Hoy el diario LA NACIÓN pone sobre el tapete los problemas que sufren las FFAA de la Nación ante la decisión política de desinversión en el área de la Defensa Nacional. Esa política de estado implícita fue instrumentada desde el gobierno de Alfonsín a la fecha. Y si hurgaran un poco más descubrirán que sus orígenes se encuentran en el llamado Foro de San Pablo.
Ningún gobierno desde
entonces ha sido capaz de revertir la situación del desmantelamiento del poder
militar argentino… confundieron el objetivo político en destruir el llamado “partido militar” con el objetivo de la necesaria política de Defensa Nacional.
No solo hoy el país
se encuentra indefenso, sino que también la falta de adiestramiento y re-equipamiento
adecuado, han producido pérdidas de vidas humanas y de material bélico obsoleto e
inadecuado para atender las necesidades de defender nuestra soberanía y tampoco
en condiciones de enfrentar las denominadas nuevas amenazas, tales como: 1) amenazas duras: terrorismo,
delincuencia organizada transnacional, narcotráfico, corrupción, lavado de
activos y tráfico ilícito de armas; 2)
amenazas de origen social: pobreza extrema y exclusión social; 3) amenazas provenientes de la naturaleza y
la salud: desastres naturales y de origen humano, deterioro del medio
ambiente, VIH/SIDA y otras enfermedades; 4)
amenazas contra la integridad de las personas: trata de personas, 5) amenazas on-line: ataques a la seguridad
cibernética; y 6) otras amenazas:
manejo y transporte de material altamente peligroso o radiactivo, acceso
indebido a armas de destrucción masiva por terroristas.
La Defensa Nacional y
la atención y contención adecuada a las nuevas amenazas son exclusiva
responsabilidad del estado y exceden las actuales áreas de la Defensa y Seguridad
Nacional, son responsabilidades políticas que deberán ser asumidas por los
funcionarios competentes… ya sean por acción o inacción.
EL
DETERIORO DE LOS EQUIPOS MILITARES, LA MAYOR CAUSA DE MUERTE EN LAS FF.AA.
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inutos antes de las 9
horas del 22 de noviembre de 2001 un Pampa IA-63 lanzó una bomba de 250 kilos
en el marco de un entrenamiento. El artefacto debía explotar cuando tocara el
piso, pero falló, por lo que un grupo compuesto por el capitán Eduardo Alberto
Galetti, el cabo principal Héctor Nicolás Rocha, el suboficial principal Jorge
Roberto Sosa y el suboficial auxiliar Héctor Oscar Barrios fue a atender la
situación. Debían rodear la bomba con trotyl y hacerla detonar a distancia,
para lo que estaban entrenados. El artefacto explotó antes y les costó la vida.
En septiembre de 2015
ocurrió algo impensado para la aviación. En la V Brigada Aérea de Villa
Reynolds, en San Luis, un avión Douglas A4-AR Fightinghawk estaba en una
revisión técnica en la plataforma (foto) cuando de forma inesperada comenzó a
desplazarse hasta chocar contra el hangar, algo que terminó con la vida del
suboficial principal Luis David Peñaloza, que trabajaba en la cabina de la
nave.
En 2008 el suboficial
segundo buzo táctico Federico Alexis Cacciabue se lanzó en paracaídas desde un
avión que sobrevolaba Miramar. El artefacto no se abrió. Cuando logró soltar el
paracaídas auxiliar ya era tarde para moderar el impacto lo suficiente, algo
que le costó la vida a los 37 años.
Los casos anteriores
forman parte de registros oficiales de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército
que enumeran decenas de muertes por motivos diversos, desde accidentes en la
vía pública hasta descargas eléctricas, caídas de aviones, explosiones de armas
de fuego, asesinatos, desprendimientos de montaña, ahogamientos, paros
cardíacos en entrenamientos, un inesperado golpe con un hangar y la caída del
techo de un casino.
LA
NACION investigó las muertes que se registraron en las
Fuerzas Armadas entre 2001 y el año pasado a partir de pedidos de acceso a la
información pública, documentos del Estado, averiguaciones judiciales y
crónicas periodísticas. También se hicieron consultas a ex funcionarios,
allegados a las víctimas y miembros de distinta jerarquía en la organización
militar, que en todos los casos pidieron mantener en reserva su nombre.
