por Giuliano
Iezzi
Argentina, en
julio de 2019, será sede del Plenario Bianual Internacional para combatir el
Terrorismo Nuclear. Así rezan las noticias más recientes, anunciando lo que a
todas luces deja al descubierto el total desconocimiento de nuestra realidad
por parte de los organizadores y confirma que se tratará de un acto de
hipocresía insalvable de parte de nuestros representantes.
El terrorismo
nuclear es una sub categoría de la más abarcativa categoría Terrorismo, puesto
que el adjetivo Nuclear se refiere al tipo de
armas y no al concepto en sí. Para que se pueda luchar contra el
terrorismo la claridad de conceptos es imprescindible, y el accionar debe ser
coherente con ellos, evitando subterfugios y parcialidades. En definitiva se
debe ser justo y además debe darse por descontado que el país anfitrión
comparte la idea fundamental del evento, luchar para evitar el terrorismo; y la
Argentina, lamentablemente en su historia reciente, ha dado pruebas de que
difícilmente podría ser incluida dentro de los países con reales intenciones
compatibles para la lucha.
Desde las
convenciones de Ginebra de 1949, en el mundo, los crímenes del terrorismo
contra civiles inocentes, se califican como delitos de Lesa Humanidad. En
nuestro país desde 1956 forman parte del derecho, pero son ignoradas legal y
moralmente.
Lo más
patético de la parte de nuestra historia atinente a esta cuestión, es que hasta
el 25 de mayo de 1973 el terrorismo había sido derrotado, sus cabecillas
juzgados y encarcelados legalmente por La Cámara Federal en lo Penal. Pero en
esa fecha se liberó a los terroristas, se disolvió la cámara y a partir de allí
los jueces que no se exiliaron fueron asesinados.
Así mismo,
parece imposible que la Argentina en definitiva se aplicará a una participación
ecuánime y coherente, porque eso determinaría ipso facto una necesaria y justa
readecuación a un estado de derecho. Produciéndose como resultado justo y
natural, muchas “condenas” y muchas “libertades”; incómodas todas.
Es tan alto el
desprecio de todos los acuerdos internacionales, a la cual ha sido inducida a
lo largo de cuarenta años, la opinión pública, que una periodista, la señora
Liliana Franco, frente a las cámaras de televisión puede declarar, sin problema
alguno, que en el living de su casa armaba bombas Molotov, presentando así su “patente de corso”. O recordar que la
señora Victoria Donda, quien es Diputada Nacional, expresa a los cuatro vientos
y sin temor alguno: “Mis padres mataban
con orgullo”. Es menester aclarar que la señora ocupa ese cargo con el
único mérito de ser hija de terroristas. O las reiteradas apologías del delito,
perpetrados en manifestaciones públicas, por la señora Bonafini, reivindicando
el accionar de sus hijos terroristas o haciendo un panegírico de la ETA, y las
FARC o brindando con Champagne por el ataque a los civiles de las Torres
Gemelas. El estatus de prócer de la Señora Bonafini que le ha sido concedido
alegremente por los medios afines al gobierno kirchnerista, le permite a ella,
hacer esto y robar “sueños”, sin que
sea debidamente juzgada. Comportando asimismo una condenatoria de la sociedad toda.
Tampoco ayuda
el fallo de, Nada menos que la Corte Suprema de Justicia, de 2005, que denegó
la extradición a un etarra, sosteniendo que “el
terrorismo no es delito de lesa humanidad…”
La Sociedad de
las Naciones en 1937 define terrorismo cómo: “Cualquier acto criminal dirigido contra un estado y encaminado a o
calculado para crear un estado de terror en las mentes de las personas o del
público en general”.
Otra
definición plausible agrega: “Forma
violenta de lucha política, por la cual se persigue la destrucción del orden
establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad para intimidar a
los adversarios”.
