Entrevista exclusiva a Luis Moreno ocampo, fiscal de la corte penal internacional

En un artículo publicado por PERFIL a mediados de junio del presente año, el ex fiscal federal del juicio a las Juntas Militares y actual procurador de la Corte Internacional de Justicia Dr. Luis Moreno Ocampo, hecha luz sobre los llamados delitos de “lesa humanidad” en contraoposición con la opinión que al respecto sostiene el poder de turno en la República Argentina.

Si como él sostiene las FARC son pasibles de investigación por delitos de “lesa humanidad”, desde estás páginas le pedimos a Moreno Ocampo que brinde su opinión sobre los asesinatos, atentados terroristas y demás crímenes cometidos por Montoneros, el ERP y demás organizaciones subversivas del reciente pasado en la República Argentina… si ellos son pasibles de ser investigados por los delitos de “lesa humanidad”, cuya autoría reconocieron públicamente en sus múltiples comunicados revolucionarios nos enfrentamos a una claro ejemplo de la "discriminación judicial" que venimos denunciando junto a otras organizaciones; ya que nuestros soldados se encuentran detenidos y juzgados como Presos Políticos y los terroristas gozan de plena impunidad, libertad y reparaciones económicas de dudosa transparencia. 

Hay que recordar que durante los juicios ordenados por Decretos del presidente Raúl Alfonsín para juzgar a los dirigentes de las organizaciones armadas terroristas y a las 3 primeras Juntas Militares del PRN  , el entonces joven fiscal federal olvidó solicitar el enjuiciamientos de las cúpulas de las organizaciones terroristas

 

Las FARC pueden ser investigadas por “crímenes de lesa humanidad”

“En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”. Con esas palabras, Luis Moreno Ocampo justificó su afirmación de que las FARC, el principal grupo insurgente colombiano, “pueden ser pasibles de una investigación” en la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya. Además, puso en duda la doctrina del gobierno kirchnerista, que sostiene que sólo el Estado puede cometer ese tipo de delitos y que permite que los crímenes de la guerrilla en los 70 no estén siendo juzgados.

Enfrentados, Moreno Ocampo apela al Estatuto de Roma.

Desde su entrada en funciones en 2003 como procurador de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, el argentino Luis Moreno Ocampo abrió sumarios sobre cuatro países africanos: Uganda, Sudán, Congo y República Centroafricana, y puso en marcha “exámenes preliminares” en otros seis países de tres continentes, incluyendo el conflicto armado interno en Colombia, en el que admite que podría investigar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero de ese país, por crímenes de lesa humanidad.

En una entrevista exclusiva con PERFIL, Moreno Ocampo dijo que “los crímenes de guerra o contra la humanidad pueden ser cometidos por grupos no estatales. Las FARC son pasibles de una investigación. El gobierno colombiano nos ha enviado información porque tienen casos contra líderes de las FARC. Todavía no hemos tomado una decisión”.

Para Moreno Ocampo, los crímenes contra la humanidad no son exclusivos de un Estado o de un grupo estatal, como sostiene el gobierno de Cristina Kirchner, que también en esta materia sigue al de su esposo, Néstor. “Un crimen de lesa humanidad es una ataque sistemático y organizado contra la población civil. Si pudiera probarse que grupos guerrilleros realizan esos crímenes, podría afirmarse que cometen crímenes de lesa humanidad. En el Estatuto de Roma no hay nada que exija que solo el Estado puede cometer tales crímenes. En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”, explicó Moreno Ocampo.

Sus palabras adquieren un peso especial no sólo por su cargo actual: en Argentina, a Moreno Ocampo se lo recuerda por su papel estelar como fiscal en el juicio contra los cabecillas de la última dictadura militar, en 1985.

—Usted visitó Colombia en noviembre de 2007 y está llevando a cabo un examen preliminar. ¿Cuándo se conocerán sus conclusiones?

—Nuestro tribunal interviene en la medida que el sistema nacional de justicia no investigue o haya impunidad. Los juicios que a mí me gustaría hacer, los debe realizar el país. Si no lo hace, lo hago yo. Estamos monitoreando los procedimientos abiertos en Colombia contra los jefes paramilitares, un tema que implica a miembros del Congreso. Fuimos y nos entrevistamos con las víctimas y vimos a los jueces, a los fiscales y al gobierno para entender su visión de la situación. Estamos analizando la evolución de esos casos y una vez terminada la evaluación, vamos a pronunciarnos.

—¿Qué piensa de las acusaciones contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, formuladas por el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, quien le reprocha financiar a las FARC?

—Probablemente, vamos a pedir esas informaciones a los tres países relacionados, Colombia, Venezuela y Ecuador, cuyos Estados forman parte del Estatuto de Roma que ha creado nuestro tribunal.

Nacido en 1952, padre de cuatro hijos, este abogado y ex fiscal federal de Argentina se ha convertido en el procurador de la Corte Penal Internacional (CPI). A diferencia de los juicios en Nuremberg, la ex Yugoslavia y Ruanda, motivados por decisiones políticas de la comunidad internacional, la CPI encarna una “decisión jurisdiccional” de los Estados que firmaron el Estatuto de Roma en 1998 para investigar y sancionar genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad desde su entrada en vigor, el 1º de julio de 2002.

—Le reprochan ser demasiado prudente, como si esperaran de usted un mayor número de iniciativas. ¿Cuál es su balance?

—El destino de un fiscal es ser criticado. Los mismos que criticaron a Carla del Ponte por haber hecho una instrucción muy grande contra el presidente serbio, Slobodan Milosevic, me critican a mí porque consideran menor el sumario que he iniciado contra Thomas Lubanga Dyilo en la República Democrática del Congo. No hay consenso y me parece muy bien que haya críticas. Me comprometí a perseguir a los altos responsables y he cumplido. Lubanga es el número uno del grupo de criminales que estuvo involucrado. También estoy instruyendo un segundo caso en ese país contra Germán Katanga y Mathieu N’Gudjolo, jefes de otro grupo. Estas tres personas han sido arrestadas y el primer juicio en La Haya está previsto para junio. En Uganda, investigó a los cinco jefes de la Lord’s Resistance Lord. En Darfour, inculpé al entonces ministro del Interior, hoy ministro de Asuntos Humanitarios, Ahmed Harun. Cuando analizo un caso elijo los crímenes más graves e investigo a sus máximos responsables.