La conclusión más
gruesa arroja que entre las tres instituciones murieron 112 personas mientras
cumplían con sus obligaciones laborales o se aprestaban a hacerlo. Hay que
destacar que en 23 casos se trató de los accidentes denominados initínere, como
se conoce al traslado de la casa al trabajo y el retorno. En 75 casos se trató
de problemas presumiblemente vinculados al estado del equipamiento de manera
directa o indirecta. No se incluyen en esa cuenta, por ejemplo, el caso de un
soldado asesinado, un suicidio y un desprendimiento de montaña.
A las cifras
anteriores hay que sumar a los 44 tripulantes del ARA San Juan, que se muestran
por separado porque el hecho aún es investigado por la Justicia. En ese caso,
el número de bajas llega hasta las 156 personas.
El caso de la Armada
tiene un barniz paradójico: hasta que ocurrió la tragedia del submarino, la
fuerza parecía la más segura para trabajar, con tres muertes desde 2001, de las
cuales una se debió a la caída de un avión y otras dos, a la falla de
paracaídas.
En ningún caso las
muertes mencionadas se dieron en enfrentamientos bélicos. Los números parecen
abonar la afirmación según la cual ser militar es un trabajo de riesgo pese a
que la Argentina atraviesa tiempos de paz desde la finalización de la guerra de
las Malvinas, en 1982. Es una idea extendida entre miembros y jefes de las
fuerzas de seguridad, los familiares consultados y hasta los gestores
políticos.
Las causas de esa
condición son, en cambio, más variadas. Algunos apuntan contra la precariedad
del material militar derivada de malas gestiones administrativas en distintos
gobiernos, como en los de Néstor y Cristina Kirchner , o las políticas de
ajuste implementadas por el Estado, algo reconocido en informes de la gestión de
Fernando De La Rúa y una bandera izada por Mauricio Macri.
Los registros
oficiales muestran también que hay siniestros que van más allá del estado del
equipamiento. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, expuso ese punto de manera
cruda en una entrevista con la FM bahiense La Brújula 24. "Tenemos Fuerzas Armadas que han tenido períodos largos sin
adiestramiento y capacitación. Por ejemplo, la flota de submarinos estuvo cinco
años sin navegar y esto no es gratis", dijo. LA NACION consultó a sus voceros, pero al cierre de esta nota no
había una respuesta oficial.
El año más trágico
para los cuerpos de seguridad fue 2001. La Armada y el Ejército no tuvieron
bajas, pero la Fuerza Aérea perdió 14 personas. Hasta 2018, en total son 34 los
uniformados muertos por caídas de aeronaves -no sólo de esa fuerza, aunque
principalmente-, que constituyen la mayor causa no natural de fallecimiento
entre los militares. Se llevan el 30% de los casos, seguida por los accidentes
initínere (21%) y los viales dentro del tiempo de trabajo.
En los últimos 18
años la Fuerza Aérea perdió 38 personas por accidentes. En la mayoría de los casos
se trató de caídas de aviones, pero aparecen más motivos.
Las explosiones y las
muertes a mano de armas de fuego se cobraron 12 víctimas. Completan la lista
caídas, fallas en paracaídas, golpes y problemas de salud que terminan con la
vida en las horas de servicio.
Hay también casos que
rozan lo imponderable. Un ejemplo: Santiago Zone, de 34 años y con dos hijos,
era teniente del cuerpo de granaderos. Solía competir con los caballos Remonta
Nunhil y Perdigón. Le había dedicado una vida a ese trabajo, según se corrobora
en el perfil de Linkedin que todavía está disponible, aunque eso no le alcanzó
para evitar que en una prueba a campo traviesa que se hizo en octubre de 2016
se cayera del animal. Los voluntarios de la Cruz Roja estaban cerca, pero el
accidente fue con tanta mala fortuna que no pudieron hacer nada para evitar su
muerte.
Los escalafones
inferiores corren la peor suerte. En 18 años murieron 25 soldados y 14 cabos,
aunque también perdieron la vida 13 sargentos.
Con 71 personas, el
Ejército lidera las bajas, algo que parece lógico si se tiene en cuenta que es
la organización más grande entre las tres con 51.309 personas, según una
decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial en 2018.
Muertes
inesperadas
Para los
especialistas y miembros de la fuerza, la cantidad de accidentes viales en
vehículos militares le abre la puerta a la pregunta por el estado de las
unidades. Hay vuelcos, choques y un aplastamiento por intentar reparar una
falla mecánica que en 2012 le costó la vida al cabo Julio César Demarco, de 32
años, en Pigüé. Junto a su compañero conducía un camión Mercedes-Benz que
llevaba un tanque en el acoplado. De Marco se metió debajo de él para enderezar
una manguera que se había doblado y alteraba el sistema de frenos. El acoplado
se movió, le aplastó el tórax y la cabeza.
