En base a las
declaraciones de varios arrepentidos imputados en la causa, el juez citó a
Larroque, De Pedro y Ottavis. No descarta llamar a Máximo Kirchner.
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| Máximo Kirchner, Andrés Larroque, referentes de La Cámpora. |
NICOLÁS WIÑAZKI
Dentro de tres días,
la cúpula de La Cámpora, salvo pocas excepciones, deberá declarar en indagatoria en la causa de los “cuadernos K”. Varios de sus dirigentes
están comprometidos en el caso por acusaciones y registros probatorios que
indicarían que manejaron millones de
pesos, originados del pago de sobornos que les cobraban los ex funcionarios
de Planificación Federal a empresarios de la construcción, la energía o el
transporte.
Ésto último fue
confirmado por los propios pagadores y por algunos de los cobradores. Según
pudo saber Clarín gracias a fuentes que conocen la investigación judicial, en
el expediente se acumularon pruebas variadas, que complicaron la situación
judicial de esos jefes militantes de la juventud kirchnerista, aunque todos ya
tienen más de cuarenta años. Son los
subalternos del primogénito de la hoy senadora aforada Cristina Fernández,
Máximo Kirchner.
El diputado aforado Andrés “El Cuervo”
Larroque; el diputado ídem aforado Eduardo “Wado” De Pedro; y el legislador
bonaerense José Ottavis serán los primeros integrantes de esa agrupación
que tendrán que darle explicaciones a la Justicia en este caso. La primavera
camporista del 2018 empieza mal para ellos.
El miércoles 26, juez
de la causa Claudio Bonadio escuchará en indagatoria a De Pedro y Ottavis.
Un día después, el
jueves 27 de esta semana fue citado Larroque. La defensa de los “camporistas” podría estar ya
coordinada.
El viernes 28,
además, deberá presentarse ante Bonadio el ex empresario K, de múltiples
negocios fallidos que desaparecieron tras el fin del poder K, Sergio Szpolski.
Además de ellos,
Bonadio y el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, analizan si imputarán al
último ex ministro de Economía de Cristina Fernández, Axel Kicillof. Lo mismo
le podría ocurrir al ex secretario de Comercio Interior Augusto Costa. En una
situación similar estaría el ex director de Comunicación Institucional de la
Presidencia, Hernán Reibel Maier, y el
actual diputado aforado Rodrigo “Rodra”
Rodríguez.
Las pruebas que
complican a este grupo de viejos amigos son relevantes para los investigadores.
Las primeras de
ellas, sin embargo, cabían en un Pen Drive secuestrado en un allanamiento a un
secretario privado de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu.
El ex funcionario
grabó allí lo que, según le explicó a la Justicia, fue cómo se habría repartido
parte de los millones de pesos que recibió del valijero con chofer del
secretario de coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta.
Su jefe de entonces,
Juan Manuel Abal Medina, fue el primer ex funcionario K de importancia que
confirmó que Baratta le entregó “fondos”
para usar en la campaña electoral del 2013. Esa entrega se habría realizado en
la propia Casa Rosada. En su declaración ante Bonadio, presentada por un
escrito, Abal Medina juró que desconocía que esa plata tenía un origen ilegal.
Abal Medina rompió
así un primer cerco que abrió otros en este expediente en el que Cristina
Fernández ya fue procesada con prisión preventiva por haber liderado una
asociación ilícita que usó medios del Estado para quedarse con plata de la
corrupción. Confirmó una parte sustancial de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
El ex jefe de
Gabinete dejó asentado que su secretario Larraburu manipuló esos fondos,
siempre por órdenes suyas.
Larraburu declaró dos
veces ante Bonadio. Contó su versión cuál había sido su rol en esta historia. Y
explicó las primeras pruebas que deberán refutar los dirigentes de La Cámpora.
Son sus anotaciones
sobre los gastos de campaña que registró en su Pen Drive. Larroque -dijo-
recibió plata para hacer proselitismo en “Buenos
Aires”.
Y
que la plata para Ottavis se destinó al ítem “campaña sucia”.
Fue Larraburu el que
mencionó a Rodríguez, a Reibel Maier y Szpolski.
Pero las pruebas más
complicadas para los “camporistas”,
tal vez, hayan sido las confesiones verbales del ex secretario de Obras
Públicas durante las tres gestiones presidenciales K, José López.
Bonadio homologó ese
arrepentimiento.
“Fue
una charla sincera”, la describió Stornelli.
López
confesó cómo era el sistema de recaudación ilegal K. Admitió que fue parte de
esa trama delictiva.
Y complicó la
situación procesal de los dirigentes de La Cámpora que declararán esta semana
ante Bonadio, y de otros también.
Según López, durante
la campaña electoral del 2015, “faltando
dos días para un acto y movilización en plaza de mayo me pide una reunión el
Cuervo Larroque y me dice que necesitaba
5 millones de pesos”. Y agregó: “Le
dije que no tenía que hablar conmigo sino con De Pedro”. El “arrepentido” relató que “El Cuervo” se fue “enojado” por la respuesta. Y amplió: “Inmediatamente pedí una reunión a De Vido y me dijo que había hecho
bien… que le pasábamos financiamiento a De Pedro”. López contó que “De Vido decía que teníamos que seguir esa
relación con él porque tenía buena relación con un sector de la Justicia, me
refiero a Justicia Legítima”.
Esa agrupación fue
creada por la ex jefa de los fiscales, Alejandra
Gils Carbó, por orden del ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Sus integrantes “coparon” lugares claves en los juzgados
y fiscalías y usaron -a modo de metáfora y no tanto- el Código Penal como un
libro de militancia K.
La titular de “Justicia Legítima”, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, negó haber recibido plata “sucia” del Gobierno K.
Uno de los miembros
de esa agrupación es el actual camarista Alejandro
Slokar, vocal del Consejo de la Magistratura, que fue denunciado por el
abogado Alejandro Fargosi después de que trascendiera parte de la declaración
de López.
A fines de agosto, el
diputado aforado De Pedro se enojó porque el diario La Nación había escrito
sobre este tema a pesar de que él le había transmitido a ese diario que la
información era “falsa”.
Los textuales del
arrepentido que se repiten en esta nota constan en el expediente. No son “trascendidos”.
De Pedro es abogado y
sabe lo que significa declarar en indagatoria.
López
reveló otra curiosa situación interna del Gobierno K.
Después de describir
cómo le contó a la Presidenta el sistema de sobornos creado por Néstor
Kirchner, le aclaró también que el Organismo de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), que manejó otro “arrepentido”,
Claudio Uberti, había dejado de ser un ente de recolección de millones de la
corrupción. Y dijo: “Creo no me creyó”.
Fue por eso, afirmó, que “Kicillof (Axel,
ex ministro de Economía, hoy diputado aforado)” y el secretario de Comercio
Interior, Augusto Costa, “auditaron todo en el OCCOVI y después de
mucho estudio se dieron cuenta que ahí no había más recaudación”.
López declaró
aterrorizado. Explicó que Cristina era “muy
vengativa”. Contó cómo lideraba el hijo ex presidencial a La Cámpora: “Manejaba más con el teléfono”.
El nombre Máximo
apareció así en la causa de los “cuadernos
K”.
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