Desde los
sesenta en adelante, y muchos tenemos memoria de ello, los terroristas, en la
Argentina, no vacilaron en matar y torturar a quien fuera, civiles, niños,
militares, o clérigos, para sembrar el terror, motivados por una única razón,
destruir el orden y tomar el poder. Como en realidad eran mercenarios cipayos
entrenados en Cuba y Rusia, no sería descabellado pensar que luego de hacerse
del mando supremo y “fusilar a un millón
de personas”, como lo prometieron, en definitiva el gobierno pasase a manos
de la potencia más poderosa. Las leyes argentinas contemplaban la pena por
terrorismo y el concomitante delito de lesa humanidad, pero en definitiva, los
terrorista fueron profusamente indemnizados, y el solo título de guerrillero, y
por derecho divino sus descendientes,
hace ya tiempo que es un pase a la política, o a la farándula o al
periodismo o a lo que se desee. Es un comodín de uso discrecional. Por otra
parte quienes lucharon y derrotaron al terrorismo se pudren en las cárceles,
algunos de ellos sin siquiera tener un juicio iniciado, y la mayoría sin una
sentencia.
¿Cómo puede
ostentar esto la Argentina y ser sede de la bienal?
Si lo apuntado
se pudiese endilgar al poder de turno y nada más, no sería tan grave puesto que
se trataría de una minoría fácil de contrarrestar. Pero lamentablemente esto
sucede a lo largo de más de cuatro décadas y ha permeado todas las
instituciones de la enclenque república. Dimensionando el tamaño del trascendental delito.
Según Umberto
Eco, y resumiendo en pocas palabras “…sin
periodismo no habría terrorismo…” Y nuestro periodismo de las últimas
décadas ha elevado al nivel de héroes a terroristas y a sus deudos e
invisibilizado a las víctimas. Tan solo esto es una culpa de tal gravedad que
haría inviable la participación de Argentina en ese evento, por lo menos por
una cuestión de dignidad.
Para cubrir al
terrorismo se ha utilizado el concepto de “terrorismo
de estado” y se le ha dado a este una entidad tan superior que el otro
terrorismo se diluye en las nieblas del tiempo para los idiotas útiles. Esta
falacia no se sostiene frente al mínimo análisis puesto que los Delitos de Lesa
Humanidad no son prerrogativas del estado, sino que dependen del hecho en sí.
Así que de ninguna manera puede ser omitida la culpa de quienes asesinaron o
torturaron a civiles y no civiles, quienes murieron por respetar las leyes
vigentes en gobiernos democráticos.
Según el juez
Baltazar Garzón, representante de las izquierdas españolas, y por eso vale
traerlo a colación, define el concepto como: “Un sistema político cuya regla de reconocimiento permite y/o impone la
aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas
manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento
jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al
gobierno en agente activo de la lucha por el poder”.
Desde el
gobierno de Alfonsín hasta la fecha esta definición puede ser aplicada a casi
todos los gobiernos que se sucedieron, y a la Corte Suprema, puesto que se
instrumentó desde el gobierno el “pensamiento
único” y quienes opinaban lo contrario fueron escarneados por el terrorismo
mediático, o perseguidos por instituciones del estado y hasta soportaron
campañas orquestadas por los cómicos ad hoc. Como ejemplo palmario, los
Veteranos de Malvinas, debido al intento de venganza y desmilitarización de
Argentina, puesto en acto, con todos los poderes del estado, por “el padre de la democracia”, tardaron
más de treinta años para ser reconocidos por el pueblo argentino. Con los
mismos métodos se han encarcelado, y siguen en la cárcel, a personas sin juicio
previo y de “eso no se habla”,
cumpliendo a rajatablas el famoso aforisma del general “al enemigo ni justicia”.
El nuevo
gobierno asumido hace 18 meses no escapa tampoco a esta definición desde el
momento que una ley obliga a contabilizar en 30.000 los desaparecidos aunque
nadie pueda dar una lista superior a 8.000.
Asesinando la
verdad y la justicia se está asesinando el futuro y en silencio sin disparos,
en nuestra Argentina empobrecida, mueren miles de niños inocentes, porque el
país es incapaz de cubrirle las mínimas necesidades sanitarias y de alimentos.
No hay manera
de luchar contra el terrorismo si se camufla la ley de manera que los
terroristas, aun los confesos, salgan libres. Y sean ignorados los acuerdos
internacionales sobre concepto y castigo de los delitos de lesa humanidad, por
mezquinos y criminales apetitos políticos, como es el caso de nuestro país, nos
condenará frente a un mundo arto del terrorismo y definitivamente la no
adecuación de nuestro país al derecho internacional pone en duda la realidad de
los derechos humanos en Argentina y la esencia misma del concepto de justicia y
humanidad.
Giuliano Iezzi
DNI 93.730.882
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