Una mala suerte
parecida corrió Sebastián Nahuel Rodríguez Camparín, aplastado en 2008 por el
derrumbe de una pared, mientras que Héctor Diego Torres recibió en 2004 la
descarga eléctrica de una aeronave, al sargento Fabio Héctor Vallejos la
explotó una granada en 2007 en Puerto Santa Cruz y el cadete Maximiliano
Sandoval sufrió una explosión durante una sesión de tiro. El desenlace fue
fatal en los cuatro casos, al igual que en el de Luis Alberto Monzón, un
sargento ayudante de 50 años que en marzo de 2013 se cayó del techo del Casino
de Suboficiales en Paso De Los Libres (Corrientes) que intentaba reparar.
Llegaron tres ambulancias,
policías y un helicóptero provincial. Tampoco pudieron salvarle la vida.
Ocurrió en marzo del año pasado.
El subteniente Juan
Manuel Casuso tenía 25 años cuando murió aplastado por un tanque durante
ejercicios militares en el campo de Azul, provincia de Buenos Aires. Al menos
así lo recuerdan sus compañeros, si bien los documentos del Ejército describen
más escuetamente que se trató de un accidente vial por vuelco del vehículo
militar. Era septiembre de 2010. Los hechos similares se repiten.
El 26 de agosto de
2006 ocurrió algo que todavía no se pudo dilucidar con precisión según los
registros oficiales del Ejército que vio la LA NACION. Cerca de 30 cursantes con instructores realizaban un
ejercicio de supervivencia en balsas de Tacuara en el Paraná. Uno de ellos era
el cabo primero Gustavo Orlando Villalba, de 26 años. Chocaron contra la
barcaza remolcadora Cavallier V. Su cuerpo nunca apareció.
La naturaleza también
jugó su partido. El suboficial principal Juan Gabriel Torres era el guía de la
patrulla que en 2017 subía al volcán Lanín. Andinista avezado, no pudo con un
desprendimiento que le costó la vida. Sus compañeros bajaron el cuerpo desde
los 3200 metros de altura.
Historia
de desinversión
Documentos revisados
por LA NACION, elaborados en los
gobiernos que administraron el Estado desde 2001 hasta el año pasado, muestran
las dificultades presupuestarias y sus efectos sobre la operación cotidiana de
las Fuerzas Armadas.
La Cuenta de
Inversión es una memoria del año anterior que el Poder Ejecutivo le envía al
Legislativo en cada período. En la de 2001, el Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea sostiene que el cumplimiento del plan de actividad aérea (horas de
vuelo) en aviones de combate, de transporte, de instrucción, de enlace y helicópteros
alcanzó el 95,2% sobre lo programado. Si bien se incrementó en el cuarto
trimestre el cumplimiento de la actividad "debido
a la utilización de armas de menor costo operativo, no se alcanzó la totalidad
de lo programado en virtud de las reducciones presupuestarias",
reconoce.
Eran tiempos de
Fernando De La Rúa, una crisis económica que se acercaba a su desenlace y el
frenesí político por recortar el gasto para evitar la salida de la
convertibilidad.
La conducción de la
Fuerza Aérea lamentaba, por escrito, que unidades de mantenimiento se veían
obligadas a intervenir a medida que el material fallaba, ya que era
insuficiente el stock de intercambio. Dicho de otro modo, se le sacaban partes
a ciertas naves para ponérselas a otras cuando se rompían. "Esto aumenta los trabajos no programados y por consiguiente la
planificación de horas de mantenimiento está sujeta a factores aleatorios",
sostienen las memorias del Estado en 2001.
Las reducciones
presupuestarias también obligaron a economizar en electricidad, gas, telefonía
y días laborables. Tampoco fueron suplidas las bajas de personal superior por
jubilaciones, retiros y renuncias.
Problemas similares
se repiten a lo largo del tiempo. En 2003, primer año de gestión de Néstor
Kirchner, la Fuerza Aérea celebró por escrito que el cumplimiento del plan de
actividad en aviones y helicópteros había permitido mantener habilitados a casi
"el 45% de los aviadores
militares" de la institución. Y ponderaba que a pesar de no llevarse a
cabo un grado óptimo de adiestramiento las horas asignadas a la actividad de
vuelo alcanzaron "los objetivos
previstos con márgenes aceptables de seguridad".
Otra vez, hubo que
destinar más tiempo del previsto a tareas no programadas como el reproceso de
aeronaves, motores y componentes, que aumentaron las jornadas laborales.
