero de los nombrados, llevados a cabo como parte de las acciones delictivas de la misma organización a la que decían pertenecer, el autodenominado “Ejército Revolucionario del Pueblo”.

2.    Cabe recordar que el “Ejército Revolucionario del Pueblo” fue calificado como organización ilegal el 23 de septiembre de 1973 por el Decreto Nro. 1454/73 del gobierno constitucional presidido por Raúl Alberto Lastiri. (BO 22755, 25/09/73, pág 3).

3.    De lo mencionado, surge que la ciudad está homenajeando a personas integrantes de una organización ilegal y señaladas como autores o participantes de asesinatos.

4.    Ese monumento es visitado continuamente por escolares y público en general, no resultando edificante que se exhiban los nombres de personas vinculadas a los asesinatos mencionados.

5.    La participación de los involucrados en los aberrantes hechos mencionados esta descripta profusamente en publicaciones periodísticas,  libros y publicaciones varias, entre los que podemos mencionar: Periódico “La Estrella Roja” en los números 40 y otros, libro “El otro demonio”, revista Gente del 30 de diciembre de 1976, libro “Guerra Revolucionaria en la Argentina” de Díaz Bessone Ramón Genaro, revista “El Combatiente” en la colección de 1994, libro “Santucho” de Méndez Eugenio, ediciones La Toma 2001, libro “Sangre en el Monte” de Gutmán Daniel, Sudamericana 2010, páginas de  Google y  articulo del 24 de agosto del 2016 de CELTYV.

Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.

Direcciones Remitentes:
Charcas 3140, P8 B-CP 1425–CABA / San Martin de Tours 2908, P7 - CABA / Vergara 1027–CP 1638–Vicente López-Pcia Bs.As. / Beruti 2731, P8 B-CP 1425–CABA.

Peticionantes:


BOSSI Ernesto Juan (DNI 5.492.996), GRAZZINI Enrique Alberto (DNI 5.704.846), RIOBÓ Luis Eduardo  (DNI 4.409.022), SCIURANO Miguel Ángel (DNI 4.273.635), SOLIS Rodolfo… (siguen/por orden alfabético)…



REFERENCIAS:
Entregada al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Mesa de Entradas)
Fecha de Caratulación:  lunes 20 de mayo de 2019
Carátula del Expediente:  EX-2019-16229506-GCABA-AJG
Descripción:  Presentación Ciudadana
Código del Trámite: GENE2101B – Solicitud Ciudadano al Poder Ejecutivo


NOTA: La imagen no corresponde a la nota original.

LOS CARAPINTADAS Y UNA FALACIA QUE SE REITERA SOBRE LA DEMOCRACIA


No hubo nunca intento alguno de golpe de Estado. Ese fue el recurso de la propaganda del régimen a fin de escamotear la verdad de lo que estaba ocurriendo.

Aldo Rico durante el desfile del pasado 9 de Julio, en la Avenida del Libertador

Por María Lilia Genta y Mario Caponnetto

La aparición de Aldo Rico en el desfile militar del pasado 9 de julio y las posteriores declaraciones del ministro Aguad, quien refiriéndose a las sublevaciones carapintadas las calificó como “un episodio muy chiquito”, han tenido la virtud de traer a la memoria aquellos hechos, ya un tanto lejanos, a la par que han reavivado la histeria democrática de políticos, comentaristas y periodistas varios. De pronto se nos vino el 87: la Semana Santa, Alfonsín, las “Felices pascuas, la casa está en orden”, el grupo de militares sublevados que lo que menos pensaban era derrocar al gobierno ya que todo se limitaba a una interna militar, esto es, los mandos medios contra la ineptitud y la defección de los altos mandos.

“Dictadura o Democracia”, tal el lema impuesto por el establishment democrático en aquellos años y reflotado hoy. Pero se trata de una enorme falacia. Los carapintadas jamás cuestionaron la democracia ni tuvieron entre sus objetivos acabar con el gobierno de Alfonsín. Así lo reconoció, por otra parte, expresamente en su sentencia el Tribunal que tuvo a su cargo el juzgamiento de los responsables del levantamiento.

No hubo nunca intento alguno de golpe de Estado. Ese fue el recurso de la propaganda del régimen a fin de escamotear la verdad de lo que estaba ocurriendo. En efecto, era más redituable a los fines del Gobierno y de la entera partidocracia montar un escenario de golpismo militar (con todo lo que ello implicaba), convocar a la ciudadanía a “defender la democracia” aún al precio de llevar civiles armados a Campo de Mayo exponiendo irresponsablemente a muchos de ellos a una masacre (cosa que gracias a Dios y al buen tino de los sublevados no ocurrió), era, repetimos, más redituable alimentar esa farsa que reconocer la verdadera naturaleza del movimiento militar y la gravísima responsabilidad que le cabía tanto al Gobierno como a la cúpula castrense en el desencadenamiento de los episodios en curso.

