En esta ocasión las pintadas ponen de manifiesto una vez más su desinterés por las vidas humanas, tratando de desvirtuar la verdadera historia ya que dicho monumento recuerda no sólo a policías sino también a civiles.
En él también están los asesinados durante épocas de gobiernos constitucionales lo cual pone de manifiesto que los terroristas no luchaban contra ninguna dictadura sino para imponer un régimen propio por medio del terror.
La intolerancia de estos grupos sigue teniendo la misma virulencia que en los años pasados, la supuesta justicia transformada en meros actos de venganza –cumplidos a través de un circo jurídico- muestra sin lugar a dudas que no lleva a nuestra Nación por el camino de la paz y la grandeza sino que nos retrotrae a los años trágicos del país.
El 7 de octubre del corriente año el juez titular de Juzgado Federal Nº 4 de Rosario decidió reabrir la causa, ordenar al fiscal la instrucción del sumario correspondiente, el Juez Marcelo Martín Bailaque analizará si este crimen puede ser juzgado como de “lesa humanidad”.
El principio de la ley igualitaria, debe aplicarse en todo el territorio nacional y a todos sus habitantes, como lo establece nuestra Constitución Nacional.
Ordenan reabrir la investigación por un atentado de Montoneros
Los policías venían de hacer adicionales en la cancha de Central. Montoneros se atribuyó la voladura.
El titular del Juzgado Federal Nº4, Marcelo Martín Bailaque, ordenó reabrir una investigación por el atentado explosivo contra un micro policial perpetrado el 12 de septiembre de 1976, y en el que resultaron muertos nueve efectivos y dos civiles. Según trascendió de fuentes tribunalicias, el juez ordenó al fiscal que instruya el sumario correspondiente.
Juez Federal Marcelo Martín Bailaque
La resolución judicial fue en respuesta a una demanda presentada por Gabriel Amado Alfonso, hijo de Domingo Hipólito Alfonso, uno de los policías caído por la explosión. Así lo confirmó a este diario el abogado patrocinante de Alfonso, Carlos Racamato, quien destacó que "durante muchos años se trato de abrir la investigación, pero se rechazaba porque en teoría está prescripto", por eso la solicitud apuntó a que este hecho sea declarado crimen de lesa humanidad.
Denuncia Judicial
El 12 de septiembre de 1976, un micro que transportaba a 32 policías que venían de cumplir tareas adicionales en la cancha de Rosario Central sufrió un atentado explosivo. Según las crónicas de la época, una bomba instalada en el interior de un automóvil Citroën 2CV estacionado fue detonada a distancia en el preciso instante en que el ómnibus pasaba a su lado, en la esquina de las calles Junín y Rawson.
La onda expansiva y las esquirlas impactaron de lleno en el transporte policial causando la muerte de nueve efectivos y heridas de diversa consideración a los restantes miembros de la comitiva. También fallecieron dos civiles que transitaban en su automóvil, y otras tres personas que circulaban por el lugar fueron heridas.
Si bien en su momento se abrió una investigación, y el gobierno de facto de entonces ordenó la apertura de un Consejo de Guerra, nunca se supo públicamente quiénes fueron los responsables del atentado, que se atribuyó, mediante panfletos, la organización Montoneros.
Racamato explicó que "se abrió una investigación en la Justicia cuando fue el hecho por homicidio, pero luego se cerró", y añadió que "durante muchos años se trató de reabrir la investigación, lo cual se rechazaba porque en teoría está prescripto". Sin embargo, la querella apunta a que el hecho sea declarado crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible.
Sin precedentes. El abogado señaló que no hay antecedentes de resoluciones judiciales similares sobre crímenes cometidos por organizaciones armadas. Explicó que este caso es diferente al del secuestro y muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, actualmente en investigación, porque ocurrió antes del golpe militar de 1976 y habría sido perpetrado por el ERP; mientras que el del ómnibus policial fue durante el gobierno de facto y atribuido a Montoneros.
Añadió que lo que aquí se trata "es una cuestión técnica jurídica y no es política", y aclaró que se trata de "una causa compleja de la cual hay secreto de sumario", pero resaltó que "lo importante es que sobre este hecho se va investigar".
El demandante, Gabriel Alfonso, persigue una "reparación histórica, ya que tenía dos años cuando pasó todo", explicó Racamato. "Sirve a los fines de la reparación histórica de los hechos de los años 70, y se destaca las cualidades de valentía del juez en abrir una investigación de este calibre", remarcó.
"Tenemos expectativas de que se averigüe la verdad, porque una cosa es que digan «mi papá murió», pero Montoneros era una agrupación grandísima, y saber por qué te mataron a tu papá merece una respuesta", aseveró en relación a su cliente.
Apuntó que las víctimas "eran policías, no eran represores, venían de cubrir servicios adicionales de la policía en la cancha de Central, eran agentes con sólo dos años de antigüedad".
Por lo pronto, el juez Bailaque ordenó abrir una investigación y al fiscal Marcelo Degiovanni la instrucción de un sumario, aunque la querella aún desconoce si el magistrado ha declarado o no crimen de lesa humanidad el atentado de septiembre de 1976. De todas formas, la orden del juez, rubricada el miércoles pasado, iría en una dirección favorable a la solicitud del demandante.
Las víctimas
Las víctimas mortales del atentado del 12 de septiembre de 1976 fueron los agentes de policía Edgardo Ferri, Juan Domingo Matiasevich, Domingo Alfonso, Andrés Acosta, Carlos González, José Luis Boggino, Hugo Pellegrina, José María Gutiérrez y Darío Pietrani; y los civiles Oscar Ledesma y su esposa Irene Dib.
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