En 2004, la fuerza
documentó que las horas de trabajo para mantenimiento "se incrementaron debido a la insuficiencia de stock de repuestos
y de equipos aeronáuticos en servicio, que obligó a desmontar aeronaves
inspeccionadas con componentes de otras máquinas que se encuentran en
inspección para permitir su rápido regreso al servicio".
Las dificultades que
relatan en el papel los expedientes de la Fuerza Aérea se repiten en el campo
de las operaciones. A las 12.10 del 25 de agosto de 2005 un helicóptero Hughes
500 de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba cayó a tierra cuando iba hacia
la pista, en Córdoba. Murieron el piloto, capitán Federico Marta Barragán, el
mecánico suboficial auxiliar José Luis Ramón Martínez y los cadetes de segundo
año Roxana Soledad Martínez y Pablo Valente.
En septiembre de 2015
ocurrió algo impensado para la aviación. En la V Brigada Aérea de Villa
Reynolds, en San Luis, un avión Douglas A4-AR Fightinghawk estaba en una
revisión técnica en la plataforma cuando de forma inesperada comenzó
desplazarse hasta chocar contra el hangar, algo que terminó con la vida del
suboficial principal Luis David Peñaloza, que trabajaba en la cabina de la
nave.
También por un golpe
del portón de un hangar que falló, pero en la base Marambio (Antártida),
falleció el miércoles 8 de junio de 2016 por la mañana el cabo primero Gustavo
Daniel Capuccino. Tenía 30 años.
Los archivos
oficiales son generosos en ejemplos de muertes en avión ocasionadas durante
bautismos y actos conmemorativos.
El
adiestramiento, otra polémica
Algunas pérdidas
parecen producto de errores humanos y fueron parte de procesos judiciales. El
19 de septiembre de 2001 comenzó a las 9.04 un vuelo de bautismo para los
cadetes del primer año. Eran tres aeronaves. La punta del ala izquierda de una
de ellas golpeó el edificio de la torre de control y luego se estrelló.
Murieron el vicecomodoro Ernesto Guillermo Cooke y el cadete Carlos Nicolás Díaz
Berastegui. La Justicia determinó que la responsabilidad fue del brigadier
Agustín Alfredo Míguez, director del Instituto y piloto del avión guía.
El diagnóstico sobre
los problemas que causan muertes en las fuerzas de seguridad es compartido
tanto por la gestión política como por la militar. Un ex funcionario que
participó de las decisiones sobre el equipamiento de las fuerzas lo puso en
estos términos: "El origen del
problema es presupuestario. Al no haber naves suficientes para volar o navegar,
tampoco hay suficientes horas de vuelo ni de navegación, que a su vez genera
problemas por parte de las tripulaciones para resolver situaciones de alto
riesgo".
Esa mirada común se
tradujo en decisiones. Cuando promediaba la gestión, el gobierno de Macri compró
aviones, pero priorizó la compra de naves de entrenamiento antes que de guerra.
"En caso de conflicto bélico, se
pueden comprar los aviones [de guerra], pero no los pilotos. Para tenerlos,
tienen que entrenarse", explicó otra persona que talló en la decisión.
Durante su paso por
la Cámara de Diputados Julio Martínez, quien luego se convirtió en el primer
ministro de Defensa de Mauricio Macri, hizo un informe en el que señalaba que "de los 230 pilotos que tenía la Fuerza
Aérea a comienzos de 2007, unos 55 pidieron el retiro por falta de estímulo
profesional debido a la carencia de medios para trabajar".
El Ejército muestra
también el subcumplimiento de metas, aunque lo describe con menos frontalidad.
En 2008, por caso, no alcanzó a cumplir con los proyectos de inversión que
preveía e hizo un tercio de los ejercicios tácticos previstos en el terreno en
el ítem "Capacidad Operacional
Contribución Conjunto y Combinado".
Para 2011, por caso,
se había propuesto avanzar con la transformación de un Helicóptero Bell UH-1H a
Huey II, pero no dio casi pasos en esa dirección. En 2014, tenía que completar
el 3,97% de esa tarea (según la meta de avance físico estipulada en la Cuenta
de Inversión de ese año). Avanzó un 0,41 por ciento.
Otro ejemplo es el de
Fabricaciones Militares, que depende del Ministerio de Defensa, pero abastece a
las fuerzas. En 2014 tuvo un presupuesto de $1.552 millones, que completó, pero
casi incumplió con todas las metas físicas previstas por el Estado para ese
año.
Miembros de las
Fuerzas Armadas con diverso rango consultados por LA NACION sostuvieron que la
antipatía que les generaban al gobierno en las gestiones de Néstor y de
Cristina Kirchner se tradujo en una desinversión llevada al límite.