LAS VERDADERAS REAZONES DEL CARAPINTADISMO

Los carapintadas fueron el fruto de una inédita crisis de autoridad militar y política. Para entender lo que pasó es necesario decir algo que casi nadie dice pese a ser el hecho más relevante de la historia contemporánea de la Argentina. Tal hecho es que la Democracia impuesta a palos a partir de 1983 fue hija de la derrota de Malvinas. Fue, salvando las distancias y mutatis mutandis, nuestro Versalles. La derrota de Puerto Argentino tuvo (y sigue teniendo) pesadísimas consecuencias: fuimos desarmados, se nos impuso -como a la Alemania de 1918- la humillación y la indefensión. Nuestras Fuerzas Armadas tenían que ser destruidas, desmovilizadas material y moralmente, reducidas a la nada como tributo de nuestra derrota. Y así se hizo. El Gobierno de Alfonsín tuvo a su cargo llevar a cabo ese siniestro objetivo; lo cumplió acabadamente y continuaron y continúan cumpliéndolo los gobiernos que le sucedieron hasta el día de hoy.

Prueba de lo que decimos es que este fenómeno de desarme total sólo se dio en nuestro país. Nuestros vecinos, que pasaron también por similares procesos de transición de gobiernos militares a gobiernos democráticos, no experimentaron nada semejante. Hubo sí, juicios y prisiones para los militares (aunque en escala incomparablemente menor) pero las Fuerzas Armadas no sufrieron merma alguna en su capacidad operativa. Basten los ejemplos de Brasil, Chile y Uruguay. El instrumento principal (pero no único) al que se echó mano para consumar la voluntad de los vencedores fue la llamada “política de derechos humanos”, la que en Argentina se aplicó con extremo rigor y singular virulencia. Y aquí se inserta, como veremos, el fenómeno carapintada.

Contrariamente a lo sucedido, tras el inicuo Tratado de Versalles, en Alemania, cuyos jefes militares supieron sobreponerse con admirable espíritu a las duras imposiciones de los vencedores manteniendo viva y bien alta la moral de combate, en Argentina nuestras cúpulas militares tuvieron, en general, una actitud de vergonzoso derrotismo, de conformismo deshonroso y de abandono de sus subalternos. Cuando comenzaron a llegar las citaciones de los tribunales y la amenaza cierta de cárcel para quienes sólo habían cumplido órdenes, estalló la crisis. El mando se quebró y así, ante la falencia palmaria de los superiores, cobraron necesariamente protagonismo los mandos intermedios.

Este fue el origen del llamado movimiento carapintada; y esa fue, casi, su única razón de ser: frenar la marea de juicios y de cárcel ante la ofensiva ideológica del Gobierno civil y la abdicación del Mando militar. Algunos de sus líderes vieron un poco más allá y avanzaron hacia reivindicaciones que tenían que ver con el pavoroso proceso de indefensión que se cumplía sin pausa. Esta fue la innegable cuota de dignidad y de nobleza que debe serle reconocida. Hasta los mismos jueces que condenaron a esos líderes admitieron que habían actuado movidos por altos ideales de dignidad y honor.

GRACIAS Y DESGRACIAS DEL MOVIMIENTO CARAPINTADA

No obstante, y esto también deber ser dicho, la evolución posterior del movimiento carapintada deja un saldo de luces y sombras. El carapintadismo, en efecto, tuvo ciertos logros. El más significativo, sin duda, las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Estas leyes conseguidas por los “héroes de Malvinas” (como los llamó Alfonsín en aquel discurso de Pascua a su regreso de Campo de Mayo) fueron beneficiosas en orden a la pacificación nacional y lograron que muchos subalternos, en su mayoría en actividad por entonces, citados a juicio por los tribunales de la venganza, pudieran permanecer en libertad durante casi veinte años al cuidado de sus hijos y sus familias. No fue poco, sin duda.

Sin embargo, no pudo frenar el proceso de sostenido desmantelamiento del aparato militar que nos ha llevado a esta situación de indefensión inédita en toda nuestra historia. La fractura de la cadena de mandos en el Ejército trajo aparejadas consecuencias graves en orden a la disciplina que no pueden obviarse en un análisis objetivo. En este sentido, el segundo episodio, el de Monte Caseros, careció por completo de razones objetivamente válidas y obedeció más a cuestiones de reivindicaciones personales.

