A los Jueces les exigen "obediencia debida".

12.10.2011 | Gobierno | Por: Carlos Tórtora

ANTICIPOS DEL ESCENARIO POST ELECTORAL

Mariotto abrió el fuego contra Clarín y descolocó a Lorenzetti

Por Carlos Tórtora para el Informador Público

Gabriel Mariotto anticipó anteayer la ofensiva que el gobierno desataría contra el Grupo Clarín ni bien la presidente sea plebiscitada el próximo 23. El titular de la AFSCA y compañero de fórmula de Daniel Scioli no escatimó munición. No sólo reclamó que el juez comercial Edmundo Carbone apure el levantamiento de la medida cautelar que suspendió la aplicación del artículo 161 de la ley, que establece el tiempo de desinversión que los dueños de licencias de radios y televisión tienen para ajustarse a la nueva norma. Remató Mariotto: “Carbone es posible que sea plausible de juicio político”. La amenaza no pudo ser más directa y, en la larga lista de violaciones de la independencia del Poder Ejecutivo, es también una de las más graves. Este mensaje enviado por Mariotto golpea a la Corte Suprema de Justicia y en particular a su presidente, Ricardo Lorenzetti, que ve así cómo su reivindicación de la independencia de los jueces cae en saco roto ante el avance de la Casa Rosada. El dictado de medidas cautelares suspendiendo la ley de medios se está convirtiendo en trabajo insalubre. El 22 de marzo del año pasado, la Cámara Federal de Mendoza confirmó un fallo de primera instancia de la jueza Olga Pura de Arrabal que, mediante una medida cautelar, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales. El fallo llevó la firma de los camaristas Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra. Luego de sufrir una fuerte ofensiva periodística liderada por Horacio Verbitsky, Otilio Romano fue imputado por delitos de lesa humanidad. El 4 de julio de este año, la Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento de Romano por 17 casos, en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad en la cual ya se encuentra procesado por otros 76 hechos, todo vinculado a su actuación cuando se desempeñaba como fiscal federal.

Según la resolución, Romano es investigado “por la presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo, de promover la persecución y represión de los delitos que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal, según las particularidades de cada caso concreto, en los hechos que habrían cometido miembros de las fuerzas armadas y de seguridad afectados a la lucha contra la subversión entre los años 1975/1983”. El 9 del mes pasado, Romano se fugó a Chile declarándose un perseguido político.

La semana pasada, Petra, otro de los camaristas que ratificaron la suspensión de la ley de medios, fue removido de la presidencia de la Cámara Federal de Mendoza. Petra tiene ocho denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, por mal desempeño de sus funciones y por estar imputado en una causa penal.

A fines del mes pasado, el magistrado quedó imputado por incumplimiento del deber de funcionario público. La imputación se debió a la denuncia hecha en su contra luego de que apartara al juez Walter Bento de la causa que tiene como procesado a Romano.

Un proyecto de ley que vuelve

En junio del año pasado, la Corte Suprema alivió al gobierno revocando el fallo de la Cámara Federal de Mendoza porque, según el alto tribunal, una medida cautelar que suspende la vigencia de la totalidad de una ley con efectos generales sobre toda la población de un país “es incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad”. Pero Carbone se mantuvo firme y rechazó el pedido de la Jefatura de Gabinete de establecer un plazo a la vigencia de la medida cautelar que permite al Grupo Clarín incumplir con el artículo 161 de la Ley de Medios. El magistrado consideró que “las circunstancias que motivaron el dictado de la medida cautelar no han variado”. Así las cosas, el gobierno, empieza una nueva embestida, en este caso contra Carbone, aprovechando el próximo efecto de las urnas y tal vez sin preocuparse demasiado por las formas y, mucho menos, porque la Corte ya está quedando descolocada ante expresiones como las de Mariotto.

Pero el despliegue oficial tiene otros ejes. Por ejemplo, antes del 10 de diciembre el kirchnerismo trataría de obtener la media sanción del proyecto que declara “de utilidad pública” la producción, distribución y comercialización de papel para diarios. También establece -y esto es clave- que establece que los accionistas de las compañías productoras de papel no podrán ser dueñas de medios gráficos.

En la nueva fase de la guerra entre el gobierno y Clarín el tramo que va entre octubre y diciembre es clave. En el plano de los efectos políticos, la presidente necesitaría anotarse rápidamente algún triunfo importante sobre el multimedios, para reasumir el 10 de diciembre con mayoría en las dos cámaras del Congreso, la oposición en plena dispersión, Hugo Moyano a la defensiva y Clarín en retirada. O sea, la suma del poder público.