La falta de repuestos
amplió el vocabulario de las fuerzas. Los militares llaman "canibalización" al hecho de "sacrificar" una unidad -puede ser un avión o un auto, por
ejemplo- para sacarle las partes y ponérselas a otro". Un miembro de
las fuerzas reconoció con molestia que debió "sacrificar" dos Hummer -un vehículo militar 4x4- para
mantener en funcionamiento otros seis, algo similar a lo que ocurrió con los
camiones habituales para los traslados. Los denominados Unimog datan de los
años 60. La gestión de Macri impulsó su repotenciación, que tiene un avance de
aproximadamente 40 por ciento.
Hasta el ARA San
Juan, ninguna de las muertes de la Armada entre 2001 y 2018 había ocurrido en
el agua, el entorno que le da nombre a la organización, sino por problemas con
aeronaves o paracaídas.
En octubre de 2007,
un avión MC32 Aermacchi de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque tuvo un
incidente en una misión de adiestramiento. El capitán de corbeta aviador
Gustavo Alejandro Massazza y el teniente de fragata aviador Julio Agustín
Alonso se eyectaron cuando vieron la emergencia, pero las heridas causaron la
muerte de Alonso, más tarde, en un centro asistencial de Punta Indio.
En 2017, el cabo
principal buzo táctico Julio Martín Acosta falleció por un motivo similar.
Hacía un ejercicio de adiestramiento en la Base Aeronaval Comandante Espora,
cerca de Bahía Blanca. Saltó del helicóptero y, según los registros de la
Armada, murió por una falla en el paracaídas.
Al igual que el
Ejército y la Fuerza Aérea, la Armada tuvo problemas para modernizar su
equipamiento. Se ve, por caso, en la reconstrucción del rompehielos Almirante
Irízar, un ícono de su flota. En 2011 dispuso de $82,14 millones para ese
trabajo, según registros oficiales. Debía completar el 32% de la tarea y, si
bien usó todos los fondos, le alcanzó para terminar con el 16%. Algo similar,
pero más pronunciado, se repitió en 2014: estaban disponibles $76,14 millones y
se usaron casi todos los fondos. Se completó un 4% de la reparación, cuando el
objetivo era llegar al 12 por ciento.
Los altos mandos de
las Fuerzas Armadas hacen una mueca antes de responder a la pregunta sobre el
estado del equipamiento. Sin ellos, se hace imposible el adiestramiento.
Sostienen que, con una velocidad menor a la que esperaban al principio del
mandato, la gestión de Macri avanzó sobre temas que llevaban años desatendidos.
En mayo pasado llegaron cinco aviones Súper Étendard Modernizados (SEM) que el
Gobierno le compró a Francia, se sumaron unidades Pampa 3 (producidas en
Córdoba por Fadea). Se sumaron radares, ametralladoras, morteros, fusiles,
cañones, cascos de vuelo, entre otras cosas.
En perspectiva, las
personas fallecidas en los últimos 18 años casi duplican a las víctimas que se
cobró el ARA San Juan y más que las duplican si se cuentan la totalidad de
muerte en el tiempo dedicado al trabajo. También son importantes en comparación
con lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, entre 2014 y 2016 la Argentina
estuvo en niveles similares a los de España, según datos del Ministerio de
Defensa de ese país. Aunque en ese último caso la mayoría de las muertes
ocurrieron dentro de las fronteras, sus fuerzas también desarrollan tareas en
países más riesgosos, como Iraq, el Líbano y Afganistán.
Otras referencias
muestran que vestir uniforme es peligroso no sólo en el país, sino también en
la región. En Chile, por caso, murieron 17 militares en diciembre de 2006
porque el vehículo que los llevaba desbarrancó, y hay ejemplos de tragedias aéreas,
pero entre los casos más recientes son más abundantes los que están
relacionados con dificultades con la nieve, por caso, antes que con el
equipamiento en sí, cómo se ve en la Argentina.
LA
NACION consultó sobre el tema a ex ministros de Defensa
de distintas presidencias. Todos se excusaron de opinar, por diversos motivos.
Horacio Jaunarena (Raúl Alfonsín y Fernando De La Rúa) explicó que estaba
dedicado a hacerse estudios médicos para cuidar su salud y Nilda Garré (Néstor
Kirchner), al cuidado de su madre. Martínez (Macri) se excusó porque es el
antecesor de Aguad en el cargo y evitaba hacer comentarios sobre defensa.
Por: Pablo Fernández
Blanco, Romina Colman y Catalina Bontempo
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