Por aquella época, Rico desoyó los prudentes consejos de algunos camaradas de su misma graduación y de algunos amigos civiles y los sustituyó por una suerte de “Estado Mayor” constituido por capitanes. Esto nos consta de manera directa ya que por circunstancias que no viene al caso detallar fuimos testigos de ciertos hechos que así lo confirman.

A nadie escapa que en una institución eminentemente jerárquica como el Ejército, semejante situación tenía que terminar produciendo caos, desconcierto y dispersión ad intra del mismo sector carapintada. Por eso nos contamos entre los muchos que le pedimos al Coronel Seineldín su regreso al país a fin de que con su enorme prestigio -un prestigio que trascendía los sectores entonces enfrentados- pudiera de algún modo recomponer el mando, la unidad y la disciplina. También estuvimos entre los muchos que le aconsejamos al Coronel que desistiera del levantamiento del 3 de diciembre de 1990 (el último de la “serie” carapintada) por considerarlo inoportuno e inviable.

Por último, la posterior incursión de algunos líderes carapintadas en la política y su inserción en el sistema de los partidos dio paso a otra historia que también está pendiente de una adecuada evaluación.

¿FUE CHIQUITO?

A la vuelta del tiempo, ¿fue el movimiento carapintada un acontecimiento “muy chiquito” como sostuvo el Ministro Aguad? Sí y no. Fue “chiquito” si se intenta hacer de él una epopeya democrática, una suerte de gesta que salvó a la democracia naciente y aún débil como insiste en presentarlo la historia oficial. Nada de eso. Es uno de los tantos relatos mentirosos a los que nos tiene acostumbrados esta democracia nacida de la derrota de Malvinas. Por otra parte, Alfonsín pudo decir “la casa está en orden” sólo porque había aceptado en alguna medida las razones o presiones de los jefes carapintadas en Campo de Mayo. En este sentido, Aguad tiene razón y, quizás sin proponérselo, tuvo un rapto de sinceridad.

Pero no fue nada “chiquito” para quienes hicieron lo que pudieron por defender a nuestras Fuerzas Armadas y lo perdieron todo. Nos tocó acompañar el sufrimiento de tantas familias militares, el fin de tantas carreras prometedoras y aún brillantes tronchadas, los duros años de presidio. Al término de los cuatro episodios que jalonaron la historia del carapintadismo, la derrota fue total por lo que hubo cada vez más familias que acompañar y auxiliar, muchísimos más oficiales y suboficiales seriamente comprometidos en procesos judiciales que requirieron defensores ante los tribunales militares (entonces funcionaba todavía la justicia militar como funciona en casi todos los países del mundo a pesar de que ya el alfonsinismo le había dado un golpe de muerte al sujetarla a la revisión de los tribunales civiles).

AL FINAL, TENIAN RAZON

Insistimos en que cuanto llevamos dicho nos consta por directo conocimiento y creemos oportuno traer, precisamente ahora cuando el tema ha sido reflotado, nuestro modesto testimonio. El carapintadismo fue la eclosión dolorosa, inorgánica y aún desesperada ante una grave situación que quienes debieron verla y actuar en consecuencia no la vieron. Lo que un Teniente Coronel, primero, y un Coronel, después, encabezaron arrastrando tras de ellos a no pocos que se contaban entre los mejores, no puede reducirse al simplismo de considerarlo el último residuo del golpismo militar.

No son ellos, los que protagonizaron aquellos hechos, los que deben ser juzgados sino más bien el juicio histórico ha de recaer sobre quienes tuvieron en esos momentos la responsabilidad de conducir las instituciones militares y el poder civil que fue el agente de la sistemática indefensión de la Nación. Las cúpulas militares son particularmente responsables pues asistieron irresolutas e impávidas ante esa obra demoledora de indefensión acompañada de una persecución judicial que afectaba a sus subalternos.

En cambio, y en contraste con lo anterior, recordamos algunos alegatos judiciales que han quedado como testimonio de la verdadera historia. Para muestra mencionaremos solamente tres. Primero, el del Coronel Seineldín que fue una rigurosa exposición militar, acompañada de todos los recursos didácticos de la época, sobre el estado de la situación de nuestras Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional. Nos consta que al término de esta exposición algunos miembros del Tribunal se acercaron a agradecerle al Coronel por haberlos ilustrado. El segundo, el sobrio, exacto alegato del Mayor Romero Mundani que conmovió enormemente al auditorio pensando sobre todo en el suicidio de su hermano Coronel. El tercero, el del Capitán Breide Obeid que fue un apasionado alegato político y doctrinal que, con entraña y estilo, sacudió la frialdad del ambiente jurídico.

