El 5 de octubre de
1975, un comando fuertemente armado de Montoneros atacó el Regimiento de
Infantería de Monte 29 de Formosa: asesinó a diez conscriptos, un agente de
policía, un suboficial y un oficial del Ejército Argentino, e hirió a muchos
otros. Trece fueron los guerrilleros que cayeron muertos en ese combate con
amplísima difusión en los medios y calificado como "victoria del ejército montonero" en las publicaciones de
la organización subversiva.
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| Jovina Luna |
Una reciente denuncia
penal formulada por Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna, uno de los
caídos heroicamente en la defensa del cuartel, y Rogelio Mazacotte, conscripto
herido en el enfrentamiento, revela escandalosos casos de indemnizaciones
fraudulentas pagadas con el dinero de todos los argentinos. Basada en sólidas publicaciones
periodísticas, la denuncia demuestra que los familiares de por lo menos nueve
de los 13 terroristas abatidos por los defensores del cuartel han recibido
cuantiosas indemnizaciones a través de la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia durante anteriores administraciones.
Los terroristas
fueron incluidos en la ley "reparatoria"
24.411, indemnizatoria de hechos de "desaparición
forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado".
Numerosas constancias documentales -entre las que se encuentran actuaciones
judiciales, muestras fotográficas y una gran cantidad de publicaciones incluso
de la propia organización terrorista demuestran que ninguno de los casos
indemnizados responde a esas categorías. Aun así, fueron registrados como tales
y tramitados los expedientes en aquella Secretaría de Estado. Sus familiares
cobraron indemnizaciones que, a valores actualizados por caso, arrojan un
promedio de más de siete millones de pesos, siendo que para algunos la cifra
llega a los nueve millones y medio de pesos. Paradójicamente, no solo recibieron buena paga por su acción criminal,
sino que además sus nombres están inscriptos entre aquellos homenajeados en el
Parque de la Memoria de la ciudad de Buenos Aires.
Desgraciadamente, no
son estos los únicos casos de indemnizaciones fraudulentas pagadas al amparo de
leyes que dan pie a una gran cantidad de injusticias, además de generar un
vergonzoso dispendio del erario. La detallada investigación realizada por el
periodista José D'Angelo en su obra Mentirás
tus muertos. Falsedades y millones detrás del mito de los 30.000
desaparecidos analiza varios casos más, tanto de guerrilleros abatidos en
enfrentamientos con el Ejército o la policía como de desaparecidos que no son
tales; de asesinatos cometidos por el ERP o Montoneros en ejecuciones de sus
propios miembros, acusados de "traición,
deserción" y otros "delitos"
de la "justicia revolucionaria"
para "disciplinar" a sus
integrantes, todos ellos, no obstante, indemnizados por el Estado argentino
como víctimas de la represión ilegal. En
algunos casos, como el autor ha documentado profusamente, los mismos sujetos
que aparecen como asesinados murieron en realidad 30 años después de muerte
natural o en otras circunstancias, todo lo cual constituye una tergiversación
de los hechos claramente dirigidos a defraudar las arcas del Estado en sumas
millonarias. Los ciudadanos aún desconocemos las cifras exactas que se
abonaron.
La numerosa cantidad
de falaces casos detectados indica que la maniobra no ha sido producto de la
acción individual de los causahabientes beneficiados con las indemnizaciones. Se trata de una estructura organizada para
la falsificación y gestión de trámites de casos ante el Estado en beneficio de
muchos con la necesaria connivencia de funcionarios públicos. La aprobación
de los pagos, sabiendo que no correspondían o sin debidamente verificar si se
encuadraban o no dentro de las causales señaladas por la ley, revela
sospechosas complicidades entre los beneficiados y quienes actuaban desde el
poder.
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| coronel Jorge Roberto Ibarzábal |
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| coronel Argentino del Valle Larrabure |
Tanto o más
bochornosas e injustificables aun resultan las sumas pagadas en función de
otras dos leyes "reparatorias",
la 24.043 y 26.564 y sus extensiones administrativas y judiciales, que
indemnizan a los "detenidos"
víctimas de la acción represiva del Estado: ellas incluyeron a todos aquellos
que fueron juzgados y condenados por el Poder Judicial de la Nación. De este modo, con el dinero de todos los
argentinos fueron indemnizados los terroristas del ERP que atacaron la
Guarnición Militar de Azul en enero de 1974 y dieron muerte al coronel Camilo
Arturo Gay y su esposa; los mismos que secuestraron y asesinaron diez meses
después en cautiverio al teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal; los autores
del copamiento de la Fábrica Militar de Villa María en agosto de ese año, que
dieron muerte al cabo de la policía de Córdoba Marcelino Cuello y secuestraron
al mayor Argentino del Valle Larrabure. Luego de 372 días alojado en una "cárcel del pueblo", apareció
su cadáver con 47 kilos menos y signos de golpes y estrangulamiento. También
fueron indemnizados los terroristas autores de la masacre del entonces capitán
Viola y su hija, asesinados en Tucumán cuando estacionaba su auto en el que
también viajaban su esposa, María Cristina Picón, embarazada de 5 meses, y
María Fernanda, de 5 años, quien sufrió graves heridas en la cabeza. Cómo
entender que estos y muchos otros terroristas, habiendo sido incluso juzgados y
condenados por su violento proceder, fueran indemnizados por estas leyes y sus
extensiones.
Se
impone, pues, ordenar una profunda auditoría para identificar los casos pagados
por los recientes gobiernos que no correspondían ser indemnizados y que el
Congreso Nacional deje sin efecto de inmediato las vergonzosas "leyes reparatorias" que han
generado tan penosos como aberrantes resultados para evitar que situaciones
como las descriptas puedan volver a repetirse.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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