CARTA AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Doctor  Germán Garavano

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Soy el Teniente Coronel (RE) Juan Francisco Del Torchio, detenido desde el 26 de abril del 2010 por el Juzgado Federal Nro. 2 de San Juan, por un sinfín de causas mal llamadas de “lesa humanidad”.

He sido sentenciado en un juicio en el año 2013, al día de la fecha, sin condena firme, estoy cursando otro y me esperan no se cuentos más.

He estado detenido en el Penal de Chimbas (San Juan) un verdadero pozo inmundo e inhumano que triplica la cantidad de internos en relación a su capacidad real. Actualmente me encuentro internado, como procesado, en la Unidad 34 -Campo de Mayo del Servicio Penitenciario Federal-, todo esto lo sufro, por ser considerado un peligro para la sociedad, acusado de haber vivido la década del ´70 primero como Cadete y posteriormente Subteniente del Ejército Argentino

Con solo 17 años, ingresé al Colegio Militar de la Nación en marzo de 1969, a partir de este año, el accionar del ERP, se basaba en hechos cometidos por células menores, con fines de propaganda, captación, instrucción y para incrementar su capacidad logística. Mientras Montoneros y FAR, se encontraban en tratativas para fusionarse en una sola organización y buscando infiltrarse en la masa política que respondía al peronismo. En este lapso, se cometieron 53 asesinatos, robo de armamento a Unidades Militares, incendio de trenes, copamientos de localidades como La Calera y Garín y secuestros y asesinatos como el del señor Oberdan Salustro (FIAT).

Egresé en el mes de diciembre del año 1973 como Subteniente bajo la presidencia del General Perón y destinado al Regimiento de Infantería de Montaña 22 con asiento en la Provincia de San Juan. Para ese entonces, en la Argentina, las fuerzas policiales habían logrado detener a casi todos los delincuentes terroristas, los que al final del período estaban encarcelados y la Cámara, en su gran mayoría los había juzgado, pero el Gobierno Constitucional de Cámpora abrió las cárceles y nuevamente las sombras del terrorismo aterrorizaron a la sociedad.                                                  

Ante los nuevos ataques terroristas que estaba sufriendo la Nación, el poder constitucional dicta la Ley 20840 (Ley de Seguridad Nacional) y en un masivo acto, el 1º de Mayo de 1974, el presidente Perón denuncia a la subversión montonera como mercenarios e infiltrados en el Movimiento Peronista. Mientras tanto el ERP, resuelve ese año, utilizar la zona rural y montuosa de la Provincia de Tucumán para desarrollar una guerrilla rural que posibilitara declarar toda la provincia como zona liberada.

Mis primeras vacaciones, a comienzos del año 1975, se vieron frustradas a raíz de la puesta en marcha del Operativo Independencia, decretado por la presidente constitucional.

A partir del año 1976, el terrorismo había comenzado una etapa en la que no solo se efectuaban asesinatos selectivos, sino también indiscriminados. Montoneros, al comenzar este período, había superado la capacidad del ERP, cuyo centro de gravedad estaba colocado en la zona rural. El orden social se termina de extinguir cuando el 24 de marzo las Fuerzas Armadas con la anuencia de la “distraída” clase política y la sociedad en su mayoría, toman el poder, llevándonos a una situación insostenible para el país, que hoy todos “hacen” como que han olvidado.

De esta forma, con solo 22 años, fui empujado a vivir estos trágicos hechos, que desembocaron en el caos institucional, social y político al que nos condujo aquella época, mientras que los “jóvenes idealistas” de ERP y Montoneros, voluntariamente tomaron las armas en contra de la Nación.

Hoy, sólo quienes vivimos aquel período y padecemos eternas prisiones preventivas, podemos dimensionar la indefensión a la que estamos expuestos, solo somos, para la clase gobernante y judicial, carne humana descartable, condenados a una muerte biológica, cual forzada eutanasia, como ya sucedió con 454 detenidos de los cuales 114 de ellos, murieron durante la actual Presidencia. No creo que esta sea la forma en que su gobierno desee, si lo desea, cerrar las heridas que dejaron los años 70.

Las acciones de una sociedad que una vez nos empujó, a intervenir, en una lucha fratricida y que hoy nos condena, azuzada por 40 años de intereses económicos e interpretaciones antojadizas y unilaterales de la historia, que deliberadamente obvian el contexto en que se vivieron aquellos aciagos años, y por la falta de hombría de quienes nos mandaron y que eludieron su responsabilidad de mando en el juicio a las Juntas, dejando a quienes fuimos oficiales subalternos enfrentados a tribunales por haber cumplido sus órdenes, tuviéramos o no, participación en hechos por los que se nos acusa, desconociendo, lo que ellos mismos nos enseñaron, en el sentido de que un jefe es responsable de lo que su tropa haga o deje de hacer, en cumplimiento de su misión, dejando en mera palabrería lo que nos inculcaron desde adolescentes en el Colegio Militar.

Pertenezco a una generación que no tuvo ningún privilegio de gobierno en su carrera militar, siendo oficial subalterno la mayor parte del gobierno militar y como oficial jefe, cuando la democracia se restableció en nuestra Patria, pero, hoy, nos toca recibir las condenas a modo de exculpación de todos aquellos involucrados en los años ´70.

El Servicio Penitenciario Federal, ya se expidió, reiteradamente, en relación a que sus establecimientos penitenciarios no reúnen las condiciones para alojar, como internos, a personas mayores de 60 años, pero así y todo para mantenernos encarcelados se han violado y no respetado de hecho y de manera ilegal, la Constitución de la Nación, el Tratado de Roma, el Pacto de San José de Costa Rica, el Código Penal Argentino y el Código Procesal Penal Argentino.

Es necesario que, como Ministro de Justicia y Derechos Humanos comprenda que quienes servimos en las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales entre 1976 y 1983, y hoy estamos detenidos, no nos rigen las garantías de cualquier ciudadano, ya que la “política de estado” pergeñada por el anterior gobierno y puesta en acción por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, responde a varios objetivos, como el cobro de indemnizaciones y la ejecución de la venganza ejercida por ciertos sectores de la sociedad, que prepararon, amañaron y “anularon” primero las leyes que se encontraban vigentes y ahora nos ejecutan a través de tribunales de justicia.

Señor Ministro, nuestro Presidente en sus discursos afirma que el futuro lo vamos a construir con todos los argentinos y tiene razón, el futuro y más en los tiempos difíciles que nos tocar vivir, pero esto no se logrará omitiendo la mitad de la historia.

Hoy la mirada hacia el pasado, está teñida de falsedades y encuentra en el actual Secretario de Derechos Humanos su mejor expositor. Como vamos a lograr la paz con una visión plagada de odios, los cuales fueron incentivados desde el anterior Poder Ejecutivo y que en el Poder Judicial encontró su mano ejecutora, prueba de ello son los más de dos mil ochocientos policías, gendarmes, militares y civiles encarcelados en el marco de esta política de venganza y exterminio.

No solo este pedido es a usted como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, sino a toda la clase política para que se aboquen desapasionadamente y corrijan la injusticia y venganza que estamos sufriendo.

Campo de Mayo, de agosto de 2018.

Juan Francisco Del Torchio

DNI 8.604.921