Recordando aquellos alegatos podemos decir que, después de todo, pasó lo que los carapintadas supieron ver con anticipación: al final la demolición de nuestra defensa se consumó y hoy, gracias a la mentida “lesa humanidad”, comparten la cárcel antiguos carapintadas y sus otrora adversarios caralavadas.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS NO ASUMIDAS OPORTUNAMENTE POR LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO

Hoy el diario LA NACIÓN pone sobre el tapete los problemas que sufren las FFAA de la Nación ante la decisión política de desinversión en el área de la Defensa Nacional. Esa política de estado implícita fue instrumentada desde el gobierno de Alfonsín a la fecha. Y si hurgaran un poco más descubrirán que sus orígenes se encuentran en el llamado Foro de San Pablo.

Ningún gobierno desde entonces ha sido capaz de revertir la situación del desmantelamiento del poder militar argentino… confundieron el objetivo político en destruir el llamado “partido militar” con el objetivo  de la necesaria política de Defensa Nacional.

No solo hoy el país se encuentra indefenso, sino que también la falta de adiestramiento y re-equipamiento adecuado, han producido pérdidas de vidas humanas y de material bélico obsoleto e inadecuado para atender las necesidades de defender nuestra soberanía y tampoco en condiciones de enfrentar las denominadas nuevas amenazas, tales como: 1) amenazas duras: terrorismo, delincuencia organizada transnacional, narcotráfico, corrupción, lavado de activos y tráfico ilícito de armas; 2) amenazas de origen social: pobreza extrema y exclusión social; 3) amenazas provenientes de la naturaleza y la salud: desastres naturales y de origen humano, deterioro del medio ambiente, VIH/SIDA y otras enfermedades; 4) amenazas contra la integridad de las personas: trata de personas, 5) amenazas on-line: ataques a la seguridad cibernética; y 6) otras amenazas: manejo y transporte de material altamente peligroso o radiactivo, acceso indebido a armas de destrucción masiva por terroristas.

Presidentes de la Nación y sus Ministros de Defensa
1983 a 2019

La Defensa Nacional y la atención y contención adecuada a las nuevas amenazas son exclusiva responsabilidad del estado y exceden las actuales áreas de la Defensa y Seguridad Nacional, son responsabilidades políticas que deberán ser asumidas por los funcionarios competentes… ya sean por acción o inacción.




EL DETERIORO DE LOS EQUIPOS MILITARES, LA MAYOR CAUSA DE MUERTE EN LAS FF.AA.

Pese a los tiempos de paz, entre 2001 y 2018 murieron 112 militares en su trabajo o en camino a él, de los cuales 75 están relacionados directa o indirectamente con el estado del equipamiento. Con las víctimas del ARA San Juan, suman 156. Hay caídas de aviones, aplastamientos por tanques, explosión Fuente: Archivo


M
inutos antes de las 9 horas del 22 de noviembre de 2001 un Pampa IA-63 lanzó una bomba de 250 kilos en el marco de un entrenamiento. El artefacto debía explotar cuando tocara el piso, pero falló, por lo que un grupo compuesto por el capitán Eduardo Alberto Galetti, el cabo principal Héctor Nicolás Rocha, el suboficial principal Jorge Roberto Sosa y el suboficial auxiliar Héctor Oscar Barrios fue a atender la situación. Debían rodear la bomba con trotyl y hacerla detonar a distancia, para lo que estaban entrenados. El artefacto explotó antes y les costó la vida.

En septiembre de 2015 ocurrió algo impensado para la aviación. En la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en San Luis, un avión Douglas A4-AR Fightinghawk estaba en una revisión técnica en la plataforma (foto) cuando de forma inesperada comenzó a desplazarse hasta chocar contra el hangar, algo que terminó con la vida del suboficial principal Luis David Peñaloza, que trabajaba en la cabina de la nave.

En 2008 el suboficial segundo buzo táctico Federico Alexis Cacciabue se lanzó en paracaídas desde un avión que sobrevolaba Miramar. El artefacto no se abrió. Cuando logró soltar el paracaídas auxiliar ya era tarde para moderar el impacto lo suficiente, algo que le costó la vida a los 37 años.


Los casos anteriores forman parte de registros oficiales de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército que enumeran decenas de muertes por motivos diversos, desde accidentes en la vía pública hasta descargas eléctricas, caídas de aviones, explosiones de armas de fuego, asesinatos, desprendimientos de montaña, ahogamientos, paros cardíacos en entrenamientos, un inesperado golpe con un hangar y la caída del techo de un casino.

LA NACION investigó las muertes que se registraron en las Fuerzas Armadas entre 2001 y el año pasado a partir de pedidos de acceso a la información pública, documentos del Estado, averiguaciones judiciales y crónicas periodísticas. También se hicieron consultas a ex funcionarios, allegados a las víctimas y miembros de distinta jerarquía en la organización militar, que en todos los casos pidieron mantener en reserva su nombre.

La conclusión más gruesa arroja que entre las tres instituciones murieron 112 personas mientras cumplían con sus obligaciones laborales o se aprestaban a hacerlo. Hay que destacar que en 23 casos se trató de los accidentes denominados initínere, como se conoce al traslado de la casa al trabajo y el retorno. En 75 casos se trató de problemas presumiblemente vinculados al estado del equipamiento de manera directa o indirecta. No se incluyen en esa cuenta, por ejemplo, el caso de un soldado asesinado, un suicidio y un desprendimiento de montaña.


A las cifras anteriores hay que sumar a los 44 tripulantes del ARA San Juan, que se muestran por separado porque el hecho aún es investigado por la Justicia. En ese caso, el número de bajas llega hasta las 156 personas.

El caso de la Armada tiene un barniz paradójico: hasta que ocurrió la tragedia del submarino, la fuerza parecía la más segura para trabajar, con tres muertes desde 2001, de las cuales una se debió a la caída de un avión y otras dos, a la falla de paracaídas.

En ningún caso las muertes mencionadas se dieron en enfrentamientos bélicos. Los números parecen abonar la afirmación según la cual ser militar es un trabajo de riesgo pese a que la Argentina atraviesa tiempos de paz desde la finalización de la guerra de las Malvinas, en 1982. Es una idea extendida entre miembros y jefes de las fuerzas de seguridad, los familiares consultados y hasta los gestores políticos.

Las causas de esa condición son, en cambio, más variadas. Algunos apuntan contra la precariedad del material militar derivada de malas gestiones administrativas en distintos gobiernos, como en los de Néstor y Cristina Kirchner , o las políticas de ajuste implementadas por el Estado, algo reconocido en informes de la gestión de Fernando De La Rúa y una bandera izada por Mauricio Macri.

 
A los 34 años el capitán David Carabajal viajaba con tres compañeros en una camioneta del Ejército por la ruta 150 en la provincia de San Juan camino a Chile. El vehículo volcó al mediodía. Crédito: Diario de Cuyo

Los registros oficiales muestran también que hay siniestros que van más allá del estado del equipamiento. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, expuso ese punto de manera cruda en una entrevista con la FM bahiense La Brújula 24. "Tenemos Fuerzas Armadas que han tenido períodos largos sin adiestramiento y capacitación. Por ejemplo, la flota de submarinos estuvo cinco años sin navegar y esto no es gratis", dijo. LA NACION consultó a sus voceros, pero al cierre de esta nota no había una respuesta oficial.

El año más trágico para los cuerpos de seguridad fue 2001. La Armada y el Ejército no tuvieron bajas, pero la Fuerza Aérea perdió 14 personas. Hasta 2018, en total son 34 los uniformados muertos por caídas de aeronaves -no sólo de esa fuerza, aunque principalmente-, que constituyen la mayor causa no natural de fallecimiento entre los militares. Se llevan el 30% de los casos, seguida por los accidentes initínere (21%) y los viales dentro del tiempo de trabajo.

En los últimos 18 años la Fuerza Aérea perdió 38 personas por accidentes. En la mayoría de los casos se trató de caídas de aviones, pero aparecen más motivos.

Las explosiones y las muertes a mano de armas de fuego se cobraron 12 víctimas. Completan la lista caídas, fallas en paracaídas, golpes y problemas de salud que terminan con la vida en las horas de servicio.

Hay también casos que rozan lo imponderable. Un ejemplo: Santiago Zone, de 34 años y con dos hijos, era teniente del cuerpo de granaderos. Solía competir con los caballos Remonta Nunhil y Perdigón. Le había dedicado una vida a ese trabajo, según se corrobora en el perfil de Linkedin que todavía está disponible, aunque eso no le alcanzó para evitar que en una prueba a campo traviesa que se hizo en octubre de 2016 se cayera del animal. Los voluntarios de la Cruz Roja estaban cerca, pero el accidente fue con tanta mala fortuna que no pudieron hacer nada para evitar su muerte.

Los escalafones inferiores corren la peor suerte. En 18 años murieron 25 soldados y 14 cabos, aunque también perdieron la vida 13 sargentos.

Con 71 personas, el Ejército lidera las bajas, algo que parece lógico si se tiene en cuenta que es la organización más grande entre las tres con 51.309 personas, según una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial en 2018.

Muertes inesperadas

Para los especialistas y miembros de la fuerza, la cantidad de accidentes viales en vehículos militares le abre la puerta a la pregunta por el estado de las unidades. Hay vuelcos, choques y un aplastamiento por intentar reparar una falla mecánica que en 2012 le costó la vida al cabo Julio César Demarco, de 32 años, en Pigüé. Junto a su compañero conducía un camión Mercedes-Benz que llevaba un tanque en el acoplado. De Marco se metió debajo de él para enderezar una manguera que se había doblado y alteraba el sistema de frenos. El acoplado se movió, le aplastó el tórax y la cabeza.

Una mala suerte parecida corrió Sebastián Nahuel Rodríguez Camparín, aplastado en 2008 por el derrumbe de una pared, mientras que Héctor Diego Torres recibió en 2004 la descarga eléctrica de una aeronave, al sargento Fabio Héctor Vallejos la explotó una granada en 2007 en Puerto Santa Cruz y el cadete Maximiliano Sandoval sufrió una explosión durante una sesión de tiro. El desenlace fue fatal en los cuatro casos, al igual que en el de Luis Alberto Monzón, un sargento ayudante de 50 años que en marzo de 2013 se cayó del techo del Casino de Suboficiales en Paso De Los Libres (Corrientes) que intentaba reparar.

Llegaron tres ambulancias, policías y un helicóptero provincial. Tampoco pudieron salvarle la vida. Ocurrió en marzo del año pasado.

El subteniente Juan Manuel Casuso tenía 25 años cuando murió aplastado por un tanque durante ejercicios militares en el campo de Azul, provincia de Buenos Aires. Al menos así lo recuerdan sus compañeros, si bien los documentos del Ejército describen más escuetamente que se trató de un accidente vial por vuelco del vehículo militar. Era septiembre de 2010. Los hechos similares se repiten.

El 26 de agosto de 2006 ocurrió algo que todavía no se pudo dilucidar con precisión según los registros oficiales del Ejército que vio la LA NACION. Cerca de 30 cursantes con instructores realizaban un ejercicio de supervivencia en balsas de Tacuara en el Paraná. Uno de ellos era el cabo primero Gustavo Orlando Villalba, de 26 años. Chocaron contra la barcaza remolcadora Cavallier V. Su cuerpo nunca apareció.

La naturaleza también jugó su partido. El suboficial principal Juan Gabriel Torres era el guía de la patrulla que en 2017 subía al volcán Lanín. Andinista avezado, no pudo con un desprendimiento que le costó la vida. Sus compañeros bajaron el cuerpo desde los 3200 metros de altura.

Historia de desinversión

Documentos revisados por LA NACION, elaborados en los gobiernos que administraron el Estado desde 2001 hasta el año pasado, muestran las dificultades presupuestarias y sus efectos sobre la operación cotidiana de las Fuerzas Armadas.

La Cuenta de Inversión es una memoria del año anterior que el Poder Ejecutivo le envía al Legislativo en cada período. En la de 2001, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea sostiene que el cumplimiento del plan de actividad aérea (horas de vuelo) en aviones de combate, de transporte, de instrucción, de enlace y helicópteros alcanzó el 95,2% sobre lo programado. Si bien se incrementó en el cuarto trimestre el cumplimiento de la actividad "debido a la utilización de armas de menor costo operativo, no se alcanzó la totalidad de lo programado en virtud de las reducciones presupuestarias", reconoce.

Eran tiempos de Fernando De La Rúa, una crisis económica que se acercaba a su desenlace y el frenesí político por recortar el gasto para evitar la salida de la convertibilidad.

La conducción de la Fuerza Aérea lamentaba, por escrito, que unidades de mantenimiento se veían obligadas a intervenir a medida que el material fallaba, ya que era insuficiente el stock de intercambio. Dicho de otro modo, se le sacaban partes a ciertas naves para ponérselas a otras cuando se rompían. "Esto aumenta los trabajos no programados y por consiguiente la planificación de horas de mantenimiento está sujeta a factores aleatorios", sostienen las memorias del Estado en 2001.

Las reducciones presupuestarias también obligaron a economizar en electricidad, gas, telefonía y días laborables. Tampoco fueron suplidas las bajas de personal superior por jubilaciones, retiros y renuncias.

Problemas similares se repiten a lo largo del tiempo. En 2003, primer año de gestión de Néstor Kirchner, la Fuerza Aérea celebró por escrito que el cumplimiento del plan de actividad en aviones y helicópteros había permitido mantener habilitados a casi "el 45% de los aviadores militares" de la institución. Y ponderaba que a pesar de no llevarse a cabo un grado óptimo de adiestramiento las horas asignadas a la actividad de vuelo alcanzaron "los objetivos previstos con márgenes aceptables de seguridad".

Otra vez, hubo que destinar más tiempo del previsto a tareas no programadas como el reproceso de aeronaves, motores y componentes, que aumentaron las jornadas laborales.

En 2004, la fuerza documentó que las horas de trabajo para mantenimiento "se incrementaron debido a la insuficiencia de stock de repuestos y de equipos aeronáuticos en servicio, que obligó a desmontar aeronaves inspeccionadas con componentes de otras máquinas que se encuentran en inspección para permitir su rápido regreso al servicio".

Las dificultades que relatan en el papel los expedientes de la Fuerza Aérea se repiten en el campo de las operaciones. A las 12.10 del 25 de agosto de 2005 un helicóptero Hughes 500 de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba cayó a tierra cuando iba hacia la pista, en Córdoba. Murieron el piloto, capitán Federico Marta Barragán, el mecánico suboficial auxiliar José Luis Ramón Martínez y los cadetes de segundo año Roxana Soledad Martínez y Pablo Valente.

En septiembre de 2015 ocurrió algo impensado para la aviación. En la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en San Luis, un avión Douglas A4-AR Fightinghawk estaba en una revisión técnica en la plataforma cuando de forma inesperada comenzó desplazarse hasta chocar contra el hangar, algo que terminó con la vida del suboficial principal Luis David Peñaloza, que trabajaba en la cabina de la nave.

También por un golpe del portón de un hangar que falló, pero en la base Marambio (Antártida), falleció el miércoles 8 de junio de 2016 por la mañana el cabo primero Gustavo Daniel Capuccino. Tenía 30 años.

Los archivos oficiales son generosos en ejemplos de muertes en avión ocasionadas durante bautismos y actos conmemorativos.

El adiestramiento, otra polémica

Algunas pérdidas parecen producto de errores humanos y fueron parte de procesos judiciales. El 19 de septiembre de 2001 comenzó a las 9.04 un vuelo de bautismo para los cadetes del primer año. Eran tres aeronaves. La punta del ala izquierda de una de ellas golpeó el edificio de la torre de control y luego se estrelló. Murieron el vicecomodoro Ernesto Guillermo Cooke y el cadete Carlos Nicolás Díaz Berastegui. La Justicia determinó que la responsabilidad fue del brigadier Agustín Alfredo Míguez, director del Instituto y piloto del avión guía.

El diagnóstico sobre los problemas que causan muertes en las fuerzas de seguridad es compartido tanto por la gestión política como por la militar. Un ex funcionario que participó de las decisiones sobre el equipamiento de las fuerzas lo puso en estos términos: "El origen del problema es presupuestario. Al no haber naves suficientes para volar o navegar, tampoco hay suficientes horas de vuelo ni de navegación, que a su vez genera problemas por parte de las tripulaciones para resolver situaciones de alto riesgo".

Esa mirada común se tradujo en decisiones. Cuando promediaba la gestión, el gobierno de Macri compró aviones, pero priorizó la compra de naves de entrenamiento antes que de guerra. "En caso de conflicto bélico, se pueden comprar los aviones [de guerra], pero no los pilotos. Para tenerlos, tienen que entrenarse", explicó otra persona que talló en la decisión.

Durante su paso por la Cámara de Diputados Julio Martínez, quien luego se convirtió en el primer ministro de Defensa de Mauricio Macri, hizo un informe en el que señalaba que "de los 230 pilotos que tenía la Fuerza Aérea a comienzos de 2007, unos 55 pidieron el retiro por falta de estímulo profesional debido a la carencia de medios para trabajar".

El Ejército muestra también el subcumplimiento de metas, aunque lo describe con menos frontalidad. En 2008, por caso, no alcanzó a cumplir con los proyectos de inversión que preveía e hizo un tercio de los ejercicios tácticos previstos en el terreno en el ítem "Capacidad Operacional Contribución Conjunto y Combinado".

Para 2011, por caso, se había propuesto avanzar con la transformación de un Helicóptero Bell UH-1H a Huey II, pero no dio casi pasos en esa dirección. En 2014, tenía que completar el 3,97% de esa tarea (según la meta de avance físico estipulada en la Cuenta de Inversión de ese año). Avanzó un 0,41 por ciento.

Otro ejemplo es el de Fabricaciones Militares, que depende del Ministerio de Defensa, pero abastece a las fuerzas. En 2014 tuvo un presupuesto de $1.552 millones, que completó, pero casi incumplió con todas las metas físicas previstas por el Estado para ese año.

Miembros de las Fuerzas Armadas con diverso rango consultados por LA NACION sostuvieron que la antipatía que les generaban al gobierno en las gestiones de Néstor y de Cristina Kirchner se tradujo en una desinversión llevada al límite.

La falta de repuestos amplió el vocabulario de las fuerzas. Los militares llaman "canibalización" al hecho de "sacrificar" una unidad -puede ser un avión o un auto, por ejemplo- para sacarle las partes y ponérselas a otro". Un miembro de las fuerzas reconoció con molestia que debió "sacrificar" dos Hummer -un vehículo militar 4x4- para mantener en funcionamiento otros seis, algo similar a lo que ocurrió con los camiones habituales para los traslados. Los denominados Unimog datan de los años 60. La gestión de Macri impulsó su repotenciación, que tiene un avance de aproximadamente 40 por ciento.

Hasta el ARA San Juan, ninguna de las muertes de la Armada entre 2001 y 2018 había ocurrido en el agua, el entorno que le da nombre a la organización, sino por problemas con aeronaves o paracaídas.

En octubre de 2007, un avión MC32 Aermacchi de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque tuvo un incidente en una misión de adiestramiento. El capitán de corbeta aviador Gustavo Alejandro Massazza y el teniente de fragata aviador Julio Agustín Alonso se eyectaron cuando vieron la emergencia, pero las heridas causaron la muerte de Alonso, más tarde, en un centro asistencial de Punta Indio.

En 2017, el cabo principal buzo táctico Julio Martín Acosta falleció por un motivo similar. Hacía un ejercicio de adiestramiento en la Base Aeronaval Comandante Espora, cerca de Bahía Blanca. Saltó del helicóptero y, según los registros de la Armada, murió por una falla en el paracaídas.

Al igual que el Ejército y la Fuerza Aérea, la Armada tuvo problemas para modernizar su equipamiento. Se ve, por caso, en la reconstrucción del rompehielos Almirante Irízar, un ícono de su flota. En 2011 dispuso de $82,14 millones para ese trabajo, según registros oficiales. Debía completar el 32% de la tarea y, si bien usó todos los fondos, le alcanzó para terminar con el 16%. Algo similar, pero más pronunciado, se repitió en 2014: estaban disponibles $76,14 millones y se usaron casi todos los fondos. Se completó un 4% de la reparación, cuando el objetivo era llegar al 12 por ciento.

Los altos mandos de las Fuerzas Armadas hacen una mueca antes de responder a la pregunta sobre el estado del equipamiento. Sin ellos, se hace imposible el adiestramiento. Sostienen que, con una velocidad menor a la que esperaban al principio del mandato, la gestión de Macri avanzó sobre temas que llevaban años desatendidos. En mayo pasado llegaron cinco aviones Súper Étendard Modernizados (SEM) que el Gobierno le compró a Francia, se sumaron unidades Pampa 3 (producidas en Córdoba por Fadea). Se sumaron radares, ametralladoras, morteros, fusiles, cañones, cascos de vuelo, entre otras cosas.

En perspectiva, las personas fallecidas en los últimos 18 años casi duplican a las víctimas que se cobró el ARA San Juan y más que las duplican si se cuentan la totalidad de muerte en el tiempo dedicado al trabajo. También son importantes en comparación con lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, entre 2014 y 2016 la Argentina estuvo en niveles similares a los de España, según datos del Ministerio de Defensa de ese país. Aunque en ese último caso la mayoría de las muertes ocurrieron dentro de las fronteras, sus fuerzas también desarrollan tareas en países más riesgosos, como Iraq, el Líbano y Afganistán.

Otras referencias muestran que vestir uniforme es peligroso no sólo en el país, sino también en la región. En Chile, por caso, murieron 17 militares en diciembre de 2006 porque el vehículo que los llevaba desbarrancó, y hay ejemplos de tragedias aéreas, pero entre los casos más recientes son más abundantes los que están relacionados con dificultades con la nieve, por caso, antes que con el equipamiento en sí, cómo se ve en la Argentina.

LA NACION consultó sobre el tema a ex ministros de Defensa de distintas presidencias. Todos se excusaron de opinar, por diversos motivos. Horacio Jaunarena (Raúl Alfonsín y Fernando De La Rúa) explicó que estaba dedicado a hacerse estudios médicos para cuidar su salud y Nilda Garré (Néstor Kirchner), al cuidado de su madre. Martínez (Macri) se excusó porque es el antecesor de Aguad en el cargo y evitaba hacer comentarios sobre defensa.

Por: Pablo Fernández Blanco, Romina Colman y Catalina Bontempo